¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz?

Introducción

En los últimos años en España se ha hablado mucho de cuánto ha aumentado la factura de la electricidad, o lo que normalmente llamamos el recibo de la luz. De hecho, en este país, desde el inicio de la crisis este recibo ha aumentado un 54%.1 Es más, aunque el nivel de renta y salarios medios no sean de los más elevados de la Unión Europea (UE), las familias y empresas no energéticas localizadas en España, como se puede observar en el Gráfico 19, son de los que pagan el precio básico más elevado de toda la UE (el cuarto más alto si tenemos en cuenta los impuestos, y el segundo si no los tenemos).

El precio de la electricidad es decisivo para los hogares y para asegurar el buen funcionamiento de las empresas, pues en una sociedad como la nuestra, el uso de la electricidad es imprescindible para infinidad de actividades básicas de nuestra vida cotidiana. La dependencia de la electricidad ha ido aumentando mucho en los últimos años, hasta el punto que un apagón hoy en día, no sólo nos deja sin luz en casa, sino que nos dejaría incomunicados, sin poder trabajar, sin poder hacer ninguna gestión, sin tomar un café y sin un sinnúmero de cuestiones.

Gráfico 19. Comparativa del precio (euros por kWh) de la factura de la luz en los países de la Unión Europea (segunda mitad 2014). Fuente: Eurostat.

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Es la vital necesidad de suministro eléctrico y las actividades de las personas de un determinado territorio lo que lleva a que la electricidad sea considerada un servicio público, pues como sociedad consideramos que toda la población que vive y todas las actividades que se desarrollan en un espacio político (ciudad, región, país, o entidad supranacional) tienen –el mismo– derecho a un adecuado suministro energético a un precio asequible.

Implícitamente, la consideración de servicio público de las actividades vinculadas con el suministro eléctrico (generación, transporte, distribución y comercialización), supone que en un país, cualquiera –viva donde viva o implante su actividad donde fuere– tiene garantizado el abastecimiento de electricidad al mismo precio que el que paga cualquier otro ciudadano de ese mismo país.

En un sistema de suministro de energía centralizado como el nuestro, para este tipo de garantía de suministro hay dos piezas esenciales: a) el trazado de la red, que debería ir desde cualquier lugar en el que se genere electricidad hasta el lugar habitado más recóndito de un territorio, y b) la fijación de un precio único para cada unidad de electricidad (kWh) que los ciudadanos empleamos en nuestros hogares, lugares de reunión, de trabajo o de paso, y localidades de residencia.

Estas dos piezas esenciales son las que justifican que hablemos de tarifa, en vez de precio, de la luz. Pues la tarifa es un importe fijado administrativamente, cuya función es asegurar que en espacio político determinado sea cuál sea el origen de la electricidad (solar, eólico, hidráulico, fósil o nuclear) y esté donde esté ubicado (lejos o cerca del origen, en un lugar escarpado o llano…) el usuario final, todos y todas pagaremos lo mismo. Es decir, la función de la tarifa es garantizar que nadie saldrá perjudicado o beneficiado por estar más o menos cerca de una unidad de generación eléctrica; o porque esta generación se lleve a cabo a partir de fuentes energéticas gratuitas (sol, aire y agua), caras (carbón, petróleo y gas) o muy caras (uranio enriquecido). Por otra parte, como es obvio, esta tarifa debería ser suficiente para cubrir los costes integrados del sistema.

Por todo ello, consideramos que la tarifa es un instrumento de redistribución, que permite que en un espacio político determinado todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de la electricidad y al mismo precio. Es por ello, aunque no todos en todos los países el resultado sea el mismo, que en la primera mitad del Siglo XX, la construcción –o integración de la ya existente– de la red eléctrica nacional fue asociada a los procesos territoriales de edificación nacional2 y, ya en la segunda mitad, la tarifa es considerada como uno más de los instrumentos redistributivos del estado del bienestar.

Sin embargo, como otros de estos instrumentos redistributivos, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.3 Es decir, la factura se puede convertir en un mecanismo de desposesión de los clientes de las eléctricas, en beneficio de los propietarios de las mismas.

Aunque la función –al menos teórica– de la tarifa eléctrica sea clara, no lo es tanto su significado de fondo.

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grafico20
Gráfico 20. Componentes del sistema eléctrico en España.

Elaboración propia

La tarifa es un precio administrativo, pero ello no quiere decir que tal precio sea arbitrario. De hecho, no debería serlo.

La tarifa, que debería reflejarse en la factura, ha de ser considerada como un precio resultado de todo el proceso que va desde que una fuente bruta de energía primaria hasta que acaba en nuestros domicilios en forma de electricidad útil para sus uso inmediato, y en el que intervienen diversos agentes (propietarios de los recursos naturales, empresas públicas o privadas, gestores del sistema y del mercado, reguladores, legisladores…). Por lo tanto, el precio, o la tarifa, ha de cubrir todos los costes de las diferentes fases del proceso –cadena eléctrica– y ha de asegurar una remuneración a los distintos agentes que participan en este proceso.

Ambos aspectos son problemáticos. En primer lugar, porque la parte de la remuneración que reciba cada agente, no sólo estará en función de la actividad que realice, sino de su capacidad de pactar con o de imponerse a los demás. Así, por ejemplo, en un sistema realmente público y estatal con clara vocación de servicio público, la remuneración de los agentes será la razonable, aquella que se requiere para seguir realizando la actividad y las inversiones. Por el contrario, en un sistema privatizado, regulado, pero controlado por grandes monopolios, la remuneración incluirá las rentas (los beneficios) de monopolio y, en los casos más extremos, un drenaje de recursos desde los usuarios finales hacia las empresas eléctricas. Entre ambos puntos, se encuentra un amplio abanico de posibilidades.

En segundo lugar, por una dificultad, por no decir imposibilidad,4 intrínseca de determinar con claridad los costes reales de la generación de la energía eléctrica. Para entender esta cuestión basta con pensar cómo podemos contabilizar realmente el coste de una central nuclear, del uranio enriquecido que introducimos en ella como combustible, por no decir ¿cómo contabilizar el coste de sus residuos o el coste económico y social de la destrucción de vida y recursos consecuencia de una
catástrofe como la de Chernobil o Fukushima?; o basta con intentar valorar cómo contabilizar el coste de una central hidroeléctrica en un pantano construido hace un o medio siglo; o…a cuánto deberíamos contabilizar el carbón que alimenta a las centrales termoeléctricas…. Es más, ¿Cómo podríamos cuantificar realmente todo ello, si todos estos elementos distintos generan, cada uno con una tecnología diferente, un único flujo homogéneo que circula por las redes, la electricidad?

Elementos de la tarifa eléctrica

Veamos todas estas cuestiones de forma más concreta, a partir de la información contenida en el Gráfico 20. Para ello, introduciremos, también, algunos conceptos básicos.

¿qué es la cadena eléctrica?

En la parte central del gráfico vemos la Cadena eléctrica (CE) o ciclo de la electricidad. Esta es la que se obtiene a lo largo del proceso de transformar una fuente de energía primaria en electricidad final útil: la que finalmente utilizamos en nuestras múltiples facetas de la vida cotidiana.

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Gráfico 21: Esquema de funcionamiento de la industria eléctrica
Gráfico 21: Esquema de funcionamiento de la industria eléctrica.

Fuente: Matías Nso.

Esta cadena está compuesta por tres eslabones, interconectados por una sucesión de procesos, que transforman la energía primaria en una electricidad ajustada a su uso final. Además de estos eslabones, la cadena tiene un candado, que es el que nos permite el acceso de los usuarios finales a la electricidad. Los tres eslabones son la energía primaria, la energía secundaria y la energía final.

  • La energía primaria (EP) es la que se obtiene directamente de la naturaleza. Puede ser el calor o energía térmica obtenida al quemar el carbón, el petróleo, o el gas o bien al fisionar el uranio; como puede ser la energía potencial que tiene un salto de agua, un rayo de sol, el soplo del viento o el movimiento de las mareas.
  • La energía secundaria (ES), en este caso5 es la generación de electricidad a partir de la EP. Cada EP requiere de una tecnología concreta y diferente para conseguir un mismo flujo homogéneo capaz de circular por las redes, la electricidad. La ES no se puede utilizar directamente, hay que transformarla y transportarla para ser utilizada en nuestras casas, empresas y territorios.
  • La energía final (EF) es la ES que se adapta a las necesidades de uso final y se distribuye a los usuarios de todo tipo (lo que las empresas eléctricas denominan “demanda”). Ello significa, que más allá del proceso de transformación de EP en ES, existen unos mecanismos que transportan la electricidad desde el lugar que se genera hasta el lugar de uso final. Esto es lo que, en nuestro modelo eléctrico actual, llamamos transporte y distribución, que consiste en el proceso mediante el cual mientras la electricidad viaja desde su origen a nuestras casas, va transformando su tensión, pasando de la alta tensión a la media y a la baja tensión.
  • Además de estos eslabones, la cadena eléctrica tiene un candado, que es el que establece quién y en qué condiciones tendrá acceso a la EF, convertida en útil. La forma de este candado no es una cuestión técnica. Por el contrario, es el resultado del tipo de organización económica, política y social que, en última instancia, es quién establece “quién”, “dónde” “cómo” y “cuándo” tendrá acceso al suministro eléctrico. Aunque decirlo sea una verdad de Perogrullo, aunque sea técnicamente posible que la electricidad llegue a casa de uno, si no se ha contratado por falta de red o no se puede pagar (la factura representa un gasto excesivo), no se tendrá acceso a ella.

En nuestra sociedad, la llave del candado depende, fundamentalmente, de dos elementos:

  • a) del grado de centralización del modo de producción de la electricidad, y
  • b) de la relación de fuerza entre los usuarios finales y los productores, distribuidores y comercializadores eléctricos.

El grado de centralización de la producción de energía depende fundamentalmente de dos factores: el tamaño de la unidad de generación y la coincidencia entre el lugar de obtención de la energía y el lugar de su uso final. Así, una turbina, cerca de un rio que proporciona electricidad para el funcionamiento de una fábrica, es un modo de producción de energía descentralizado, como también lo son las placas fotovoltaicas que podemos tener en nuestros tejados. En ambos casos, además, la ES es la misma que la EF, con lo que se suprime un eslabón de la cadena y el candado, si existiera, debería limitarse a cuestiones técnicas (mantenimiento, almacenaje, etc.).

Por el contrario, la producción eléctrica centralizada (PEC) es la que se produce cuando los usuarios finales de una zona, ciudad, región, país o continente, dependen para su suministro eléctrico de un o unos únicos centros de generación, normalmente alejados del lugar en el que la electricidad se usa finalmente.

Este es y ha sido el modo de producción de electricidad dominante a lo largo de toda la segunda mitad del Siglo XX, y su predominio se aceleró desde los 1980s. A pesar de que su origen está fechado a finales del Siglo XIX, cuando Nikola Tesla (1856-1943)6 y George Westinghouse construyeron la central hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara (1886), con lo que se empezó a transportar la electricidad allí generada al conjunto del territorio de los Estados Unidos de América.

Las formas típicas de electricidad generada de forma centralizada son todas aquellas que se producen en las grandes centrales térmicas (carbón y petróleo), nucleares (uranio), de ciclo combinado (gas) y en las grandes centrales hidroeléctricas. Lo que caracteriza a estas formas de producción es la existencia de nudos distribuidores del que salen cables que conducen la electricidad hacia el usuario final, alejado de la unidad generadora (véase Gráfico 21).

Nuestro sistema eléctrico asume que la PEC (Producción eléctrica centralizada) es la “mejor” forma de producción de electricidad, pues aunque requiere enormes inversiones e infraestructuras, que pueden atravesar un país o continente, genera lo que los economistas llamamos economías de escala. De aquí la idea, que cuantos más usuarios dependan de una unidad de generación de energía, más eficiente será la producción. De ahí, que se asuma que la industria eléctrica es un monopolio natural.7

Evidentemente, basta mirar el Gráfico 21, para darse cuenta de una cosa obvia. En este modelo, si un grupo de usuarios se queda “descolgado” de la unidad generadora, nadie más les asegurará el suministro, salvo que él mismo tenga acceso a combustibles primarios y genere energía para su propio uso. Por ello, si no se aseguran los mecanismos para que estos se puedan conectar a la red, serán excluidos del sistema –al menos, del eléctrico–. Las razones para que ello ocurra pueden ser diversas, vivir en una zona recóndita o no tener la capacidad de abonar el precio al que nos cobraran la luz.

Por otra parte, la PEC conduce, necesariamente, a la creación de una industria verticalmente integrada. Ello significa que el tamaño y volumen de inversión de cada eslabón de la cadena viene condicionado por el anterior y determina al siguiente. A pesar de esta interrelación, no es necesario que una misma empresa realice todas las fases, aunque puede hacerlo.

Se dice que cuando la actividad de una única empresa, va desde la generación hasta la comercialización final, esta es una empresa de ciclo completo. Por el contrario, cuando una empresa sólo realiza una de las fases, hablamos de empresas generadoras, distribuidoras o comercializadoras. Intuitivamente, es claro que la capacidad de ejercer el poder de monopolio es mayor si en un modelo de PEC las empresas son de ciclo completo, que si realizan una sola de las fases.

Aunque intrínsecamente, ello se derive del concepto mismo de monopolio,8 y aunque puede haber distintos grados, queremos señalar que lo que hemos explicado hasta el momento significa que en nuestro modelo energético, a priori, la relación de fuerza entra los usuarios finales y los empresas eléctricas es muy desigual, y está claramente sesgada hacia el poder de estas últimas, que por las características intrínsecas del modo de PEC pueden excluir físicamente a los usuarios finales que deseen (basta no hacer llegar la red) y que por condición de monopolio, pueden fijar un precio de la electricidad desorbitado, que los excluya financieramente. Sencilla y llanamente no tenemos ningún control.

Es cierto, sin embargo, que el resultado final de esta relación dependerá del sentido de la justicia que tenga cada sociedad determinada en cada momento determinado y de cómo se traslade este sentido al tipo de propiedad (privada, pública o estatal) de las empresas, a la legislación y a la regulación eléctrica.

En función de ello, también la factura eléctrica podrá considerarse, en mayor o en menor medida un instrumento de captura de la renta del monopolio.9 Así, en un extremo, si una sola empresa o un grupo muy reducido de empresas privadas controlan el ciclo de la electricidad completo y si la legislación y/o regulación pública no es muy limitativa y orientada a lograr el mejor suministro eléctrico posible para toda la ciudadanía, es muy posible que se establezcan unos precios o tarifas de la electricidad muy superiores a los costes del proceso abarcado por la cadena eléctrica. Ello será debido a que en un sistema eléctrico de este tipo, el monopolio o el oligopolio eléctrico privado podrá ejercer su poder sin trabas. En este caso, la función de la factura, será principalmente un instrumento de extracción de renta, transfiriendo dinero desde los usuarios finales (individuos o colectividades) hacia las empresas eléctricas.

En el otro extremo, podríamos tener el caso que estas empresas fueran públicas y que su objetivo, en vez de capturar la renta de monopolio, fuera suministrar la electricidad al conjunto del territorio al menor coste posible. Aquí, como ya se ha dicho, la principal función de la factura sería, como ya se ha dicho, ser un instrumento redistributivo.

¿A partir de qué fuentes primarias generamos electricidad?

Otro aspecto que aparece en el gráfico es que si bien sólo hablamos de una ES, la electricidad, en él vemos que ésta se puede obtener de distintas fuentes de EP. Para el uso final la electricidad que se genera es la misma. De hecho, la luz que ilumina nuestros hogares tiene orígenes diversos, puede ser el resultado de lo que en la jerga llamamos un mix, una mezcla de electricidad obtenida a partir de carbón, uranio, gas, agua, sol y viento; o ser sólo de origen renovable o sólo de origen fósil. Sea lo que fuere, como usuarios finales no notaremos la diferencia.

En lo que sí que hay, y mucha, diferencia es en:

  • las fases de producción que se requieren para lograr la electricidad final;
  • la energía que perdemos en el proceso de generar electricidad;
  • los costes de las fuentes de EP
  • las emisiones de CO2 o de otros gases causantes del efecto invernadero

Para aclarar estos aspectos bastará entender la idea que subyace a los itinerarios energéticos.10 Para generar electricidad a partir de cualquier fuente de energía primaria se requiere, salvo en el caso de la energía solar fotovoltaica, un generador (normalmente un alternador). Este generador necesita ser movido por la fuerza de un rotor, ya sea una turbina o aerogenerador; para generar este movimiento, requeriremos vapor, viento o agua; para obtener vapor requeriremos calor obtenido del sol o de quemar combustible; y para poder obtener el combustible, se ha de procesar la EP. Gráficamente, lo vemos en el cuadro 8.

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Cuadro 8: Itinerarios energéticos
Cuadro 8: Itinerarios energéticos. Fuente: Ramon Sans Rovira.

Fuente: Ramon Sans Rovira

En este cuadro se observa (parte superior) que para transformar la energía primaria en energía eléctrica, pueden llegar a ser necesarios tres pasos intermedios. Primero, la transformación en energía secundaria y, después, su paso a calor o vapor (energía térmica), para que éste ponga en movimiento una turbina (energía motriz), que a través de un generador (normalmente alternador), produzca energía eléctrica.

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Gráfico 22: Esquema de oferta en el mercado diario de electricidad generada con distinta tecnología.
Gráfico 22: Esquema de oferta en el mercado diario de electricidad generada con distinta tecnología. Fuente: https://energeticafutura.com

Fuente: https://energeticafutura.com

Lo que observamos en el Cuadro 8 es que no todas las fuentes de energía primaria requieren todos los pasos. Por ejemplo, para producir electricidad a partir de petróleo, carbón, gas natural, uranio o biomasa (leña o equivalente), requerimos todos los pasos, pues en todos ellos se requiere que la EP se procese en un combustible, que se convertirá en vapor, que moverá una turbina que, al final, acabará generando electricidad. Por el contrario, con las fuentes renovables (salvo la biomasa, más adecuada para la calefacción), los pasos se reducen; hasta el extremo de la generación fotovoltaica en la que la electricidad se produce directamente desde los rayos del sol.

Como se puede intuir cuantas más fases se requieran, más costoso el proceso y más energía se pierde por el camino. Así, en el cuadro 8 vemos, por ejemplo, que de un barril de petróleo (3 primeras filas), sólo acabamos usando de forma útil entre un 17,25% (motor ciclo Otto) o un 33,44% (generación de vapor). Ello quiere decir que por cada barril de petróleo que extraemos, quemamos (o tiramos a la basura, con las emisiones correspondientes) más de 2/3. En cambio, en el caso de las renovables, aunque los porcentajes que nos aparecen en la última columna del cuadro, puedan, en algunos casos, ser similares; conceptualmente son muy distintos, pues en el caso del aire, el sol o el agua, aprovechamos un flujo de energía, ya existente, y renovable siempre dispuesto para ser usado. Así en el caso de las fuentes fósiles o uranio, malbaratamos, mientras en el caso de las renovables, aprovechamos. Además, a nadie se le escapará, que mientras pagamos a unos alejados propietarios por un petróleo, carbón, gas y uranio que energéticamente no usamos; el sol, el aire y los cursos de agua son cercanos, libres, gratuitos y nos permiten tener el control sobre ellos.

Estos aspectos tienen importantísimas implicaciones a la hora de pensar una posible transición energética, pues lo que nos muestra este cuadro es que sólo tenemos que substituir la energía final útil que empleamos, no el equivalente en fuentes primarias.

Volviendo, ahora, al tema de la factura, las distintas características de la EP tienen dos consecuencias inmediatas.

En primer lugar, nos dicen que ha de ser más caro generar electricidad a partir de energía fósil –y de uranio, aunque no se refleje en el gráfico–, que a partir de fuentes renovables. Dos son las razones, en el caso de las renovables se requieren menos fases y, por tanto, menos inversiones en infraestructuras de generación y, además, la fuente de EP es gratuita. La prueba de ello, como se puede observar en el gráfico adjunto, la tenemos en el mercado eléctrico diario, en el que la electricidad generada a partir de este tipo de fuentes es la primera que entra a precio cero, pues su coste marginal, también lo es.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, vemos que si toda la electricidad se paga al mismo precio, el de casación entre la oferta y la demanda diaria, la empresa que produzca electricidad a partir de fuentes renovables, debería tener más beneficios que la que la genera a partir de gas o petróleo.

Aunque históricamente no siempre ha sido así, el concepto mismo de red eléctrica nacional, como ya se ha comentado, implica que, a pesar de las diferencias aquí expresadas, un usuario que utilice electricidad generada con gas (ciclo combinado), pague el kWh al mismo precio que un usuario cuya electricidad sea de origen eólico. Así, aunque el usuario final no vea ninguna diferencia en su recibo de la luz, las distintas empresas que generan la electricidad, en función de su mix primario, sí que ven una diferencia en sus beneficios. De ahí, el uso del término de windfall profits (beneficios caídos del cielo), para aquellas con costes de generación mucho menores que el resto.

Esta situación no debería ser problemática, una vez más, si la generación estuviera en manos de un sector eléctrico público, pues debería haber una reasignación interna de recursos y beneficios, pero la situación cambia si quién genera la electricidad es un grupo de empresas privadas con acceso distinto a las distintas fuentes de EP. Una vez más, como ya hemos ido explicando, en el primer caso, la factura tendrá ese componente redistributivo, en el segundo, de una manera u otra, la factura reflejará el conflicto de distintos generadores que suministran un bien único y homogéneo (la electricidad) a partir de formas de generación y estructuras de costes muy distintas.

¿Cuál es la función de la red eléctrica?

Todo lo que hemos venido explicando, habla del tipo de empresas que componen el sistema eléctrico (de ciclo completo o parcial) y de la problemática asociada a que la electricidad se puede generar a partir de fuentes muy diversas. Ahora, queda por recuperar una última cuestión, que ya habíamos apuntado en la introducción: ¿qué elemento da la unidad a un sistema eléctrico nacional? La respuesta es la red eléctrica, el recorrido de redes de alta, media y baja tensión que recorren el territorio y que, de facto, unen cualquier unidad de generación con cualquier usuario final.

En la mayoría de países del mundo, esta red es pública o está sujeta a regulaciones, pues es la que ha de asegurar que la electricidad llegue a todo el mundo, en igualdad de condiciones, aunque, por decirlo de alguna manera, ello no estuviera en los planes de las empresas, que se ocupan de la generación, transporte y distribución de electricidad.

La propiedad de la empresa u organismo que gestiona la red puede ser de distinto tipo: titularidad pública, titularidad mixta o privada; como puede existir una red pública que coexista con unas empresas del sector privadas. También, el sistema puede ser básicamente privado (empresas eléctricas privadas y red eléctrica mixta o privada), pero en este caso, como vemos en el Gráfico 20, este segmento está regulado.

Una vez más, ¿cómo se reflejan estas cuestiones en la tarifa? En primer lugar, la factura ha de recoger el coste de este “servicio”, que es un concepto que se añade a lo ya dicho.

Además, de alguna manera, la factura refleja también la intrínseca función redistributiva de la red eléctrica , pero por otro recoge el conflicto entre los intereses de las empresas del sector, que salvo que sean públicas, no estarán interesadas en asegurar el suministro eléctrico allí donde sea necesario. Por el contrario, su objetivo será maximizar beneficios, capturar sus rentas de monopolio e, incluso, yendo más de este concepto de “renta”, desposeer a los usuarios finales, a través del pago de la factura de la luz, de sus caudales económicos. Transfiriéndolos a los propietarios o acreedores de las eléctricas –en todos los casos, inversores o accionistas ajenos al objeto principal de la actividad eléctrica.

En definitiva, en la factura eléctrica coexisten dos lógicas de acceso al candado: la de las empresas –privadas, maximizadoras de beneficiode la cadena eléctrica y la de los criterios –públicos, redistributivos. Desde el primer tercio del Siglo XX, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte del mundo, la tendencia empresarial privada de obtener el máximo posible de renta se ha contrarrestado por dos vías: la creación de un sistema eléctrico público de propiedad pública; o la regulación de las actividades privadas por medio del control de la red eléctrica y la fijación de tarifas eléctricas.

En España en este aspecto, sin embargo, siempre se fue con retraso, y salvo en un breve periodo entre mediados de los años 1980s e inicios de los 1990s, el peso y los intereses del sector empresarial privado en la definición y planificación de la política energética han sido preponderantes. Hoy de nuevo, desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del Sector eléctrico, la balanza se ha vuelto a inclinar a favor de este sector privado. De ahí que los términos de la factura eléctrica sean incompresibles y parezcan abusivos. De hecho, lo son, pues la principal función de estos ya no es cubrir los costes de generación, transporte y distribución de la electricidad, sino lograr que se produzca un drenaje de recursos desde los hogares hacia los accionistas del sector eléctrico. Baste como ejemplo decir que España en función de los años, entre 1.300 y 3.100 millones de euros11 del importe que pagamos colectivamente por la factura de la luz se destina a pagar la deuda generada con el archiconocido déficit de tarifa. Déficit que es de carácter regulatorio, y no económico.12

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 Gráfico 23: Distribución de la factura de Iberdrola.
Gráfico 23: Distribución de la factura de Iberdrola. Fuente: Iberdrola.

Iberdrola

Incluso en las explicaciones de una factura emitida por Iberdrola,13 se nos informa con este gráfico de que el 62% de los pagos que los usuarios finales de electricidad realizamos, no tienen que ver directamente con la electricidad generada y utilizada.

Por tanto, ha llegado el momento de ver qué hay en ese 62% de “otros” y, lo que es más importante, por qué lo pagamos en nuestra factura.

Elementos del conflicto en la factura eléctrica en España

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En un reciente informe realizado por el Observatori del Deute Global sobre el coste real de la tarifa eléctrica, se dividen los componentes de la tarifa en tres partes: la parte regulada y la parte correspondiente al mercado, además de un componente de pagos, denominado otros pagos debido a que no encajan en la definición de ninguna de las dos componentes anteriores.

El Cuadro 9 es su resumen de los conceptos que intervienen en cada una de estas partes de la tarifa.

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Cuadro 9: Estructura de la tarifa eléctrica.
Cuadro 9: Estructura de la tarifa eléctrica. Fuente: ODG (2015:8).

Fuente: ODG (2015:8)

Todo lo que aparece en este Cuadro 9, menos los conceptos “Transporte”, “Distribución y Comercialización”, “Organismos”, “Generación extrapeninsular y revisión” y el “Mercado diario” (la subasta CESUR, recientemente ha sido suprimida), es el 62% del Gráfico 22, Es decir, según Iberdrola, lo ajeno a los costes reales de la electricidad. Claro, que lo que nos dice Iberdrola, es que la culpa de ese 62% es la normativa vigente15, como si la cosa no fuera con ellos –o con el resto de grandes empresas eléctricas. Lo cierto es que no es así.

Aunque no es fácil de explicar cómo se ha llegado hasta una tarifa, conceptualmente, tan enmarañada, en este apartado explicaremos que la mayor parte de estas partidas de la factura no son el resultado de la actividad necesaria para que se genere electricidad y ésta llegue a nuestras casas, empresas y ciudades, sino que, cada estas partidas de la factura se corresponde a una compensación –reguladaque el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA ante el riesgo de que) reclama a la administración ante el riesgo potencial de pérdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio.

Para justificar esta afirmación, haremos un breve recorrido histórico por el sector eléctrico español, para evidenciar que éste está controlado por un oligopolio privado de empresas energéticas (UNESA), cuya principal fuente de negocio ha sido la generación y venta de electricidad hidroeléctrica, fósil y nuclear –lo que llamamos régimen ordinario. Realizado este paseo, redefiniremos la estructura del cuadro 9, para mostrar que buena parte de las partidas tarifarias incluidas en el 62% señalado por Iberdrola (Gráfico 22) son el resultado de un conflicto entre UNESA, la administración pública y el resto de empresas del sector. En última instancia, este conflicto ha resultado en el “famoso” déficit de tarifa.

Características históricas del oligopolio privado eléctrico español

a) Históricamente en España un pequeño grupo de empresas eléctricas del sector privado son las que han determinado la estructura del sector eléctrico y la política energética.

Desde que en 1890,16 la legislación española estableciera que la electricidad es una actividad privada de utilidad pública, la titularidad de las empresas del sector ha sido mayoritariamente privada, y el estado ha ejercido mayor o menor control sobre la actividad de las mismas. En este proceso hay cuatro fases determinantes. La primera, en la dictadura de Primo de Rivera, cuando se establece17 que la electricidad será un servicio público, es decir regulada, aunque su titularidad privada.

La segunda, cuando en el año 1944 se creó UNESA, a partir de la agrupación de 17 compañías eléctricas privadas,18 de ciclo completo, con predominio en su área de influencia geográfica. Desde entonces hasta 1979, UNESA, de facto, se ocupa de la política energética, creando un modelo de explotación unitaria-nacional, de gestión empresarial. En este sistema eléctrico, las empresas de UNESA se ocupan de toda la actividad a lo largo del ciclo, desde la generación a la comercialización; y UNESA crea y controla el gestor del sistema19 (red y cargas). En este sistema el estado fijaba las tarifas “sugeridas” y realizaba, aconsejado por UNESA, una planificación indicativa de las inversiones a realizar para asegurar el buen funcionamiento del sistema.

El tercer momento, se inicia con la elaboración del Plan Energético Nacional (PEN) de 1979 y la redacción del Artículo 128.1. de la Constitución, en el que se dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Todo ello inicia el camino, no a la nacionalización, pero sí al sometimiento de UNESA a la planificación imperativa del sector que realiza el Ministerio de industria y energía. Además, ya en 1985, se crea la Sociedad Estatal Red Eléctrica de España, que se convierte en la gestora pública del sistema y acaba, con la integración vertical de las empresas de ciclo completo. Aunque sobre el papel ello no sea así, esta es la primera y realmente la única vez en que se separa el transporte del resto de actividades. Por último, el Real Decreto de 1538/1987 de 11 de diciembre establece que la tarifa es un instrumento básico de redistribución.

Por último, el cuarto momento, se inicia en la década de los 1990 y culmina con la Ley 54/1997 del Sector eléctrico, en cuyo preámbulo se puede leer lo siguiente: “…se abandona la noción de servicio público, (…) sustituyéndola por Ia expresa del suministro a todos los demandantes del servicio dentro del territorio nacional (…) el sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público (…) La gestión económica del sistema, por su parte, (….) abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión (…), que es sustituida por una planificación indicativa (…) que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos”. Es decir, desde 1997, tenemos un sistema eléctrico en que:

  • se ha abandonado la noción de servicio público –establecida en los años 1920s–, y se ha substituido por la de “suministro a los demandantes”, lo que traducido significa que la Ley establece que el sistema eléctrico las empresas deberán suministrar electricidad a quienes les puedan pagar, pues en economía un demandante sólo es el que tiene capacidad adquisitiva para serlo. Y,
  • se ha abandonado lo planificación imperativa –establecida poco más de una década antes–, lo que significa que deja que las empresas realicen las inversiones que crean convenientes, aunque después ello implique una sobrecapacidad del sistema (como ocurría en el pasado).20

En el Gráfico 20, esta situación se traduce en que la dimensión de la parte central del ciclo, especialmente la de la capacidad de generación, a partir de distintas fuentes, del sistema viene determinada por las decisiones de las grandes empresas del sector privado. Ello genera un sistema eléctrico híbrido, cuya tarifa eléctrica tiene una parte regulada y otra de mercado (cuadro 2).

En el Gráfico 20 esta cuestión se refleja en la parte central, donde se ve que la parte regulada se corresponde con el transporte y la distribución o al control de los flujos de electricidad que van desde la unidad generadora al usuario final; mientras que la parte de mercado se corresponde a las cantidades de electricidad que las empresas comercializadoras compran a las generadoras –o que éstas les venden a las primeras– al precio “de mercado” que ellas acuerden, libremente, cada día.

En este sistema eléctrico híbrido, las decisiones sobre las inversiones en capacidad de generación (en el Gráfico 21, el subsistema de generación) están en manos privadas, mientras la regulación de las necesidades totales del sistema (en el Gráfico 21, subsistema de transporte y distribución) está en manos de la administración. El desajuste que ello genera, y las inversiones excesivas en generación, en relación a las necesidades reales del sistema, son las que han acabado generando un exceso de capacidad, ahora infrautilizada, que pagamos en nuestra factura de la luz. Es decir, buena parte de los pagos que realizamos tienen que ver con compensaciones que han pedido las eléctricas por inversiones y apuestas fallidas que hicieron unilateralmente; y que el legislador les ha concedido. El por qué ello es posible, sólo se puede responder explicando cómo en torno a UNESA se creó un oligopolio privado de gran poder.

b) Históricamente ha existido una gran concentración y connivencia entre empresas del sector agrupadas en torno a UNESA y es este núcleo original el que crea el oligopolio privado actual 21.

Por lo dicho en el apartado anterior, es fácil adivinar que existió una unidad de intereses y actuación en el conjunto de empresas que conformaron UNESA desde sus inicios. Sin embargo, no formaba parte de la UNESA “original”, la que hoy es una de las principales compañías eléctricas en España, ENDESA. Esta empresa se creó el mismo año que UNESA, en 1944, pero exclusivamente para la explotación del carbón nacional y se concibió exclusivamente como empresa pública generadora. Es más, ENDESA gozó de un régimen singular, actuando como una empresa ajena a los subsistemas eléctricos nacionales, gestionados por UNESA.

La situación particular de ENDESA empezó a cambiar cuando, en la década de los 1980s, las empresas de UNESA se vieron obligadas a aceptar una mayor intervención estatal en sus actividades, a cambio de un saneamiento del sector. En España, estos años son los de la reestructuración empresarial.

Para esta reestructuración, el Instituto Nacional de Industria, transformó ENDESA en el Grupo ENDESA22 y, en 1985, autorizó un intercambio de activos entre las empresas endeudadas de UNESA y las solventes de la misma agrupación y el Grupo ENDESA. Este proceso que se inicia entonces, culminó a final de los 1996 con cuatro grupos dominantes, el Grupo ENDESA y asociadas (ENHER, ENDESA, FECSA, HEC, CSE, EV, ERZ y las participaciones en UNELCO y GESA); IBERDROLA, resultado del acuerdo entre IberDuero e HIDROLA; Unión Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico.

A partir de este momento, la historia es bien conocida, pues después de esta reestructuración se procedió a la privatización del Grupo ENDESA y de otros activos del sector eléctrico, que se integraron en UNESA. Hoy, UNESA es una agrupación cuyas cinco empresas privadas asociadas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP), según los datos de OMIE, controlan el 65,45% de la cuota de mercado de la energía eléctrica en España. Esta agrupación es la que se conoce como el oligopolio. En el Gráfico 20, representan el grueso de la parte central.

Hoy en día, desde que se liberalizó el sector, siguiendo la normativa europea, se requiere la separación de actividades. Ello quiere decir que, aunque las empresas pertenezcan a un mismo grupo, se ha de dar la separación jurídica y/o contable entre el segmento que realiza las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Ello querría decir que ninguna de las empresas de UNESA podría ser de ciclo completo, pues según la normativa ninguna empresa no puede comercializar, por si misma, la electricidad que genera. Pero, ya se sabe lo que dice el dicho, “hecha la ley, hecha la trampa”, pues nada ni nadie ha impedido que las grandes empresas del sector se trocearan, en empresas de generación, distribución o comercialización, mientras seguían teniendo vínculos entre sí.

Por ello, al final, acaba siendo IBERDROLA o ENDESA generación, quien vende a ENDESA o IBERDROLA comercializadora, bajo la supervisión del gestor –privado del mercado, OMEL, cuyos accionistas, entre otros, son las mismas empresas de UNESA y sus suministradores de fuentes de EP fósil.23

En resumen, el sistema eléctrico español está de facto controlado por el oligopolio de UNESA, que es quien, siguiendo el apartado anterior indica la política energética a hacer, ha realizado las inversiones en plantas de generación y es el propietario de los pantanos, las centrales térmicas y las nucleares. De ahí que su principal objetivo sea evitar –o expulsar si ya existiera– cualquier atisbo de competencia; aunque esta fuere una pequeña unidad solar o eólica generadora, en un lugar remoto, con un mísero puñado de clientes. El por qué, lo veremos a continuación.

c) Históricamente la generación de las empresas de UNESA se ha centrado en tres tipos de fuentes de EP: gran hidroeléctrica, térmica fósil y nuclear

Por cómo se crea el sistema, las dos principales fuentes de energía hasta los 1950-1960 fueron los saltos de agua y el carbón. Ello llevó a que el núcleo original de UNESA y ENDESA basaran su actividad de generación en estas dos fuentes, control de infinidad de saltos y térmicas. Ello, a medida que se incorporaron nuevas fuentes (parte superior derecha del Gráfico 20), estas mismas empresas controlaron las térmicas con combustible de petróleo, y son propietarias de las centrales nucleares, siendo la primera la de Zorita en 196824. Posteriormente, ya a inicios del Siglo XXI, se pasaron al ciclo combinado (electricidad generada con gas natural25). Sólo, recientemente, y especialmente Iberdrola, ha entrado en el negocio de las renovables (parte superior izquierda del Gráfico 20).

Ello quiere decir que, de forma directa o indirecta, en España, desde el más pequeño salto de agua de un embalse en los Pirineos, hasta las modernas centrales de ciclo combinado, que funcionan a partir de gas, pasando por las termoeléctricas convencionales o las centrales nucleares, está bajo la gestión de las empresas de UNESA.26 Así, esta tiene un predominio en la generación de electricidad con fuentes de EP convencionales (en el Gráfico 120, la electricidad generada a partir de fuentes fósiles, uranio e hidroeléctrica histórica). De hecho estas empresas controlan la casi totalidad de la potencia instalada.27 No sabemos si será por esta circunstancia, pero en la normativa española, es la electricidad generada con estas fuentes que controla UNESA la que recibe la denominación de régimen ordinario. Mientras que el régimen especial –el fuera de lo ordinario– se deja para las renovables.

Curiosamente, según el listado que proporcionó el Ministerio de Industria, Turismo y Energía en 2011 (aunque probablemente ya se habrá visto modificada con los sucesivos cambios legislativos), sólo un 10% del total de potencia instalada en régimen especial (fundamentalmente renovables y mini hidráulica), constaba a nombre de las dos grandes de UNESA, IBERDROLA y ENDESA (ENEL). En este listado, de 6.627 unidades de generación en régimen especial, sólo 187 están registradas a nombre de una de estas dos empresas.

Por lo tanto, trasladada esta información al Gráfico 20, esta división entre empresas indica que, hasta fechas bien recientes, en el sistema eléctrico español, existía:

  • el régimen ordinario, el de toda la vida, en el que las empresas de UNESA gozaban del control casi absoluto en la generación y, a través de sus holdings, controlan el ciclo completo, y
  • el régimen especial, el nuevo, cuyas empresas eran bien distintas a las de UNESA, por ser empresas sólo generadoras de tamaño medio y pequeño. Empresas que, en su mayoría, entraron en el sistema en los últimos años, animadas por el rápido desarrollo de la tecnología en renovables y por las primas.

Suponemos que a nadie se le escapará la competencia que estas empresas de régimen especial podían constituir para UNESA en un contexto de teórica liberalización del sector eléctrico y de un mercado en el que cada día la electricidad generada (eólica, pequeña hidráulica, solar) por estas nuevas empresas entra a coste marginal cero (Gráfico 22). Intuyo que por ello, se demonizó a este sector, haciendo ver que los llamados costes “especiales” de las renovables no eran necesarios para la producción “ordinaria” de UNESA de electricidad. Por ello, el objetivo de UNESA ha sido doble. En primer lugar, como ya se ha dicho, quieren mantener el poder de monopolio, evitando que las empresas del régimen especial les arrebaten cuota de mercado, por ello aspiran a “apropiarse” del sector de las renovables que, hasta ahora, estaba ocupado por otras.28

Independientemente de lo anterior, su segundo objetivo es más sutil. Como hemos visto gracias al Cuadro 8 y al Gráfico 22, cuanta más electricidad renovable entre en el pool eléctrico, más bajo debería ser el precio de la electricidad mayorista (el precio al que las comercializadora compran a las productoras en el mercado eléctrico diario). Por ello, si la electricidad renovable fuera ocupando una parte creciente del mercado, el precio de venta final del kWh debería descender. Y, de hecho, si miran en su factura la partida “consumo facturado” verán que es así. Es por ello, que para compensar esta disminución del precio de venta de la electricidad, el segundo objetivo es inventar nuevos conceptos, para que aunque los costes de generación bajen, sigamos pagando lo mismo; o si se puede, más.

La factura eléctrica como expresión del conflicto

Por todo lo que hemos venido explicando, se intuye que en la tarifa eléctrica que se refleja en nuestra factura, se contabilizarán unos pagos correspondientes a lo que realmente cuesta generar electricidad y hacer que llegue a nuestras casas (el 38% del Gráfico 2 al que deberíamos añadir los impuestos; y la primera fila del Cuadro 10); y otros pagos que como ya hemos escrito corresponden a una compensación –regulada– que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA ante el riesgo de que) reclama a la administración ante el riesgo potencial de pérdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio.

Esta compensación es el 62% restante de la tarifa del Gráfico 22. Este parte que, según Iberdrola es ajena a ella, es el mecanismo financiero de adaptación de las empresas eléctricas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”). Es, a partir de esta idea, que proponemos una nueva forma de entender los componentes de la factura eléctrica, que son los que mostramos en el Cuadro 10.

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 Cuadro 10: Nueva factura conceptual de la tarifa eléctrica.
Cuadro 10: Nueva factura conceptual de la tarifa eléctrica. Fuente: Elaboración propia.

Elaboración propia.

Una vez entendemos la tarifa eléctrica de esta nueva manera, podemos interpretar qué significan realmente los conceptos que pagamos en la factura de la luz. De todo ello, lo más difícil de entender son las partidas agrupadas en torno a la exigencia de las eléctricas de que el sector público les compense por todos los cambios habidos en el sector eléctrico.
Dejaremos de lado las ayudas al carbón, ya que en ellas entran otros elementos sociales que también se deberían tener en cuenta, pero si analizamos las otras descubrimos, sin ánimo de ser exhaustivos, que:

  • los pagos asociados a la industria nuclear, son aquellos asociados a la compensación a los propietarios de las centrales nucleares por haber parado la construcción de nuevas centrales y, sobre todo, el pago a través de la factura del combustible y la vigilancia de unos residuos que se generan con una actividad privada que genera beneficios privados “caídos del cielo.” En este caso, estamos pagando los windfall profits de las nucleares. mientras les subvencionamos los costes. Con la agravante de que esta es una forma de generación de la electricidad que la mayoría de la población rechaza.
  • los pagos para mantener la capacidad constante, son pagos que hacemos para mantener abiertas centrales nucleares y térmicas obsoletas o centrales de ciclo combinado infrautilizadas, cuyas inversiones se decidieron unilateralmente, generando un exceso, excesivo, de capacidad en el sistema. Aunque aceptáramos que se necesita que alguna central térmica, nuclear o de gas esté permanentemente en funcionamiento, para prevenir un posible apagón generalizado, en España sigue existiendo un gran exceso de capacidad instalada29. En este caso, con la factura pagamos y amortizamos unas inversiones en infraestructuras que no eran necesarias (como no lo fueron los aeropuertos).
  • los pagos por el coste de la transición a la competencia, son aquellos que las eléctricas pactaron en el año 1997, con el cambio de ley, con el fin de que se les compensara por unos hipotéticos riesgos que las empresas históricas del sector podían padecer con la liberalización del sector. Estos costes nunca se han materializado, a la vista de los beneficios de las empresas de UNESA, pero los pagamos en la factura. Es decir, se nos ha transferido el hipotético riesgo de un negocio privado. Es gracias a ello, que las eléctricas disfrutaron de una sobre remuneración por su actividad.
  • Por último, los pagos que en nuestra factura aparecen en el término de “potencia contratada” y “servicios y otros conceptos” son aquellos que las grandes empresas eléctricas se han inventado para compensar el precio más bajo que deberían facturar por la mayor penetración de energía “verde” en el mix eléctrico final.

La partida “pagos por el déficit de tarifa” merece un apartado propio, pues aunque su inclusión en la tarifa se deriva de la misma lógica de abuso de poder que todo lo anterior, su significado es distinto. Todo lo dicho hasta ahora, indica que los hogares españoles pagamos mucho más de lo que debiéramos por la electricidad que usamos. Ello es injusto, pero la noción de déficit de tarifa, va más allá. De hecho, es perversa, pues de facto significa que las familias españolas estamos endeudadas con las eléctricas.

La titulación del déficit de tarifa como mecanismo de desposesión

El déficit de tarifa

Una buena definición del déficit es que éste es la diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas perciben por los pagos de los consumidores y los costes que la regulación les reconoce por suministrar electricidad (Jorge Fabra Utray). De ello se deduciría que:

  • existe un déficit de tarifa porque hay una diferencia entre costes de suministro y pagos por éste
  • los usuarios finales se lo debemos a las eléctricas, porque éstas son las que pagan por adelantado este dinero,

Sin embargo, como sigue explicando Jorge Fabra, el déficit de tarifa es un déficit regulatorio y no un déficit económico porque, como es bien sabido, los costes reales en los que las empresas están incurriendo son inferiores a los costes que la regulación les reconoce. Por tanto, lo que conocemos como déficit de tarifa es pérdida sólo porque lo establece la ley, no porque esas pérdidas sean reales. Y, ello es así, porque como acabamos de ver se reconocen como costes un sinfín de partidas que no tienen que ver con el coste necesario para lograr que la electricidad llegue a nuestras casas (el 38% del Gráfico 22 o la primera fila del Cuadro 10).

Por tanto, la cuestión es establecer por qué el regulador hace una cosa de este tipo. La respuesta a ello es ya obvia, pues ya hemos visto que las empresas de UNESA tienen suficiente poder para influir sobre él. A pesar de ello, no deja de asombrar que la manera que emplea la administración para determina los costes eléctricos reales, “de verdad”, sea preguntarles a las empresas de UNESA. Es decir, la regulación reconoce los costes que un oligopolio privado le dice que reconozca, que son una parte o un todo de lo que se engloba en el 62% del Gráfico 22 o en las tres últimas filas del Cuadro 10.

De ello se deduce que el déficit de tarifa se genera de la forma siguiente. En un primer momento, la autoridad correspondiente fija el precio de la luz, que se publica en el BOE y nos anuncia el Ministro, para un año o semestre. Este precio se fija en función de una previsión que se hace de cuáles serán los costes reales. En un segundo momento, al final del periodo fijado, la administración pregunta a las eléctricas cuál fue de verdad el coste real. Las empresas de UNESA declaran que sus costes fueron mayores que los previstos; y, en un tercer momento, se fija el déficit de tarifa: los pagos adelantados que las eléctricas realizan por la diferencia entre los costes previstos y los que ellas mismas les dicen al regulador que ha de reconocer.

Así, de la interpretación que hemos venido haciendo, se deduce que el déficit de tarifa es el resultado de los conflictos que UNESA tiene con el sector público, con la competencia y con las nuevas tecnologías. UNESA gracias a su poder, medios de acción e influencia, transforma este conflicto en el llamado déficit de tarifa, cuyo importe será aquello que estas empresas decidan, año a año, extraer a la sociedad. Ello lo rubrica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuando al hablar del déficit de tarifa dice, que se mantiene la financiación de los costes del sistema por parte de los consumidores mediante el pago de los peajes de acceso a las redes y el resto de cargos, así como, mediante otros instrumentos financieros, y, excepcionalmente y para los supuestos específicamente previstos, mediante las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Esta doble contribución corresponsabiliza en la financiación del sistema a los consumidores eléctricos, en mayor medida (…).

Es en este momento, según nuestro punto de vista, cuando la factura eléctrica, por Ley, al convertir a los consumidores en corresponsables del déficit, se convierte en algo más que el instrumento para la captura de rentas del monopolio, pues se transforma en un mecanismo más de expolio o desposesión, que se legaliza por ley.

La titulación del déficit de tarifa y sus consecuencias

En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (ME). En 2014, superaba los 30.000 ME. Es decir, en España, cada ciudadano/ a debe más de 600 euros a las eléctricas. El pago de esta deuda se realiza a través de la factura eléctrica y, según parece, la devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%,30 como resultado de su titulación.

Para que las empresas eléctricas no tuvieran que endeudarse para pagar el déficit, se permitió que este se titulariza, llevando, en 2009,31 a la creación del Fondo de amortización del déficit eléctrico (FADE), que en su vertiente comercial recibe el nombre de Fondo titulación del déficit del sistema eléctrico. El funcionamiento de este fondo es simple.

Las empresas eléctricas ceden sus derechos de cobro del déficit de tarifa al FADE, que los convierte en bonos que cuentan con el aval del Estado, lo que les convierte en títulos equivalentes a la deuda pública, aunque no contabilicen como déficit público. Además, el banco central, reconoce a estos títulos como activos colaterales válidos como garantía en sus operaciones de mercado abierto o de inyección de liquidez al sistema.

La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, tiene tres consecuencias inmediatas. La primera, es la financiarización, de facto, de nuestra factura de la luz, pues su pago es lo que permite la realización de los derechos de cobro que las eléctricas han cedido al FADE.

El segundo es que “gracias” a la deuda eléctrica se han podido forzar profundas reformas en el sector eléctrico español. De hecho, si se leen las exposiciones de motivos de algunas de las últimas reformas del sector eléctrico se constata que lo que justifica la nueva legislación es el déficit de tarifa. Pues como se puede leer en el preámbulo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, un elemento determinante para acometer esta reforma ha sido la acumulación, durante la última década, de desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema eléctrico y que ha provocado la aparición de un déficit estructural.

No es una novedad que la deuda financiera se utilice para imponer transformaciones no deseadas. El sector eléctrico español no ha sido una excepción, pues es por este déficit de tarifa que se ha tolerado un cambio –retroactivo– en el régimen de retribución del régimen especial que ha hundido a buena parte de la industria renovable que estaba emergiendo. Ahora, previsiblemente los despojos de este sector se transferirán a las empresas de UNESA y a sus accionistas. Más allá de ello, las reformas que se han impuesto gracias al déficit eléctrico, han permitido que lo que siempre se había considerado un sector estratégico y, por tanto, sujeto a control público y nacional, se esté vendiendo al mejor postor. Inversores que, entendemos, poco deben de haber dudado sobre la rentabilidad de las empresas de UNESA, pues el sistema descrito les otorga una elevada rentabilidad financiera en el corto plazo. De hecho, a final de 2015 se estima que los beneficios de las tres grandes eléctricas de UNESA (Endesa, Iberdrola y GNUF) se habrán incrementado en torno a un 20% en relación al año 2014; año en el que ya aumentaron un porcentaje similar en relación a 2013.32

De hecho, hoy en día, la tipología de accionariado de las empresas de UNESA que observamos en los Grá ficos 24 y 25, indican que el tipo de accionistas de las eléctricas, son fundamentalmente compañías del sector bancario, financiero o equivalente, que tienden a buscar altísimas rentabilidades financieras a corto plazo. En estos gráficos vemos que, si se tiene en cuenta que buena parte de la categoría “S”, correspondiente a inversión gubernamental o estatal, es inversión a través de los fondos soberanos, diremos que casi dos tercios de los accionistas pertenecen a estas categorías. Por otra parte, la categoría “C” es confusa, pues en ella podemos encontrar desde otras empresas energéticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o Qatar Holding.

Gráficos 24 y 25: Estimación del accionariado de UNESA por categoría de inversor. Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

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Gráfico 24: Estimación del accionariado de UNESA por categoría de inversor.
Gráfico 24: Estimación del accionariado de UNESA por categoría de inversor. Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

Base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

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Gráfico 25: Estimación del accionariado de UNESA por país de registro.
Gráfico 25: Estimación del accionariado de UNESA por país de registro. Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

Base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

La tercera consecuencia, es corolario de todo lo anterior, pues el déficit de tarifa se ha utilizado para impulsar una legislación que privatizara y desnacionalizara, lo que se construyó como nacional, asegurando, así, que dentro las fronteras del territorio se darán las condiciones para que determinadas actividades se integren en el juego de “lo global” financiero.

Esto es lo que observamos en los Gráficos 26 y 27, pues en ellos queda claro que sólo un cuarto de los accionistas de las empresas agrupadas en UNESA está domiciliado en España.

El significado último de estos gráficos es que en España estemos asistiendo a un proceso de doble desposesión. En primer lugar, a nivel microeconómico, se está produciendo una transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Ello incide en un empobrecimiento relativo de los primeros en relación a los segundos. En segundo lugar, a nivel macroeconómico, se está produciendo una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global. Desde este punto de vista, la historia ha acabado dando la razón a don Alberto Bosch,33) quien, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar “… convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza…”.

Gráficos 26 y 27: Estimación de accionariado de UNESA por país de registro de los accionistas. Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

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Gráficos 26 y 27: Estimación de accionariado de UNESA por país de registro de los accionistas.
Gráficos 26 y 27: Estimación de accionariado de UNESA por país de registro de los accionistas. Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

Base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

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Gráfico 27: Estimación de accionariado de UNESA por país de registro de los accionistas.
Gráfico 27: Estimación de accionariado de UNESA por país de registro de los accionistas. Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

Base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia.

Las consecuencias más visibles de esta desposesión son dos: la llamada pobreza energética y la progresiva pérdida de competitividad del ya maltrecho sector industrial español.34 O, dicho en otras palabras, en España 7 millones de personas tienen graves dificultades para pagar la factura de la luz35 y la industria no puede competir en el extranjero, debido a que en España los conceptos de la tarifa eléctrica se han diseñado para favorecer al oligopolio privado eléctrico de UNESA (propietarios en el Gráfico 20) en vez de a los usuarios finales del mismo. Este diseño es el que, a la postre, a través del déficit de tarifa y la titulación del mismo nos empobrece, porque nos desposee.

Frente a ello, si tenemos en cuenta, que en España, salvo en el intento de década comprendida entre mediados de 1980s y 1990s, con los dos primeros gobiernos del PSOE, los usuarios finales de electricidad siempre hemos estado en manos de un pequeño pero poderoso grupo de empresas privadas, consideramos que la única solución es la transición energética hacia un modelo 100% renovable descentralizado y distribuido. Es decir soberano. Un modelo que devuelva a los ciudadanos la gestión de un bien social e imprescindible para la vida misma, como es la energía.

  1. El precio de la luz subió en España el doble que en la UE durante la crisis, El País, 21-10-2015. []
  2. Muchos de estos procesos se dieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial, como parte de las políticas de “afirmación” y de seguridad nacional. Lo mismo puede decirse para el caso de la URSS, cuando Lenin afirmó que ésta se creaba por el poder de los soviets y la electrificación. []
  3. ODG (2015:8), define la tarifa como el principal mecanismo regulatorio por el cual se transfieren ingresos diversos desde el conjunto de la sociedad hacia las diferentes estructuras que forman el sector, y es el instrumento que pone en contacto a la ciudadanía de a pie con dichas estructuras. []
  4. Para una discusión sobre este aspecto véase Hermann Scheer, Autonomía Energética, Icaria&Antrazyt, 2009. []
  5. Esta definición estándar difiere de la que posteriormente daremos con los itinerarios energéticos, en los que lo que llamamos energía secundaria, es simplemente la segunda fase (ver Cuadro 8). []
  6. Posteriormente Nikola Tesla, como se puede leer en sus ensayos Yo y la energía editados por Turner Noema (2011) y en el libro de José Iglesias El Final está cerca, pero el comienzo también, Baladre, 2014 (Capítulo 7), abogó por una distribución libre y wi-fi de energía. Antes, sin embargo, él y Edison, quien finalmente se llevó la fama y el dinero, pugnaron por electrificar Estados Unidos. Tesla es el padre de la corriente alterna, que es la que hoy en día empleamos para transportar la electricidad de un lugar a otro. []
  7. Se dice que existe un monopolio natural cuando un bien o servicio es producido por una sola empresa debido principalmente a que una sola empresa es capaz de satisfacer toda la demanda. Generalmente corresponden a situaciones tales como la provisión de agua potable, servicios de gas y cloacas, energía eléctrica, etc. []
  8. El poder de éste puede verse incrementado, si tenemos en cuenta que en muchas casos la unidad de generación de energía final está muy alejada de las fuentes de energía primaria. Este es el caso de toda la industria energética que se nutre de petróleo, gas o uranio. []
  9. La renta del monopolio puede entenderse como aquel beneficio extraordinario que un monopolio puede obtener gracias a su capacidad -por la ausencia en el “mercado” de otras empresas que produzcan o presten un servicio igual al suyode imponer el precio de venta que le plazca, en función de su propia estrategia empresarial y de beneficios. []
  10. Los itinerarios energéticos son un concepto desarrollado por Ramon Sans Rovira para su propuesta de transición energética (TE21). Una primera versión de ellos se encuentran en Ramon Sans y Elisa Pulla, La transición energética del siglo XXI (TE21). El Colapso es evitable. Octaedro, 2014. []
  11. El origen de la deuda en el sector eléctrico el mercado. Público, 20-4-2015. []
  12. Jorge Fabra Utray, El déficit tarifario en el sector eléctrico español. Temas para el debate, No 2010, mayo 2012. []
  13. Iberdrola factura electrica []
  14. Observatori del Deute en la Globalització, El coste real de la energía. 2015. []
  15. Véase Iberdrola – Destino de la factura (consultado el 8 de diciembre 2015). []
  16. Ley de 23 de marzo de 1890. []
  17. Real Orden de 14 de agosto de 1920 y Real Decreto de 19 de abril de 1924. []
  18. Estas empresas son Hidroeléctrica española, Sociedad General Gallega de Electricidad, Saltos de Duero, Hidroeléctrica Ibérica, Electra de Viesgo, Mengemor, Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Energía Eléctrica de Cataluña, Compañía Riegos y Fuerzas del Ebro, Compañía Sevillana de Electricidad, Compañía de Fluido Eléctrico, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Energía e Industrias Aragonesas, Compañía Eléctrica de Langreo, Unión Eléctrica Madrileña, Saltos de Alberche e Hidroeléctrica del Chorro. []
  19. Como desarrollo del Decreto de 14 de noviembre de 1951, la Orden Ministerial de 12 de enero de 1951 crea OFILE, la oficina reguladora del sistema, que sustituye a la RECA (Repartidor de Cargas), que era el gestor de “despacho central” de UNESA donde se pactaban las producciones entre las empresas. []
  20. Decir, como hace la Ley 54/1997, que la planificación será indicativa para que los agentes económicos (véase las empresas del sector) decidan las inversiones a realizar, en la práctica se ha traducido en que éstas realizan las inversiones que desean, aun a riesgo de que el sistema eléctrico tenga un exceso de capacidad. El ejemplo más claro lo tenemos con las centrales de ciclo combinado. Si no me equivoco, éstas empezaron a funcionar en el año 2002 (curioso, el año que empieza la deuda acumulada hacia las eléctricas), y si los datos que proporciona Invertia son ciertos, han costado 13.161,8 mil millones de Euros. Gas Natural Fenosa y Endesa son, junto a Iberdrola, sus principales propietarias. Hoy, estas centrales están más que infrautilizadas y, según los informes de Red eléctrica española, la tendencia es a la baja, pero seguimos pagando por ellas. []
  21. Véase Oligopoly: El juego de la energía. []
  22. Este grupo se crea en 1983 e incluye las participaciones de ENHER, GESA, UNELCO y ENECO. []
  23. El 40% por ciento de las acciones de OMEL está en manos de UNESA y sus socias, además de en las carteras de REPSOL, ACCIONA y SAMCA. Fuente: OMEL. []
  24. Para un listado de los propietarios (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Unión Fenosa, HEC) de las centrales nucleares en España en el Ministerio de Industria, Turismo y Energía []
  25. Para un cuadro de los propietarios de las centrales de ciclo combinado en España, véase Cuadro: Centrales de ciclo combinado en España. Invertia, 26-5-2013. []
  26. A este respecto, es muy ilustrativo ver el mapa interactivo de la página web de ENDESA, en la que se nos muestra todas las unidades de generación bajo el control de la compañía. Véase Conoce Endesa. []
  27. Para el listado completo del registro de empresas que operan en régimen ordinario, véase en el Ministerio de Industria, Turismo y Energía. []
  28. Un buen ejemplo de ello es la reciente actualización de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. []
  29. Reciente propuesta de que España se convierta en un hub de importación de gas. Véase Margallo apuesta por convertir España en un “hub” de importación de gas a la UE, Agencia EFE, 3-12-2015. []
  30. Industria cifra en más de 21.000 millones la deuda eléctrica fruto del déficit de tarifa pendiente de cobro. Europapress, 15-4-2005. []
  31. Real Decreto Ley 6/2009 de 30 de abril. []
  32. Las tres grandes eléctricas de España ganaron un 18% más en lo que llevamos de año. 20 minutos, 12-11-2015. []
  33. Citado en Bartolomé Rodríguez (2007:9 []
  34. A este respecto véase las quejas de los empresarios del País Vasco al Ministro Soria. La industria se queja de que los costes energéticos impiden la inversión. El País, 30-10-2014. []
  35. La pobreza energética en España aumenta el 34% en dos años. La Marea, 28-3-2014. []