Mercantilización de la salud y privatización del sistema sanitario

La privatización de la salud

Introducción

Sin duda, uno de los aspectos que están generando mayor alarma entre los ciudadanos de los países que, como España, están sufriendo procesos de austeridad y de desmantelamiento del Estado del bienestar, son las consecuencias de dichas medidas en el sistema público de salud. Sin embargo, el nivel de alarma no es en absoluto proporcional a la gravedad del destrozo. Durante más de tres décadas, los españoles nos hemos sentido orgullosos de disponer de un sistema universal y gratuito, de gran calidad. A nadie se le hubiera pasado por la cabeza hace apenas diez años que debería preocuparse, en caso de caer enfermo, por las listas de espera, por las colas en urgencias o por la calidad del trato recibida por sanitarios que trabajan a destajo, médicos de cabecera que sólo cuentan con tres minutos para visitar a cada paciente, desabastecimiento de material básico o ayunas durante más de un día en los servicios de urgencias porque se ahorra en menús. Menos todavía podía uno imaginarse que todo esto se solaparía con un panorama desolador de plantas vacías y quirófanos cerrados, despidos masivos o sueldos congelados sólo para determinados profesionales de la salud, o médicos jóvenes huyendo despavoridos al extranjero. Simultáneamente, para acabar de rizar el rizo, se nos intenta cobrar un euro por receta, nos retiran a nuestro especialista o nos dan el alta precozmente desde el hospital privado-concertado al que nos han derivado, en virtud de alguna “alianza estratégica”, para desatascar el hospital público saturado por falta de personal y recursos, que a su vez han recortado los que ahora se llenan los bolsillos con el aumento de actividad del sector privado. Seamos sinceros con nosotros mismos: ¿qué hubiéramos contestado a quien nos preguntara hace una década si esto era posible en nuestro país? Probablemente, le hubiéramos dicho algo así: “Dejémonos de insensateces distópicas, eso sólo pasa en las películas yanquis; esto es Europa, necesitamos dos guerras mundiales y una dictadura para darnos cuenta de lo que es importante para el país, de lo que está indiscutiblemente blindado”.
“Realmente es para mosquearse. Esta sanidad así no funciona. Es un desastre. Está llena de funcionarios que no pegan ni sello, de jovencitos con fonendo, de ancianos con problemas sociales que se atascan en ingresos interminables, de gente tomando infinidad de fármacos que no necesita, mientras los que de verdad requerimos una atención a tiempo y eficiente, los que más aportamos al estado con nuestros impuestos, pues aún conservamos el trabajo, nos vemos perjudicados por tanto desbarajuste y gasto fútil. Y es que debe ser cierto lo que dicen los expertos en la radio y en la tele: un sistema que da atención a todo el mundo y tiene contratada a tanta gente no puede ser, de ninguna de las maneras, sostenible. Sobre todo si además nos empeñamos en atender por igual al que es de aquí, al que trabaja honradamente, y al que llegó hace tres días y anda por la calle vendiendo bolsos. Mientras tanto, mis compañeros de trabajo, que ya han seguido los consejos de los expertos, haciéndose de una mutua, no tienen ninguno de estos problemas. Cuando lo necesitan, los atienden enseguida, sea cual sea el malestar que los hace consultar. Si tienen que ingresar, están solos en habitaciones individuales, con un personal intachable en su atuendo y maneras. De hecho, incluso me han dicho que muchas veces los cirujanos que operan ahí son los jefes de servicio de los grandes hospitales públicos. Si ellos trabajan en la privada también, con el carrerón que llevan, debe ser porque están viendo que lo público se va a pique y que no queda otra, si se quieren hacer las cosas correctamente, que aceptar que lo moderno está en lo privado. Sí, definitivamente, mañana me voy con mi marido y nos informamos acerca de la mutua. Para los niños también”.

El párrafo anterior contiene, en síntesis, el tono y las preocupaciones usuales respecto a la sanidad de cualquier trabajadora española (evidentemente, también de los trabajadores) con un nivel de ingresos mínimo para llegar a fin de mes sin grandes problemas. A las rentas altas, que tradicionalmente han acudido a la sanidad privada para las consultas que no revisten gravedad, no había que convencerlas. A la clase trabajadora más afectada por la crisis, a los desempleados y a los emigrantes en situación precaria, tampoco, pues no pueden ni podrán aspirar a tener una mutua privada. El desensamblaje premeditado del sistema público de salud se ha acompañado de un acoso mediático para desacreditarlo a la vez que se ofrecía la opción aparentemente más sensata: engrosar la lista de clientes de un seguro privado de salud. Siguiendo un plan claro, nada azaroso, se está promocionando la asistencia privada descaradamente a todas horas y mediante todos los medios, incluyendo los institucionales. En silencio, sin hacerlo público, sin obtener el refrendo en los respectivos parlamentos, se han firmado cientos de acuerdos para derivar a la sanidad privada a todos esos pacientes que ya no se atienden en la pública debido a los recortes con los que ésta se ha visto agredida una y otra vez en los últimos años. Todo eso se hace en nombre de la tan manida, a estas alturas, “sostenibilidad”, o de la polivalente “eficiencia”. El argumento es un sofisma ya en su planteamiento de base: nos intentan vender la idea de que el sistema sanitario no puede ser deficitario, lo que contradice toda la evidencia (y el sentido común). Y no acaba aquí su osadía: aún serán capaces de agrandar sus sofismas asegurando que un sistema privado o público-privado será más eficiente. Desde luego, si la eficiencia se mide en los euros que se ganará por paciente atendido por unidad de tiempo en un centro privado en comparación con lo que antes se hacía a costa de los impuestos públicos, desde luego no van desencaminados. Sin duda, es más eficiente en el cómputo que se usen dos trabajadores en lugar de cinco para atender a un número X de pacientes; pero en salud es difícil hacer pasar gato por liebre y en general, a menos personal, peor calidad asistencial. Pero incluso cuando mencionan el menor precio de la asistencia de un paciente en la sanidad privada mienten por omisión, pues para que ese paciente sea “rentable” para unos, ha costado muy caro antes a la sanidad pública. Así es, ya estamos acostumbrándonos a medir la salud y la vida de las personas con términos que aplicaríamos, por ejemplo, al petróleo o a las acciones de una compañía telefónica.

Lo que no cuentan los artífices y paladines del “nuevo modelo”, los tertulianos y conductores de programas de radio, los anuncios televisivos o los titulares de la prensa oficial, es que el objetivo es que la sanidad pública sólo se haga cargo de la medicina de alta complejidad, mucho más cara, y de dar asistencia en un formato mínimo, al estilo de la beneficencia estadounidense, a aquellos que no puedan permitirse gastar ni un céntimo en sanidad porque no lo tienen, para nada. El resto tenemos que empezar a ser conscientes de que nunca más la sanidad va a pagarse con los impuestos de todos. A partir de ahora, el que tenga ingresos, por mínimos que sean, tendrá que sufragársela. Así, en unos quince años, los individuos pudientes podrán ser trasplantados y hacerse la cirugía estética, mientras el resto nos endeudaremos de por vida para pagar un cateterismo cardíaco o un ingreso en la UCI. Al menos, ése es su plan. Tampoco nos explican que en las lustrosas clínicas privadas no tienen personal competente ni recursos para atender determinadas situaciones o patologías, así que muchos de los pacientes que se atienden allí terminan siendo derivados a la pública cuando se complican, se les diagnostican enfermedades que van a resultar muy caras de tratar o simplemente se les termina la cobertura que les ofrece la mutua.
No se nos explica tampoco que los datos sanitarios de toda la población se están vendiendo a empresas que los gestionarán para servírselos en bandeja a las mutuas. ¿Qué implica eso? Muy fácil, cuando la señora del entrecomillado del párrafo anterior acuda a hacerse una póliza, nadie se molestará en hacerle una historia clínica, pues ya dispondrán de su historial y le pondrán el precio correspondiente al baremo que ellos elijan. “¿Fuma?”. “No”. “Aquí pone que sí”. “Bueno, fumé hasta los treinta, hace más de 20 años que lo dejé y nunca me han dicho que tenga mal los pulmones”. “Aquí pone que antes de operarse de la vesícula se le hizo una espirometría y tiene una obstrucción leve en los bronquios”. “¿?”. “Son 300 euros más al año, señora”. Y así ad absurdum. ¿Acaso a alguno de nosotros nos han explicado que esos jovenzuelos que nos atienden saliendo de guardia, sin haber dormido en las últimas treinta horas, sin contrato y cobrando menos de la mitad que sus iguales en el resto de Europa por hora trabajada, tienen la mayoría de ellos dos especialidades-en especial en el caso de los médicos latinoamericanosy un doctorado? ¿O que en muchas ocasiones esas funcionarias atroces que se pasan el día desayunando y cotorreando, esos monstruos mitológicos llenos de polvo (administrativas, camilleras, auxiliares o enfermeras), llevan más de veinte años en el mismo puesto de trabajo sin tener un contrato fijo? ¿Sabemos que mientras esos médicos sexagenarios de largos currícula compaginan la actividad pública con la privada, a veces en el mismo horario, y tienden puentes a las empresas farmacéuticas y a las mutuas, más del 60% del personal dedicado a la investigación médica vive de becas o contratos temporales y no ha cotizado apenas cuando cumple los cuarenta años?

Hay pocos cómplices en comparación con las víctimas de este proceso más o menos descarado de privatización de la sanidad. Los indiferentes y los desinformados, víctimas o no, ocupan el estrato medio. A medida que avance el proceso, si no lo detenemos a tiempo, sólo quedarán víctimas y un puñado de sanguijuelas. A continuación, trataremos de ahondar en las causas y algunos de los aspectos más relevantes de este proceso de desposesión de la vida en el que estamos inmersos.

La sociedad terapéutica1: mercantilización de la vida y medicalización del malestar

Como se ha puesto de relieve hasta la extenuación en múltiples escritos y ponencias, una de las características fundamentales de la actual fase de la sociedad capitalista, una vez desarrollada y sometida a un proceso reciente de sofisticación, La Gran Transformación a la que aludió Polanyi, es que nuestras vidas y los aspectos entorno a los cuales se desarrollan han devenido en mercancías. Las raíces de dicho proceso de mercantilización en el terreno de la salud las hallamos tempranamente: en el diseño de los primeros grandes sistemas públicos de salud europeos a finales del siglo XIX y en especial tras la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa se optó, de manera deliberada, por un sistema sanitario asistencialista en que el énfasis recayera en el tratamiento de enfermedades bien caracterizadas y abordadas por especialistas cada vez más aislados de los otros ámbitos de la medicina, a través de los enormes dispositivos sanitarios estatales que iban a desarrollarse más tarde, fundamentalmente a partir del Plan Marshall. Que ello se diera así por una determinación institucional supuso a su vez omitir deliberadamente otros planteamientos. Concretamente, implicó no considerar aquellas voces expertas que abogaban por un sistema salubrista, esto es, por considerar la salud como un conjunto de determinantes, tanto físicos como socioculturales, que se dan en los grupos humanos y no en personas individuales, y sobre los que se puede incidir antes del desarrollo de patologías que requieran tratamiento, priorizando la autonomía del sujeto y su capacidad de autopercepción de “anormalidad”. Sin embargo, el modelo biopositivista, cada vez más enfocado a tratar partes específicas del organismo humano, dejando de lado los abordajes sistémicos, no podía o no quería enfrentar la salud de dicha manera. Así pues, la salud se redujo, esencialmente, a sanidad o provisión de asistencia. Ni siquiera en su vertiente más adaptada al sistema actual se ha tratado de desarrollar mínimamente la medicina preventiva (como ejemplo, valga hacer notar que el presupuesto destinado a esta del total que se dedica a sanidad en Catalunya no llega al 2%). Las reticencias que se oponen a un posible replanteamiento de este enfoque se explican, al menos parcialmente, por intereses económicos:

  • desde el punto de vista material, los procesos que implican el cuidado de enfermos y el tratamiento de enfermedades llevan implícito el desarrollo de fármacos, de material quirúrgico y otros productos fácilmente mercantilizables en sistemas no puramente públicos y adquiridos por parte del sector privado, facilitando los negocios de la industria de la sanidad y farmacéutica;
  • desde una óptica científica, el paradigma mecanicista, centrado en la obtención de nuevos datos empíricos a través de la investigación biomédica, la llamada “medicina basada en la evidencia” (entendida esta en un sentido muy acotado), legitimada por publicaciones pretendidamente neutrales, y en el que los sujetos son meros “pacientes”, con desarreglos orgánicos sobre los que incidir con fármacos o cirugía;
  • en lo que concierne a lo social, el gremio médico ha gozado de un gran reconocimiento que ha supuesto una falta absoluta de autocrítica y de rendición de cuentas, siendo muy influyentes tanto en la gestión de recursos como en los temores suscitados en la población a través del paternalismo derivado del sistema asistencialista;
  • por último, en el aspecto subjetivo, el individuo enfermo (o no enfermo, pero sometido al escrutinio médico), está en general frente a una situación que genera impotencia, pasividad y obediencia casi ciega a los dictámenes de los expertos.

Todo ello contribuye a que mercantilizar la salud haya sido un deseo del capital desde hace más de 50 años, pero sólo ahora, cuando el neoliberalismo se ha puesto manos a la obra en la tarea de dar una vuelta más de tuerca, una vez desarbolada la clase trabajadora, se han sentado las bases óptimas para llevarlo cabo. Sin embargo, como apuntábamos antes, el terreno ha sido abonado previamente, durante largos años, mercantilizando la vida y también la medicina. Esto, a su vez, ha dado lugar a un proceso de medicalización de la vida, un aspecto paralelo al de la mercantilización, que lo potencia, retroalimentándose a su vez.

La medicalización es la extensión de la mirada médica a situaciones ajenas a su campo y al tratamiento médico de alteraciones que no tienen origen ni carácter médico. Se dan multitud de alteraciones que tendrían mejor pronóstico si no fueran tratadas como enfermedades. Esto lo reconoce y refleja con datos contrastados una revista médica tan prestigiosa como el British Medical Journal, incluyéndose entre estas alteraciones situaciones que hoy día se consideran susceptibles de potentes intervenciones farmacológicas o quirúrgicas, como la vejez, el insomnio, la fealdad, el parto o la soledad.2 Fundamentándose en ensayos clínicos cuyos resultados se publican en las revistas científicas del más alto impacto (es decir, las que configuran el canon que la comunidad científica vinculada a la salud obedece), las autoridades sanitarias implementan en las guías clínicas recomendaciones de tratamiento de condiciones o factores de riesgo que en muchos casos carecen de la evidencia suficiente. Una vez aplicadas las intervenciones propuestas en todos los casos potencialmente tratables, son incapaces de evitar un número significativo de eventos graves para la salud y sin embargo suponen un número elevadísimo de efectos secundarios más graves que la condición que se está tratando. Es el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, en que el uso sistemático de fármacos (ya que en un sistema asistencialista el cumplimiento de las recomendaciones higiénico-dietéticas por parte del sujeto no se puede garantizar, ni interesa, aunque sí sirva para vender una infinidad de productos dietéticos sin eficacia demostrada) a toda la población con unas cifras tensionales por encima de un umbral (muchas veces falseado en su determinación concreta por fenómenos como el de la bata blanca o una técnica incorrecta), puede suponer efectos tan deletéreos en la vida de un individuo sano como son: impotencia sexual, bajo rendimiento intelectual, síncopes, etc. Otros casos son la obesidad (cirugía bariátrica), la osteoporosis (bifosfonatos), el Alzheimer (anticolinérgicos) y la hipercolesterolemia (estatinas), y la lista de intervenciones no contrastadaso mejor, sólo contrastadas con respecto al objetivo terapéutico al que apuntan, pero no a la salud general de cada pacientepodría alargarse aún mucho más. Parece increíble, pero nuestro país está lleno de residencias de ancianos que toman multitud de fármacos para evitar las consecuencias inevitables del paso del tiempo, y en muchos casos los siguen recibiendo cuando ya están demenciados o encamados sin remedio.

Sin embargo, la inversión en fisioterapeutas que les ayuden a recuperar su funcionalidad en los hospitales, la atención a los horarios o el entorno para evitar que desarrollen un síndrome confusional, o la limitación del encarnizamiento terapéutico brillan por su ausencia.

Todo ello responde a unos intereses, evidentemente. Poderosos intereses comerciales, gigantescas compañías farmacéuticas y consorcios hospitalarios, han convertido la medicalización, paradójicamente, en un problema de salud pública, cuyo extremo es el “tráfico de enfermedades” (disease mongering), basado en enormes campañas para llevar un cuadro sanitario al rango de enfermedad, influir sobre los médicos que podrían tratarlos, atemorizar al público sobre sus efectos y ofrecer los fármacos correspondientes a un buen precio (para las empresas farmacéuticas, claro está).

El campo de la medicina en que el abuso en la prescripción de fármacos sin evidencia biológica es mayor, como es bien sabido, es la psiquiatría. Obviando las disquisiciones acerca de lo que es o no psicológicamente normal en una cultura y una época determinadas, un espectro cuyos límites se determinan normativamente por las exigencias de rendimiento laboral y social, un hecho empíricamente constatable es que en los últimos dos decenios el porcentaje de individuos sin un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica grave que toman psicofármacos ha aumentado escandalosamente.

Además de los pingües beneficios que ello reporta a la industria del medicamento, debemos reflexionar acerca de cómo actúan estas terapias como contención, por parte del sistema, de ese malestar social que mencionábamos antes. Del internamiento de “locos peligrosos” y de “individuos que desacataban la normalidad” que ya Foucault denunció, hemos pasado al tratamiento preventivo de todos aquellos que no encuentran sentido a sus vidas y lo expresan en forma de ansiedad, melancolía o trastornos del sueño. Mejor tratar en la antesala, evitando así que la ira y el descontento tomen conciencia de sus causas y se organicen.

La industria farmacéutica: máximo exponente del capital en el proceso de desposesión sanitaria

La Lista Fortune (500 mayores empresas del mundo) mostraba en 2002 que el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas. El mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil en ganancias, pues si alguien necesita – o al menos así lo cree– un medicamento y dispone de recursos, lo compra. Un grupo reducido de países (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) dominan la casi totalidad de la producción, investigación y comercialización de los fármacos en el mundo.

El sector farmacéutico se encuentra en continuo crecimiento y se caracteriza por una competencia oligopólica en la que 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado mundial. Se trata en muchos casos de trusts, multinacionales con filiales presentes en todos los países. Su desarrollo ha permitido una inversión continuada en I+D, tanto a través de laboratorios propios como en colaboración con entidades privadas y públicas. Asimismo, abarca actividades relacionadas con control de calidad, producción, márquetin, representación médica, relaciones públicas o administración. Es una constante que caracteriza al sector la compra de materias primas en países pobres, donde se instalan las factorías con el fin de optimizar la extracción de plusvalía, siendo la venta predominantemente en países desarrollados a precios altos mantenidos por patentes blindadas, negociando con los respectivos ministerios, que facilitan su introducción por la cooptación de profesionales que tienen en muchas ocasiones evidentes conflictos de interés con dicha industria. La capacidad competitiva se basa en la I+D (desarrollada en muchos casos con recursos del sistema público de salud), en la apropiación de las ganancias mediante el sistema de patentes y en el control de las cadenas de comercialización de los medicamentos.
Ninguno de los países en desarrollo cuenta con industria farmacéutica propia, y con excepción quizás de Brasil y de la India, no se ha logrado una auténtica emancipación en este aspecto. Aunque algunos países desarrollados que han sido capaces de crear laboratorios nacionales dependen mayoritariamente de los proveedores de materias primas químicas y, por consiguiente, de las industrias químico-farmacéuticas que pertenecen también a éstas. Los márgenes de ganancias de estas industrias son muy importantes, alcanzando una tasa de ganancia del 20%, lo que supera ampliamente el 15,8% de los bancos comerciales.

Entre las principales estrategias utilizadas hoy por la industria farmacéutica para obtener sus ganancias mil millonarias cabría destacar:

  1. Realizan una gran presión propagandística de los medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y puedan ser nocivos para la salud.
  2. Explotan al máximo los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva
  3. Reducen la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países pobres, porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de las poblaciones con un alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades (como la proliferación de “medicamentos” antienvejecimiento)
  4. Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas (un caso claro son los lobbies en el Parlamento Europeo o el Congreso estadounidense).

Estados Unidos concede exenciones y reducciones de impuestos e incorpora a los tratados internacionales de libre comercio (como el TTIP), medidas que favorecen a la industria farmacéutica, lo que demuestra que sus beneficios no son fruto del libre mercado sino de una política de protección. Esta estrategia es similar a la aplicada ahora por la Unión Europea, que protege sistemáticamente a los laboratorios con medidas que muy a menudo redundan en los precios y las patentes que se imponen a los servicios de salud nacionales.3 Los lobbies farmacéuticos están siempre presentes en el Parlamento Europeo (en especial Eucomed, voz de la industria de la tecnología médica europea) y presionan constantemente a los diputados de todos los países. Así pues, ese tipo de medidas se refrendan en los respectivos parlamentos nacionales. Un caso reciente en España ha sido la serie de decisiones que ha llevado a costear selectivamente el sofosbuvir (Sovaldi) para el tratamiento de enfermos con enfermedad hepática avanzada por el virus de la hepatitis C debido a la patente que ostenta el laboratorio Gilead, sin ningún tipo de exigencia por parte del Ministerio de Sanidad y dejando en manos de profesionales con evidentes conflictos de interés con la industria la elaboración del Plan Nacional para el tratamiento de esta enfermedad.4

El principal argumento para mantener las patentes de los medicamentos se basa en la inversión realizada en el proceso de investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, la mayor parte del coste de la investigación de un nuevo fármaco no recae sobre la industria, ya que los gobiernos y los consumidores financian el 84% de la investigación, mientras que sólo el 12% correspondería a los laboratorios farmacéuticos. Además, la inversión no garantiza resultados en la mejoría de la salud de la población. Según la FDA estadounidense (organismo que autoriza la venta de medicamentos), sólo un 20% de la inversión en investigación fue a parar a productos que aportan una mejora terapéutica notable. Menos del 25% de los nuevos medicamentos que salen al mercado son innovadores o mejoran los resultados de los anteriores (cuyos precios son mucho menores y están suficientemente probados en calidad y seguridad). Desgraciadamente los organismos gubernamentales que deberían controlar esta situación en beneficio de los ciudadanos están financiados por la industria. Así, la FDA de Estados Unidos es financiada en un 75% o la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos en un 80% por las multinacionales farmacéuticas.

Tampoco es cierto el otro argumento de que para crear un nuevo fármaco es necesario invertir cientos de millones de dólares en investigación. Un estudio que recopiló datos de 117 proyectos de investigación reveló que el coste medio del desarrollo de un fármaco oscilaba entre los 75 y 80 millones de dólares. Otro artículo del British Medical Journal publicado en 2012 señalaba que frente a la información de la industria de que la investigación de un nuevo medicamento tenía un coste de 1.300 millones de dólares, la realidad es que el coste promedio se situaba en unos 60 millones. La industria argumenta la necesidad de fijar un elevado precio por los costes para investigar y fabricar moléculas cada vez más complicadas que exigen inversión y aparatos muy costosos. En realidad, el incremento de los costes no está relacionado con la fabricación de los medicamentos, ni tampoco con la inversión en investigación y desarrollo, sino en los gastos asociados a la comercialización y la promoción de sus productos. Mientras que la investigación y desarrollo de fármacos recibe en torno al 13% del prepuesto, los gastos de márquetin suponen entre el 30-35% del presupuesto de los laboratorios, es decir, gastan el doble en promoción que en investigación.

El artículo antes citado del BMJ señalaba que por cada dólar dedicado a la investigación se dedican 19 a promoción. Por otro lado, los costos de fabricación han disminuido de manera importante, debido al empleo de aparatos y procesos industriales más eficientes, a la automatización de muchas etapas productivas y a la reducción de mano de obra (las grandes fusiones de las principales empresas farmacéuticas de los años 90 supusieron decenas de miles de despidos). Los costes son a expensas principalmente de estudios de mercado, análisis de competidores, extensión de patentes, distribución, promoción, publicidad y ventas de sus productos, gastos administrativos para mantener estructuras multinacionales y los astronómicos salarios pagados a sus ejecutivos. Los elevadísimos precios que de los nuevos medicamentos, que no se justifican ni por sus costes de producción ni por las inversiones realizadas en la investigación, se explica por la actual situación de oligopolio. Por otro lado, una parte importante de las nuevas investigaciones se hacen con dinero público, pero las patentes acaban en manos privadas, un buen ejemplo de cómo la llamada “colaboración público-privada” no es sino dinero público para beneficios privados.5

En España, la situación se caracteriza por los siguientes aspectos: 1. Un gasto farmacéutico elevado y en parte ocultado; por encima de la media de la OCDE; 2. La prescripción apenas se limita en centros públicos y, en general, se fomenta por diferentes vías. Se han implementado algunas intervenciones al respecto como la promoción de los genéricos o tímidos intentos de mejora del perfil de la prescripción, de resultados mucho menos evidentes y con demasiada variabilidad; 3. Los grandes beneficios de la industria se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (recientemente se ha denunciado que en España hay desabastecimiento de 170 medicamentos cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen muy bajos precios y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio); 4.Los efectos secundarios de los medicamentos son frecuentes (en
España el número de muertes anuales triplica la de los accidentes de tráfico); 5. Los copagos se han tratado de instalar como lógica de amortización, encubriendo un repago que afecta primordialmente a los estratos de bajos ingresos.

El desmantelamiento del sistema sanitario público en el Estado español

Los supuestos político-económicos básicos tras el plan de privatización

En España, los principales mecanismos mediante los que se está llevando a cabo la desarticulación de la red sanitaria pública y el fortalecimiento de los centros privados son: la desregulación de los servicios sanitarios públicos, creando capital ficticio a través de la separación de la financiación y la provisión, lo que permite la desviación de servicios al sector privado; la incentivación de una presencia cada vez mayor del sector privado dentro del Sistema Nacional de Salud, en general a un coste mayor; deteriorando la imagen de la sanidad pública mediante los medios de comunicación y recortes presupuestarios que suponen un empeoramiento de facto; estableciendo copagos y fomentando el aseguramiento privado. A la postre, se pretende segmentar la asistencia sanitaria, con un sector privado que atienda a las clases altas y medias-altas y el estableciendo una nueva beneficencia para los sectores de asalariados con menor poder adquisitivo, parados y pensionistas.

Las estrategias que incluyen estas medidas y otras se aplican básicamente siguiendo dos formatos, con diferentes grados de solapamiento entre ellos en cada Comunidad Autónoma. Por un lado, estaría lo que podría denominarse “vía rápida” de transformación del sistema sanitario, que abordaría el cambio de la Ley General de Sanidad para arbitrar un sistema dual de seguros/beneficencia y/o el establecimiento de copagos generalizados (farmacéutico, consultas, hospitalización, etc.). Esta es la versión aplicada en el intento de privatización brusca y cuasi completa del sistema sanitario madrileño que, como ha podido comprobarse, tiene como principal debilidad el hecho de desencadenar una amplia contestación social. La otra opción, la “vía lenta”, consiste en actuaciones en las Comunidades Autónomas de distinta índole, pero convergentes y complementarias (por ejemplo, con privatizaciones, recortes, externalizaciones, copagos menores en temas secundarios, etc.).6 Paralelamente, se avanza en la promoción del aseguramiento privado. Esto permite excluir a sectores importantes de las capas medias del sistema público, debilitándolo y descapitalizándolo, destinándolo así a un acceso limitado, que con el tiempo devendrá caridad en el caso de los sectores sociales más débiles de la clase trabajadora.

Los instrumentos legales usados en la privatización sanitaria en el estado español

Según un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP),7 los procesos comentados más arriba se desarrollan con la complicidad de los poderosos organismos internacionales controlados por los gobiernos de los países más ricos, como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el FMI, la ONU, la OMS y la UE. La aplicación de las estrategias neoliberales en los servicios sanitarios están orientadas por la denominada “Tríada neoliberal”: adelgazamiento del sector dependiente del Estado e introducción de copagos, expansión del sector privado y desregulación del sector público.

En su informe de 1987 sobre “Financiación de los servicios sanitarios: un programa de reformas”, el Banco Mundial recomendó cuatro medidas para aplicar en todos los sistemas de salud: trasladar progresivamente el gasto sanitario no cubierto por los impuestos a los usuarios de los sistemas sanitarios públicos; introducir seguros privados para cubrir los principales riesgos para la salud; potenciar la utilización de los servicios privados con cargo a fondos públicos; y descentralizar y fragmentar los sistemas de salud pública para promover la competencia interna de proveedores. Posteriormente, en 1993, el Banco Mundial publica su “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo” donde se propone la introducción de empresas privadas en los sistemas sanitarios públicos y se recomiendan dos medidas para la mejora de la eficiencia en la asignación y gestión de los recursos sanitarios: entrada de una dinámica mercantil los sistemas sanitarios, promoviendo la competencia entre proveedores públicos y privados y recortes de recursos y externalización (privatización) de los servicios, potenciando las intervenciones de alta efectividad y bajo coste. Esta reorientación estratégico-ideológica está orientada a introducir el mercado en espacios que antes le estaban vetados y reservados al Estado.

La OMC es un claro inductor del proceso por el cual se pretende reducir el papel de los estados en materia de salud, dejando que ésta quede cada vez más en las decisiones individuales y el acceso a servicios privados. Ello está generando e incrementando la desigualdad y dificultando el acceso a los servicios a la población con menos recursos. Esta estrategia ha conseguido (con el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados) modificar la orientación de la OMS, que ya no rechaza la participación privada en los sistemas públicos, si bien propone la necesidad de control y seguimiento continuo de la aplicación de estas medidas. En España estas recomendaciones fueron recogidas por el llamado Informe Abril, realizado en 1992 para reformar el sistema sanitario, y han servido de guión a los sucesivos gobiernos para promover las privatizaciones.

Los propósitos generales del Informe eran: promover la responsabilidad de los gestores, para lograr una mayor eficiencia de los recursos (“Autonomía empresarial”); libertad de elección para poder introducir el mercado y la competencia en el sistema sanitario; promover la conciencia de coste en el profesional y en el usuario (copagos); y suscitar la creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto (trasformar los centros en empresas).

Para alcanzar dichos objetivos, se proponían las siguientes medidas:

  • Promover la colaboración con el sector privado, separando la compra de la financiación de los servicios (que el sector privado compita con seguridad jurídica con el público).
  • Modificar el régimen jurídico del sistema sanitario para transformar los centros sanitarios públicos en empresas (introducir nuevas formas de gestión, cambiando el estatuto jurídico de los centros proveedores de salud).
  • Flexibilizar el régimen de personal para estimular la productividad empresarial, incrementar la flexibilidad normativa para adaptar las necesidades de recursos humanos y acabar con las garantías del sistema estatutario (precarización y despenalización del despido).
  • Abandonar la gestión pública en la asistencia sanitaria, para utilizar las modernas técnicas de gestión empresarial que agilizan los trámites, definen responsabilidades y delegan autoridad, que han servido de inspiración para la actual propuesta de Unidades de Gestión Clínica, que fragmentaran los centros sanitarios en múltiples empresas independientes que compiten entre sí (autonomización y promoción de la competencia).
  • Desarrollar sistemas de información para la clasificación de los pacientes y la facturación de los servicios, según los costes empresariales de los procesos (implementación de costes “tipo” por cada acto sanitario y facturación).
  • Contratación externa: hacer con medios propios sólo lo que no se puede hacer con medios ajenos, priorizando la subcontratación de los servicios (externalización, lo que a su vez es sinónimo de desarticulación de los intereses y representación de los trabajadores).

La negociación entre la OMC y la UE del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS), fue llevada a cabo con total opacidad por el comisario de comercio de la Comisión Europea. Este proceso fue supervisado y controlado por importantes lobbies multinacionales. El propio comisario de economía, Pascal Lamy, nombrado posteriormente presidente de la OMC, llegó a plantear en el US Council for International Business en 1999 que “si la UE quiere acceder a los mercados sanitarios de otros países no puede mantener sus mercados protegidos; lo que exige aceptar ciertos costes y sacrificios”, es decir, facilitar la entrada de empresas multinacionales estadounidenses en la sanidad pública y “negociar fuera de las miradas curiosas de los ciudadanos atentos”.

Los puntos del Acuerdo están dirigidos a: eliminar barreras para la implantación de empresas sanitarias en cualquier país; abrir los sistemas sanitarios a la libre competencia; y permitir la libre circulación de capitales y empresas sanitarias en países de la Unión Europea.
En materia sanitaria, el aspecto más relevante del AGCS y del todavía en vías de aprobación TTIP (por sus siglas en inglés; acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión en castellano) es la inclusión de una trampa contable destinada a favorecer y potenciar al sector privado: aunque limitando el endeudamiento público, el acuerdo admite que si éste se contrae recurriendo a la financiación público-privada el Eurostat no lo contabilizará como tal. Así, a la vez se potencia la creación y se subvencionan consorcios privados con dinero público, permitiendo la privatización durante largos períodos (20-40 años) de los nuevos centros sanitarios. Como consecuencia de esta medida, las constructoras, las multinacionales de servicios, las grandes auditoras (Price Waterhouse Cooper, Deloitte) y los bancos están consiguiendo enormes beneficios a costa de los fondos públicos que los gobiernos europeos destinan a sanidad (que suponen entre el 5 y el 12% del PIB). Como resumía Javier Padilla en un artículo, “los efectos que el TTIP puede tener en el sector sanitario son, principalmente, dos: 1) Incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradoras de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la Unión Europea, dotando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos sectores por parte de los países de la Unión. 2) Blindar los procesos de liberalización y privatización emprendidos en los últimos años en los países de nuestro entorno. Afirmar que estos serán los efectos del TTIP no es un ejercicio de adivinación, sino la consecuencia directa de observar quiénes han sido los que han diseñado e interferido en la redacción de sus medidas. Como se puede ver en la web de Corporate Europe Observatory, el 92% de las reuniones de la Comisión Europea fueron con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos; además, las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran en el top 10 de las que más presión han ejercido durante la redacción del TTIP”.

Las principales características del proceso de privatización en las comunidades autónomas

La privatización sanitaria se inició en España poco después de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986), cuestionándose así el modelo de sanidad pública que propugnaba dicha ley. Los fenómenos de privatización han tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. En cualquier caso el fenómeno privatizador se profundizó y diversificó a partir de la finalización de las transferencias en materia sanitaria en 2001 y se ha acentuado en los últimos años. Según un estudio reciente de la FADPS,8 cuya principal limitación, aclaran sus autores, es la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, viéndose enormemente dificultada la búsqueda de datos homogéneos para todas las CCAA, que analiza los grados de privatización por los que se ven afectados las mismas, varían notablemente. La clasificación ordenada de mayor a menor grado de privatización es la siguiente: Madrid, Catalunya, Galicia, Baleares, Canarias, País Vasco, Aragón, Castilla y León, Valencia, Cantabria, Navarra, Rioja, Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura.

El gasto sanitario privado se incrementó en un 7,3% en 2014 debido fundamentalmente a los copagos y a los recortes en la sanidad pública (se produjo un recorte presupuestario de las CCAA del 13,7% entre 2009 y 2013), observándose un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyeron los presupuestos públicos. Los datos para cada CCAA se corresponden de manera fundamental a 2013 y algunos a 2014, por lo que, aunque todavía no hay datos disponibles sobre el año 2015 desglosados por CCAA, previsiblemente se habrán modificado a peor en la mayoría de ellas, ya que ha continuado el impacto de las políticas privatizadoras.

El caso de catalunya

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El sistema sanitario catalán se ha caracterizado, desde la transferencia de las competencias en materia de salud desde el Gobierno central en los años ochenta, por su complejidad. Especialmente definitorio de este sistema, en comparación con el resto de sistemas de salud de las otras comunidades autónomas, es el lento proceso de solapamiento y constante interacción entre los proveedores públicos y privados (incluida la beneficencia y las “entidades sin ánimo de lucro”). El proceso de privatización progresiva de la sanidad catalana ha sido subrepticio, pasando desapercibido a ojos de gran parte de la población, de los usuarios y de los mismos profesionales de la salud. La creación de fórmulas de gestión privada de los entes públicos ha sido la medida más reciente de las implementadas que más influencia ha tenido en la conformación definitiva de un sistema, que a medio plazo, aspira, según los objetivos de sus gestores durante las últimas dos décadas (fundamentalmente vinculados al partido CDC, pero en ocasiones con la connivencia del PSC y de ERC en el Parlament), a un sistema fundamentalmente privado, de acceso a través de mutuas de trabajo o privadas, a los recursos de baja o media complejidad, en el que la parte relativamente pública que quede, de alto nivel de complejidad, se restrinja exclusivamente a la atención de aquellos pacientes que sea demasiado caro tratar en la privada, tanto por la formación de sus profesionales como por el material requerido. Cada vez un porcentaje menor de pacientes podrá acceder a tanto a un formato como al otro, por lo que se generarán circuitos de beneficencia para los que no puedan costearse un seguro en salud.

La mercantilización en el sistema sanitario catalán ha adoptado múltiples formas en las últimas dos décadas, desde la dirección y el aumento de las licitaciones y conciertos, a la creación y diversificación de un mercado sanitario con empresas públicas y privadas (con o sin ánimo de lucro). Actualmente se caracteriza porque su complejidad, al contrario de lo que cabría suponer por la superposición de estructuras y órganos de decisión, permite una mínima rendición de cuentas y una cesión progresiva de poder en la toma de decisiones a los proveedores. En la historia de la privatización del sistema sanitario catalán hasta los años más recientes, desde que se inició la crisis económica que los actuales gestores están aprovechando para cerrar el modelo de privatización, cabe destacar dos momentos: la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya (LOSC) de 1990, que definió el modelo mixto de provisión y separó las funciones de compra y provisión de servicios; y la reforma de la LOSC de 1995, que oficializó explícitamente la introducción del “ánimo de lucro” en la sanidad pública.

Cuando se iniciaron las transferencias en materia de salud, Catalunya ya tenía un sistema público con muy particular. Mientras en el ámbito de la atención primaria, más del 90% de los recursos se gestionaban por el INSALUD, tan sólo el 30% de las camas hospitalarias estaban gestionadas directamente por éste (exactamente la proporción inversa al resto del estado, dónde el INSALUD gestionaba el 70%). La conservación de los centros de distinta titularidad en el nuevo sistema público se justificó como el medio para evitar los sobrecostes derivados de la creación de nuevas entidades. Así, pues, esto permitió un sistema mixto desde un buen principio, que se vio fortalecido con las nuevas doctrinas que los gestores formados en Estados Unidos adoptaron e implantaron, atribuyéndole mejores resultados en términos de eficiencia -concepto harto difícil de definir en salud pública– a la gestión descentralizada, autónoma, desde el ámbito privado y con mayor flexibilidad. Así, Catalunya ha tratado progresivamente de reforzar este sistema a través de diversas modificaciones normativas y distintas regulaciones de la concertación con centros no-ICS. Entre ellas destacan la reordenación del ámbito hospitalario, inicialmente a través de la creación del Consorci Hospitalari de Catalunya y posteriormente de otros consorcios públicos (agrupación de hospitales públicos no pertenecientes a la Conselleria de Salut) y de “Empresas Públicas”, que se iniciaron a principios de los noventa con el objetivo de gestionar algunos de los recursos públicos. En el ámbito de la atención primaria, a partir de la LOSC se introdujo el ánimo de lucro en su gestión, generándose las EBAs (Entidades de Base Asociativa), en las que los propios profesionales son accionistas y gestores. Todas estas modificaciones han permitido la entrada de agentes privados en la gestión y provisión de la salud. Posteriormente a la reforma de la LOSC, son varios los decretos que han acabado definiendo el llamado Sistema Integral de Salud de Catalunya (SISCAT) como una “red de redes” integrada y coordinada (Decreto 196/2010), en la que la concertación y la subcontratación siguen siendo las piezas clave del modelo privatizador.
Por otro lado, desde el principio de la crisis económica, el gobierno de la Generalitat ha aplicado recortes sistemáticos en centros públicos. EREs, despidos injustificados, cierre de plantas e incluso hospitales enteros, han sido medidas habituales en los últimos siete años. Mientras tanto, se han firmado conciertos y “alianzas estratégicas” con centros privados que mayoritariamente habían pasado a formar parte del holding hospitalario IDC-Salud (antes Capio), que ha visto incrementarse sus beneficios en un 127% en los dos últimos años. Mientras tanto, el empeoramiento transitorio de la asistencia en los centros públicos, ejemplificado de forma paradigmática en largas colas de espera en los servicios de urgencias y cierre de quirófanos, ha supuesto asimismo un empeoramiento de su imagen de cara a la sociedad o, cuando menos, un acicate para que aquellos que se lo podían permitir acudiesen a la privada, previa contratación de una póliza ad hoc. El Plan de Reorganización Asistencial Territorial (RAT), puesto en práctica en 2014, ha redistribuido las áreas de influencia de los grandes hospitales públicos de manera que un porcentaje importante de los pacientes tienen ahora como primer centro de contacto un hospital privado de su nueva área, en su mayoría pertenecientes a IDC-Salud (en Barcelona, por ejemplo, el Hospital Sagrat Cor, el Hospital Plató o la Clínica Sagrada Familia). Asimismo, pacientes que hacía años que acudían a un especialista en un centro determinado, en ocasiones subespecialistas que sólo se hallan en un centro, han sido remitidos a sus respectivos médicos de cabecera para ser atendidos de patologías tan infrecuentes o de tan difícil manejo como la sensibilidad química múltiple o determinadas enfermedades autoinmunes.

Los resultados de las últimas elecciones en Catalunya no son halagüeños con respecto a los posibles derroteros que pueda tomar el sistema sanitario catalán en lo venidero. Los ganadores son los que han inducido los cambios comentados en esta sección.

Las consecuencias de las reformas sanitarias en la vida cotidiana

Determinantes sociales de la salud. Desigualdades en salud: el caso del género y del ámbito doméstico

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Además de los factores orgánicos que son causas conocidas de enfermedad, a los que dirige habitualmente su atención el sistema sanitario, existe una serie de causas en general completamente desatendidas. Estas causas constituyen un conjunto de factores sociales, económicos y políticos que están en la base de las causas inmediatas atendidas por la mirada médica actual. Estos determinantes sociales de la salud no son de carácter natural, sino que su incidencia en la sociedad dependerá de las decisiones políticas que afectan al sustrato económico-cultural de los diferentes grupos que la integran. La clase social, el género, la etnia o la procedencia geográfica son algunos ejemplos de condiciones determinantes de la potencial salud, entendida en su pleno sentido, que un individuo previsiblemente podrá alcanzar a lo largo de su vida, influyendo en factores tan limitantes para el pleno desarrollo como son el nivel de ingresos, el nivel educativo, la precariedad laboral, la sobrecarga doméstica, la inestabilidad familiar, el agravio comparativo por razón de sexo o raza, etc., que se concretan en la alimentación, el consumo de tabaco, los trastornos emocionales y psiquiátricos graves, la higiene habitacional, los hábitos de ejercicio o la exposición a enfermedades ocupacionales entre otros. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS apunta que la combinación inadecuada de esos determinantes sociales la que daña la salud y crea desigualdades. Por lo tanto, debe insistirse en recalcar que la realidad es muy diferente a lo que describen las autoridades sanitarias o los medios de comunicación: las causas más importantes del deterioro de la salud de la población en general no son ni genéticas ni derivados de actitudes “insanas” a nivel individual. Las causas de los determinantes sociales se producen por las distintas elecciones y prioridades políticas de los gobiernos, las empresas, los sindicatos y las diversas fuerzas sociales que tienen algún tipo de poder político. Así pues, la desigual distribución en el poder económico y social existentes, entre y dentro de los países, es la que condiciona las políticas sociales elegidas, que a su vez influirá en la salud de las personas. La desigualdad en salud aqueja especialmente a las clases sociales más oprimidas y explotadas de la sociedad: los trabajadores y trabajadoras pobres en situación de precariedad laboral y sistemáticamente explotados, las mujeres pobres desempleadas que viven solas con sus hijos, los inmigrantes en situación de ilegalidad y sin recursos objetos de discriminación, las personas excluidas, ‘sin techo’, o en situación de grave marginación social.

La salud laboral se ha centrado tradicionalmente en la exposición a riesgos de seguridad, higiene y riesgos ergonómicos y psicosociales, pero ha olvidado la influencia del trabajo doméstico y familiar sobre la salud. Igual que el trabajo remunerado, el no remunerado implica la exposición a riesgos de seguridad, de higiene, ergonómicos y psicosociales, pero los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo doméstico y familiar no se recogen ni se previenen de manera sistemática. Desde la perspectiva de las mujeres esto es muy importante, ya que son mucho más frecuentes en el sexo femenino. El ámbito doméstico puede ser una fuente de exposición a sustancias químicas peligrosas: por ejemplo, es conocida la relación entre el trabajo de limpieza y el asma. El trabajo doméstico implica también la exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales tales como los relacionados con el cuidado de las personas con discapacidad que, además de un esfuerzo físico y mental, a menudo supone una excesiva exigencia emocional. Además de ser una fuente potencial de exposición a diferentes riesgos, el trabajo es también uno de los ejes principales de la vida y de la identidad de las personas; sin embargo, mientras que el trabajo remunerado es una fuente de estatus, poder y oportunidades, el trabajo doméstico y familiar está socialmente infravalorado. En este sentido se ha recalcado que, a la hora de considerar los determinantes sociales de la salud de las mujeres, sería un error olvidar las influencias que emanan de la sociedad más allá del puesto de trabajo, como el patrón de poder y la subordinación en el hogar, ya que las mujeres no tienen todavía el poder de obligar a los hombres a compartir el trabajo doméstico y de cuidado (y no importa cuán alta sea la cualificación del trabajo de la mujer). La división sexual del trabajo que asigna a las mujeres el trabajo doméstico y familiar y a los hombres el papel de sostén de la familia, es el punto de partida.

La reforma laboral y su impacto en la salud

La reforma laboral impuesta por el gobierno del Partido Popular, especialmente a partir de la aprobación del Decreto-Ley 3/2012 representa una agresión neoliberal sin precedentes históricos recientes a los derechos laborales de millones de trabajadores y trabajadoras, abaratando y facilitando los despidos, debilitando los convenios colectivos y fortaleciendo los “acuerdos” individuales, precarizando el mercado laboral y empeorando las condiciones de trabajo mediante la “flexibilidad interna”.

Aunque no disponemos de los estudios sociológicos, laborales, epidemiológicos y de salud pública que permitan medir su impacto real, el aumento del desempleo que ha conllevado genera riesgos que dañan la salud y aumentan la probabilidad de enfermar.11 El estrés crónico produce graves problemas de salud como la depresión (tres veces más que en quienes trabajan), “engancharse” a drogas (legales o ilegales), padecer enfermedades cardiovasculares (angina, infarto de miocardio, etc.), morir prematuramente o suicidarse. Los problemas empeoran en las familias obreras, los pobres y las madres solas con hijos. Por ejemplo, en los parados sin subsidio los problemas de salud mental se multiplican por tres en profesionales y por siete en trabajadores manuales, riesgos que se reducen mucho cuando hay subsidios. Junto a los “desempleados oficiales” hay cientos de miles de parados encubiertos y todavía más trabajadores en situación de grave precariedad laboral. La mayoría de factores que favorecen el aumento de la flexibilidad interna de las empresas aumentarán los factores de riesgo de trabajadoras y trabajadores, lo cual se traducirá en más accidentes de trabajo, problemas de salud y enfermedades y un mayor riesgo de morir prematuramente. Por ejemplo, la inseguridad laboral en las condiciones de trabajo, en especial la crónica, empeora la salud física (problemas cardiovasculares, aumenta el sobrepeso y la obesidad, el nivel de colesterol, la tensión arterial) y mental (mayor ansiedad, más trastornos del sueño), incrementando el número de visitas médicas. Una distribución irregular de la jornada de trabajo, en especial el trabajo a turnos, así como las largas jornadas de trabajo debidas a las prolongaciones de jornada, incrementan la fatiga (especialmente en el trabajo nocturno), los accidentes y el riesgo de tener trastornos cardiovasculares, amén de producir trastornos del sueño y mayores dificultades para responder a las demandas del espacio doméstico-familiar y del espacio asalariado. En las empresas con procesos de ajustes de plantillas, ya sea a través de la no renovación de contratos, de los despidos individuales o de los expedientes colectivos de regulación de empleo, se produce un empeoramiento de las condiciones, de los riesgos psicosociales y de la salud entre el colectivo superviviente El miedo a ser despedido, la precarización del empleo y el menor poder de los trabajadores favorecen la extensión del llamado “presentismo” laboral (la presencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo aun estando enfermos). En España, un estudio muestra como el “presentismo” ha aumentado notablemente en los últimos años debido a la actual crisis económica: desde un 45% en 2010 al 85% en 2012, lo que significa que actualmente ocho de cada diez trabajadores pasan más horas de las establecidas en sus puestos de trabajo. Entre quienes alargan su jornada en la empresa, seis de cada diez argumentan que lo hacen por temor a perder su empleo, mientras que el 24% se queda en su puesto porque falta personal (Randstad, 2010). El presentismo aparece con mayor frecuencia en los colectivos con más dificultades para hacer valer sus derechos. Los cambios en las relaciones laborales de la reforma laboral facilitan la reducción de salarios y la renta de las familias, lo cual contraerá aún más el consumo y el PIB. Todo ello repercute en un aumento de la pobreza y en un mayor número de “trabajadores pobres”, con el efecto final de una mayor desigualdad social.

  1. Hemos tomado prestada la expresión del Espai en Blanc, Ver el número 3-4 de la revista, 2007. []
  2. Carlos Pérez Soto, Marxismo aquí y ahora. Cap. 3, Sobre la mercantilización de la medicina. Editorial Triángulo, 2014. []
  3. Informe de la FADSP, La enfermedad, un negocio para la industria farmacéutica, 2015. []
  4. Informe de la FADSP, Hepatitis C: un comité sesgado y plagado de conflictos de interés. []
  5. Informe de la FADSP, La peligrosa relación entre la industria y los profesionales sanitarios. []
  6. Mariano Sánchez Bayle, Informe 6 del Observatorio de Salud GREDS-EMCONET. Sinpermiso, 2011. []
  7. Informe de la FADSP, Los cinco Instrumentos legales que están detrás del desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública, 2015. []
  8. Informe de la FADSP, Los Servicios Sanitarios de las CCAA. 2015. []
  9. Nos inspiramos fundamentalmente en: Ana Martínez, Montse Vergara, Joan Benach y Gemma Tarafa, Grupo de trabajo sobre el impacto de la privatización de la sanidad en Catalunya. Cómo comercian con tu salud. Privatización y mercantilización de la sanidad en Catalunya. GREDS-EMCONET, 2014. []
  10. Fuentes principales: Joan Benach, Informe 1 Observatorio de Salud. GREDS-EMCONET, Sin Permiso 2011 y Lucía Artacoz, Informe 4 Observatorio de Salud. GREDS-EMCONET, Sin Permiso 2012 []
  11. Joan Benach y cols. Informe 3 Observatorio de Salud. GREDS-EMCONET, Sin Permiso 2012. []