¡Que no hay dinero! La liquidación del Estado del Bienestar contribuye al aumento de las desigualdades propias del capitalismo

Los orígenes de los Estados del bienestar en las sociedades capitalistas -fundamentalmente en las europeashan sido muy variados en el tiempo y su desarrollo también ha sido diferenciado, especialmente en los contenidos. En su creación han influido tanto las luchas sociales promovidas por las clases populares organizadas para obtener un mejor reparto de la riqueza frente al capital, como su capacidad de influencia en el orden político para conseguir políticas sociales que procuren mejorar sus condiciones de vida, o la obligación asumida por los gobiernos de algunos estados para articular soluciones pacificadoras frente a las situaciones de crisis continuada que genera el capitalismo por su propia naturaleza.

Ante esa conjunción de problemáticas y propuestas de soluciones, fueron apareciendo determinados consensos sociales y después de la Segunda Guerra Mundial en varios países europeos se instituyó lo que conocemos como el pacto social keynesiano, que ha modulado el llamado capitalismo del bienestar. En síntesis, dicho pacto no cuestiona el modelo capitalista y se sustenta en dos grandes pilares: uno referente a los equilibrios que permitieran cierta equidad en la distribución primaria (los salarios vs. capital) y otro referente a la distribución secundaria para favorecer la reproducción social de una forma más equitativa, mediante las políticas redistributivas de gasto público sustentadas en una fiscalidad progresiva que permitía financiarlas. Como en otro capítulo del informe se profundiza sobre la distribución primaria y el ámbito del trabajo con todas sus consecuencias, en éste vamos a tratar sobre los principales componentes sociales de la distribución secundaria por la vía del gasto público social.

En este marco y con el paso del tiempo, la ciudadanía fue consiguiendo que en sus países se institucionalizara mediante leyes y normas algún tipo de Estado de bienestar, donde se genera una financiación pública sustentada en una fiscalidad progresiva, que permite luego una intervención estatal para organizar y gestionar un sistema público que atienda determinadas necesidades fundamentales para la reproducción social, como son la educación, la sanidad, los sistemas de pensiones o las prestaciones para desempleo, que desde entonces han formado parte de las conquistas sociales a defender, porque se considera que son bienes públicos comunes.

También en algunos países se logró establecer otro tipo de ayudas sociales, tanto en la forma de rentas como de servicios, para suavizar las desigualdades extremas y la tendencia a la exclusión social que produce el modelo capitalista, pero los grados de contenido han sido muy variados y bastante limitados. En general se ha tratado de ayudas complementarias para quienes no tienen ingresos o tienen unos ingresos muy bajos, aunque también se establecieron ayudas para la emancipación de los jóvenes o para cuidados de las personas dependientes (tanto ancianos como diferentes variantes de discapacidad).

Entre los mayores potenciales de este tipo de ayudas destaca la voluntad de intervenir con políticas públicas que puedan modificar en parte los resultados más nocivos que la economía abandonada a las fuerzas del mercado puede provocar en las estructuras sociales. En el mejor de los casos, se pretende garantizar a los ciudadanos rentas mínimas sin distinción del valor de mercado de su trabajo o sus propiedades, lo que se conoce como renta básica universal, pero este mecanismo no se ha llegado a generalizar y lo más común son las ayudas sociales de carácter selectivo, en consonancia a los niveles de ingresos, que contribuyen a atenuar las desigualdades más agudas.

Aparte de los instrumentos, conviene reseñar la aspiración de distribuir con carácter universal toda esa gama de reasignación de rentas y de prestación de servicios por el sistema público, en particular la educación, la sanidad, las pensiones y las prestaciones al desempleo, mientras que como ya se ha mencionado en el ámbito de las ayudas sociales ha sido menos generalizado y más focalizado selectivamente. También ha sido muy importante que estas prestaciones se consideraran derechos sociales consolidados, ligados a la condición de ciudadanía de la población y a la corresponsabilidad social por conseguir el bienestar de todos desde una perspectiva de solidaridad mutua para afrontar las situaciones de riesgo social.

La consecución de esa red de protección no ha estado exenta de debates y controversias, destacando en particular las diferencias entre universalidad y focalización selectiva, pero también sobre la fuente legitimadora y sustentadora de los derechos. En este sentido, hay que reseñar las diferencias entre los dos modelos considerados referentes y más avanzados, con uno donde prima considerablemente el carácter contributivo y vinculado a la condición laboral de las personas (corporativo), frente a otras ópticas que propugnan el igualitarismo estatista (universal o nórdico). Después, en claro contraste, estarían los modelos más regresivos: el liberal asistencialista, que se dedica fundamentalmente a paliar la situación de los más pobres y a prevenir eventuales desórdenes sociales, mientras que en el llamado modelo mediterráneo (o familiar), las familias complementan las funciones del estado para garantizar la reproducción social (en especial en aquellos ámbitos que éste no atiende, como son la atención y el cuidado de las personas).

En conclusión, con los diferentes modelos del Estado del bienestar en Europa se había pretendido institucionalizar una contención frente a las tendencias de desigualdad que por naturaleza produce el modelo capitalista. De este modo, mediante la articulación de políticas fiscales redistributivas progresistas (captando rentas a los más ricos en pro de los más desfavorecidos), se ha intentado compensar los desajustes en la distribución primaria de la renta (que se produce entre los beneficios del capital y los salarios), y también se ha pretendido crear un dique ante la creciente mercantilización de la cobertura de necesidades humanas tan fundamentales como la educación, la sanidad o la protección a la vejez (lo que conocemos como reproducción social).

Con el avance del capitalismo neoliberal y el aumento de la mercantilización de cualquier faceta de la reproducción social ese modelo ha entrado en crisis. A partir de ahora cada vez más va a proliferar lo que se ha llamado el “Estado facilitador”, que en vez de reconocer derechos ciudadanos y necesidades ahora otorga “titularidades” a eventuales usuarios, para que los individuos puedan recibir diferentes “servicios en forma de productos sociales”, que antes eran en su gran mayoría suministrados públicamente, de forma universal y financiados con impuestos.

Desde el punto de vista de lo que ahora se considera usuario, en unos casos estos servicios serán prestados gratuitamente mediante unas condicionalidades cada vez más severas, y sobre todo con carácter focalizado y cada vez menos universal (es decir, pensado para personas con ingresos muy bajos o sin ningún recurso). Mientras que en otros casos, donde se supone que aún hay personas con recursos porque perciben salarios o rentas de capital, el servicio será suministrado mayoritariamente de forma mercantilizada, bien sea fomentando los copagos o los pagos totales en determinados servicios (en el caso del sistema público), o remitiendo a los espacios concertados o puramente privados (que cada vez abundan más en educación, salud o pensiones).

Esta nueva modalidad, que se está aplicando ahora en los llamados países desarrollados del centro, ya ha sido ensayada con éxito en otros lugares que sufrieron los embates de las crisis de la deuda provocadas por el capitalismo neoliberal, como por ejemplo América Latina a partir de los años noventa. Allí se pusieron en práctica primero las transferencias condicionadas, limitando a lo mínimo la asistencia pública a los ciudadanos, luego la individualización de los riesgos sociales, que cada vez más se desenvolvían en la esfera mercantil, y por último el avance de la financiarización de todo el entramado. El objetivo final es crear una dinámica de consumidores de productos “sociales”, a la par que se generan unas capacidades de mercado y de financiación que son fuente de negocio para el sistema capitalista.

El expolio de lo público y el aumento de las desigualdades en el Estado español: del contrato social al contrato mercantil y el fomento del asistencialismo.

En el caso del Estado español, la institucionalización del Estado del bienestar se había desarrollado de forma más tardía que en otros países más avanzados de Europa (tal vez con la excepción del sistema de pensiones), y en general tanto los derechos como las coberturas y las cuantías siempre han sido inferiores al promedio de los países más avanzados.1 Pero la evolución reciente muestra que la brecha con el promedio europeo está creciendo, e incluso que la situación es peor que en otros países considerados más cercanos al modelo social español.

Un análisis comparativo con los vecinos europeos muestra que, según las informaciones más recientes de Eurostat, el gasto social en el Estado español representaba en 2012 el 25,9% del PIB, bastante por debajo del promedio de los 28 países de la UE (29,5%). Con este dato el Estado español ocupa el lugar no 15 en el ranking, por detrás de países como Irlanda (32,5%), Grecia (31,2%) o Portugal (26,9%). Por este motivo, a diferencia de otros países europeos que tienen un estado del bienestar más desarrollado, en el caso español las políticas sociales han ayudado mucho menos a paliar las desigualdades generadas por el “mercado”. A modo de ejemplo, mientras en el año 2012 un país como Bélgica partía de una tasa de pobreza producida por las desigualdades de rentas primarias que era del 27,7%, y gracias a las políticas sociales redistributivas la pudo reducir al 15,3%, en el caso del Estado español esos datos de reducción fueron menos intensivos: del 29,1% al 20,8%.2

Es cierto que en el Estado español hay un sistema de cobertura en sanidad, pensiones y prestaciones al desempleo que atiende a la mayor parte de la población, mientras que en protección a la familia y en otros servicios sociales para jóvenes y mayores es mucho menor (y más selectivo). Sin embargo, también se considera que es muy inferior comparándolo con otros modelos europeos, porque el sistema español es de baja cuantía, además de presentar una tendencia a la privatización y al desplazamiento de los costes del bienestar hacia las familias y los ciudadanos, bien sea a través de copagos o por algunas limitaciones arbitrarias de las coberturas a las personas. Por su parte, los autores del VII Informe FOESSA consideran que en el Estado español se partía de un modelo social de integración precaria, que no llegó a corregir las desigualdades ni siquiera en los tiempos de crecimiento elevado de la economía antes de la crisis actual. Pero la realidad actual es peor y consideran que se está imponiendo un modelo que denominan de privatización del vivir social.

En los datos y análisis que presentaremos en este capítulo, también vamos a mostrar que las tendencias negativas del modelo social español se han agudizado, tanto en derechos, como en coberturas y cuantías, a la vez que el avance privatizador ha aumentado. Por ello consideramos que se está produciendo un proceso regresivo donde se están rompiendo los mecanismos solidarios para asumir los riesgos sociales (o dicho de otro modo, se está forzando a las personas a afrontar de forma individualizada los riesgos sociales), combinado con mayores dosis de promoción de un modelo de asistencialismo público y de las redes sociales privadas, que unido a las privatizaciones está consolidando el avance de la desposesión de todo lo público y el aumento de la explotación sobre las personas.

En consecuencia, el modelo de bienestar español, que ya presentaba serias carencias y a lo sumo podía proporcionar una integración social precaria, en el futuro será menos efectivo porque con la excusa ideológica de la última crisis económica, y con la aplicación de las políticas “austericidas” para ajustar los déficits públicos a costa de la población, han proliferado tanto las políticas de recortes del gasto público social como la aceleración de la privatización de estos sectores. En este último aspecto las consecuencias serán también muy graves, como veremos más adelante cuando analicemos la evolución de los diferentes ámbitos del bienestar. Además, veremos también como los recortes presupuestarios del gasto social se han acompañado de una serie de intervenciones legislativas que han afectado tanto a la caída de los importes como a los derechos que amparaban esas políticas sociales.

Desde hace tiempo se estaban introduciendo cambios legislativos que han afectado a derechos y cantidades destinadas a las políticas sociales en el Estado español, pero el 27 de septiembre de 2011 se promulgó la reforma exprés del artículo 135 para incluir la estabilidad presupuestaria como principio en la Constitución española, acotando los márgenes del déficit público a los criterios marcados por la Unión Europea para sus Estados miembros. Desde entonces, en los presupuestos generales se ha establecido que la prioridad principal consiste en el pago de la deuda y luego se tienen que ir reajustando las otras partidas del gasto. Como consecuencia de ello, a partir de ese momento las regulaciones sobre pensiones, prestaciones por desempleo y otras políticas sociales han sido todavía más negativas llevando a reducir sus derechos y sus cuantías, mientras que se ha empleado toda la capacidad fiscal para pagar la deuda y a la vez se financiaba el rescate a los bancos e inmobiliarias.3

En cuanto a la distribución de las rentas primarias (mayoritariamente en forma de salarios), las consecuencias de las políticas económicas neoliberales han sido muy graves, tanto por la pérdida generalizada del bienestar de la población española, como también por el aumento de las desigualdades sociales. En el último informe de la Encuesta de Condiciones de Vida, que publicó en mayo de 2015 el INE, se aprecia cómo la tendencia negativa de los indicadores en los últimos años es continuada, tanto por la caída de los ingresos medios por hogar como por el aumento de las personas que viven en riesgo de pobreza.

La situación real en general es incluso más grave, porque el mecanismo de medición del riesgo de pobreza en el Estado español está fijado en proporción al promedio de ingresos de la población (60%) en el año en curso. Y este promedio de ingresos está cayendo por la caída generalizada de salarios. De ese modo, al caer éste promedio de ingresos la información estadística parecería mostrar que se estanca la cantidad de personas que cae en la pobreza, cuando en realidad lo que sucede es que se está produciendo un mayor empobrecimiento generalizado. Esto ocurre porque se está extendiendo una precarización social muy aguda, partiendo del desplome extraordinario de los ingresos procedentes de las rentas del trabajo (salarios), que se manifiesta en la caída continuada del nivel de vida de gran parte de la población. Pero además, persiste de forma estructural un porcentaje elevado en el que la situación de pobreza de una parte de la población es mucho más extrema.

En el caso de los ingresos medios por hogar la tendencia muestra claramente que han caído anualmente y de forma continuada desde el año 2009 hasta el año 2013, acumulando en total casi un 12% de pérdida de poder adquisitivo nominal (sin contar el valor de la inflación). En cambio, según el criterio del INE en la observación de los índices de pobreza, la tendencia parece más atenuada ya que ha pasado de un 20,7% en el año 2009 a un 22,2% en el 2013, aunque la pobreza persiste y se han convertido en un problema estructural (afectando a uno de cada cinco hogares españoles).

Hay otros criterios estadísticos en Europa, sin embargo, que recomiendan anclar a un año concreto la referencia de la evolución de la pobreza (generalmente el año 2008, entendido como punto de inflexión de la crisis) y luego actualizarlo todo con la evolución del IPC. Siguiendo esta pauta, en el caso del Estado español la tasa de pobreza en el año 2013 sería del 30,4%. Abundando en las mismas tendencias de desigualdad y precarización, según la evolución de los datos de la EPA, desde el año 2008 hasta 2014 prácticamente se ha duplicado la cantidad de hogares que no perciben ningún ingreso, pasando de casi 400.000 a cerca de 750.000 hogares, una cifra que representa un 4% de las familias españolas.

Por el lado contrario, frente a la pérdida generalizada del poder adquisitivo de las familias se percibe claramente una evolución de la concentración de la riqueza en los grupos privilegiados, cuya tendencia se ha agudizado en los últimos años. Según los últimos datos del INE, en el año 2009 la renta media del 10% de los hogares más ricos era casi once veces mayor que la del 10% más pobre. Esos mismos datos en el año 2013 eran mucho peores, con un diferencial de 12,6 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Si esa misma proporción se calcula entre el 20% más rico y el 20% más pobre, el resultado para el año 2009 era 5,8 veces más, mientras que la proporción era de 6,3 veces en el año 2013.

Otra perspectiva nos muestra el gráfico 16 sobre la evolución de la pérdida de poder adquisitivo entre los diferentes niveles de renta, donde se percibe claramente que los que menos cobran (los que componen el primer decil de la renta) son los que más han perdido. En definitiva, en todas las mediciones vemos cómo la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando en beneficio de los privilegiados.

Igualmente, queda muy claro que en comparación con la mayoría de los vecinos europeos la situación de la desigualdad en el Estado español ha empeorado considerablemente, teniendo en cuenta que ya se partía de una situación de división tradicional de ricos y pobres más notoria que en el promedio de los países de la UE en la última década. Pero después de la crisis económica y de las políticas que se han implementado, los resultados muestran que sigue habiendo unas clases pudientes que continúan favoreciéndose de la situación y por el contrario las clases populares en el Estado español están padeciendo los rigores del “austericidio” con mayor intensidad. Según el último informe de la OCDE, entre los 34 países miembros sólo seis muestran un coeficiente de desigualdad (Gini) peor que el del Estado español: Estonia, Grecia, Israel, México, Reino Unido y Estados Unidos. La conclusión sería que la crisis ha exacerbado las diferencias entre los ganadores y los perdedores en el país, con una clara ventaja para los más privilegiados.

Gráfico 16. Descenso de la renta media anual en España por deciles 2009-2013, %. Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

Como ya se ha mencionado reiteradamente, las políticas de ajuste económico en el Estado español han sido muy sesgadas y se han concentrado principalmente en los recortes en el gasto público social. Una muestra se puede ver en el gráfico 17 donde se aprecia claramente la caída en los últimos años del gasto real por habitante en salud, educación y protección social (que conforman un índice compuesto de servicios públicos fundamentales denominado SPF). En el cómputo global de los tres componentes, con un índice compuesto SPF que partía de la base 100 en el año 2000, se alcanzó la cota más alta (140) en el año 2009, y luego fue cayendo cada año hasta 127 en el año 2013. Pero en el futuro la tendencia se podrá comprobar que seguirá bajando y será mucho más evidente en los próximos años, cuando estadísticamente se perciba aún más la incidencia de los recortes en protección social tras las últimas modificaciones negativas introducidas en las reformas laboral y de las pensiones, que se implementaron correlativamente en 2012 y 2013.4

En definitiva, el capitalismo neoliberal ha reforzado en el Estado español el camino hacia la desposesión pública en aquellos ámbitos donde todavía no había conseguido una penetración absoluta, culminando el tránsito de un modelo de Estado del bienestar con algunos aspectos de contrato social a otro donde impera cada vez más la provisión privada, con un contrato mercantil sobre cualquier faceta de la vida. En este sentido, junto al deterioro del valor de las rentas salariales y la precarización de las condiciones laborales, se ha profundizado en el menoscabo de los derechos sociales que garantizaban públicamente los servicios de salud y de educación, así como unas rentas para jubilación, desempleo o situaciones de pobreza.

De ese modo, tras la culminación de la desposesión de una parte del sector público, mediante la privatización de las actividades y de los servicios públicos básicos (agua, gas, electricidad, transporte, etc.), y con el asentamiento del poder de las empresas que han consolidado auténticos oligopolios controlando el negocio sobre todo ello, en los años recientes se ha profundizado en los recortes legislativos, en la desregulación y en la privatización de los últimos restos de los servicios públicos donde hasta no hace mucho había una parte importante de titularidad y gestión pública (fundamentalmente la sanidad, la educación y el sistema de pensiones).

Aunque siempre ha existido alguna presencia privada en estos servicios públicos, con el tiempo se ha ampliado la tendencia hacia la mayor extensión del negocio privado a costa de lo público, porque se ha vislumbrado como otra de las fronteras de la explotación capitalista en el ámbito de la reproducción social. En este sentido, en aquellos países (como el Estado español) donde todavía había una cierta presencia del sector público en estos servicios, se fue desarrollando una tendencia paulatina de captura privada por la vía de la dualidad público-privada en su organización y su gestión, que a la larga se está convirtiendo en una desposesión absoluta mediante la preeminencia de lo privado y la privatización de lo público. También se ha producido un desembarco de grandes grupos empresariales, que originariamente provenían de otros sectores de negocio, y que han creado divisiones especializadas para intervenir activamente en estos ámbitos.5

Gráfico 17. Evolución del gasto real por habitante en SPF, salud, educación y protección social 2000-2013. 2000=100.

En conclusión, en medio de una ofensiva ideológica contra todos los derechos sociales y contra los mecanismos de redistribución progresista, se ha ido avanzando en las políticas de abandono de la corresponsabilidad pública y la solidaridad mutua, abundando en la tendencia a la individualización para que los ciudadanos asuman privadamente los riesgos sociales inherentes a la reproducción social. Esas políticas y esa ofensiva ideológica se ha llevado a cabo a la vez que se precarizaban los salarios y el empleo, vaciando también de derechos las regulaciones laborales y la protección al desempleo, mientras que se implementaban nuevas leyes de pensiones para rebajar las prestaciones a los jubilados. De ese modo, con la conjunción de todas estas prácticas, el modelo capitalista neoliberal dominante ha ido relegando a la ciudadanía a la condición de individuo/usuario/ consumidor, que se ve obligado a sobrevivir indefenso en una jungla donde impera la competencia individualizada y el darwinismo social.

Todas estas prácticas han servido para asegurar la continuidad del modelo capitalista, donde las desigualdades siempre han estado presentes porque constituyen su base de funcionamiento, y ahora están contribuyendo también a que se consolide la dualidad social. Además, frente a las situaciones más alarmantes se ha continuado fomentando las modelos asistencialistas más cercanos a la caridad, abandonando paulatinamente aquellas políticas sociales basadas en derechos y que tienen un carácter redistributivo que requieren una fiscalidad progresiva y suficiente para sostenerlas. Como veremos más adelante, el número de personas atendidas por organizaciones como Cáritas se ha duplicado en los últimos años. Por otro lado, aunque siempre han existido las iniciativas benéficas, desde hace tiempo cada vez más proliferan las acciones cívicas y mediáticas puntuales para afrontar situaciones que preocupan a la población y afectan a su sensibilidad, cuyos ejemplos más corrientes podrían ser los bancos de alimentos o los espectáculos benéficos organizados por los grandes medios de comunicación para recaudar fondos a favor de alguna causa.

Los recortes del gasto público social y la pérdida de derechos en los ámbitos más importantes del Estado del bienestar en el Estado español

A continuación haremos un repaso de la reciente evolución negativa del gasto y de las regulaciones legislativas en los ámbitos del bienestar más relevantes en el Estado español, que en todas las circunstancias veremos que están destinadas a reducir derechos y cantidades de las prestaciones (tanto en rentas como en servicios), a la vez que trataremos de indicar las tendencias de futuro que se vislumbran en cada caso.

El duro golpe a las prestaciones contributivas por desempleo y a otras ayudas a los parados

En lo que respecta a la prestación por desempleo, que desde siempre se ha nutrido fundamentalmente de las aportaciones de los trabajadores activos, la evolución reciente ha sido absolutamente negativa para el mantenimiento de este derecho fundamental de los trabajadores. Los sucesivos recortes promovidos por todos los gobiernos se han producido en tres esferas fundamentales. Por un lado se han conjugado dos medidas para reducir el gasto mediante la limitación del colectivo de beneficiarios, aumentando los requisitos de tiempo contribuido para tener derecho a prestación y disminuyendo la cantidad de tiempo al que da derecho la prestación, con el objetivo en ambos casos de bajar la tasa de cobertura; y por otro se han reducido drásticamente las cuantías a percibir. En conclusión, frente a los cínicos ataques del neoliberalismo denunciando las prestaciones por desempleo por su generosidad económica y por la falta de incentivos para la búsqueda de empleo, la realidad es que esas regulaciones han contribuido aún más a la precarización de las relaciones laborales y al desamparo de los parados.

Como ya se ha comentado anteriormente, la tendencia reguladora ha sido negativa en los últimos años, pero con la última legislación que rige hasta el momento, el Decreto-ley 20/2012, se han recortado todavía más los derechos porque las restricciones de acceso han aumentado considerablemente y en cambio la duración de las prestaciones y las cuantías a percibir se han recortado. Una de las medidas más duras de esta nueva legislación consiste en reducir drásticamente el valor de las prestaciones a partir del sexto mes (antes se recibía un 60% del valor de la base del salario y ahora es el 50%). Pero además hay otra novedad restrictiva, que consiste en introducir topes en el valor de la prestación, que no podrá superar en 2,25 al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).6 En definitiva, por encima de todo se ha perseguido fundamentalmente el objetivo de bajar los pagos a los beneficiarios de toda clase de prestación o ayuda asistencial, con la intención de comprimir al máximo la partida de gasto público en el desempleo.

Recuadro 13. Las prestaciones de desempleo

Las prestaciones por desempleo en el Estado español han estado vinculadas desde sus orígenes a las contribuciones de los trabajadores activos. Con el tiempo se establecieron unas políticas de ayudas de carácter asistencial, entre las que destacan los subsidios para los parados de larga duración que por su edad tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Pero la edad mínima ha ido cambiando hasta la vigente en la actualidad, situada en los 55 años, y con unos requisitos de ingresos familiares conjuntos muy restrictivos, por lo que el objetivo es que se vaya reduciendo e incluso extinguiendo paulatinamente este colectivo de beneficiarios.

También se estableció una Renta Mínima de Inserción, destinada a personas en situación de pobreza extrema y que están fuera del mercado laboral, y unos subsidios para trabajadores agrarios eventuales (conocido como PER). La suma de estos tres colectivos asistenciales supuso en 2015 el 58% de los parados protegidos, pero las cantidades percibidas son muy bajas (por debajo del salario mínimo). Más adelante, en el apartado de otras ayudas sociales mostramos datos más detallados.

Analizando los resultados de estas políticas de recortes brutales, detectamos en primer lugar una caída en la tasa de cobertura de los parados que reciben una prestación contributiva en proporción al total de desempleados según la EPA, que desde un 42,4% en el año 2008 ha descendido hasta el 18,2% en el año 2015. Además, la tendencia es que seguirá bajando la cobertura en esta categoría porque cada vez hay menos trabajadores con contrato indefinido, que es el que luego da derecho al máximo de tiempo de cobro de la prestación (24 meses), y las condiciones de temporalidad y parcialidad en el empleo que se está generando actualmente implican una reducción del contingente de trabajadores con derecho a ésta prestación. El porcentaje de prestaciones contributivas sobre el total de prestaciones a los desempleados ha ido disminuyendo, de un máximo del 61% en el año 2008 a un 42% en el año 2015.

Mientras tanto, las políticas restrictivas en las condiciones y cuantías de concesión de subsidios a parados de larga duración y a otros colectivos que perciben ayudas asistenciales provocarán también que la protección de todo este conjunto vaya perdiendo relevancia. De hecho, si sumamos los beneficiarios de prestaciones por desempleo y los de subsidios, más las ayudas a los eventuales agrarios y las rentas mínimas de inserción, según la Fundación 1o de Mayo el porcentaje de todas estas categorías agregadas en proporción al total de parados de la EPA era del 27,8% en el segundo trimestre del año 2015.7 Además, desagregando por sexos, la cobertura de las mujeres (23,9%) es bastante inferior a la de los hombres (31,7%). Por último, el colectivo más desfavorecido de todos es el de los jóvenes menores de 29 años, cuya cobertura apenas alcanza al 9,1%, mientras que el segmento de edad entre 30 y 44 años está en el 29,5% y los parados de 45 a 64 años tienen una tasa del 40,7%. En este sentido, a medida que este colectivo de trabajadores de mayor edad y con largas trayectorias contributivas (en virtud de una mayor presencia en el total de los contratos indefinidos) vaya cumpliendo el plazo de cobro de prestaciones, la tendencia negativa de la reducción de la cobertura total podría ser aún mayor.

Finalmente, han caído los valores monetarios de todos los mecanismos de protección a los parados. La cuantía anual de la prestación contributiva media por desempleo, que se había estancado entre los años 2008 y 2012 en una cantidad promedio en torno a los 825 euros, empezó a caer aceleradamente después de las limitaciones de techo a percibir introducidas en la reforma del año 2012. El dato conocido más reciente indica que se ha situado en los 771 euros de promedio en octubre del año 2015, y con tendencia a seguir bajando en su cuantía y en la cantidad de perceptores (que representa el 42% sobre el total de personas que reciben algún tipo de prestación o subsidio). Esta doble tendencia se debe a que ha caído ostensiblemente el valor promedio de los salarios sobre los que se ha calculado posteriormente la prestación y también porque la precariedad de los contratos laborales ha limitado considerablemente la posibilidad de tener derecho a prestación contributiva. Por su parte, tanto el importe del subsidio para los parados de larga duración (426 euros mensuales) como el de otras prestaciones asistenciales hace tiempo que está congelado, pero además las condiciones para acceder a este tipo de ayudas cada vez son más severas.

En definitiva, además de los recortes en derechos, la tendencia ha sido claramente reductora en el gasto público destinado a proteger a los desempleados y la caída será aún mayor en el futuro. Una muestra de lo que está por venir lo vemos en la disminución en la asignación efectuada para desempleo en los presupuestos generales del Estado español para el año 2016, que es un 22% inferior en comparación con el gasto ejecutado en el 2015 (que a su vez fue un 15% menor que el presupuestado en el año 2014).

La desposesión de las pensiones: la precarización de lo público y el fomento de la privatización

Los sistemas de pensiones se iniciaron hace más de un siglo y en su evolución más reciente se han acabado consolidando fundamentalmente dos modelos antagónicos, que en algunos países han convivido. Por un lado está el sistema de carácter contributivo (o también llamado de reparto), que desde siempre ha sido organizado y gestionado por el Estado, y además históricamente es el más frecuente entre los países europeos. Aparte de su condición pública, que es un factor fundamental para asegurar la perspectiva de la gestión solidaria de los riesgos sociales, entre las características principales de este modelo destaca la vinculación a la condición laboral de los beneficiarios, estableciendo de ese modo la contribución a la rotación anual de los fondos que conforman los ingresos8 y los gastos del sistema, mientras que con la diferencia sobrante normalmente se va generando un Fondo de Reserva.

Asimismo, la condición laboral también determina quienes son los beneficiarios con derecho a percibir una pensión contributiva. Con esas condiciones se establecen unos fondos públicos paralelos (en el Estado español es la Seguridad Social)9 a los presupuestos generales de los estados, para que los trabajadores que llegan a la edad de jubilación se aseguren unas pensiones contributivas (u otras contingencias como, por ejemplo, las bajas laborales transitorias o permanentes por enfermedad), que son pagadas por el sistema público según las cuantías y las regulaciones establecidas en la legislación vigente en ese momento (normalmente atendiendo a criterios de años cotizados).

Después están los sistemas privados de capitalización, que se nutren de la aportación de cuotas de individuos y/o empresas (predominantes en el mundo anglosajón y en economías ultra liberales como la chilena), que se fueron desarrollando en gran medida de forma paralela al fuerte avance del sector financiero en el sistema capitalista. Luego, además de utilizar el capital de esos fondos para invertir, las instituciones promotoras se cobran unas comisiones de gestión muy suculentas, que son las que aseguran fundamentalmente el negocio. En este modelo las aportaciones de los partícipes acaban constituyendo fondos de ahorro colectivo, que se invierten en el mercado financiero con la supuesta confianza de obtener unas ganancias, que luego se suman a las aportaciones propias y a las de los nuevos partícipes que se añadan al fondo, generando así un flujo de entrada y salida de capitales y copropietarios, que también influye en el valor y en la rentabilidad del mencionado fondo, que en ningún momento está garantizado.10

En el caso del Estado español, los mayores fondos (con más de 100.000 partícipes) están ligados a las principales entidades financieras (BBVA, La Caixa, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankia), y en los últimos quince años han generado una rentabilidad media muy baja (en un rango entre el 0,21% y el 1,58%), entre otras razones porque las gestoras cobran unas de las mayores comisiones que se conocen en el entorno europeo (alrededor del 1,5% anual). En cuanto al stock de estos fondos, en junio de 2014 el conjunto de planes privados en el Estado sumaba 10,3 millones de partícipes (aunque un 20% de ellos tiene suscrito más de un plan) y en ese momento su valor bursátil era de unos 90.000 millones de euros (menos del 10% del PIB).

En tercer lugar, al margen de estas dos esferas más relevantes, en el Estado español han coexistido las pensiones no contributivas y otras prestaciones asistenciales para discapacitados, generalmente de baja cuantía y financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Estas prestaciones benefician a aquellas personas que por circunstancias laborales no han podido contribuir (o no han contribuido el tiempo legalmente establecido) a los sistemas de reparto, y que obviamente tampoco han podido pagarse unas cuotas para acceder a una pensión privada. En comparación con los pensionistas procedentes del sistema contributivo, el montante asistencialista es muchísimo menor (en el año 2014 la pensión no contributiva era de 365,90 euros mensuales, y el de las prestaciones para personas con discapacidad era de 149,86 euros mensuales), pero sin embargo no hay que despreciar la cantidad de personas a las que dan cobertura. Aunque en los últimos años este colectivo de beneficiarios ha ido descendiendo, en la actualidad todavía son casi 500.000 personas. En definitiva, éste es el último peldaño que tiene el sistema en el Estado español para que la gente mayor y las personas con discapacidad que no tengan otro medio de acceder a ingresos, no caigan más allá de la pobreza hasta llegar a la miseria absoluta.

Con el paso del tiempo, en el Estado español y en otros países europeos, la competencia del modelo privado en detrimento del sistema público fue creciendo hasta convertirse en una presión abrumadora sobre todos los gobiernos, especialmente debido a las expectativas comerciales y de ganancia que han vislumbrado los promotores de los fondos de pensiones privados en el sistema capitalista. De ese modo, los bancos y otras corporaciones vinculadas a los fondos de pensiones privados han pugnado primero para obtener legislaciones supuestamente neutrales que promovieran la coexistencia de ambos modelos, pero procurando que fueran favorecidas con desgravaciones fiscales las aportaciones a los fondos privados, y luego han conseguido que los gobiernos españoles fueran laminando de forma paulatina los derechos y las cuantías en los sistemas públicos, para poder así captar los ahorros de las clases medias y de algunos sectores populares, que se asustan ante el miedo infligido por el bombardeo en los medios de comunicación sobre el oscuro futuro de las pensiones públicas. De momento el resultado es incierto, pues todavía no han conseguido eliminar el sistema público, pero seguirán al acecho y es uno de los objetivos en el corto y medio plazo en el avance del capitalismo financiero en pos de la desposesión de lo público.

Otro factor que ha afectado negativamente a la estabilidad del sistema público contributivo viene derivado de su condición vinculante al sistema laboral, ya que con el empeoramiento de las condiciones salariales y la precarización de los contratos de trabajo se ha deteriorado muy significativamente una parte importante de la capacidad financiera del sistema público.11 Por esta vía, las fuerzas del capitalismo neoliberal han conseguido establecer un frente de debilidad del sistema público de pensiones en el Estado español, de la misma forma que están consiguiendo eludir sus compromisos fiscales para engrosar las recaudaciones necesarias para el sostenimiento del gasto público en general.12 Este doble asalto para la precarización de las rentas primarias y secundarias, es el que está dañando los fundamentos del Estado del bienestar en el Estado español, que como explicamos en diferentes apartados de este capítulo está siendo cercenado en todos sus contenidos.

La ofensiva legislativa para reducir los derechos y las cuantías del sistema público de pensiones se inició hace dos décadas, y desde entonces todas las intervenciones han sido limitadoras. Los últimos hitos fueron la Ley 27/2011, promulgada por el gobierno socialista, que consagraba importantes recortes como las restricciones a las condiciones de las prejubilaciones, la ampliación de los años de contribución requeridos para acceder a la pensión completa, o el retraso progresivo de la edad reglamentaria para la jubilación ordinaria desde los 65 a los 67 años. Más adelante, con la llegada del Partido Popular al gobierno, esta misma ley fue de nuevo reformada a la baja con el DL 5/2013, y luego el punto culminante hasta el momento ha sido la Ley 23/2013, del 23 de diciembre de 2013. En esta nueva vuelta de tuerca al sistema público de pensiones, las innovaciones más negativas para los pensionistas presentes y los futuros serán: 1) para los presentes (y a partir de este momento aplicable a los futuros también) desvincular la actualización de las pensiones respecto a la evolución del IPC (desde ese momento queda al arbitrio del gobierno de turno la decisión de mantener, o no, y en qué grado el poder adquisitivo de los pensionistas); 2) para los futuros pensionistas (que se jubilen a partir de 2019) introducir un denominado factor de sostenibilidad, ligado fundamentalmente a la esperanza de vida de los beneficiarios, y cuyo objetivo fundamental es reducir la cuantía percibida.

El resultado ha sido que la factura de las pensiones hace tiempo que no representa más del 10% del PIB, cuando el promedio europeo ronda el 15%, y la perspectiva es que el importe se estanque o se vaya reduciendo en la medida que el gobierno vaya designando revalorizaciones muy por debajo del coste de la vida. De momento, para los años 2015 y 2016 se ha aplicado un mísero aumento del 0,25%, y ya se ha empezado a rebajar el poder adquisitivo de las pensiones.13 También tendrá un efecto reductor el retraso progresivo de la edad de acceso a la jubilación, de 65 a 67 años, y a partir de 2019 cuando se empiecen a aplicar las rebajas por el llamado factor de sostenibilidad. Por otro lado, aunque el número de pensionistas sigue creciendo momentáneamente por el envejecimiento de la población, sumando 9,2 millones de beneficiarios en 2014, la evolución no es tan exagerada como nos quieren hacer creer los apologetas del colapso del sistema público de pensiones,14 ya que en la última década el promedio anual de incremento del número de pensionistas es del 1,5%.

En cifras concretas, la Seguridad Social cerraba el año 2014 con 16,8 millones de afiliados en todos los regímenes (incluyendo el especial agrario y el de empleados del hogar), y el pico más alto en la historia de la afiliación se dio en julio de 2007, con 19,5 millones. Pero lo que ha cambiado en este tiempo ha sido la composición estructural, ya que el descenso mayor se produjo en los afiliados al régimen general, que pasó de 15 millones a 12,3 millones, mientras que los autónomos y otros regímenes específicos (especial agrario, empleados del hogar, minería del carbón y del mar) han seguido una evolución algo más estable. También ha cambiado sustancialmente la estructura proporcional por la caída de afiliados de tiempo completo y contrato indefinido, que a final de 2014 son poco más de seis millones (el 47% de los afiliados al régimen general), cuando llegaron a ser casi ocho millones antes de la crisis, mientras que no ha dejado de aumentar la variedad de contratos precarios en todas sus modalidades de temporalidad y de parcialidad. En definitiva, el mercado laboral español hace años que ha perdido calidad paulatinamente, pero a raíz de la reforma laboral comentada anteriormente, aparte de engrosar las filas del paro, ha aumentado aún más la precarización laboral, y esta situación está complicando cada vez más la capacidad de recaudación para las contribuciones al sistema público de pensiones.

Finalmente, el valor promedio de las pensiones en el Estado español es muy bajo y la mitad de los pensionistas cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en el año 2014 eran 645 euros. Esta cantidad supone más o menos lo que está establecido como umbral de la pobreza para los hogares de una sola persona, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, por lo que se puede decir que en el año 2014 el valor del 50% de las pensiones estaba por debajo del nivel de la pobreza. Además, dentro de este colectivo hay un millón de pensionistas (el 11% del total), que cobra menos de 350 euros y se encuentra en situación de extrema pobreza. Por último, si contamos los pensionistas que cobran entre el SMI y 1.000 euros, que representan un 21,9% del total, y los añadimos al primer grupo de pensiones por debajo del SMI, podremos comprobar que en el Estado español casi las tres cuartas partes de los pensionistas cobran menos de 1.000 euros.15

Cuadro 7. Distribución de las pensiones en el Estado español por grandes tramos de cuantías, 2014. Euros/mes.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La conclusión es que la tendencia a la limitación de derechos y cuantías también se está aplicando en el sistema público de pensiones en el Estado español, y la percepción es que en el futuro se va a acentuar aún más la división social en este ámbito a medida que avance el expolio. Los esfuerzos de los gobiernos y del capitalismo imperante se seguirán encaminando a cercenar los sistemas públicos, mientras que se continuarán promocionando los sistemas privados porque ahí se ha vislumbrado un filón de negocio que no se quiere dejar escapar. Por último, para atender a los que queden en los márgenes del sistema capitalista se seguirá fomentando el asistencialismo público y también el privado, ya que probablemente se irá trasladando a las organizaciones no gubernamentales de asistencia social y a otras entidades caritativas la responsabilidad de socorrer a las personas mayores en situación de extrema necesidad. Y desde luego se va a seguir confiando en la capacidad de resistencia de las redes solidarias familiares, donde se espera como siempre que las mujeres solucionen la atención y el cuidado de los mayores.

La desposesión en la Educación: los recortes presupuestarios, un sistema educativo empresarial y el fomento de una sociedad dual

La generalización de la enseñanza elemental se llevó a cabo en el siglo XIX de forma muy unida a la construcción y expansión de los Estados nacionales, pero la configuración del derecho a la educación como un derecho social ligado a la condición de ciudadanía y con un objetivo igualitario se produjo mucho más adelante y en paralelo al desarrollo de los Estados del bienestar. Por ello el derecho a la educación ha sido un tema de permanente contienda ideológica entre las propuestas progresistas y las conservadoras, y en ese ámbito se han manifestado muy claramente las diferencias entre la lucha de los partidarios de la igualdad de las personas frente a los defensores de los privilegios. También por la elección entre una educación de estructura jerárquica y volcada en la mera transmisión de contenidos, u otra más participativa e interesada en formar espíritus críticos, que además persigan el reto de una ciudadanía global. Con estos antecedentes, el control sobre la educación y los sistemas educativos han sido dos puntos de referencia clave para el avance ideológico del capitalismo en su camino hacia la “naturalización” de las desigualdades sociales.16

En ese contexto, aunque siempre han existido en el caso español, recientemente han avanzado de nuevo las tendencias elitistas y el fomento de la competitividad extrema como valor predominante en el sistema educativo. Así, en los últimos años se han promulgado leyes educativas cada vez más regresivas, que están contribuyendo al afianzamiento de la dualidad social. Por este camino se ha avanzado aún más en la construcción de un sistema educativo diferenciador entre ricos y pobres, que cada vez más afecta a todos los grados de formación. De ese modo, mientras se abandona y desprestigia el sistema público, desde la educación primaria hasta la universidad, se ha fomentado el crecimiento del espacio privado y se ha vuelto más factible hacer negocio en este ámbito, ya que se espera que las familias que puedan permitírselo invertirán considerables recursos en la formación de sus hijos.

Otro factor determinante ha sido la tendencia orientadora de las leyes educativas para generar activos humanos que puedan ser más fácilmente vinculables a las necesidades variables de las empresas y del mercado laboral de las sociedades capitalistas. De esta forma los contenidos y las prácticas de la educación se apartan de una concepción humanista creadora de espíritus libres y críticos, y se remiten a un modelo empresarial donde se gestiona la formación de la futura mano de obra en cualquiera de los diferentes grados de especialización. Esta tendencia viene de tiempo atrás y el punto más reciente de esa estrategia ha sido la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), promulgada el 28 de noviembre de 2013, llamada ley Wert en recuerdo del nefasto ministro que la ha sacado adelante. También, con esos objetivos y en esa órbita estratégica hay que incluir las sucesivas reformas universitarias, que de momento han culminado en la aprobación del decreto ley de 30 de enero de 2015 (también llamado 3+2).

Respecto a los recursos públicos asignados a la educación en el Estado español, los últimos recortes presupuestarios han sido muy severos y los gobiernos han practicado un abandono de lo público que ha conducido a una degradación en todos los niveles (primaria, secundaria y universidad), mientras que en paralelo han aumentado las tasas académicas en las universidades públicas y en las enseñanzas generales que no son gratuitas (bachillerato y formación profesional). También, con la connivencia de los gobiernos se ha estado produciendo un ataque ideológico desde varios frentes para desprestigiar la educación pública y para reducir la capacidad movilizadora de los profesionales de la educación en defensa de su dignidad, de sus salarios y de sus derechos. Ambas políticas han sido muy negativas porque han afectado tanto a la imagen y a la calidad de la educación pública como a las condiciones de trabajo de todos los profesionales implicados, que además han padecido los importantes recortes de personal que se han llevado a cabo en todas las administraciones.

De ese modo, mientras se constata que aumenta el alumnado de las enseñanzas de régimen general (es decir, todas las obligatorias más el bachillerato y la formación profesional), y además que el porcentaje que opta por la enseñanza pública en el país se incrementa (pasando del 67,3% en el curso 2007-2008 al 68,3% en el curso 2013-2014), la cantidad de personal público docente no universitario sigue bajando con unas cifras muy alarmantes (sólo entre 2012 y 2013 la pérdida de personal ha sido de 32.801 docentes, alrededor del 6% de las plantillas). No obstante, si en vez de emplear el promedio estatal se analiza la distribución entre las diferentes comunidades autónomas, se observa que la situación es muy dispar en la segmentación entre escuela pública y privada concertada en todos los tramos de enseñanza obligatoria (incluyendo también el bachillerato y la formación profesional). Mientras que el promedio estatal indica una proporción cercana al 70% para el ámbito público frente al privado-concertado (30%), hay cuatro comunidades (Catalunya, País Vasco, Madrid y Valencia) donde el porcentaje de centros públicos no llega al 60%, mientras que en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha o Extremadura la proporción se acerca al 80%.

En el caso de la educación universitaria pública también se han manifestado los recortes en el gasto y la disminución de personal docente y administrativo, mientras que el número de alumnos matriculados se incrementaba en más del 9% entre el año 2009 y el 2013. A modo de ejemplo, sólo entre 2012 y 2013 el conjunto de universidades públicas perdió unos 4.300 profesores y casi 1.700 activos del personal de servicios (un 4% de las plantillas). Según datos oficiales de los presupuestos de las universidades públicas, el gasto entre los años 2009 y 2013 ha disminuido más de 1.226 millones de euros, lo que supone un 12,32% menos de financiación que en 2009 para el conjunto de las universidades (y sin tener en cuenta la inflación).

191.

En conclusión, hemos visto que en los últimos años se ha acumulado una evolución decreciente del gasto en educación en el Estado español, tanto en términos nominales como reales, además de la evolución negativa del gasto real por habitante y del gasto en educación como porcentaje del PIB, pero la perspectiva de futuro será aún peor, porque según está recogido en las previsiones gubernamentales del Programa de Estabilidad, el gasto en educación deberá pasar del 4% del PIB en 2013 al 3,7% en 2018 (lo que supone más o menos otro recorte de unos 5.000 millones de euros).

La desposesión en la Sanidad: la mercantilización de la salud y la privatización del sistema sanitario

En otro capítulo de este informe se presenta un análisis mucho más exhaustivo sobre la mercantilización de la salud y la privatización del sistema sanitario en el Estado español, en el contexto del avance del capitalismo neoliberal, donde se exponen con mayor claridad y detalle las transformaciones cualitativas del expolio generalizado. Por ese motivo nos vamos a limitar a presentar en este apartado sólo algunas de las intervenciones legales y reglamentarias, junto a algunos datos que nos clarifiquen la profundidad de los recortes en gastos, plantillas y otros rubros, así como a vislumbrar algunas tendencias de la desposesión a través de algunas cifras de los presupuestos generales del estado español.

Con la introducción de la última reforma legislativa sanitaria, mediante el DL 16/2012, el gobierno ha decidido limitar el derecho universal a la atención pública, al vincular de nuevo la asistencia a la condición de cotizante laboral (lo que antes se llamaba “un asegurado”), retirando de esta forma la tarjeta sanitaria a cerca de un millón de personas (destacando entre ellos los inmigrantes y los jóvenes sin empleo). Por otro lado, desde la aplicación de esta medida política, la ratio de tarjetas asignadas por médico de familia ha crecido en el Estado español, pasando de un promedio estatal de 1.356 en 2012 a 1.372 en 2014, aumentando así la presión sobre el sistema sanitario en la asistencia primaria. Pero ese promedio oculta la realidad dispar que se ha producido en las diferentes comunidades autónomas españolas, donde el aumento de la ratio ha sido muy superior al promedio estatal en Catalunya (59 tarjetas) y Asturias (58), así como en Baleares, Comunidad de Madrid y Aragón, con un incremento de 30 tarjetas por médico en cada una de ellas. Por el contrario, en Navarra se produjo un descenso de 48 tarjetas, seguido por el País Vasco (-15) y Galicia (-13).

A estos datos negativos hay que añadir la pérdida de unos 53.000 puestos de trabajo en el sector sanitario entre 2009 y 2014, junto a la consolidación de la inestabilidad laboral y la precarización, que ha tenido como resultado una reducción salarial que oscila entre el 10% y el 30% (según estiman diversas fuentes). También hay que tener en cuenta el recorte de determinados servicios médicos integrados en las coberturas universales, junto la merma de la parte de financiación de los medicamentos (retirando unos 500 fármacos), además de la introducción de los copagos.

En conclusión, en los últimos años se ha acumulado una evolución decreciente del gasto del volumen del gasto en sanidad en el Estado español, tanto en términos nominales como reales, además de la evolución negativa del gasto real por habitante y del gasto en sanidad como porcentaje del PIB. Pero la perspectiva de futuro será aún peor, porque según está recogido en las previsiones gubernamentales del Programa de Estabilidad, el gasto en sanidad deberá pasar del 6% del PIB en 2013 al 5,3% en 2018 (lo que supone más o menos otro recorte de unos 10.000 millones de euros).

Por último, se ha avanzado mucho más en la privatización, tanto en la financiación como en la gestión de las nuevas infraestructuras sanitarias, además aumentando considerablemente la desposesión a través de las denominadas alianzas público-privadas. Entre el año 2009 y el 2012, la cifra del gasto público en sanidad ha caído alrededor de 4.800 millones de euros, pero la distribución de las asignaciones del gasto ha sido muy diferente entre el sector público (donde se aplicaron recortes por valor de 6.750 millones) y el sector privado concertado (donde aumentó el gasto asignado desde las administraciones públicas en casi 2.000 millones). Esto ha ocurrido por el aumento de las derivaciones hacia entidades privadas de las intervenciones y otras acciones sanitarias que de todos modos se pagan con recursos públicos. Además, las disparidades según las comunidades autónomas también han sido muy grandes, pues mientras que en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Rioja, el porcentaje del gasto sanitario público que se ha dedicado a contratación de servicios con centros privados en el año 2014 se ha movido entre el 7%-10%; en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-León, Extremadura y Galicia, el porcentaje se ha situado entre el 4%-5%. El caso extremo y muy diferenciado es el de Catalunya, donde esa relación asciende al 24,1%.

Unas ayudas sociales muy “pobres”: la baja protección familiar y personal, y el fracaso de la ley de Dependencia en el Estado español

En cuanto a otras políticas de ayudas sociales redistributivas, en el Estado español no hemos tenido ocasión de ver cómo se desarrollaban al nivel que alcanzaron en algunas sociedades más avanzadas. Aunque ha habido pequeñas ayudas tanto para las personas como para las familias –por ejemplo las rentas de inserción, las desgravaciones por alquiler, las becas de estudio o las ayudas para asistencia domiciliaria y/o residencias geriátricas–, por lo general las coberturas de población han sido muy limitadas y los montantes insuficientes para llevar una vida digna. Igual ha ocurrido con el desarrollo de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que ya nació en el año 2006 con incertidumbres y sobre todo con una considerable falta de financiamiento adecuado, por lo que no ha alcanzado a tener un recorrido que se pueda llegar a considerar importante.

Gráfico 18. Evolución de personas con derecho a atención y personas atendidas desde diciembre de 2010. Miles de personas. Fuente: estadística oficial SISAAD depurada.

En definitiva, en el Estado español no ha llegado a arraigar adecuadamente un modelo de políticas de ayudas sociales redistributivas ligado a derechos y con unos recursos suficientes, mientras que actualmente lo que prima por un lado es la tendencia a fomentar el asistencialismo público y además con unos recursos muy limitados, y por otro se traslada de una forma muy palpable a las organizaciones no gubernamentales de asistencia social y a otras entidades caritativas la responsabilidad de socorrer a los más necesitados y excluidos de la sociedad.17 Finalmente, también se sigue confiando en el papel tradicional de la solidaridad familiar como mecanismo de protección social, y muy particularmente en continuar aprovechando a las mujeres como cuidadoras de menores y ancianos.

Por otro lado, las políticas “austericidas” también han afectado a este capítulo, y como consecuencia del conjunto de los recortes presupuestarios inducidos por las políticas de ajuste del gasto público, se calcula que entre el año 2010 y el año 2013 la merma en la suma de todas las partidas dedicadas a servicios sociales supusieron un “ahorro” de 4.970 millones de euros en los presupuestos generales en el Estado español, de modo que este rubro pasó de representar el 1,67% del PIB en el año 2010 al 1,45% en 2013.

A continuación, para analizar la evolución negativa en el ámbito de las ayudas sociales vamos a ver un poco más en detalle dos ejemplos concretos: uno es el caso de las ayudas a la dependencia, y el otro el de las rentas mínimas de inserción.

El fracaso de las políticas de ayuda a la dependencia

Respecto a la dependencia, aparte de los ajustes presupuestarios también se han generado otros mecanismos de recorte de gasto mediante el aumento de las restricciones de las condiciones de acceso a las ayudas sociales y otras argucias reglamentarias. Para ello se reformó la legislación vigente con dos decretos leyes: uno para incluir condiciones aún más restrictivas en los grados que permiten acceso a las coberturas (DL 20/2011) y otro para reducir las cuantías a percibir (DL 20/2012).

La consecuencia inmediata ha sido una reducción considerable de los beneficiarios y de los servicios, con una implicación automática en la caída del gasto asociado en los últimos años. En el caso del Sistema de Atención a la Dependencia, este objetivo reductor se aprecia muy claramente en el gráfico 18 extraído del Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015 (pág. 87), donde se muestra cómo la brecha entre las personas con derecho de atención y las realmente atendidas se ha intentado cerrar por la vía de limitación del derecho primero y del gasto luego. Todos estos datos hay que ponerlos en el contexto del crecimiento progresivo de las personas mayores que requieren atenciones por dependencia, debido al aumento del envejecimiento de la población española.

Otros indicadores que muestran cómo aumenta la desatención y el deterioro de los servicios sociales son la caída del porcentaje de mayores de 65 años que reciben atención a domicilio, que se redujo del 4,69% en el año 2010 al 4,42% en el año 2012, o el estancamiento de las plazas que ofertan atención residencial. En este último indicador, la evolución desde que se aprobó la primera legislación ya era bastante insuficiente (de 322.573 en 2009 se pasó a 353.653 en 2012), pero con las reformas subsiguientes en 2013 cayeron a 351.548 plazas y la tendencia seguirá bajando. Por último, en claro contraste con el valor descendente del gasto público destinado a los servicios sociales, en los últimos años han crecido las cantidades de los copagos efectuados por los usuarios. La media del copago anual por usuario en el año 2009 era de 960,88 euros, y en el año 2013 se enfiló a 1.613,59 euros.

Unas ayudas personales y familiares muy “pobres”

En cuanto a las rentas mínimas de inserción,18 están diseñadas para asistir a quienes están excluidos del mercado laboral y no perciben ninguna prestación contributiva por desempleo, aunque las cuantías siempre han sido ínfimas, entre otras razones por la necesidad que tiene el sistema capitalista de mantener un ejército de reserva laboral sin empleo que obligue a presionar el valor de los salarios a la baja.19 Pero además de las limitaciones presupuestarias que se les asigna a estas ayudas, en comparación con otros países europeos, en el caso español la situación se agrava por la atomización y la heterogeneidad de las medidas, así como por la disfuncionalidad entre las diferentes administraciones que intervienen en su gestión (el gobierno central y las diferentes autonomías).

En cualquier caso, es evidente que en el Estado español no existe una política para establecer un sistema de rentas mínimas que garantice la supervivencia digna de las personas que han sido expulsadas del sistema productivo, o ni tan siquiera han podido tener acceso al mismo. Sin embargo, este colectivo de perceptores tenía un peso histórico importante y luego ha estado creciendo en los últimos años de forma significativa por la incidencia y la dureza de la crisis, duplicándose entre 2008 y 2013 hasta superar las 250.000 personas. Pero en cambio, las cuantías percibidas se han mantenido históricamente en niveles irrisorios, con un promedio en torno a los 350 euros mensuales. Estas circunstancias demuestran el carácter asistencialista y coyuntural del modelo, en claro contraste con la evidencia estructural de un problema que viene de lejos. Por otro lado, este problema se ha acabado asociando con otro fenómeno que está tomando un fuerte arraigo en el Estado español, los trabajadores pobres; es decir, aquellas personas que aunque tienen un empleo reciben unos ingresos insuficientes para llevar una vida digna. El resultado de todo ello queda finalmente reflejado en el avance de los indicadores de desigualdad y pobreza generalizada en el Estado español, como hemos explicado un poco más atrás en este mismo capítulo del informe.

  1. Ver el capítulo sobre el Estado del bienestar en Taifa, Informe 4. Hay pobres porque hay muy, muy ricos. []
  2. En el futuro el resultado será peor, cuando la incidencia de los recortes de prestaciones por desempleo y pensiones estadísticamente sea mucho más evidente. []
  3. Para la perspectiva de futuro ver el documento del Gobierno español sobre Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018, en especial el cuadro de la página 108, donde se asume que para el año 2018 la reducción del gasto público respecto a las cifras del año 2013 será de un 5,4% sobre el PIB (es decir, unos 75.000 millones de euros en cinco años), y también se muestran sus implicaciones en la estructura funcional del gasto (claramente perdedora para salud, educación y protección social). Una comparativa europea está en el Informe del Instituto Bruegel, “Poor and under pressure: the social impact of Europe’s fiscal consolidation”, 26.03.2015. []
  4. Para ver una evolución reciente de la incidencia de los recortes en el gasto público social en el conjunto de las administraciones públicas del Estado español, se puede consultar el informe elaborado con datos de la Contabilidad Nacional por el Instituto Valenciano de Estudios Económicos, Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, que publicó en 2015 la Fundación BBVA. En el gráfico 1.18 de la página 44 se muestra claramente la evolución negativa del gasto real por habitante en lo que los autores denominan servicios públicos fundamentales (SPF: salud, educación y protección social). Para las tendencias de futuro ver el documento del Gobierno español sobre Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018. []
  5. Ver una aproximación al tema en Taifa, Informe 8. La estrategia del capital. También se puede consultar el libro colectivo La privatización de los servicios públicos en el Estado español. Attac, 2012. En otros capítulos específicos de este informe, como el de sanidad, se profundiza también en este aspecto. []
  6. El indicador IPREM se utiliza como baremo de renta familiar para muchas otras ayudas, entre ellas las becas, y su valor en el año 2015 era de 532,51 euros mensuales. En consecuencia, la prestación máxima por desempleo no podrá superar los 1.198,14 euros brutos mensuales en el mejor de los casos. []
  7. En los últimos informes sobre la evolución de la EPA, que elabora la Fundación 1o de Mayo, se cuestiona el método de cálculo que efectúa el Ministerio de Trabajo para valorar la cobertura global, porque hacen una alquimia estadística aumentando inapropiadamente el número de beneficiarios de cualquier ayuda (incluyendo a los inactivos) y luego limitando la base computable de parados sólo a los registrados (en la que tampoco se incluye a los que proceden de un primer empleo). De ese modo la “cobertura oficial” asciende a casi el doble de la real. Por ello en dicha fundación elaboran una tasa de protección a los parados, donde se incluyen en el numerador los parados que perciben algún tipo de prestación o ayuda asistencial y en el denominador todos los parados consignados en la EPA. []
  8. En el Estado español las cotizaciones sociales para contribuir al sistema de reparto forman parte del salario de los trabajadores y los empresarios actúan sólo como intermediarios recaudadores a favor de la administración (igual que ocurre con el Impuesto de Rentas para las Personas Físicas, IRPF). Pero los empresarios y las organizaciones patronales no dejan de insistir reclamando la rebaja de las cotizaciones sociales para reducir los costes salariales (a favor suyo, por supuesto). []
  9. La medida de separar los presupuestos de la Seguridad Social respecto a los presupuestos generales del estado, en L Estado español se adoptó en el año 1995, mediante un acuerdo de consenso que se llamó el Pacto de Toledo. En ese mismo acuerdo se incluye la creación del Fondo de Reserva (llamado popularmente la hucha de las pensiones) que se nutre del diferencial entre ingresos y pagos al sistema en cada año. []
  10. Una vez se llega a la edad de jubilación establecida por el reglamento del fondo, normalmente en consonancia con la legislación vigente sobre la jubilación legal en el sistema público, los beneficiarios pueden escoger entre: 1) la capitalización total según el valor de sus participaciones en ese momento (a la que hay que aplicar una considerable carga de impuestos por ingresos sobrevenidos, que al final acaba neutralizando las deducciones fiscales efectuadas con anterioridad, y que en aquel entonces fueron esgrimidas por los promotores del fondo como cebo para atraer clientes); o 2) una cantidad mensual que se calcula en función de varios parámetros actuariales (como por ejemplo la esperanza de vida, o la cantidad de partícipes activos en el fondo, o el volumen de capital vigente en ese momento). []
  11. Esta amenaza es grave, porque afecta a los fundamentos del sistema de reparto, pero está infligida por el avance sistémico del capitalismo contra el valor salarial del trabajo y por la precarización de las condiciones laborales (en otro capítulo de este informe se insiste más en profundidad en las transformaciones negativas del ámbito laboral en el Estado español). De todos modos, frente a las amenazas apocalípticas cabe mencionar que el Fondo de Reserva de las pensiones estaba valorado en marzo de 2015 en 42.000 millones de euros (casi el 4% del PIB). []
  12. Entre las posibles soluciones al problema de la sustentabilidad del sistema público de pensiones en el Estado español, se ha sugerido la complementación de los fondos necesarios para cubrir los pagos de la Seguridad Social con recursos procedentes de los presupuestos generales del Estado. Para ello sería también muy importante que se revirtiera la regresión creciente que se está produciendo en el sistema fiscal español, donde hace tiempo que se ha detectado una deserción contributiva por parte de empresas y grandes fortunas (ver al respecto el capítulo sobre políticas fiscales en este mismo informe). []
  13. Para la perspectiva de futuro ver el documento del Gobierno español sobre Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018, en especial el cuadro de la página 108, donde se asume que para el año 2018 la reducción del gasto en éste ámbito respecto a las cifras del año 2013 será de un 2% sobre el PIB, lo que supone más de 20.000 millones de euros. []
  14. Según las distintas hipótesis de crecimiento de la población jubilada, el porcentaje del coste de las pensiones puede subir al 13,4%, al 12,2% o al 11,5% del PIB para 2026 y al 14,4% en 2050. Esto quiere decir que en el peor de los casos hasta dentro de 35 años no se habrá alcanzado el nivel de coste que significa ahora para varios países europeos. []
  15. Hasta hace bien poco la condición de mileurista era considerada socialmente entre la población en general (y en especial entre los jóvenes) como la barrera de la precariedad de ingresos. Tras la crisis económica, y con el severo recorte de los salarios que se ha estado aplicando, las expectativas de aspiración de ingresos se han reducido en toda la sociedad (y en particular entre los jóvenes), pero ello no obsta para reconocer que la mayor parte de los pensionistas españoles obtiene unos ingresos muy precarios. []
  16. Antonio Viñao Frago, El desmantelamiento del derecho a la educación: discursos y estrategias neoconservadoras, AREAS. Revista Internacional de Ciencias Sociales, no 31, 2012, pp. 97-107. Una versión del tema desde el punto de vista genuino de la derecha española se puede ver en José Penalva Buitrago, Análisis crítico del modelo escolar vigente: la escuela pluralista comunitaria. Fundación FAES, Cuadernos de pensamiento político, no 111, 2010. []
  17. Según Cáritas, entre 2003 y 2007 el promedio anual de solicitantes de atención eran 400.000 personas, mientras que a partir del año 2011 rebasaron el millón de solicitudes atendidas anualmente. []
  18. La Renta Mínima de Inserción, destinada a personas en situación de pobreza extrema y que están fuera del mercado laboral, se suma a unos subsidios para trabajadores agrarios eventuales (conocido como PER). La suma de estos colectivos asistenciales supuso en el año 2015 el 58% de los parados protegidos por algún tipo de ayuda, pero las cantidades percibidas son muy bajas (por debajo del salario mínimo). []
  19. De hecho, como hemos visto anteriormente en el apartado de ayudas a los parados, también se han puesto restricciones muy severas a las coberturas y a las cuantías de las prestaciones por desempleo de carácter contributivo. []