¿Quién paga los impuestos en este país?

Si observamos el Cuadro 3 vemos que las cotizaciones sociales continúan siendo la principal fuente de ingresos del sistema fiscal español. Por ello es necesario desglosar los distintos Presupuestos que conforman los PGE (Estado central, Seguridad Social y OO.PP.). Puede parecer que tenemos un sistema fiscal bastante progresivo si se señala que la presión fiscal ha alcanzado el 36% del PIB, que los impuestos directos suponen casi el 54% de los ingresos presupuestarios frente al 36% de los indirectos, y que el Impuesto sobre Sociedades crece, pero la evaluación cambia mucho si se observa que de estos impuestos directos la partida más importante y, además creciente (frente a la decreciente de los demás impuestos directos) es, precisamente, la aportación de carácter regresivo que realizan los trabajadores asalariados con sus cotizaciones.

Al ser pagadas proporcionalmente sobre la nómina, los trabajadores que menos ganan resultan perjudicados en relación con los de salarios más altos. Con esta información la magnitud de la progresividad del sistema queda ampliamente en cuestión.

La aportación del trabajo personal a la tributación directa queda todavía más clara en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Composición de la base imponible en el IRPF (en %)
Cuadro 5. Composición de la base imponible en el IRPF (en %).

Mas todavía si se tiene en cuenta que el epígrafe “Actividades económicas” recoge aquellos ingresos mixtos del trabajo y el capital en las actividades autónomas. Es decir, muy por encima de las dos terceras partes de la base imponible en el IRPF está formada por las rentas/ingresos del trabajo. El propio ministro Solbes reconoce que “en torno al 80% de la base imponible del impuesto corresponde a rendimientos del trabajo” (El Mundo, 31/3/05). No obstante, de nuevo el carácter real del impuesto al trabajo queda oscurecido pues dado que en la partida “Trabajo personal” están incluidas las cotizaciones sociales, en el porcentaje se incluyen unas remuneraciones sometidas a un tipo proporcional (y por tanto regresivo) con otras de tipo progresista. Ello significa que las personas con salarios muy altos, aunque contribuyan más que proporcionalmente en este impuesto, contribuyen menos de lo que parece; por el contrario, los trabajadores de bajos salarios, pagan más de lo que parece.

Por otra parte, podemos observar los tipos efectivos a los que está gravado el trabajo, capital y el consumo en los diferentes países de la UE (Cuadro 6).

Cuadro 6. Tipos efectivos en España y la UE15.
Cuadro 6. Tipos efectivos en España y la UE15 (en %).

Todos los tipos efectivos son bastante inferiores en España respecto a la UE15 como corresponde a un país con una gran diferencia en la presión fiscal respecto a la media comunitaria. Tanto en EspañacomoenlaUEesel trabajo el elemento más fuertemente gravado. Es curioso que durante la década de los noventa, aún estando muy por debajo de la media europea, el gravamen sobre el capital disminuyó en España (junto con Alemania esto no sucedió en ningœn otro país); este aspecto ha cambiado ahora pues los impuestos sobre sociedades han aumentado mucho (aunque no los que afectan a la propiedad propiamente dicha), pero no debido a cambios en los sistemas de gravamen, sino al importantísimo aumento del volumen de los beneficios. España compensó la disminución de gravamen sobre el capital aumentando más que en la media europea los gravámenes sobre el trabajo y el consumo.

Cuadro 7. Distribución de la carga impositiva.
Cuadro 7. Distribución de la carga impositiva. IRPF 2002

Para explorar con más detalle quién paga los impuestos en este país hemos elaborado el Cuadro 7, en el que partiendo del número de liquidaciones a Hacienda (que no es lo mismo que el de todos los perceptores de renta) se comparan los niveles de ingresos salariales que corresponden a las distintas escalas de gravamen, su participación en la renta y su contribución al IRPF.

  • el 60,8 % de la población con rentas más bajas, que económica y sociológicamente pueden ser clasificados como clase trabajadora, sólo percibe menos del 30% de las mismas y contribuye con un 11,0% a la recaudación fiscal por el IRPF. Pero si se desglosa algo más este grupo —lo que no se presenta aquí— aparece un primer tramo compuesto por 3,4 millones de personas, que sólo ingresan menos de 5.306 euros, lo justo para mal vivir; lo escandaloso es que este 22,1% de los contribuyentes paga impuestos a partir de un ingreso que supone poco más que la pobreza severa; ciertamente, contribuyen poco, pero, ¿no podrían estar exentos de pagar impuestos? En el segundo grupo, otros 3,2 millones de personas, ingresan anualmente entre 6.001 y 10.500 euros anuales, y dentro de ese grupo, encontramos otro millón de personas que declaran unos ingresos alrededor del umbral de pobreza. ¿Tampoco podrían quedar exentos del IRPF? El tercer grupo, con ingresos entre 10.501 y 15.000 euros sería, a nuestro juicio, el tramo de partida para empezar a pagar impuestos.
  • un tercio de la población española con salarios medios bajos (de 15.000 a 36.000 euros) paga casi un 50% del IRPF. Se diría que es en este grupo en el que recae la mayor imposición directa; dado que sus rentas no son muy altas, el esfuerzo fiscal que realizan es importante.
  • un 94,7% de las liquidaciones (60,8+33,9) declaran ingresos inferiores a 36.000 euros al año (3.000 al mes) y la mayoría de ellos mucho menores (60% por debajo de 15.000 euros). Sólo un 5,3% de españoles declaran percibir más de 36.000 euros al año y sólo un 0,5% recibir más de 120.000 euros. ¿Qué pocos ricos tenemos en este país? Un país donde la distribución de la renta es aproximadamente de 50 para el trabajo y 50 para el capital (y como capitalistas no hay tantos les debe tocar a bastante a cada uno) resulta que a la hora de pagar impuestos casi todos somos bastante pobres… ¿No será que hemos aprendido bien lo de la contabilidad creativa?
  • es verdad que el 4,8% de medio ricos pagan casi una tercera parte del IRPF, y los pobrecitos ricos ricos pagan un 14% del IRPF1 (aunque sólo 3.471 contribuyentes declaran percibir más de 600.000 euros al año); lo que indica una cierta progresividad en este impuesto, aunque como venimos repitiendo no demasiado acentuada. La reforma del sistema fiscal que se anuncia, ¿mantendrá, aumentará o disminuirá esta progresividad que todavía manifiesta el sistema?

Ya se ha señalado que, además, este impuesto progresivo está decayendo en importancia en el conjunto de la tributación: sabemos que se están reduciendo los intervalos y que especialmente durante los años 90, las sucesivas reformas del IRPF han supuesto una disminución de los tipos marginales máximos de dicho impuesto —en España, el tipo marginal máximo del IRPF era del 65% en 1980, desciende hasta el 56% en 1992 y actualmente, se sitúa en el 45%, lo que hace que los impuestos sobre la renta pierdan peso como figura impositiva. Se configura así un sistema fiscal con un muy moderado carácter redistributivo derivado de la sustancial pérdida de progresividad del IRPF, la desfiscalización parcial de las ganancias de capital y el elevado grado de evasión. Puede argumentarse que el aumento de la tributación de sociedades es un desarrollo paralelo positivo y así es efectivamente, pero este impuesto es proporcional, y no progresivo. No hay razón para que el aumento de tributación por beneficios conlleve una disminución de la progresividad por IRPF, sino que ambos impuestos conjuntamente podrían perfectamente dar lugar a un sistema más progresivos.

Esta progresividad, además, disminuye sustancialmente si tenemos en cuenta la regresividad del impuesto indirecto, que afecta con mayor intensidad a las capas de ingresos más bajos, y la importancia de las cotizaciones sociales que incide en los ingresos salariales. No sólo la tributación en España es considerablemente menor que en la UE15, sino que la recaudación impositiva es fuertemente desigual, perjudicando a los contribuyentes con rentas medias del trabajo asalariado y beneficiando a las rentas mixtas, de control mucho más difícil y, siendo muy generoso con las capas de altos ingresos.

Aunque la tributación en el Estado español es considerablemente más baja que en la UE15 no hay que ignorar tampoco que, de acuerdo con la estrategia neoliberal que la UE ha adoptado, las tendencias en esta última van en la dirección de disminuir la fiscalidad. La mayoría de los países de la UE han realizado reformas sustanciales de sus sistemas fiscales. En el IRPF la mayoría de los países están reduciendo los tipos de la escala, ampliando el mínimo exento e introduciendo nuevas exenciones. En el IS se están reduciendo los tipos, aunque esta reducción se compensa con ampliaciones de la base. Otros países están reduciendo las cotizaciones a la Seguridad Social y algunos países están aumentando algo los impuestos especiales justificándolas como protección al medio ambiente. “La tendencia global [en la OCDE y la UE] muestra una reducción de la imposición personal, compensada por un crecimiento de las cotizaciones sociales. Lo mismo pasa con los impuestos sobre la propiedad, en contraste con la mayor aportación relativa del impuesto sobre sociedades.”2 Asimismo, “en la UE hay una clara tendencia a la reducción de los tipos máximos en el IRPF que se ha acentuado a finales de los 90 y comienzos del 2000… en 12 de los 15 países de la UE se ha producido una reducción de la presión fiscal individual… En España el tipo trabajador medio ha disminuido entre 1997-2000 en un 3,8% para el trabajador casado con dos hijos, y el 1,7% para el soltero”. Y las tendencias hacia el futuro no se presentan mejores: “Una reforma que merece una atención especial es la introducción de un sistema dual de renta (Suecia, Finlandia y Holanda) que esencialmente consiste en separar la tributación de los rendimientos del trabajo y del capital y gravar los rendimientos del trabajo de forma progresiva y los del capital de forma proporcional… El precio de ésta [reforma es], la quiebra de la equidad y, sobre todo, que se abren vías de elusión y evasión mediante la transformación de rendimientos del trabajo en rendimientos del capital”. En España ya se practica este sistema con la imposición sobre las plusvalías, que tributan al 15% (proporcional) cuando si estuvieran incluidas normalmente en el IRPF cotizarían con una tarifa mucho más alta. Y todo ello a pesar de que en la opinión de este autor: “Muchas de las razones que están ofreciendo los países de la UE para reducir los impuestos son, cuando menos, dudosas”3.

A pesar de una abundante retórica acerca de la misma, tampoco la UE se plantea una armonización-coordinación fiscal, sino que está facilitando una competencia fiscal entre sus diversos países miembros, que tratan de aprovechar las diferencias fiscales para atraer capitales y actividades económicas. Se argumenta que hay que disminuir la tributación a sociedades porque de otra forma no se atraerán los capitales (sobre todo los financieros), pero como resulta que hay países cuya fiscalidad es cero, la tributación en todos los países tendría que bajar a cero para ser efectiva. Tampoco respecto a las inversiones directas parece que la tributación es el elemento más importante, ya que el papel de ésta es bastante secundario en relación con otras variables. Además, si todos los países se enzarzan en una competencia fiscal el œnico resultado será que todos ellos saldrán perjudicados.

Esta bien claro que tanto en la UE como en el Estado español desde los primeros noventa se ha ido aligerando la carga fiscal. Las reformas no están justificadas por las razones que se aducen. Pero son las pautas que dominan en todos los países. Los gobernantes ofrecen demagógicamente bajar los impuestos para ganar las elecciones, frente a unos contribuyentes que aceptan las razones ofrecidas, aunque saben que sin impuestos no puede haber prestaciones, porque no quieren pagar impuestos. Los políticos que quieren ser elegidos no se atreven a proponer aumentos de impuestos. Son víctimas de su propia creación demagógica.

Los beneficios fiscales. Las desgravaciones

Los beneficios fiscales son subvenciones al sujeto impositivo otorgadas a través del sistema fiscal con el fin de conseguir determinados objetivos sociales y económicos, bien por razones de equidad o para estimular ciertas actividades que se consideran ventajosas. El legislador aplica reducciones de impuestos a determinados comportamientos que pretende incentivar: actividades económicas que considera de importancia, investigación y desarrollo en las empresas, inversión en pensiones privadas de jubilación, etc. Sirven también para premiar, por ejemplo, aportaciones a proyectos públicos o determinadas acciones medioambientales; se aplican asimismo para beneficiar a ciertos colectivos que se consideran en condiciones desfavorecidas por ejemplo afectados del SIDA, personas con discapaci-tados a su cargo, etc., que verán como parte del impuesto que tenían que satisfacer se ve reducida en base a la compensación que el gobierno otorga a ese colectivo. Con los beneficios fiscales los gobiernos disponen de una poderosa herramienta de política económica.

Consisten en descontar una parte de la cuota del impuesto que el contribuyente tendría que satisfacer y que el Estado deja de cobrarle. Las cifras que se mueven en estos ahorros fiscales son muy cuantiosas, por ejemplo el importe de los benéficos fiscales del presupuesto de 2005 asciende a 41.208 millones de euros, que suponen casi el 28% de lo que se presupuesta recaudar. De éstos, los más importantes corresponden a las deducciones del IVA, que ascienden a más de 20.000 millones (40% de la recaudación total), en segundo lugar las deducciones del IRPF que se presupuestan para el mismo año en 14.720 millones(30,4% de la recaudación total) y en el Impuesto sobre Sociedades que llegan a 4.220 millones, (13,14% del ingreso).

Esta figura tributaria que parece bastante lógica para diferenciar entre sujetos fiscales en condiciones distintas, se aprovecha a menudo por intereses específicos que estudian bien como beneficiarse de los mismos. Siendo un instrumento que puede pasar desapercibido en observaciones fiscales superficiales es, sin embargo, minuciosamente estudiado por los contribuyentes y especialmente por un nutrido grupo, muy bien retribuido, de asesores fiscales que se dedican a informar a los sujetos fiscales de más ingresos sobre cómo reconducir su vida económica con el único objetivo de aumentar sus desgravaciones fiscales y eludir al máximo su contribución al erario público. Se pervierten así los fines iniciales y son aprovechados por los más ricos para aumentar las evasiones legales. Es decir, los beneficios fiscales son aprovechados principalmente por los sujetos impositivos con rentas que alto nivel.

Estudiemos algo más atentamente las principales desgravaciones del IRPF:

  • Desgravación por trabajo personal, que pueden realizar todos los contribuyentes que trabajan. Pueden deducir desde un mínimo de 2.400 euros a un máximo de 3.500 euros. Al ser una desgravación general y de limitada amplitud no aumenta mucho las desigualdades impositivas. Importe total de desgravación: 5.577 millones
  • Desgravación por compra de vivienda, que favorece a unos 6,5 millones de personas. Pero como se desgrava la compra de todo tipo de vivienda habitual, resulta que aquellos sujetos de rentas más altas, que pueden comprarse una vivienda mejor, durante muchos años han desgravado una cantidad considerablemente mayor. Hace varios años se impuso un límite a la desgravación por vivienda, que limita un poco dicha desigualdad, pero de todas formas, quienes pueden comprar una vivienda cara acaban desgravando más que los que la compran más barata. Y, sobre todo, de aquellos que no la pueden comprar. El hecho que se subvencione una vivienda privada, de cualquier precio, provoca incentivos fiscales a la compra de la misma en contra de pagar un alquiler, que no está incentivado y a tener en cuenta el ahorro fiscal para poder acceder al mayor precio del piso que se necesita. Esto unido a otras especulaciones ha provocado una tendencia a la propiedad y a que todas las familias intenten tener una desgravación por está partida en su declaración anual de la renta. Lo que a su vez facilita un constante incremento de los precios de los pisos y la desviación del beneficio fiscal, que iba dirigido a las familias, trasladándolo a la renta de los constructores y especuladores del gremio. En 2005 el importe total de los beneficios fiscales por vivienda se presupuestan en 3.076 euros, 20,90 por ciento de las deducciones en el IRPF.
  • Se concede una sustanciosa desgravación fiscal, también, a quienes establecen un plan de pensiones privado individual en las instituciones financieras (cajas y bancos). Esta es una de las desgravaciones más escandalosas del sistema fiscal actual por dos razones: una, porque la inmensa mayoría de personas que hacen un plan de pensiones privado y se benefician de las desgravaciones son personas de altos ingresos (los ciudadanos normales y los pobres tienen que conformarse con las pensiones públicas) que, a menudo, hacen planes de pensiones con el único propósito de beneficiarse de las desgravaciones, y dos, porque estas desgravaciones benefician directa e indirectamente a las instituciones financieras que obtienen ahorros de cantidades muy fuertes de fondos a largo plazo, por los que, además, cobran altas comisiones4. Más todavía, los gestores de los fondos de pensiones se permiten cobrar unas comisiones astronómicas y mantener una relajada gestión de los fondos ya que el beneficio fiscal es tan grande que queda diluida toda ineficiencia. Tenemos aquí otro gran traslado de renta, desde las arcas públicas hacia los grandes gestores de los fondos de pensiones, pasando por el descuento de impuestos de los más ricos. Las desgravaciones fiscales por fondos de pensiones se presupuestan para 2005 en 1.356 millones de euros, un 9,21 por ciento de las deducciones del IRPF.
  • Existen otras muchas desgravaciones: por ejemplo, los 1.253 millones de euros que fueron “desgravados” del impuesto de sociedades a las empresas que reinvirtieron sus beneficios extraordinarios, como se cancelan impuestos por I+D por importe de 215 millones de euros, sin estar muy claros los criterios que certifiquen una autentica investigación, como después de cerrado y desguazado el Forum de las culturas hace más de un año, esta provocando ahorro de impuestos por importe de 71 millones en el impuesto sobre los beneficios que tuvieron determinadas sociedades, o los 41 millones de euros desgravados del IRPF en concepto de donativos, algunos de los cuales son aportaciones voluntarias a fundaciones de colegios privados. Suma y sigue.

En resumen, el sistema de beneficios fiscales modifica a la baja la progresividad del sistema fiscal, sobre todo porque afecta de manera importante al IRPF que es el único impuesto que tiene una base progresiva. La injusticia de las deducciones mencionadas, era ya reconocida por el actual secretario de Hacienda Miguel Ángel Fernández Ordóñez en sus declaraciones de Noviembre de 2004. (ver Cinco Días o cualquier diario de 11 de Noviembre). El secretario de estado se permitió además avanzar una posible reducción de algunos los beneficios fiscales, con lo que consiguió una avalancha de críticas que le llovieron desde los grandes banqueros hasta las agrupaciones de consumidores. Hizo marcha atrás en pocos días, lo que profetiza la pobreza de la anunciada reforma socialista. El propio Solbes salió a tranquilizar a los colectivos más pudientes diciéndoles que tenían aseguradas sus importantes deducciones.

Este instrumento de política económica que parece tan beneficioso para la población vemos, si lo analizamos un poco más, que está provocando unas consecuencias nefastas para unos y muy ventajosas para otros, como siempre. Detrás de muchas de esas cifras hay beneficios para a unos pocos y rebajas de bienestar para muchos otros.

El fraude fiscal

Cuanto se ha comentado hasta ahora ignora un elemento que los comentaristas consideran bastante relevante en la escena fiscal del Estado: nos referimos al fraude fiscal. Éste, que por su propia naturaleza no se puede cuantificar, ha sido estimado por los expertos del Ministerio de Hacienda en torno al 5,0 % del PIB español, que es una cantidad muy sustancial. Y lo que es peor, en los últimos años se han debilitado las sanciones por fraude: en 2003, se pasó de considerar delito fiscal la defraudación a partir de 90.000 euros a que sólo sea delito si el fraude supera los 120.000, se acortaron los plazos de prescripción del delito fiscal, y se rebajaron las sanciones por fraudes cometidos si ambas partes (defraudador y Administración se ponen de acuerdo). En estos años, son también conocidas las protestas públicas del Cuerpo de Inspectores de Hacienda acerca de la falta de voluntad de sus propias autoridades para facilitar las inspecciones de ciertos grupos sociales, que los Inspectores consideran de gran potencialidad de ocultación fiscal. El fraude fiscal es un secreto a voces en este país.

No sólo es importante la cantidad que se defrauda, ya muy sustancial, sino que las posibilidades de ocultación son muy distintas para las diversas capas sociales. Los asalariados de cualquier tipo difícilmente pueden eludir la tributación, ya que sus declaraciones dependen de sus empleadores, mientras que existen muchas profesiones o negocios para las que no es difícil eludir el fisco, por lo menos parcialmente. Según la Memoria Tributaria de 2003, la recaudación por retenciones al trabajo ascendió en 2003 al 93,5% de los ingresos por IRPF, mientras que las retenciones al capital disminuyeron al pasar el tipo del 18 al 15% y “se redujo su caída al –14,5%”, mientras las retenciones sobre fondos de inversión disminuían el 40%. Eso sin incluir la defraudación legal que consiste en la gran variedad de gastos que muchas empresas pueden deducir de impuestos, lo que no pueden hacer los asalariados (amortización y gastos de los coches, o leasing de los mismos, gastos de teléfonos, informática, locales que en muchas ocasiones son imposibles de separar del consumo familiar o personal…). Lo que hace que la situación impositiva real sea todavía más desigual que la que aparece de todo nuestro trabajo. Hasta ahora el fraude ha sido notable.

Como un indicador del tipo y magnitud del fraude fiscal en el Cuadro 8 se presenta un desglose de las inspecciones y de los resultados de la Agencia Tributaria en los sectores mencionados. También pone al descubierto el tipo de personas que están cometiendo el fraude fiscal: por el tipo de sujetos fiscales que aparecen (sociedades, empresas, bancos), tienen que estar involucrados forzosamente directores, gerentes, y otros cuadros intermedios autorizados, que actúan como representantes legales de estas entidades. El fraude se comete en el sector de la producción y el crédito más que en el del consumo.

Cuadro 8. Algunas pistas sobre el fraude fiscal en España.
Cuadro 8. Algunas pistas sobre el fraude fiscal en España.

El nuevo gobierno del PSOE presentó a fines de 2004 un Plan de Prevención del Fraude Fiscal que es de esperar mejore, por lo menos en parte, esta situación. El Plan señala específicamente que no reclama mayores recursos para su realización, y que se basa en el consenso y en su poder disuasorio. Rehúsa también presentar estimación alguna del fraude fiscal existente. Elementos todos que hacen temer que la voluntad fiscalizadora no sea muy enérgica.

De todos modos, en el primer semestre del 2005, el Ministerio de Hacienda declara haber “ingresado 2.141 millones de euros procedentes de controles para combatir el fraude fiscal, un 20% más que el dinero recaudado en idéntico período del año anterior”5. Se está siendo también más riguroso con el fraude en diversas modalidades del IVA. Según la prensa, el gobierno planea dedicar más recursos a la lucha contra el fraude en 2006. Como resultado espera obtener 4.400 millones de euros de recaudación directa y descubrir fraude por unos 7.470 millones6. Según Hacienda las actividades con mayores posibilidades de practicar el fraude fiscal y que, según el Plan, se proponen controlar de forma prioritaria son: el sector inmobiliario, el blanqueo de capitales, y el fraude del IVA relacionado con el sector del automóvil, la informática y las facturas falsas, así como en los Impuestos Especiales, sin olvidar la ingeniería fiscal y los paraísos fiscales. Últimamente, la Agencia Tributaria comienza a detectar un mayor fraude en mercancías que proceden de China, tales como los tejidos y la peletería. Hacienda anuncia que en otoño se presentará en el Congreso una ley contra el fraude, que será bienvenida.

No obstante, nos parece que la Agencia Tributaria debería también informar sobre si se lleva algún trabajo de inspección en los paraísos fiscales, así como las razones para no hacerlo, en caso negativo.
Habría que mencionar también la incidencia de la nueva doctrina sobre la prescripción penal que puede afectar a unos 2.000 expedientes de delito fiscal y que quedarían amnistiados si se resolvieran fuera del plazo de prescripción. Así como “los errores” que se cometen en Hacienda: “Un error del anterior Ministro de Economía, Rodrigo Rato, evitará a Mario Conde y a su antiguo equipo de Banesto afrontar las multas y la inhabilitación profesional derivada de la sanción administrativa impuesta por el Banco de España. Economía entiende ahora (Abril 2005) que no puede emprender acción judicial para subsanar este error. (…) Fuentes próximas a este proceso han mostrado su extrañeza por la cadena de errores en la que incurrió el entonces titular de Economía, especialmente si se tiene en cuenta que alguno de sus colaboradores, como su jefe de gabinete, tenía la condición de abogado del Estado y debía conocer estos pormenores legales.” (La Vanguardia, 29/5/05). El importe de estas multas no cobradas “por error” asciende a más de 1.613.793 euros. ¿Nadie es responsable por esta (y otras similares si se producen) falta de pago al erario público? Hace buena falta que el Plan contra el Fraude de 2004 mejore sustancialmente esta situación.

¿Quién paga, entonces, los impuestos?

“El impuesto actual discrimina a las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital y de las actividades económicas.” P. Solbes, Vicepresidente primero del gobierno.

Teniendo todo esto en cuenta nos parece que se puede afirmar que:

  • Los españoles pagamos bastantes menos impuestos que nuestros conciudadanos de la UE15 (35,5% sobre PIB frente a más del 40%).
  • Además, la mayor proporción de los mismos (12,72%) corresponde a las cotizaciones sociales, que es un “impuesto” proporcional sobre las nóminas, de tipo regresivo, frente al 10,93% que suman el impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio y otros impuestos directos; y al 12,14% que suponen los impuestos indirectos.
  • Más de tres cuartas partes de la base imponible del IRPF corresponde a las rentas de trabajo (frente al 7,17% de las rentas de sociedades).
  • Las deducciones fiscales contribuyen a hacer más desigual la aportación de los distintos sujetos pasivos al rario, favoreciendo a los sujetos de rentas más altas.
  • Son trabajadores españoles los que pagan la mayor parte de los impuestos del Estado español.
  • La tendencia de la UE es a disminuir los impuestos y mantener la exigencia de déficit fiscal cero, lo que supone inevitablemente la disminución de la intervención pública y la reducción del Estado de bienestar.
  • No es extraño, por tanto, que frente al slogan de “hacienda somos todos”, algunos añadan, con razón sí, pero unos más que otros.
  1. Moral y económicamente, ¿cómo se pueden justificar estos ingresos tan elevados? En el capitalismo estas personas actúan de motor de la gestión y el control de la riqueza productiva. Entre los que declaran los ingresos más altos se encuentra una horquilla que va desde 27 a 113 veces el SMI. Y, ¿qué pasa con los contribuyentes del tramo “Más de 600.000 euros”? Sin duda formado por las personas más ricas y poderosas de la sociedad. Quién gane un millón de euros anualmente está ingresando 188 veces el SMI; quién gane 4 millones, 752 veces el SMI, y así sucesivamente Esta desproporción en las remuneraciones nos recuerda las palabras del señor Saéz, presidente del BSCH, de que había que suprimir los recursos públicos dedicados al bienestar social, cuando su banco declara que la remuneración anual de este director es de cerca de 6 millones anuales de euros, unas 1.128 veces lo que gana una persona con SMI. Sin comentarios. []
  2. La Caixa. Informe mensual. Enero 2005, p.73 []
  3. Todas estas citas corresponden al artículo de Zubiri I., Las reformas fiscales en los países de la Unión Europea: causas y efectos, Hacienda Pública Española. Monografía 2001. []
  4. Hasta tal punto que una parte importante de la desgravación fiscal a los que hacen la pension se compensa con el coste que cobra el banco en comisiones. Con lo que la desgravación es un flujo casi directo a la banca en sus comisiones, además de lo que supone en fondos disponibles. []
  5. “El plan de lucha contra el fraude destapa 2.141 millones, un 20% más”. El País. 20 julio del 2005. []
  6. El País, 10/10/05. Este fraude descubierto se refiere a irregularidades observadas, contrabando detectado, delito fiscal… que suponen un importante volumen de fraude pero no implican el ingreso de ese dinero en la caja de Hacienda. Por ejemplo, el contrabando de droga detectado no tiene repercusiones económicas en los ingresos de hacienda. []