Las reformas fiscales en España desde la transición

El sistema fiscal durante el franquismo

Los ingresos tributarios del Estado en la etapa franquista eran muy reducidos. La escasa capacidad de recaudación hacía inviable atender a las demandas sociales de un Estado del Bienestar similar al resto de países desarrollados.

El sistema fiscal franquista se caracterizaba por una reducida presión fiscal (del 21% frente al 34% de la media europea en los 70), una recaudación tributaria reducida (del 24,8 % del PIB, 14,8 puntos porcentuales menos que la media de la CE sin incluir Grecia y Portugal) y una escandalosa falta de equidad, dado que la tributación se apoyaba sobre los impuestos indirectos y, sobre todo, sobre las cotizaciones sociales.

No existía un impuesto directo y progresivo sobre la renta: los contribuyentes de rentas altas estaban sometidos al Impuesto General sobre la Renta, un impuesto progresivo sobre la renta bruta pero que resultaba irrisorio —en 1972 dicho impuesto general recibía 350.761 declaraciones, de las cuales tan sólo 29.389 resultaban con cuota positiva, mientras que la imposición indirecta se basaba en un impuesto en cascada sobre la facturación de las empresas, conocido como Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. La distribución personal de la renta fue, durante el desarrollismo, peor después de pagar impuestos que antes de hacerlo. A todo ello hay que añadir la ine-ficiencia de la gestión tributaria, con un reducido número de funcionarios poco formados, lo que facilitaba la evasión y el fraude.

En definitiva, el sistema fiscal franquista carecía de los elementos propios de un sistema fiscal de un país desarrollado: no generaba los ingresos suficientes para satisfacer las demandas sociales y no actuaba como instrumento de redistribución de la renta y la riqueza. Sin embargo, el régimen no estaba dispuesto a acometer la necesaria reforma fiscal, puesto que implantar un sistema fiscal progresivo hubiera perjudicado a las clases pudientes que eran quienes apoyaban el régimen. No fue hasta la transición democrática que el estado español se dotó de un sistema fiscal similar al del resto de países desarrollados.

Los orígenes del actual sistema fiscal español: La Ley 44/1978

Pactos de la Moncloa-EP
Firma de los Pactos de La Moncloa, en octubre de 1977. De izquierda a derecha: Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Triginer, Joan Reventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo y Miquel Roca. / EP

El establecimiento de un nuevo sistema fiscal fue uno de los elementos clave en el sistema democrático parlamentario iniciado con la transición política, sin el cual probablemente no hubiera podido llevarse ésta a cabo, o por lo menos no de la misma forma 1. En 1977, en los Pactos de la Moncloa, se incluyó un programa fiscal que apuntaba los criterios de la nueva reforma tributaria, basado en el modelo de sistemas fiscales del resto de países europeos, aunque dicha reforma se aplicó con mucha lentitud.

El núcleo central del nuevo sistema tributario es la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, que sustituye los viejos impuestos. El punto más importante en el proceso de esta amplia reforma fiscal se produce con la entrada en vigor en 1979 de dichos dos nuevos impuestos, el IRPF y el IS. En 1980, se crea el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Respecto a la imposición indirecta, la entrada en la CEE en 1986 fue determinante, al suponer la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Ese mismo año también se reforman los impuestos especiales y se adaptan las Rentas de Aduanas a la normativa de la CEE. En 1987, se crea el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (directo). Con ellos, aunque ha experimentado muchos cambios desde estas fechas, queda configurado el actual sistema fiscal español.

  1. A nuestro juicio, no se suele tener en cuenta lo suficiente la importancia que tuvo el sistema fiscal, que permitía una hacienda pública más saneada y con algo más de autonomía (a pesar de sus muchas imperfecciones), en el proceso de transición. Difícilmente se hubiera podido llevar éste a cabo de no contar con un sector público que podía utilizar sus mayores fondos en legitimar muchas de las impopulares decisiones que supuso la transición. []