Los servicios sociales

En las sociedades modernas los Estados son las instituciones políticas centrales de todas las sociedades. Los Estados perciben sus ingresos de toda la sociedad básicamente a través de los impuestos, y los gastan en sostener la organización de esa misma sociedad (aunque ni los ingresos ni los gastos afectan a todos por igual sino que unas clases sociales salen más beneficiadas que otras).

El papel que cumplen los Estados en sostener su economía, se denomina política económica, y el que va dirigido directamente a la población es lo que se considera política social. Se considera que el Estado redistribuye una parte de la riqueza social, de forma que si se integra la actividad del Estado la distribución de la renta es distinta de la que es antes de la redistribución que supone el Estado. Por ejemplo, en Estado español, si se considera el porcentaje de pobres antes de la actuación del Estado, es del 22%, si se considera después baja al 18%. Claro que esto depende de los elementos que se consideren como redistribución. En nuestro país, esta redistribución procede sobre todo de las pensiones.

Las cuentas de la actividad del Estado aparecen en el Presupuesto estatal que se aprueba en el Parlamento cada año. El presupuesto se presenta el último trimestre de cada año para la actuación del año siguiente. Los Presupuestos Generales del Estado para 2005 se aprobaron en el Parlamento en diciembre de 2004.

El gasto social en España hasta 2004 está considerablemente por debajo del de los países de la UE. Tendría que aumentar para ir aproximándonos más a los países de nuestro entorno.

En el Estado español los ingresos y gastos del Estado (sin contar los de las Comunidades Autónomas) se aproximan al 40% el PIB. En la UE, los ingresos y gastos del Estado están como media en torno al 48% y los países más ricos gastan una parte mucho más alta de su riqueza social.

Con frecuencia se señala que en este país se pagan muchos impuestos. No es así si se consideran los países de la UE15. En el Cuadro 4 se presentan los impuestos que se pagan en algunos países de la UE, lo que permite percibir que España está considerablemente por debajo de los países de nuestro entorno.

Cuadro 4. Presión fiscal (impuestos + cotizaciones sociales). En % del PIB. 2003
País % País % País %
Suecia 51,4 Alemania 41,7 Rep. Checa 36,2
Dinamarca 49,8 Eslovenia 40,3 Polonia 35,2
Bélgica 48,1 Holanda 39,3 Chipre 34,3
Francia 45,7 Hungría 39,2 Malta 34,2
Finlandia 45,1 Grecia 38,6 Irlanda 31,2
Austria 44,8 Portugal 38,1 Eslovaquia 30,9
Italia 43,2 Reino Unido 38,0 Letonia 29,1
EU15 42,2 España 36,6 Lituania 28,7

Si queremos que haya gasto social tienen que pagarse impuestos. Una cosa es exigir que los impuestos se paguen en relación de los ingresos de los que se dispone y paguen más quienes más tienen, asi como que se empleen de forma eficiente en gastos necesarios e importantes para el bienestar de la población y otra muy distinta no querer pagar impuestos.

Los Estados actuales tienen a su cargo, entre otras cosas, lo que se llaman los ‘servicios sociales’, que consisten en que el Estado tiene que proporcionar a su ciudadanía los servicios sociales básicos: educación, sanidad, pensiones, subsidio de desempleo y asistencia en la pobreza. Lo que el Estado español gasta en estos servicios sociales esta en torno al 20-25% el PIB – 10% pensiones, 6% sanidad, 4,5% educación, 1,5% invalidez, 2,5% al paro, 0,5% a familia y 0,3% a vivienda, mientras que en la UE de 1513 los porcentajes totales están en torno al 27-28%. Además, dado que muchos países de la UE son más ricos que nosotros y gastan un porcentaje más alto en gasto social, el importe total del que disponen para este es mucho más elevado.

En los planteamientos neoliberales que están en la base de la política económica y social actual, se considera que toda política social es un gasto que debe minimizarse, cuando en realidad es una importante aportación al bienestar de la población. También sucede que consideran que el gasto social debería dejar de ser público y pasar a ser privado pues entonces el Estado gastaría menos y, sobretodo, las empresas privadas podrían obtener beneficios proporcionando los bienes sociales (que ya no serían sociales sino privados). Por ello, en la actualidad se tiende a que los servicios sociales se privaticen. En el Estado español el gasto social no disminuye porque a causa del franquismo los servicios sociales eran mínimos en este país, de modo que han tenido que crecer en vez de disminuir. Pero lo que sí se esta intentando es privatizarlos, especialmente las pensiones y la sanidad, ya que la educación está ya en gran parte privatizada (los programas de concertación son una privatización camuflada).

Nos dicen que no hay dinero para el gasto social, porque se gasta demasiado en sanidad, educación y pensiones, pero no es verdad puesto que nuestros países son cada vez más ricos (el PIB de Estado español es más del doble del de hace 20 años). ¿Dónde va entonces el dinero? La cuestión de fondo es que la riqueza de más que se produce cada vez quieren que vaya más al capital – beneficios de las empresas y especialmente de las instituciones financieras – y dicen que ‘no hay dinero’ para el gasto social.

Educación

La educación no es un gasto prioritario en este país

El Estado español gasta en educación sólo el 4,5% de su PIB. Dentro de la UE (media de 5’5%) el Reino Unido está al mismo nivel de gasto y sólo están por debajo nuestro Eslovaquia y Grecia. El Estado español ocupa el puesto 26 entre todos los del mundo en cuanto a desarrollo educativo – en el mismo nivel que Trinidad y Tobago – y el 23 en cuanto al gasto que le dedica.

En Cataluña el presupuesto ha pasado para el próximo año del 2’6% al 2’9%. El tripartito se comprometió a subirlo hasta el 6% durante la legislatura, pero el auemnto en este primer año es muy débil.

Aunque hay un buen nivel de acceso a la educación (en primaria y secundaria el Estado español está por encima de la media y se sitúa entre los 10 primeros países) un 8,2% de españoles mayores no han pasado por la escuela, lo que supone un porcentaje superior al de los países de nuestro entorno. Teniendo todo en cuenta, la UNESCO, en su informe Educación para todos, concluye que el Estado español está donde estaba el año pasado, es decir que la situación de la educación no mejora.

No es, por tanto, extraño que el informe PISA, trienal sobre el nivel educativo de los estudiantes de secundaria de la OCDE, sitúe al Estado español en el furgón de cola – puestos 22 a 24 según materias – y con una tendencia al empeoramiento con un 23% y un 21% de estudiantes incapaces de alcanzar el nivel básico de matemáticas y lectura respectivamente y, además, con muy pobres porcentajes en los niveles de excelencia.

No sólo se gasta poco en educación, o probablemente es porque se gasta poco, que los resultados son demoledores. El único ‘consuelo’ que nos puede quedar es que Estados Unidos con el doble del porcentaje de gasto que Estado español, llega a los mismos resultados. ¡Por lo menos en algo, aunque sea en el fracaso, nos parecemos al imperio!

De todos modos, los indicadores cuantitativos respecto a la educación tienen el peligro de ignorar que lo más importante no es el nivel que se alcanza en cualquier asignatura, sino la calidad del conjunto de la educación, en su capacidad de situar a la población escolar en condiciones de entender la sociedad que le rodea y saber situarse frente a ella. Es de temer que la educación del Estado tampoco cumple este objetivo satisfactoriamente.

La fundación Bofill ha publicado un trabajo en el que se muestra que el modelo educativo catalán es uno de los más clasistas de Estado español (V. Navarro en El Periodico de 1/10/04).

En el Estado español se dobla el gasto privado de las familias en educación en relación con 10 de los países más ricos de la UE.

En cuanto a la privatización de la enseñanza, entendida con relación a una asistencia cada vez mayor de alumnos a centros privados, podemos afirmar, para el caso de Cataluña que, en Infantil y Secundaria, no existe una tendencia que indique aumento en porcentajes de la privada sobre la pública desde la década de los 80. La evolución del número de matriculados sigue pautas parecidas en la pública y la privada, donde se observa la disminución de alumnos debido a la caída de la natalidad. En Educación Secundaria, en los 90s, el sector público, que había escolarizado un 64% frente a un 36% del sector privado, perdió peso a partir de 1995 (55% frente a 45%) y se sitúa en la actualidad en un 57% de la pública y un 43% de la privada (prácticamente toda ella concertada).

Parecería pues que no existe una tendencia clara a la privatización como en otros sectores. No obstante tendríamos que matizar algunos aspectos que contradicen esta afirmación. En primer lugar que el grueso de la inmigración se le escolariza en el sector público, lo que provoca en parte el aumento actual de este sector. En segundo lugar habría que ver cómo han evolucionado las aportaciones del erario público a la concertación de los centros privados. Y en tercer lugar habría que cuantificar la tendencia creciente a que las familias del alumnado escolarizado en el sector público hagan aportaciones monetarias, cada vez mayores, para poder pagar el material necesario para el funcionamiento normal de los centros escolares, pues los presupuestos de la Administración no llegan a cubrir todos los gastos. A ello deberíamos añadir el coste creciente de los libros de texto. Es decir el grado de verdadera gratuidad de la escuela pública.

El gasto privado de las familias en educación como porcentaje del consumo total en el Estado español no es demasiado alto si se tiene en cuenta que es sólo el 2% del consumo total; sin embargo, es relativamente alto en relación con el de los países más ricos de nuestro entorno. 12 de los 15 países de la UE tienen gastos privados muy inferiores, lo que significa que la enseñanza pública cubre más necesidades educativas en estos países y las familias no tienen que gastar privadamente en la misma.

Sanidad

El gasto sanitario per capita era en 2001 de 990 € al año, el 74% respecto a la media de la UE, pero para el gasto privado el porcentaje del gasto en España respecto al resto de la UE se eleva al 91%.

En el Estado español se dedica al gasto público en sanidad un 5,7% del PIB, y en Cataluña un 4,5%. La media del gasto en sanidad en la UE es del 7,1% del PIB y sólo Grecia está por debajo de nosotros. Estamos, por tanto, considerablemente por debajo de la media comunitaria.

No es extraño, por tanto, que los pacientes por doctor a la semana en el Estado español sean de 154 mientras que la media de la UE es de 103, y que la mayoría de las consultas duren menos de 5 minutos (52%) y 87 % menos de 9 minutos, mientras que las cifras medias en la UE sean de 37% para las de menos de 5 minutos y 66% para las de menos de 9 minutos. Curiosamente en una estadística sobre el número de médicos generalistas en activo por cada mil habitantes que da la OCDE al respecto, no aparece el dato para España.

El Estado español es el país que más gasta en farmacia entre todos los países ricos

El gasto que realmente ha aumentado los últimos años es el gasto en farmacia que pasa del 16% en 1992 al 22% en 2004 (lo que supone un buen negocio para las empresas farmacéuticas) y muy poco en personal, bienes y servicios.

Aunque la inversión hospitalaria pública deja a España en un nivel aceptable, la situación se invierte para la atención primaria: de los 13 países de la UE que miden el porcentaje que se lleva el gasto público ambulatorio, el Estado español ocupa el último lugar y es el cuarto más bajo detrás de Polonia, Eslovaquia y Hungría en el gasto per capita por este concepto. No ha de sorprender, por tanto, que el gasto ambulatorio privado es de los más altos del mundo, sólo detrás de Estados Unidos y México y el más alto de Europa.

En el caso de Cataluña, el gasto público es menor que la media del Estado. Siendo una región rica ocupa el lugar 13 entre las 17 CC.AA. del Estado en relación con su gasto sanitario. Se dice que el sistema sanitario de Cataluña genera un déficit acumulado de 1200 millones de euros anuales. Este déficit surge porque el dinero que la Generalitat recibe de la Administración central no es suficiente para cubrir el gasto sanitario en Cataluña, incluso aunque este sea más reducido por persona que en muchas otras CC.AA. del Estado. Es, por tanto, un déficit administrativo debido a la escasez de transferencias para cubrir un servicio necesario y no a la falta de ingresos, ya que los gastos de sanidad deben cubrirse con los impuestos que paga la población. Depende de cómo estos se distribuyan con criterios políticos entre los diversos gastos y entre las diversas regiones para que haya o no déficit. Una gran parte de la ciudadanía española y catalana preferiría gastar más en sanidad y menos en gastos militares y no habría ‘déficit’.

Los políticos son los primeros ausentes de las salas de espera de la atención primaria (pública).
El Mundo 11/12/04

Lo que de todas formas esta claro es que en el Estado español el gasto total en salud es bastante inferior que la media de la UE, lo que significa que toda la población española tiene un ‘deficit’ de gasto sanitario respecto a la UE.

Dada la necesidad de aumentar estos recursos, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña :

  • Ha establecido un pequeño recargo sobre el impuesto de los carburantes.
  • Ha lanzado un globo sonda sobre la posibilidad de cobrar un co-pago (1 € por visita), argumentando que es una pequeña cantidad y que, además, evitaría las visitas innecesarias. Pero no parece tener en cuenta que eso supone cambiar el carácter de un derecho gratuito a la sanidad, para convertirlo en una mercancía que se tiene que comprar (aunque de momento sea barata), y que afectará negativamente a los más pobres y a los ancianos pobres más todavía.
  • Ante la insuficiencia y la impopularidad de estas medidas ha nombrado un “comité de sabios” que estudiará las posibles vías de solución. Es curioso observar que cuando el gobierno piensa en aplicar una medida impopular, a menudo se refugia en nombrar un ‘Comité de alguna cosa’ que la justificará con sesudos estudios y tiene el peligro que se puede acabar aceptándola ‘porque no hay otra vía’. Esta Comisión de Expertos ya ha evaluado en 32 millones de euros (sólo el 5% del déficit total) al año los ingresos que podrían obtenerse con el copago de un euro. Lo que muestra, por un lado, que es una propuesta que continua activa, y por otro, que es una propuesta absurda pues en ningún caso puede resolver el problema del déficit sanitario. Si se lleva a cabo habrá que preguntarse cuáles son las verdaderas razones para su implantación.
  • Además, ejerce presiones sobre el Gobierno Central para que incluya una partida en los Presupuestos del Estado para enjugar este déficit.

Intentar aumentar los ingresos para la sanidad podría estar bien, aunque no todas las medidas que se sugieran para ello sean adecuadas, como es el caso del copago. Lo que ya no parece tan lógico es el que paralelamente no se tomen medidas para reformar el sistema que genera este déficit.

La patronal Unión Catalana de Hospitales ‘preocupada por el déficit de la sanidad pública’ ha presentado a la Comisión de Expertos un documento en el que realizan una serie de propuestas para resolverla:

  • que los enfermos paguen un euro por visita.
  • que los enfermos hospitalizados paguen por su manutención tres euros al día.
  • que se elimine la gratuidad de las medicinas cuando se está hospitalizado

Es curiosa, por usar palabras suaves, esta preocupación por el déficit sanitario público de la patronal de hospitales. Habría que saber si se proponen ser ellos quienes administren los ingresos así obtenidos.

En 2003 la compra de servicios (por medio de los conciertos) ha supuesto 2.159 millones de €, que representan el 39% de los gastos sanitarios totales

Esta claro que la iniciativa privada no permanece inactiva frente a estas dinámicas. En estos momentos estamos asistiendo a una formidable presión de sociedades de capital riesgo que quieren participar en un negocio que mueve grandes cantidades de dinero, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que los beneficios del puñado de empresas proveedoras, que hasta ahora se han repartido el pastel, han crecido de forma exponencial en los últimos 15 años.

Resulta paradójico que un sistema que es deficitario para el erario público, sea tan atractivo para el capital privado, siendo financiado por aquel.

Pensiones

El sistema principal de pensiones de vejez en el Estado español es un sistema publico, por el que los trabajadores pagan las cotizaciones según sus salarios y el sector público paga la pensión a los pensionistas. Es decir, que éstos no reciben nada gratuitamente sino que han ido pagando las cotizaciones durante toda su vida laboral para tener derecho a una pensión en su jubilación. Establecen un seguro con el sector público. Este sistema se llama ‘de reparto’ pues cada año las pensiones de los jubilados se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo. Este sistema incorpora algunos elementos de solidaridad pues cubre algunas pensiones de trabajadores que en activo tienen ingresos muy bajos y perciben como jubilados más de lo que les correspondería por sus cotizaciones.

La pensión media en 2005 será de 524 € al mes o 7.336 € al año

En el Estado español, en 2003 se dedicó a las pensiones públicas alrededor del 12% del PIB, para un número de pensionistas algo superior a los 7.800.000. Aunque las pensiones permiten que la mayoría de los jubilados no vivan en la pobreza, proporcionan, sin embargo, ingresos bastante bajos. La pensión mínima para un jubilado con cónyuge será de 524 € en 2005 y todas las pensiones mínimas por otros conceptos están por debajo, lo que no permite grandes fantasías. Si se tiene en cuenta que hablamos de pensión media, eso quiere decir que hay muchas por encima y también muchas por debajo, con lo que nos encontramos con significativos niveles de miseria.

Alrededor del 75% de las pensiones eran de importes inferiores al umbral de pobreza (entendido como la mitad del PIB per capita) y el 55% no superaba el Salario Mínimo Interprofesional. Por el otro lado, la pensión máxima de la Seguridad Social será a partir de 2005 de 2.159,12 euros al mes.

Se ha generalizado la falsa idea de que en el futuro no habrá dinero para las pensiones públicas y que si se quiere asegurar la vejez se han de realizar pensiones privadas. Con el objetivo de estimular estas pensiones privadas, en 1987 y 1988 se aplicaron leyes sobre planes y fondos de pensiones complementarios, privados, voluntarios y de capitalización que ofrecían sustanciosas rebajas fiscales. Estas pensiones son gestionadas por instituciones financieras que invierten los fondos depositados por los particulares en la Bolsa, y con ellos y sus rendimientos se pagan las pensiones cuando se llega a la edad de jubilación. Se llama sistema de capitalización. Ante las afirmaciones acerca de la crisis de las pensiones, la población se ha ido asustando y bastantes españoles están ahorrando a través de fondos privados de pensiones.

Estas pensiones privadas individuales se iniciaron en 1988 y, desde entonces, casi siete millones de españoles participan en los planes de pensiones con 33.000 millones de euros acumulados hasta octubre de 2004. El gobierno apoya muy activamente el establecimiento de pensiones privadas por los particulares con sustanciosas desgravaciones fiscales. Además, desde 2003 se permiten los planes de previsión asegurados (PPA) que mejoran las condiciones de los planes de pensiones privados. Sólo en dos años – 2003 y 2004 – estos planes han sido suscritos por 70.000 personas por un importe de 145 millones de euros.

En sólo quince años los planes de pensiones representan más del 7% del PIB (las entidades financieras quieren que lleguen hasta el 20-25%)

Además, están las pensiones privadas de empresas por las que éstas pueden establecer en los convenios colectivos, pensiones privadas para todos o una parte de sus trabajadores. Estas pensiones que parecen que son una mejora para los trabajadores son muy peligrosas, pues con el tiempo llevan a reducir las pensiones obligatorias públicas, como ya ha sucedido en países como Inglaterra, acabando con el modelo solidario que implica el sistema de reparto. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellas. Sin embargo, los dos sindicatos mayoritarios UGT y CCOO están pactando este tipo de pensiones en algunas grandes empresas y también para los funcionarios públicos.

Los sindicatos mayoritarios han pactado diferir un porcentaje del sueldo de los funcionarios (sin ser consultados) a un fondo privado gestionado por una empresa formada en su 70% por el BBVA y en un 70% y por una empresa de CC.OO. y UGT en un 30%

Numerosos estudios realizados demuestran que no es verdad que haya crisis en el sistema de pensiones y no tiene porqué haberla en el futuro. Lo que sucede es que los fondos de pensiones son un magnifico negocio para las instituciones financieras (bancos, cajas y compañías de seguros) y son ellas las que generan todo el temor a la crisis, financiando los estudios que lo dicen, e impulsando a los gobiernos a legislar lo que a ellas les conviene.

Además las pensiones privadas son enormemente arriesgadas para los trabajadores, ya que sus fondos se depositan en Bolsa que puede bajar y perder una parte sustancial del capital depositado, como ya ha sucedido.

La vivienda

Evolución de los precios viviendas y salarios

Gráfico. 8: Evolución de los precios viviendas y salarios

Aunque la responsabilidad por la vivienda no es estrictamente pública sino que se combina con la provisión privada, por su importancia en el bienestar de las familias, se produce un control, un seguimiento y una política específica a este aspecto por el sector público. Por esa razón la incluimos dentro del apartado referente a los servicios sociales.

El sistema habitual de provisión de vivienda en el Estado español, desde los años sesenta, es el de la propiedad. Mas del 80% de las familias son propietarias de sus viviendas. Conseguirlo siempre ha supuesto un esfuerzo muy importante para la mayoría de ellas, pero actualmente, sobre todo en las ciudades y pueblos grandes, el precio de la vivienda se ha disparado.

Los aumentos del precio de la vivienda entre un 15-20% al año son habituales frente al 7,2% de media de aumento en la zona euro. Tomando diciembre de 1996, cuando las viviendas ya no eran muy baratas, como referencia 100, podemos comprobar que el precio en junio de 2004 presentaba un índice de 240. Parece que en 2004 el aumento del precio ha sido un poco menor que en años anteriores, pero todavía alcanzaba el 12,5%. El acceso actual a la vivienda constituye uno de los principales problemas para la vida de las familias y personas más jóvenes

El tener que comprar una vivienda supone dedicarle una parte muy importante de los ingresos familiares al pago de la correspondiente hipoteca durante el largo periodo de tiempo – las hipotecas se hacen ahora a 30 y 40 años -, llevando a un alto endeudamiento (el nivel de endeudamiento familiar alcanza el 99% de la renta disponible de las familias, cifra que se ha duplicado con relación a mediados de los 90, correspondiendo a la vivienda más del 70% del endeudamiento total, lo que angustia las familias respecto a su futuro. El endeudameinto en la zona euro es del 86,6%. Este tema incluso preocupa a las autoridades económicas que temen que una subida de tipos de interés lleve a que muchas familias no puedan pagar las hipotecas, creando dificultades para la banca y han pedido a ésta que no preste más del 80% del valor de la vivienda.

Ante todo ello la administración pública no muestra la voluntad de aplicar políticas que contribuyan a resolver el problema de la vivienda (frenar el imparable incremento del precio de los inmuebles o proporcionar vivienda pública en mejores condiciones). La provisión pública de vivienda es escasísima comparada con la construcción total de vivienda, y además decreciente en el tiempo.

Construcción de vivienda de protección oficial.

Gráfico 9: Construcción de vivienda de protección oficial.

Notas

  • 13. Esto cambia ahora si se incluyen los diez países que se han integrado en la UE en 2004 que son bastante más pobres que España y con menos prestaciones sociales. Pero no tenemos porque mirar a los países más pobres, sino a los que están más próximos a nosotros y en mejores condiciones. No podemos dejar que porque haya otros más pobres se deterioren nuestras condiciones.