Las principales políticas económicas frente a la crisis

Los dos años de crisis que reseñamos en este Informe han sido prolíficos en políticas económicas. Si siempre el poder político trata de orientar la evolución de la economía, mucho más lo está haciendo ahora, en que los propios agentes económicos le piden socorro intensamente. Ya estamos viendo como frente a la crisis, las empresas y las instituciones financieras de todo el mundo que durante treinta años han estado rechazando su actuación en la economía, no han dudado en exigir a sus administraciones públicas que resuelvan sus problemas. Eso sí, exigiendo que esa ayuda sea temporal y una vez aquellos resueltos la intervención pública vuelva a retirarse a sus cuarteles y deje el paso libre a los intereses privados, aunque éstos hayan tenido efectos tan desastrosos para la población como los que aquí se reseñan.

El Estado1 español no es una excepción. Durante los dos últimos años el gobierno central ha ido tomando una amplia serie de medidas para hacer frente a la crisis e intentar relanzar la economía. En este artículo vamos a revisar brevemente los aspectos más destacados de la política económica establecida frente a la crisis e intentaremos evaluar sus consecuencias. Como el objetivo es revisar la política económica, el sujeto principal de este artículo será la intervención pública del gobierno central, ya que las CC.AA. han seguido esencialmente las líneas de éste, aunque en algunos momentos se hará también referencia a éstas y a los empresarios y los agentes sociales.

Hay que hacer un apunte importante respecto a la intervención pública en la economía. La capacidad del Estado para intervenir en la economía es, en la actualidad, bastante reducida. La política neoliberal que se ha llevado a cabo desde los 80 ha despojado al Estado (mediante políticas fiscales regresivas y recorte del gasto público) de los recursos financieros y de los instrumentos (privatizaciones de las empresas públicas y de la banca pública2, desregulación financiera y económica) que le permitían incidir sobre la economía. Tal como señala Martín Seco, en un mundo globalizado y neoliberal, “el Estado es impotente, puesto que ha transferido la mayoría de los instrumentos y competencias al sector privado. Son los mercados, es decir, el poder económico, los que mandan, los gobiernos obedecen” (Martín Seco. Rebelión, 03/06/2009). A todo hay que añadir que, en el caso del Estado español, la falta de instrumentos es más severa puesto que la pertenencia a la UE y a la Eurozona condiciona fuertemente la política económica que se puede hacer en el estado, en particular la política monetaria (las autoridades económicas del Estado no pueden fijar ni la cantidad de moneda, ni el tipo de interés, ni el valor de la moneda frente a las demás monedas), que ya no se puede realizar a nivel estatal sino que corresponde al Banco Central Europeo (BCE). No habría que olvidar que España siempre ha salido de las crisis mediante devaluaciones de la moneda. Y que la política monetaria la decide el BCE obsesionado con la inflación y que posiblemente aumentará los tipos de interés en cuanto pase la deflación en la zona3. La política fiscal, la única ‘gran’ política económica que queda en manos de los Estados-nación, está limitada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que exige que el déficit fiscal sea inferior al 3%, aunque con la crisis actual este límite ha sido superado por casi todos los países europeos.

La dimensión y los objetivos de este trabajo obligan a dejar de lado muchas de las medidas tomadas y concentrarnos sólo en las más importantes o las de mayor impacto mediático y/o popular, con sólo breves referencias a otros muchos aspectos de interés. Tratamos, sobre todo, de reflejar las líneas esenciales que conforman las medidas tomadas. En el Anexo 1 y el cuadro 3 se recogen las medidas principales de PE tomadas durante este periodo que sirven de base a nuestro comentario.

I. LAS MEDIDAS INTERNACIONALES

“La magnitud del problema actual es aun mayor que durante la Gran Depresión. En 1929, el total del crédito impagado en Estados Unidos ascendía al 160% del PIB, y subió hasta el 250% en 1932.En 2008 comenzamos con el 365% y este cálculo no incluye el extendido uso de derivados, que en el decenio de 1930 era inexistente.” G. Soros. Futura recaída en la recesión. El País. Negocios. 27-12-2009

La inserción de la economía española en la economía mundial y el carácter global de esta crisis hace que junto a las medidas de política económica estatal haya que considerar las de carácter internacional que inciden en la economía española. Entre las medidas externas para enfrentar la crisis que afectan a España se pueden destacar:

  • El Banco Central Europeo4 ha facilitado a las instituciones financieras de los países miembros (principalmente bancos) la posibilidad de utilizar una abundante cantidad de dinero (oferta de liquidez) desde las primeras etapas de la crisis financiera global, lo que permitió a las instituciones financieras españolas (como a las de los demás países de la UE) no ahogarse inmediatamente en sus problemas financieros;
  • la disminución de los tipos de interés, intensa y rápida en Estados Unidos y más lenta en la Unión Europea –el BCE aumento su tipo de interés todavía en julio de 2008, pero desde entonces los ha ido bajando hasta situarlos en el 1% donde se encuentran en nov. 20095-;
  • los generosos apoyos públicos de sus respectivos estados a las entidades financieras y algunas empresas. En la UE los 27 países miembros pactaron permitir ayudas (nacionales) de hasta 500.000 euros por empresa, garantías para préstamos e incentivar la fabricación de productos verdes.

RECUADRO 1
‘El día 2 de octubre, (2008) el Congreso norteamericano aprobaba un paquete de ayuda financiera de 700.000 millones de dólares. Poco después, el día 7 de octubre, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, consensuaba trabajosamente unas directrices de salvamento de la banca europea que, dejando en manos de los países comunitarios su concreción, tenía como gran objetivo evitar la quiebra de entidades financieras europeas al tiempo que se ampliaban las garantías sobre los depósitos bancarios. A fin de remachar la respuesta coordinada internacional, al día siguiente, ocho de octubre, la mayoría de los principales bancos centrales nacionales recortaban sus tipos oficiales de intervención en medio punto porcentual. En las siguientes semanas, se iban conociendo una serie de medidas nacionales que combinaban la inyección de dinero público en el capital de las entidades financieras, diferentes modalidades de préstamo, la puesta en marcha de fondos destinados a adquirir activos y el aval público de las emisiones de activos bancarios. Hasta finales de mes, en la zona del euro, se habían impulsado planes nacionales de recapitalización equivalentes a más del 2% del producto interior bruto de la eurozona, además de disponer de 1,6 billones de euros en avales de emisiones de activos de los bancos’. (La Caixa. Informe mensual. La Nov. 2008)

No se puede añadir gran cosa acerca de las demás políticas de la Unión Europea. A pesar de las múltiples reuniones y el permanente discurso acerca de la necesidad de cooperación y coordinación, de una política única y de la necesidad de controlar las transacciones financieras, la actuación de la UE a los problemas generados por la crisis ha sido mínima y retórica. Su política se ha concentrado en crear tres nuevas instituciones para controlar aquellas, sin carácter obligatorio y apoyándose principalmente en el autocontrol, mientras que su aportación económica está siendo muy limitada: de los 200.000 millones de euros asignados por la UE a la crisis en sus inicios, sólo 30.000 millones de euros los proporcionaba la Unión y los restantes 170.000 millones correspondían a la suma de las ayudas de los estados. Su principal ‘aportación’ ha consistido en recordar a los estados que están transgrediendo los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que en unos pocos años han de volver a respetar los mismos.

España ha participado también en las reuniones del G206 que han tenido lugar hasta ahora7, donde los dirigentes políticos de los principales estados han planteado repetidamente la necesidad de políticas comunes para enfrentar la crisis. La retórica acerca de la necesidad de controles del sector financiero, ha sido abundante y en el G-20 de 2008 parecía que las regulaciones iban a ser estrictas, pero hasta ahora su incidencia ha sido muy débil. En España y en cualquier otro lugar. Gradualmente se ha ido diluyendo cada vez más la voluntad de regulación de las instituciones y transacciones financieras y a esta fecha –febrero 2010 está generalmente aceptado que éstas serán muy limitadas y se apoyaran, sobre todo, en la autorregulación.

Realmente la política anticrisis a corto plazo de las instituciones internacionales que nos afectan puede considerarse que reside esencialmente en las facilidades para aumentar la liquidez de las instituciones financieras y la disminución del tipo de interés.

En la dirección contraria, hay que tener en cuenta que la pertenencia a la Unión Europea limita muy fuertemente la capacidad del Estado español para realizar políticas autónomas. No existe ya ni política monetaria ni política exterior estatal, la política fiscal estatal está fuertemente condicionada por las duras condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y se controlan también muy de cerca las ayudas estatales al sistema productivo bajo el argumento que no se puede alterar la situación de competencia. Es decir, la pertenencia a la UE no facilita sino, todo lo contrario, dificulta la gestión con buenas políticas de la economía española y, más todavía en una situación de crisis. Incluso la pertenencia al euro, que ha dado estabilidad a la moneda, no ha sido favorable en la crisis, pues hubiera sido mejor disponer de capacidad para una devaluación. Todo no son ventajas en la pertenencia a la UE, como algunos mantienen.

Además el carácter no cooperativo de algunas reformas realizadas por algunos estados, principalmente Alemania, es significativo y negativo, ya que agrava el problema del desempleo en la Unión y debilita el llamado modelo social europeo. Incluso durante la crisis ha amenazado la viabilidad de la moneda única (euro) al acentuar las diferencias entre los países y los problemas respectivos. Lo que sido significativo en el caso de Grecia, pero también para España.

II. LA INTERVENCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ESPAÑOL

Al revisar las medidas de política económica tomadas por las autoridades del Estado en los dos últimos años se pueden establecer diversas etapas:

Primera etapa: ‘España va bien’: el intento de negar la crisis y la inevitabilidad de su reconocimiento

Es sabido que al comienzo de la crisis en 2007, y ante la inmediatez de las elecciones generales de 2008, el gobierno español se empeño en negar la existencia de la crisis, señalando solamente que se estaba produciendo una desaceleración, un estancamiento, un aterrizaje suave…’ A pesar de que ya los bancos centrales de Estados Unidos, la zona del euro, Reino Unido, Suiza y Canadá anuncian un plan de acciones coordinadas para aliviar las tensiones de los mercados monetarios provocadas por las turbulencias financieras, el gobierno español sigue sin reconocer la existencia de la crisis. En septiembre de 2007 Solbes todavía presentó unos presupuestos extraordinariamente optimistas: aunque reconocían una cierta desaceleración, consideraban que la economía seguiría creciendo, lo que permitiría crear 400.000 empleos (El País 30/12/07). No se reconoció la existencia de la crisis hasta después de las elecciones, probablemente porque, al ser la anterior legislatura socialista, no se quería aceptar que las cosas podían ir mal bajo su mandato.

¿Por qué la llaman desaceleración cuando quieren decir crisis?

Pero los hechos son tozudos y obligaron al gobierno a reconocer la presencia de una crisis de primer orden. Ganadas las elecciones en marzo de 2008, en abril se tomaron ya una serie de medidas evaluadas en unos 12.000 millones de euros (Plan de medidas de estímulo económico). A pesar del relativo optimismo de las perspectivas económicas de Solbes, en junio
2008 se anuncian otras 21 medidas para relanzar la economía ante una situación económica ‘difícil’. En agosto el gobierno admite ya que estamos ante una crisis grave y toma 24 nuevas medidas en un Consejo de Ministros extraordinario convocado insólitamente por primera vez en el mes vacacional por excelencia. Costó casi un año desde el inicio del debilitamiento del mercado inmobiliario en España, y sobre todo, desde la explosión de la crisis financiera en Estados Unidosaceptar que la situación económica había cambiado gravemente de signo y estaba inmersa en una profunda crisis. Sin embargo, se insistía en presentar la crisis como una consecuencia de la crisis financiera internacional motivada por las hipotecas ‘sub-prime’ (la culpa de ‘nuestra’ crisis la tenía Estados Unidos), a pesar de que los bancos españoles no estuvieron fuertemente ‘contaminados’ por los activos tóxicos provenientes de los Estados Unidos; aunque sí que están ‘contaminados’ por los activos tóxicos ‘patrios’: sobre todo los créditos impagados de los contratistas y grandes proyectos inmobiliarios, además de la creciente morosidad de las hipotecas familiares.

La batería de medidas tomadas impide un seguimiento detallado de las mismas. Pero fueron medidas tomadas para estimular la economía, con bastante optimismo, basado en el superávit fiscal de tres años consecutivos, y en las que se pueden percibir tres ejes:

  • a) la rebaja de impuestos, en cumplimiento de la promesa electoral, con la medida estrella de la deducción de 400 euros en el IRPF de todos los españoles que han de pagar el mismo, la devolución rápida del IVA y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio
  • b) el impulso al sector de la construcción, especialmente en VPO, más avales selectivos para operaciones de titulización de créditos, la puesta en marcha de un plan para facilitar la recolocación de los parados procedente del sector de la construcción, y el refuerzo o aceleración de la obra pública estatal y de la vivienda protegida;
  • c) más liberalización, con la privatización parcial de los aeropuertos, la reducción de la oferta de empleo público (pasan de cerca de 35.900 plazas en 2007 a 10.770 en 2009), y para ‘compensar‘ se establece la congelación de los sueldos de los altos cargos y 1.500 millones al año para el plan de renovación de vehículos VIVE.

Segunda etapa: ‘De la Champions a Segunda B’: la profundización de la crisis y la explosión del paro. Se intensifican las medidas anticrisis

A partir del otoño de 2008 no queda más remedio que enfrentarse a una crisis evidente y asumir que existen factores ‘internos’ que están agravando la crisis internacional (como la burbuja inmobiliaria). La situación económica se va deteriorando con tal intensidad y velocidad que el gobierno se ve obligado a encarar graves problemas: El número de parados había crecido en cerca de un millón de trabajadores y la tasa de paro superaba el 17% de la población activa.

Se inicia un periodo de frenética adopción de muy variadas medidas y de integración de otras tomadas anteriormente:

  • En apoyo a las entidades financieras: ‘El día 10 de octubre se aprobaba la creación de un fondo de 50.000 millones de euros para la adquisición de activos financieros y, tres días después, una línea de concesión de avales por un montante total de 100.000 millones de euros para cubrir nuevas operaciones de financiación de las entidades de crédito. En paralelo a estas medidas, la provisión de liquidez por parte de los bancos centrales nacionales se hacia aún más amplia’8. Del fondo de 50.000 millones hasta principios de 2010 se han hecho efectivos 19.500 millones en ayuda a las instituciones financieras9.
  • Asimismo, se creó un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que se convertirá en 80 medidas que constituirán un improvisado Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo: Plan E, establecido por Real DecretoLey 9/2008 del mes de noviembre. Y del que se espera ‘tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en marcha, que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía española’. (.www.plane.gob.es).

RECUADRO 2

¿Fondos o Plan E? El Real Decreto–Ley 9/2008, aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de Noviembre con carácter de urgencia —debido «a la necesidad de actuar con la máxima celeridad frente al rápido debilitamiento general de las condiciones económicas», según se señala en su preámbulo— no se publicó en el BOE hasta el 2 de diciembre debido a que, al parecer, en el momento de su aprobación no estaba redactado y, por tanto, no podía ser sancionado por el Rey. Es más, el texto publicado da una semana de plazo al Gobierno para determinar el destino de los 3.000 millones de euros del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (art. 12) porque, según parece, el 28 de Noviembre no se tenía una idea clara acerca de cuál podía ser su uso concreto. Y, de hecho, su distribución ha sido aprobada en el Consejo de Ministros del 5 de Diciembre.

Los hechos relatados muestran que el Real Decreto–Ley 9/2008 es fruto de la improvisación con la que el Gobierno está abordando sus actuaciones frente a la crisis económica y financiera. Una improvisación de la que es buena muestra el hecho de que, en el mismo día de la aprobación de dicha norma, el Ministerio de Economía hizo público un hasta entonces inexistente Plan Español para el estímulo de la Economía y el Empleo en el que se reseñan las medidas de política económica que «se aplicarán desde este año 2008 y hasta 2010» y que incluye, por ejemplo la Reforma del Impuesto sobre la Renta (IRPF) de 2007 —que se aprobó en 2006 (Ley 25/2006, de 28 de Noviembre)—, así como un amplio abanico de disposiciones aprobadas en 2008 con anterioridad a su formulación. Parece que el Gobierno pretende reescribir la historia y afirmar así que su negación de los problemas económicos nunca existió.

(Mikel Buesa. Notas sobre el Real Decreto-ley 9/2008)

En total se han aprobado casi 31.000 proyectos vinculados al Plan E. (Expansión, 10/12/2009)10 y se han generado 422.700 puestos de trabajo (pero no sabemos cuanto tiempo duran estos empleos).A últimos de 2009 se ha asegurado la continuidad de este Fondo de Inversión Local para 2010 al dotar con 5.000 millones de euros dicha partida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Y en diciembre de 2009 se vuelve a ampliar el Plan E en cuanto a la compra de automóviles en otros 100 millones de euros, en un nuevo ejemplo de política improvisada y parcial.

Lo menos que puede decirse de la génesis de este Plan y estos Fondos es que es confusa y precipitada. Ver Rec. 2.

‘El Plan E consta de cuatro ejes de actuación. Las medidas son tantas y tan variadas que no es cuestión de reseñarlas todas; recogemos únicamente las más notorias en cada eje:

  • a) eje del Empleo, el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones euros y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo,dotado con 3.000 millones euros. Según la información oficial, ‘el apoyo a la obra pública recogida en estos dos Fondos más la dotación recogida en los Presupuestos supondrá una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009’11. Este eje se completa con una batería de medidas de apoyo a la industria del automóvil, bonificaciones de la seguridad social en la creación de empleo, ampliación de avales del ICO, agilización administrativa, ayuda al transporte, etc.etc.;
  • b) en el eje Familias se anuncia una ayuda a los parados que hayan agotado todos sus subsidios, de 420 euros al mes, durante seis meses. En este eje se añadían medidas menores como el bono social, la moratoria temporal de hipotecas y plazos de los prestamos hipotecarios, pero con ‘previo pacto con las entidades financieras acreedoras’ lo que deja muy debilitada a estas medidas;
  • c) el eje Empresas está destinado a apoyar especialmente las Pymes ‘mediante medidas de carácter fiscal que permitirán liberar recursos a favor de las empresas por un importe total de 17.000 millones de euros y ampliar los recursos disponibles de carácter financiero para facilitar el acceso al crédito de las empresas, destinando 29.000 millones de euros’12;
  • d) para las Medidas financieras y presupuestarias ‘el Plan E recoge las actuaciones que, de manera coordinada se han establecido con los países de la Unión Europea, se han adoptado para proporcionar liquidez al sistema financiero… Además, se ha ampliado la cobertura del fondo de Garantía de Depósitos a 100.000 euros por titular y entidad, para reforzar la confianza en el sistema financiero’. Esta última medida es bastante sorprendente si se tiene en cuenta que el 80% de los clientes tiene depositados menos de 20.000 euros en los bancos, y es esta cantidad la que protegía la ley española mediante el Fondo de Garantía de Depósitos hasta ahora. ¿Por qué pasar ahora a 100.000, ¿es que los españoles han aumentado su riqueza con la crisis, o se trata de tranquilizar a los más ricos acerca de sus riquezas?

El Plan E se completa con una agenda de reformas para la modernización de la economía, complementarias a las contenidas en el Programa Nacional de Reformas, que es la concreción en España de la Estrategia Europea de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

Tercera etapa: ‘Sálvese quien pueda!… pero los bancos primero’

A lo largo de 2009 se han ido variando y ampliando estas medidas. En mayo se establece otro nuevo paquete de 11 medidas centradas en la vivienda, las Pymes, el automóvil y la educación, y otras varias decenas de iniciativas de distinto alcance con el complemento de un nuevo recorte de 1.000 millones en el gasto corriente como gesto de austeridad. Se menciona ya la ley de Economía Sostenible; y en el 26 de junio de 2009 se establece una medida de peso en apoyo al sistema financiero, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dotado inicialmente con 9.000 millones aunque podrá endeudarse hasta alcanzar los 99.000 millones. Estas ayudas públicas a las instituciones financieras son en su mayoría préstamos que han de retornarse, por lo que Administración mantiene que no tendrán coste para los contribuyentes. Dudosa esperanza que habrá que ver si se materializa.

El FROB se está encontrado con dificultades. En primer lugar, la UE discute si es o no una ayuda legítima dentro de los límites que la misma impone al papel del Estado. En enero 2010 el gobierno ha enviado a Bruselas una propuesta para limitar las ayudas del FROB según el tamaño de las entidades a las que se les concede la ayuda, y limitando esta al 2% de sus activos ponderados por riesgo; si se supera este límite se habrá de solicitar la autorización de Bruselas para cada operación. A fines de enero de 2010 Bruselas ha dado el visto bueno al FROB pero respecto a la reestructuración de las Cajas para hacer uso del FROB concede de plazo sólo hasta el 30 de junio. Lo que forzará la reestructuración de las Cajas después de haberla retrasado por los siete meses que ha durado la negociación con Bruselas. Parece que el acuerdo de Bruselas lleva también algunas condiciones sobre las remuneraciones de los ejecutivos de las cajas que pidan las ayudas, pero no se especifican éstos pues el gobierno español ha pedido a la Comisión que sea confidencial, igual que el tipo de interés que se les exigirá por las ayudas.

Al principio de aprobarse el Fondo fue sorprendente el limitado uso que del mismo hicieron las instituciones financieras españolasde hecho no recurrieron al mismo-, pero actualmente las peticiones han crecido con rapidez, relacionadas con la reestructuración de las Cajas de Ahorros, que incluso veían retrasadas sus fusiones porque el FROB no les confirma la concesión de los fondos de rescate a causa de sus dificultades con Bruselas. Ver Cuadro 1 y artículo de Estructura. De todos modos todavía queda un amplio margen hasta los 99.000 millones que se fijan como limites para las operaciones del Fondo.

Una de las razones para estas reducidas peticiones puede residir en el coste de la ayuda del FROB, que podría rondar en un 7-8% de interés anual y hacer que las cajas se lo piensen dos veces al solicitar la ayuda.

Cuadro 1. Peticiones de las Cajas de Ahorros al FROB. Millones de euros

  • Caixa de Catalunya, Manresa y Tarragona: 1.300
  • Caixa Sabadell, Terrasa. Girona y Manlleu: 500
  • Unicaja, Cajasur y Caja de Jaen: 1.000
  • Caja España y Caja Duero: 500-600
  • CCM y Cajastur: 2.475

Fuente: Público 17-12-09

La amplitud del paro y la situación de muchos parados lleva a aprobar el 13 de agosto el subsidio de 420 euros al mes a los parados, que ya había sido anunciado en el Plan E: ‘el Decreto establece que los desempleados que agoten sus prestaciones y tengan rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (624 euros) recibirán la ayuda, que tendrá una vigencia de 6 meses, prorrogables por periodos iguales, siempre que la tasa de paro supere el 17%13. Y los trabajadores tendrán que seguir programas de formación. Se calculaba que esta medida afectaría a unas 300.000 familias.

Sin duda una ayuda bienvenida para quienes no disponen de ningún ingreso, pero extremadamente limitada en su cuantía y tiempo de concesión (los sindicatos piden que se alargue hasta un año pero todavía no lo han conseguido). Y parece que también en sus condiciones para que sea otorgada pues a fines del 2009 sólo 100.000 personas la habían solicitado frente a las 300.000 que se estimaba se beneficiarían de la misma14. La concesión de esta ayuda fue confusa y mal pensada pues se emitió primero sólo para aquellos trabajadores cuyos subsidios se hubieran terminado desde el 15 de agosto de 2009, obviando a todos los trabajadores que se habían quedado sin subsidios en fechas anteriores. Fue tal la protesta que hubieron de rectificar y se extendió la ayuda a quienes habían quedado sin subsidios desde el 1 de agosto anterior, y más adelante se amplio el periodo para los trabajadores que se habían quedado sin subsidio desde el 1 de enero de 200915. Lo que tampoco supone una gran ampliación.

Probablemente para ‘compensar’ tan generosa ayuda, al mismo tiempo se concedió una reducción del 0,5% en las cotizaciones a las cuotas de la SS a las empresas, sin limite de tiempo. Reducción que será financiada con el excedente que acumulan las mutuas de accidentes de trabajo. Es decir, no restaría dinero a la caja de las pensiones, sino a la destinada a cubrir los siniestros laborales, que registran superávit y gestionan las mutuas. Una clara contradicción que implica el uso de los excedentes para financiar aspectos ajenos a sus objetivos mientras se hace referencia a ‘la crisis’ de éstas. Cabe destacar la diferencia en el tiempo de la concesión (seis meses para el paro, ilimitadas para la reducción de cuotas) y el coste respectivo de ambas, pues las ayudas son sólo para los parados sin subsidio, que se estiman en 300.000, mientras que la reducción de cuotas es para toda la población laboral. ¡Qué ‘curioso’ que los medios de comunicación no comenten mucho la reducción a las empresas¡.

Se siguen añadiendo medidas variadas, bastantes de ellas favorables a las empresas como la de permitir que las ETT entren en sectores en los que antes no podían entrar (construcción, minería…) y en las administraciones públicas (octubre 2009), o la aprobación de la Ley de Desahucio ‘acelerado’, también en octubre 2009, Asimismo, El Ministerio de Trabajo estudia la puesta en marcha de un sistema de prestaciones para trabajadores autónomos por cese de actividad, que establece que la cuantía del subsidio será el 70% de la base de cotización de los doce meses anteriores. Una vez mantenidas reuniones con interlocutores sociales y asociaciones de autónomos, el próximo 13 de noviembre la propuesta de Trabajo se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación como anteproyecto de Ley’. (El País. Negocios 1/11/2009)

Cuarta etapa: I: ‘Disminuir impuestos es de izquierdas’.(ZP)

Las propuestas fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2010
No entraremos aquí en una detallada consideración del presupuesto, sino que nos limitaremos a una consideración de las reformas impositivas propuestas y una concisa consideración de los recortes del gasto16. Hacemos mención especial de las propuestas relacionadas con el sistema de impuestos, tanto por su importancia como por ser uno de los mejores indicadores de la dirección en que se orientan las políticas públicas.

El proceso de modificaciones fiscales se inició ya desde las primeras medidas tomadas para paliar la crisis. De hecho, el tema ya se venia discutiendo incluso antes de que la crisis se hiciera patente, lo que muestra que muchas medidas que se presentan como parte de la política de crisis, no son más que integración de posiciones anteriores: se debatía ya sobre la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y en abril de 2008 se anunció la intención de eliminarlo; asimismo algunas CC.AA. habían eliminado el Impuesto de Sucesiones, independientemente de la situación de la economía.

En la primavera de 2009, el Sr. Blanco (Ministro de Fomento y Vicesecretario general de PSOE) señaló que habría que subir los impuestos a los más ricos, iniciando así un debate sobre la necesidad de subir los impuestos para suavizar el déficit. Desde entonces, hasta la presentación de los presupuestos para 2010 se ha asistido a un amplio intercambio de confusas manifestaciones de los principales dirigentes políticos respecto a la reforma fiscal que se debiera realizar, más digno de un vodevil que de una discusión política. Dependiendo en gran parte de con quienes creía el gobierno que se vería obligado a pactar para aprobar los presupuestos: si temía tener que pactar con IU y ERC parecía estar dispuesto a gravar un poco más (tampoco las posiciones de estos dos partidos son tan extremas) las rentas y riquezas más altas, si, como prefería, creía posible pactar con partidos más a su derecha se inclinaba más por una imposición regresiva. Siguiendo la misma pauta errática de las medidas de política económica todavía en septiembre la Administración señalaba: ‘Hacienda descarta completamente una subida del IVA para aliviar las arcas públicas …retraería aún más el consumo y afectaría de forma especial a los contribuyentes de menores ingresos’ (País 7/9/09). Sin embargo, descartado el pacto con el PP por razones obvias y con CiU por la cuestión de la financiación catalana y la subida de impuestos, se ha apoyado en el PNV y Coalición Canaria para finalmente presentar una reforma fiscal conservadora y regresiva. En conjunto las reformas fiscales planteadas a lo largo de 2009 consisten en:

  • ya en las medidas de agosto de 2008 se eliminó el impuesto sobre el Patrimonio, renunciando a una recaudación real en aquel momento de 1.800 millones euros;
  • el debilitamiento o supresión (según la CC.AA.) del impuesto de sucesiones;
  • la revocación de la exención de los 400 euros en el IRPF. Ahorro para el Estado: ahorro entre 4.100 -6.000 mill euros;
  • la supresión de la deducción por compra de la vivienda habitual para rentas superiores a los 24.000 euros, desde 2011. Aparentemente con la intención de estimular la compra de viviendas antes de esa fecha. Como con otros aspectos, se ha hecho referencia a esta supresión repetidamente, la última vez en la ley de Economía Sostenible, que parece está ejerciendo de vagón de carga para incluir en ella todas las propuestas y promesas realizadas en los dos años anteriores;
  • la disminución del impuesto sobre beneficios de sociedades para las PYMES, que mantengan o creen empleo, del 25% al 20% , lo que disminuirá la recaudación aproximadamente en 700 millones de euros. Este impuesto ya había bajado hace poco del 35 al 30% para las empresas en general y para las PYMEs se había reducido al 25%;
  • en junio se aumentaron los impuestos sobre los carburantes y el tabaco. Con la subida de este año la recaudación crecerá en 2.300 millones el aumento de la imposición de las rentas al capital:
  • rentas percibidas menores de 6.000 euros , la tarifa pasa del 18 al 19%,

  • el aumento no pasa de 800 millones de euros;
  • rentas percibidas mayores de 6.000 euros, tarifa pasa del 18 al 21%. El impacto total no llega a los 1.000 millones de euros.
    Y esto mientras en Francia se está proponiendo que los beneficios de los bancos paguen un impuesto especial, porque han sido rescatados con dinero público, que en la City de Londres se está proponiendo una imposición a todas las transacciones financieras17, y el propio FMI estudia un impuesto tipo tasa Tobin sobre los grandes bancos de forma que se corresponsabilice de los riesgos que han generado.
  • Subida de la tarifa general del IVA del 16 al 18% y subida de la tarifa reducida IVA, del 7 al 8%. No se altera la tarifa superreducida. Ingresos estimados de 5.150 mill.euros. Desde 1 de julio de 2010 (cuando esperan que la crisis haya mejorado) Se calcula que la subida de cada punto del IVA puede aportar unos 3.000 millones euros. Mientras tanto Alemania propone disminuir impuestos porque ellos tienen un grave problema de falta de demanda interna.
  • Se deroga la ley Beckham que permitía a los trabajadores extranjeros (no residentes) por sus ingresos en España cotizar sólo al 18% de gravamen por sus ingresos. Ahora tienen que pagar al tipo normal de IRPF. Sin duda esta ley aventajaba a los deportistas, pero también a muchos ejecutivos extranjeros por sus ingresos en este país.

En total se considera que la recaudación en 2010, en el mejor de los escenarios, aumentará en unos 6.500 millones de euros que suponen el 0,6% del PIB, pero a partir de 2011 llegará a 11.000 millones, aunque la cantidad necesaria para frenar el déficit fiscal se aproxima a los 15.000 mill. de euros.

Puede ser interesante observar que impuestos no han cambiado:

  • Ninguna modificación en el IRPF que grave más a las rentas más altas, aunque entre 2000 y 2008 los tipos de gravamen han bajado del 48% al 43% (desde la transición han bajado desde el 65 y 56%18). Aquí hay margen muy amplio para aumentar los impuestos. Y el consumo no disminuiría porque los muy ricos no necesitan consumir menos para pagar impuestos, mientras que con el IVA sí pues lo paga el conjunto de la población. Antes, los beneficios del capital cotizaban por la tarifa general del IRPF ahora cotizan al 18%, lo que hace que paguen mucho menos. En Alemania un grupo de personas muy ricas ha pedido al gobierno que para ayudar al país a salir de la crisis económica se aumenten los impuestos sobre las grandes fortunas con un 5% de gravamen, durante dos años, con lo que se podrían recaudar unos 100.000 millones euros (Público 23/10/09). Este impuesto ya existió en Francia, hasta que fue eliminado hace pocos años. ¡Hay ricos y ricos¡.
  • Tampoco se modifica la imposición a las SICAV (Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable), que son sociedades formadas por un mínimo de 100 inversores y 2,4 millones euros de capital. Sólo pagan 1% en el Impuesto de sociedades (sobre beneficios), hasta que recuperan el capital. (cuando el inversor recupera el capital la ganancia obtenida tributa al 18%). En el estado español hay ahora 3400 sociedades con un patrimonio de 27.143 millones euros (casi una media de 8 millones de euros). Además, desde 2005 los casos de fraude de las SICAV pasaron de los Inspectores de Hacienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mucho más ‘comprensiva’ con los defraudadores.
  • Los fondos de inversión tienen el mismo régimen que las SICAV y alcanzan los 160.000 millones de activos. Es curioso que éstos no susciten el escándalo de las SICAV cuando los fondos que manejan son de mucha mayor entidad.

¿Qué habilidad tienen sus gestores que mantienen en la invisibilidad la débil tributación de estos fondos?

  • No se habla de ningún impuesto ambiental o verde, ni de ninguna otra nueva figura impositiva.

Hay que considerar también la magnitud del fraude fiscal. En 2008 se ingresaron 8.054 millones de euros debido a expedientes contra el fraude pero su magnitud es mucho mayor.

No olvidemos que en este país son los trabajadores por cuenta ajena y los pensionistas los que no pueden defraudar (declaran como media unos ingresos de 18.400 euros al año, cinco mil más que los pequeños y medianos empresarios y los autónomos), y de los ricos… es difícil estimar el fraude. A pesar de ello la voluntad política de luchar contra el mismo es muy débil, a juzgar por los pocos esfuerzos que se hacen para controlarlo: ‘Por cada euro que ingresa el Estado en la lucha contra el fraude (4.183 y 4.715 millones en 2006 y 2007) se pierden dos por deudas canceladas por indolencia, prescripción o anulación por los tribunales (8.237 y 7.309 millones de euros) (ElPaís, 15/11/09). Es bien sabido que en este país el cuerpo de Inspectores de Hacienda sufre una penuria crónica de personal como insistentemente señalan sus propios profesionales que no cesan de reclamar que se aumenten sus efectivos. Si a ello añadimos las dificultades propias de detectar el fraude con las complejísimas operaciones financieras actuales, podemos evaluar la pobreza del esfuerzo contra el fraude en nuestro país. No es extraño, por ello, que ‘España es un país fiscalmente atípico: los trabajadores y los pensionistas tributan más que los empresarios y la diferencia se ha triplicado en 14 años19.

“El coste de las medidas de estimulo fiscal en 2009 en España se sitúan en torno al 2,5 % del PIB, por encima del de todos los países desarrollados: EE.UU., Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, e Italia, con la excepción de Japón y Australia que se sitúan alrededor del 2,25%.” El País, Negocios, 27-12-09

Los gastos públicos. No haremos más que un brevísimo comentario sobre éstos. Los Presupuestos prevén una reducción del gasto del 3,9%, lo que significa que hay recortes en aspectos importantes y reducidos aumentos en otros que sería necesario aumentar. Según J. Arriola las variaciones previstas son:

  • Suministro de servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad y política exterior), reduce el presupuesto en 238 millones de euros.
  • Protección y promoción social aumentan en 6.667 millones (pensiones 2.184 millones) y desempleo (11.360 millones). Hay que tener en cuenta que la cifra de aumento en desempleo es debida a las altas cifras de parados y que este subsidio no se puede eludir. Como el total en este apartado es menor que la cifra necesaria para pagar por el desempleo quiere decir que disminuirán otras partidas.
  • Protección de bienes públicos preferentes (salud, educación, cultura) se reduce en 31 millones euros.
  • Actuaciones de carácter económico (para modificar el sistema productivo), aumentan en 176 millones euros.

Hay que añadir que se establece una dotación de 5.000 millones de euros para continuar el Fondo de Inversión Local durante 2010.

A pesar de ello, Arriola concluye: ‘El panorama que dibujan los presupuestos es el de una política fiscal de ingresos y gastos que busca no molestar al capital ni a los sindicatos y con una elevada dosis de electoralismo (presidencia de la UE, gestión institucional), sacrificando cualquier intención de promover un cambio significativo en el funcionamiento de la economía española mediante la gestión presupuestaria.20

Un añadido necesario

La mayoría de estas medidas son medidas tomadas para paliar los efectos de la crisis. Pero dentro del ámbito fiscal suele ser habitual incluir otros dos elementos. Que consisten en medidas normativas de tipo estructural –que están establecidas independientemente de la situación concreta por la que pasa la economíaque, en una situación de crisis, tienen también importantes efectos en la economía y en la población21. En la situación actual el más importante es, sin duda, el subsidio de paro. Al aumentar el paro aumentan también los subsidios por este concepto, por lo que la población parada recibe unos ingresos que son inferiores a los que recibe si trabaja, pero le ayudan a mantenerse. Debido a la magnitud del paro en este país, el gasto en el subsidio de paro ha aumentado mucho. Se presupuestaba un gasto de 18.000 millones para 2009 y ahora se cree que se necesitará el doble22, según algunas estimaciones pudiendo incluso alcanzar la cifra de 38.000 millones de euros si el subsidio se prolonga más de seis meses, con la consiguiente repercusión en las cuentas públicas. Los parados que recibían la prestación del paro en 2008 se estimaban en el 63,3% del total de parados. Lo que supone que casi el 40% de parados no reciben dicho subsidio.

El otro ajuste automático de importancia afecta a los impuestos: cuando la actividad económica se reduce en un país se paga menos en impuestos, tanto en directos como en indirectos, lo que supone un ahorro para los contribuyentes pero un serio deterioro para las cuentas públicas. En 2009 se ha recaudado un 17% menos de impuestos que en 2008, que ya habían sido más bajos que el año previo a causa de la crisis, lo que afectará al gasto público. Entre enero y octubre, la recaudación de los impuestos directos cayó en un 13,4% (77.734 millones), destacando el retroceso del 22,3% del impuesto de sociedades (20.507 millones), mientras que el IRPF cae el 10% (54.342 millones). En cuanto a los indirectos descienden un 21,1%, especialmente el IVA (-29,1%, 30.631 millones). Los impuestos especiales disminuyen un 1,3%, siendo el del alcohol el que más recorta, con un 13,2%. El de hidrocarburos cae un 3,7%. (Financiero Digital, 25/10/2009)

II: La Ley de Economía Sostenible (LES)

La última pieza de las políticas económicas del gobierno hasta fin de 2009 consiste en la Ley de Economía Sostenible, cuyo objetivo se ha publicitado como una serie de reformas que han de permitir a la economía española superar la crisis e impulsar un nuevo modelo de crecimiento. La Ley de Economía Sostenible está compuesta por 137 artículos, 9 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 42 disposiciones finales, una disposición derogatoria y un anexo. A pesar de ello la propia ley se reconoce como incompleta e inconclusa al remitir, en numerosas ocasiones, a desarrollos posteriores. Para todo esto la Ley se ha dotado con un fondo de 20.000 millones de euros, pendiente de aprobación. De momento, sólo se trata de un anteproyecto de Ley. Las medidas más destacadas se resumen en el Anexo III.

La Ley se estructura en cuatro ámbitos. Un primer eje son las medidas para mejorar el entorno económico con el objetivo de ‘incrementar la transparencia’ pero se limitan a tímidas medidas sobre la información a los accionistas sobre las remuneraciones de los administradores y consejeros, aumentar las atribuciones de la CNMV, así como la reforma de los organismos reguladores (que tendrán menos miembros en los consejos). En el segundo eje de medidas para mejorar la competitividad, se simplifican los trámites administrativos para crear nuevas empresas y para las fusiones y adquisiciones. También se introducen una serie de mejoras dentro de lo que se denomina ‘sociedad de la información’ (banda ancha de 1Mb, uso de nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 Mhz para UMTS, etc.) entre las que se incluye la controvertida propuesta de la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” como uno de los motivos por los que se puede restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio de Internet. La sostenibilidad queda reducida a las intenciones de reducir las emisiones y aumentar el ahorro energético, así como de favorecer el transporte ‘sostenible’. Se incentiva la I+D+i mediante deducciones en el impuesto de sociedades y se reforma la Ley sobre Morosidad agilizando los plazos de pago del sector público. Y, finalmente, tal vez lo más destacado de la ley es la limitación de la deducción por compra de vivienda habitual (para las compras que se realicen a partir de enero de 2011, la deducción se limitará a rentas inferiores a los 24.000 euros)23. A cambio se pretende favorecer el alquiler (equiparando el tratamiento fiscal de la propiedad y alquiler) y reorientar la construcción mediante los estímulos a la rehabilitación de viviendas (reducción en el IVA, del IRPF, etc.). También se da un balón de oxígeno a las inmobiliarias (y a los bancos) mediante el aplazamiento de la valoración del suelo urbanizable con los criterios de la nueva Ley del Suelo (el plazo se alarga 3 años).

RECUADRO 3
El papel del Banco de España. Es digno de mención el papel del Banco de España en la orientación de la política económica del gobierno. En realidad el Banco, por sus propios estatutos, sólo tiene competencias para ocuparse del nivel de precios, que ha de mantener por debajo de aumentos del 2%. Cuando los precios suben, el Banco insiste con fuerza en la necesidad de programas de ajuste (que siempre implican contención salarial), y mantiene que el problema del paro no está entre los asuntos de su incumbencia. Sin embargo, desde que Miguel Ángel Fernández Ordóñez es su gobernador, no deja de inmiscuirse en otros aspectos de la política económica del gobierno, sobre todo respecto a la necesidad de la reforma de las pensiones (hacia su privatización) y, desde la crisis, en la necesidad de ‘reformas estructurales en la economía española’, que en el lenguaje del banco quiere decir, la mayor flexibilización del mercado de trabajo, la congelación salarial y el avance hacia el despido barato (y libre), además del paso de los convenios generales y sectoriales a los convenios de empresa. Al mismo tiempo están preocupados por las pérdidas empresariales, pero comprenden a los bancos en su cierre del crédito. (Ver declaraciones de malo de Molina recogidas en Público 5-12-09). En esta crisis, el Banco de España es uno de los más fuertes y potentes exponentes de una política conservadora y regresiva, contraria a los intereses populares. Es, además, un buen ejemplo de cómo se puede disfrazar de ‘asesoramiento técnico’ unas líneas de política que sólo responden a los intereses de los más poderosos.

Es poco probable que con medidas más bien tímidas y con un presupuesto tan menguado, la Ley consiga el ambicioso propósito de cambiar el modelo productivo de la economía española. De hecho esta es la crítica más recurrente entre los comentaristas de la misma: la ley es insuficiente para abordar los objetivos que se plantean en la propia Ley y algunos la tildan de ley ‘publicitaria’ especialmente por lo del nombre de ‘economía sostenible’ y por promover unos objetivos difícilmente realizables. Otros caracterizan la Ley como ‘un cajón de sastre’ o ‘ley ómnibus’ donde todo cabe y a través de la cuál el gobierno ha podido ‘camuflar’ medidas impopulares, como por ejemplo, el cierre de páginas de descargas en Internet o las subidas del catastro24.

III: La política de vivienda

Dada la importancia que en esta crisis ha tenido el sector inmobiliario, añadimos aquí un breve apunte acerca de la política de vivienda seguida en los dos últimos años. Nos referiremos solamente a los aspectos más destacados.

La política seguida estos años en lo que a vivienda se refiere ha seguido las mismas líneas maestras que se vienen aplicando desde 1985, con la aplicación del Decreto Boyer que liquidaba el régimen antiguo de alquileres. En materia de vivienda, sobretodo en materia de fijación de precio de la vivienda protegida, las competencias están repartidas entre Estado y Comunidades Autónomas. Como un ejemplo de la política de éstas últimas, debido a la proximidad y conocimiento de las mismas, nos centraremos en las políticas de la Generalitat de Catalunya. Los abordaremos por separado, aunque en la práctica sus efectos se solapen.

LA POLÍTICA DEL ESTADO

La protección oficial

La figura de vivienda de protección oficial (VPO) de precio concertado se creó en el plan de Vivienda 2005 – 2008. Este precio estaba a medio camino entre el general de VPO y el de mercado en el momento de aprobación del plan, y teóricamente se concibió como una medida para facilitar que los promotores y constructores creasen más vivienda de protección oficial, ya que supuestamente, la falta de construcción de VPO se producía por “falta de rentabilidad”25. .Este precio se aumentó en diciembre de 2008 en un 20,56%26, hasta los 3000 euros por metro cuadrado con el objetivo de “[…] que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias […]”. Resulta extraño que en pleno periodo de crisis inmobiliaria, en el que se reconocía ya un parque de viviendas excesivo, se aumente este precio ‘para que se construyan más viviendas’, y justo cuando el plan estaba a punto de caducar. Se puede pensar que, más probablemente, ante la debacle que se venía encima, se aumentó este precio para que los constructores pudieran pasar sus viviendas libres invendibles a la categoría de VPO.

La reforma del alquiler

En plena crisis, el gobierno decide acudir en socorro de quienes tienen problemas para pagar el alquiler, dictando una ley de apoyo …¡a los propietarios¡ Una de las medidas de este período ha sido acortar los plazos legales necesarios para desahuciar en caso de impago de un alquiler, con la Ley de Fomento del Alquiler y de Eficiencia Energética de los Edificios aprobada el 29/10/2009. Esta reforma se ha hecho con el argumento de que los propietarios necesitan “seguridad” para alquilar, suponiendo de facto que el impago de los alquileres es un fenómeno muy habitual. Un indicador para comprobar si es verdad son las sentencias judiciales de desahucio, es decir, los casos en que los inquilinos son desalojados de una vivienda por no pagar el alquiler. Al respecto tenemos los siguientes datos:

Tal y como podemos ver en los datos, la importancia de los impagos respecto al total del numero de viviendas en alquiler es realmente muy baja e incluso ha ido descendiendo en los últimos años, con lo que la falacia del argumento en que se basa el ‘Desahucio Express’ queda al descubierto. La ley trata simplemente de favorecer a los propietarios de viviendas, ahora que muchas empresas inmobiliarias tendrán que recurrir a alquilarlas ya que no pueden venderlas

Cuadro 2. Viviendas en régimen de alquiler y demandas judiciales por falta de pago

Cuadro 2. Viviendas en régimen de alquiler y demandas judiciales por falta de pago. Fuente: INE y Ministerio de Vivienda. Al no haber datos disponibles más recientes, suponemos que el numero de viviendas en alquiler se mantiene constante.

La renta básica de emancipación

Una medida estrella de la política de vivienda ha sido la de la renta básica de emancipación, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Consiste en una subvención del Estado para apoyar económicamente a los jóvenes en el pago del alquiler de la vivienda y emanciparse, con una ayuda de 210 euros al mes. Para conseguir la ayuda es necesario tener entre 22 y 30 años, cobrar menos de 22.000 euros al año, estar al día con Hacienda y ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resida con carácter permanente. Hasta septiembre de 2009, 208.141 jóvenes han optado a esta ayuda, de los cuales en diciembre 2009, 170.000 la han recibido y el resto espera todavía una respuesta (Público 30-11-09)

Los aspectos que cuestionan la efectividad de esta política:

  • En primer lugar restringir esta ayuda a una determinada franja de edad implica suponer que el problema de acceso a la vivienda solo afecta a la población de dicha edad, cuando la realidad nos indica que afecta a gentes de todas las edades con similar intensidad.
  • En segundo lugar establecer una ayuda fija para todo el estado implica no conocer la diversidad de precios y oferta de viviendas en alquiler que se dan por todo el estado, teniendo a la práctica efectos muy distintos en función del territorio en el que se alquile la vivienda.
  • Además, esta ayuda ha servido a los propietarios para mantener o aumentar los alquileres, con lo que la ayuda ha revertido en los mismos y no en los arrendatarios.

Las políticas autonómicas: el caso de Cataluña.

Los principales instrumentos de las políticas de vivienda en Cataluña fueron fijadas en el Pacte Nacional per l’habitatge firmado en octubre del año 2007, periodo de inicio de la crisis, desarrollándose en los años siguientes. Las principales medidas que se derivan de aquel entonces y se están desarrollando en este momento son las ARES y las viviendas concertadas, estas últimas en aplicación de la figura creada por el Ministerio de Vivienda.

LAS ARES

Las ARES – acrónimo de Áreas Residenciales Estratégicas – son básicamente territorio designado para construir viviendas como remedio al problema de acceso a la vivienda (cuando ya era obvio el exceso de oferta de las mismas). La gran mayoría de estas se realizan en áreas cercanas a los núcleos urbanos pero no urbanizados.

Llama poderosamente la atención la tipología de las viviendas que van a ser construidas en las ARES. Del total de 86.719 viviendas planificadas27, el 45,71% (39.706) del total serán viviendas directamente destinadas al mercado, el 27,51% (23.860) serán VPO tradicionales y el resto serán VPO concertadas.

Otro aspecto a tener presente es el número total de viviendas que van a ser construidas. Según estimaciones provenientes exclusivamente de los promotores – es decir, el stock de viviendas sin vender después del estallido de la burbuja inmobiliaria – en Cataluña existen 65.442 viviendas vacías28 . En consecuencia, cabe plantearse la necesidad de construir aún más viviendas si tenemos presente el volumen de viviendas construidas existente.

La vivienda de precio concertado

En Cataluña, desarrollando la figura de la VPO de precio concertado creado por el ministerio de Vivienda, se han creado tres nuevas figuras de VPO concertada.

En conjunto, las VPO bajo estas figuras tienen un precio máximo sensiblemente superior a las del resto de figuras de VPO, con una diferencia de entre 700 y 2060 euros/m2 según la superficie29 en las zonas más caras. Estas grandes diferencias de precio se dan básicamente en el área metropolitana de Barcelona y alrededores. La normativa de los nuevos tipos de VPO más caros que las VPO anteriorespermite a los promotores que lo soliciten calificar sus viviendas como VPO a los nuevos precios.

Paradójicamente, si comparamos las estadísticas oficiales de precios de compra de vivienda con los precios de VPO concertada nos encontramos con la sorpresa de que – al menos en el área metropolitana de Barcelona – viviendas calificadas como VPO concertada resulten sustancialmente mas caras que viviendas compradas en el mercado inmobiliario. A modo de ejemplo, el precio por m2 en Cornellà de Llobregat según el Ministerio de Vivienda es de 2.349,60 euros/m2, mientras que la Generalitat establece un precio de 3.001,68 euros el metro cuadrado de vivienda concertada – en la modalidad de menor precio. Estos datos confirman que la categoría de VPO concertada va mucho más dirigida a facilitar a los promotores la venta de sus excedentes de viviendas que a ayudar a los compradores a obtenerlas a menor precio.

Quinta etapa: ‘España se hunde más y mejor’

Cuando ya parecía que habíamos terminado con nuestra tarea de cronistas de las principales medidas que el Gobierno del Estado iba a tomar contra la crisis por un cierto periodo, resulta que nos habíamos equivocado: A fines de enero, el Sr. Zapatero y su gobierno se han descolgado con unas medidas de enorme impacto y gravedad, que no podemos dejar de recoger y evaluar.

Durante el mes de enero se ha podido observar un cambio de clima económico y social respecto a la economía española sobre todo a nivel internacional. Frente a los comentarios del gobierno de primeros de enero en los que avistaban ‘brotes verdes’ en el horizonte y parecía que la recuperación de la economía del país estaba al doblar de la esquina –‘un poco más tarde que los demás países pero ya viene’-, ha surgido una opinión desde las instituciones internacionales, la Unión Europea, de economistas de prestigio internacionales y en la Cumbre de Davos en las que se han manifestado graves dudas acerca de la solvencia de la economía española30. En parte debido a las altas cifras de paro, pero principalmente por el alto déficit público actual y el que se prevé para el inmediato futuro, y las dificultades que se pueden presentar para cubrir las necesidades de financiación estatal mediante la Deuda Pública, o, mejor, por los altos tipos de interés que se podrían exigir para que los mercados internacionales de capitales absorban la misma31. Parece haberse generado una significativa ‘alarma internacional’ acerca de la capacidad de nuestro país de mantener sus compromisos internacionales. La cuestión es que la esperanza de recuperación que ocupaba los medios a primeros de enero ha dado paso a una gran alarma acerca de nuestra crítica situación.

No sabemos si es debido a la gravedad de estas opiniones, o porque ya las esperaban, o porque la situación realmente se ha deteriorado todavía más, pero el gobierno se ha lanzado a plantear unas propuestas32 de política económica de gran alcance, que no se esperaban. Estas propuestas constituyen todo un programa de ajuste duro, del que las principales medidas son:

  • una reforma del sistema público de pensiones, formada por:
    • a) aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, graduada progresivamente desde 2013 hasta 2025 (dos meses por año hasta llegar a los dos años).Se jubilaran a los 67 todos los nacidos a partir de 1959. Lo que según algunos comentaristas alejarían el peligro de quiebra hasta el 2037 que ahora prevén en 2023.33;
    • b) aumento de los años necesarios para calcular el importe de la pensión. Ahora es de los últimos quince años, no se especifica cuantos serán con la propuesta pero podrían llegar a los 20 o 25 o a toda la vida laboral. Pero no se acepta la propuesta de los sindicatos que el trabajador escoja los años de cotización que prefiere34;
    • c) limitar las prejubilaciones de las empresas con beneficios y subir la edad mínima de prejubilación que ahora es de 52 años a 58 años. No se especifica más;
    • d) revisar las pensiones de viudedad para reducir pensiones de viudas jóvenes a indemnizaciones temporales;
    • e) estimulo a las pensiones privadas: que los mayores de 65 años puedan empezar a cobrarlas aunque tengan más de 65 años y seguir con mejoras en su fiscalidad.

Estas medidas se justifican para mantener el sistema de pensiones públicas, que se dice están en peligro grave de quebrar en el futuro a medio plazo y que se afirma se quieren mantener, junto con una drástica reducción del gasto público, con objeto de reducir el déficit público:

  • 50.000 millones de euros de recorte del gasto en los próximos 3 años (40.000 de reducción del gasto del gobierno central, 10.000 de CC.AA. y ayuntamientos). Recorte que nos dicen se hará sin tocar las partidas sociales, ni la educación, ni la inversión en i+d. Se recortará en el gasto de personal, las infraestructuras, el gasto corriente y las transferencias.
  • 5.000 millones de reducción inmediatamente en el gasto de 2010.

Repentinamente se ignoran todos los demás elementos que se han planteado para justificar la política económica hasta ahora, como la creación de puestos de trabajo, el cambio de modelo social, la mejora de la competitividad, etc. etc.,y las dificultades que estas nuevas políticas pueden suponer para lograr los mismos. Da la impresión de que se ha actuado bajo el pánico ante una situación recién descubierta o ante la opinión internacional y que ahora toda la actuación pública se ha de dirigir casi exclusivamente a resolver el problema del déficit y del futuro de las pensiones. Lo menos que se puede decir es que no parece que el tema de las pensiones es tan urgente como para haber elegido este momento para encararlo, y respecto a la reducción del déficit, quizá las presiones internacionales hayan obligado a enfrentarlo, pero, desde luego, no es imperativo resolverlo de esta forma. En la parte 2 volveremos a tratar de este tema.

A estos dos bloques hay que añadir un tercero presentado unos días después: las medidas respecto al mercado de trabajo, ‘la reforma laboral’ que está en negociación con los sindicatos y la patronal. Ésta había despertado una gran expectación pues se consideraba que sería tan contundente como las medidas para las pensiones y el presupuesto público. Pero la propuesta ha suscitado más bien sorpresa y un cierto desconcierto debido al carácter impreciso y ambiguo de la misma. Parece que asustado por las reacciones que frente a las medidas de pensiones y del presupuesto se han dado en los sindicatos y algunos sectores del propio PSOE, alarmados por el impacto que todo este programa puede hacer en sus ya pobres perspectivas electorales, esta vez el Gobierno se ha limitado a presentar unas buenas intenciones casi sin concreción, afirmando que tienen una propuesta concreta pero no la quieren trasladar a los agentes sociales para dejar abierto el dialogo y las negociaciones entre patronal y sindicatos, cuyas conclusiones se calcula que tardaran dos o tres meses en completarse.

Las medidas, que se explican en detalle en el artículo sobre el Mercado de Trabajo, parecen tener como objetivos el fomento a la contratación indefinida para combatir la excesiva temporalidad (con los contratos con una menor indemnización de despido)35, reducir tiempo de trabajo a cambio de la prestación de paro, estableciendo el célebre modelo alemán para frenar el paro mediante la reducción de la jornada laboral, favorecer la igualdad de genero (difícil de considerarla como una novedad), incentivar la contratación a tiempo parcial (una de las pocas medidas concretas), revisar las subvenciones al empleo, eliminando algunas existentes y concentrando las futuras sólo en los jóvenes, las víctimas de la violencia de genero y personas con discapacidad, propiciar la vuelta al trabajo de los jóvenes sin empleo, intentar acabar con el absentismo laboral, ampliar el campo de actuación de las ETT, y se debatirá (junto con el tema de las pensiones) la rebaja en 0,5% de las cuotas de cotización empresarial a la SS Camuflada entre toda batería de intenciones se pretende también la flexibilización de la negociación colectiva. Es obvio que no hay gran cosa de nuevo en estas medidas.

Curiosamente, ambos grupos de agentes sociales parecen haber recibido favorablemente estos planteamientos, probablemente porque ambos perciben que se les ha dejado muy abierto el tema y esperan tener la suficiente capacidad de maniobra para orientarlo hacia sus intereses. En realidad ‘la propuesta’ presentada se reduce casi a una declaración de intenciones. Todos los comentaristas sin excepción han destacado el carácter ambiguo e impreciso de su planteamiento, dejando que sean más bien los agentes sociales quienes discutan y lleguen a acuerdos concretos36.

Por su parte, el 8 de febrero, patronal y sindicatos, quizá urgidos por las malas perspectivas del país, pactaron una de las partes del Dialogo Social, la referente a los convenios colectivos para los tres próximos años. Medidas que se contemplan también en la parte del Mercado laboral. Entre sus principales medidas hay que reseñar el acuerdo sobre la moderación (mejor estancamiento) salarial – hasta 1% para 2010, una banda entre 1-2% para 2011 y de 1,5-2,5 para 2012-. Se mantiene la cláusula de revisión si los precios suben más que estos porcentajes, pero también la posibilidad de descuelgue para que las empresas que tienen pérdidas puedan no aplicar la subida salarial pactada. Y se incluye una cláusula que permite abordar la flexibilidad interna en materia de organización de tiempos de trabajo. A juzgar por los límites de aumentos salariales pactados no parece que los sindicatos tengan mucha esperanza de que se salga de la crisis antes de 2013. Es difícil entender por qué en medio de una coyuntura totalmente desfavorable al empleo los sindicatos han suscrito un pacto para un periodo tan prolongado.

La situación de la economía española continúa siendo difícil y las instituciones y los mercados internacionales intensifican la presión sobre el gobierno. Hasta el punto que tras la toma de las últimas medidas que señalamos la Vicepresidenta primera y Ministra de Economía, acompañada de otros altos cargos, fueron a Londres para dar explicaciones a algunos inversores extranjeros, al influyente periódico Financial Times y a algunas empresas de evaluación acerca de cómo se plantea el Gobierno la economía del país y como pretenden resolver principalmente el problema del déficit público. No ha trascendido el detalle de lo que allí se dijo pero a partir de entonces, primero por iniciativa de CiU, a través de su diputado en Cortes Duran y Lleida, y después con el sorprendente (y constitucionalmente dudoso) concurso del Rey37, se está debatiendo la conveniencia de un Pacto de Estado entre los partidos políticos para enfrentar la crisis. A mediados de febrero no parece muy probable que el Pacto de lleve a cabo, y las últimas noticias hasta ahora son que el Gobierno, ante la imposibilidad de lograr el Pacto tratara de establecer cinco grandes acuerdos básicos con la oposición. Acuerdos referentes a: el plan de austeridad para reducir el déficit público, el proyecto de Ley de Economía sostenible (que todavía no se ha aprobado), el sistema educativo, la reforma del mercado de trabajo y la reforma de las pensiones. Realmente si Gobierno y oposición llegan a acuerdos sobre estos cinco importantes aspectos puede considerarse que no están muy lejos de haber llegado a un pacto, aunque las conveniencias políticas aconsejen llamarlo de otra manera.

Con el debate acerca de la propuesta de Pacto o de los cinco grandes acuerdos básicos cerramos la consideración de las políticas frente a la crisis contempladas en este artículo. No hay duda que, con o sin pacto, se avecinan periodos de gran importancia e interés, y políticas de posibles graves consecuencias para la población. Pero en algún momento hay que cerrar esta publicación y nos parece un momento adecuado para ello. Tiempo habrá para volver al análisis de la nueva etapa más adelante. Pasamos ahora a evaluar las medidas que hasta ahora hemos recogido.

III. ¿HACIA DONDE SE DIRIGE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO? UN INTENTO DE EVALUACIÓN

Hasta ahora nos hemos dedicado a describir las medidas más importantes de política económica llevada a cabo por el gobierno. Corresponde ahora el realizar una evaluación sobre las mismas. Debido a la importancia de las propuestas recientes y a su reciente presentación, para algunos aspectos los comentarios referidos a las medidas hasta 2009 y los que corresponden a este último Plan se harán de forma diferenciada.

Es lógico pensar que el gobierno desea sacar al país de la crisis y resolver los graves problemas que ésta plantea. Lógico también pensar que la batería de medidas establecidas habrá tenido algún efecto positivo en la economía: Por ejemplo, se estima que el Fondo Estatal de Inversión Local ha facilitado que se hayan mantenido o generado hasta 400.000 puestos de trabajo (aunque no se señala por cuanto tiempo), se han complementado los recursos para VPO del Plan de la Vivienda, se han aplazado los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda de 170.000 empresas, las líneas del ICO han movilizado 18.000 millones durante 2009 a través de 350.000 prestamos para PYMES y familias, el doble de 2008… Incluso se señala que las medidas de apoyo al sistema financiero no han costado nada a los contribuyentes sino que han dado beneficios: 600 millones del fondo de compra de activos y 1.000 millones por el programa de avales38. Pero no se menciona que ha sucedido con las deudas de las familias ni las empresas, ni con la morosidad de las hipotecas, ni si han disminuido los desahucios, ni que pasa con el total estancamiento de la demanda, por qué la actividad económica no se reemprende en las empresas, ni por qué la tasa de pobreza aumenta. Y, sobre todo, no se percibe mejora en la situación del paro que sigue aumentando, aunque se añade como consuelo que ‘menos cada vez’. Normal, porque si siguiera aumentando al ritmo del último año estaríamos ya en una situación desesperada. Sin duda las medidas están sirviendo para algo, pero de momento no parece que están contribuyendo a resolver los problemas más urgentes ni más importantes.

Confusa y errática. Lo primero y más obvio que se puede decir de la política económica de estos dos últimos años es que es confusa y errática, que no tiene claras las líneas a seguir. El ejecutivo ha ido reaccionando ante los acontecimientos con retraso39 y las políticas seguidas pueden tildarse de improvisadas e imprevistas. No sólo el retraso en la aceptación de la crisis, motivado por consideraciones electorales, sino el apremio en el establecimiento del Plan E, el debate sobre a quien debe grabar el aumento de impuestos, las contradicciones entre muchas medidas, los cambios de alianzas para la aprobación de los presupuestos de 2010 ‘El gobierno pactó por la mañana con los grupos de izquierda subir los impuestos a las rentas altas…Por la tarde cambió de opinión, tras un acuerdo con CiU sobre el techo del gasto presupuestario’40. Más, el drástico cambio de tendencia que han supuesto las recientes propuestas para el presupuesto, las pensiones y la reforma laboral, todo ello da la impresión de que, por una parte, el gobierno esta fuertemente limitado por su debilidad en el legislativo y las presiones internacionales, y, por otra parte, que no tiene un plan de actuación enérgico y preciso, lo que no es fácil en una crisis de esta envergadura, pero ni siquiera parece que sabe hacia donde pretende dirigirse. Parece que el objetivo principal no es salir de la crisis sino mantenerse en el poder y que toda su actuación viene marcada por el empeño en mantener aplacada la oposición y los intereses de los grupos dominantes, del estado y del exterior.

Hasta el 2010 se ha pretendido cubrir todos los frentes sin decidirse por unas líneas preferentes, con lo que se acaba sin orientar la economía en una dirección eficiente. Da la impresión que se quiere contentar a todos: se dan ayudas (míseras) a los parados y se reducen las cuotas a la Seguridad social a los empresarios, se dan ayudas al alquiler pero se facilitan los desahucios a los propietarios, etc. Es un reparto generalizado, para que toque un poco a toda la clientela electoral y esté contenta. Esta distribución electoralista también se pone de manifiesto con la celeridad en que el Gobierno está dispuesto a modificar sus propuestas cuando aparecen voces críticas: hay medidas que han generado un importante rechazo y el Gobierno ya se está planteando retirarlas, como se ha visto en la LES, las protestas de los internautas y que explícitamente han dicho que las propuestas de enero 2010 se pueden modificar. Inmediatamente después de plantear la reforma de las pensiones señalan que es sólo una propuesta a debatir en el pacto de Toledo y que se puede modificar. Y así sucesivamente.

‘Lo importante es quién tiene el poder. Eso es todo’ Humpty-Dumpty a Alicia

Esta confusión se pone también de manifiesto en la presentación concreta de la política, que es bastante caótica. Resulta difícil percibir claramente cuales son las medidas que se llevan a cabo: entre repetidos anuncios anticipados de lo que se va a hacer, la aprobación de las mismas, la inclusión de medidas ya tomadas en planes posteriores…Por ejemplo, se ha incluido una vez más la supresión de la deducción por vivienda en la Ley de Economía Sostenible (que no ha sido aprobada hasta ahora, febrero 2010) después de haber sido repetidamente anunciada como una medida consolidada, y en la parte de Reforma laboral la mayoría de las medidas propuestas en 2010 se incluyen muchas políticas que ya estaban en operación. Seguir la política económica se convierte en un complicado laberinto de difícil comprensión.

RECUADRO 4
‘Hay quienes sostienen que el cruce de declaraciones, las contradicciones entre los Ministros y la dosificación de la información sobre los ajustes fiscales no obedecen a la improvisación, sino a una inteligente estrategia preconcebida. Lo que pasa es que la gente se empeña en no entender que bajar los impuestos es de izquierdas, pero subirlos también, que las rebajas fiscales son buenas para las familias, pero las subidas también son para beneficiar a los trabajadores…’ El País 27-9-09.

Profusión de medidas pero cuantitativamente limitadas.
Probablemente debido a esta falta de una línea de actuación precisa, la batería de medidas tomadas sorprende por su variedad y su relativamente bajo volumen económico. Se da una profusión de medidas, continuamente se anuncian nuevas medidas (o se reanuncian medidas anteriores), da la impresión que el Gobierno quiere poner continuamente de manifiesto que ‘está haciendo algo’ para salir de la crisis. Además se intentan justificar todas las medidas como medidas para salir de la crisis, lo que da lugar a situaciones un tanto esperpénticas: la crisis justifica que se bajen los impuestos y que se suban, que se apoye a las economías alternativas y que se vuelva a mirar con interés las nucleares, etc.. Y puestos a ser profusos, se añaden a las medidas llamadas ‘anti-crisis’ algunas adaptaciones de regulaciones que exige Bruselas y que no surgen por iniciativa del Gobierno. Por ejemplo han incluido algunas medidas que requiere la UE en el Plan E o en la Ley de Economía Sostenible, por ejemplo, de los objetivos sobre energías renovables o la mayor supervisión de las empresas de evaluación (en la LES) o los objetivos de Lisboa (en el Plan E).

Si se revisan las medidas del Plan E se pueden percibir las limitadas cantidades asignadas a algunos conceptos, que al desglosarlas en las muchas partidas que supone cada uno de ellos quedan reducidas a aportaciones testimoniales. Por ejemplo a I+D+i, en sus tres ejes de salud, energía y excelencia internacional se le asignan 490 millones de euros, 800 al sector de la automoción, 575 al medio ambiente, 300 a la Construcción, 110 a la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, 430 a los servicios sociales, de los cuales 400 son para la ley de Dependencia, y 75 para la mejora de instalaciones militares41. Limitadas cantidades que difícilmente pueden suponer una diferencia significativa en los sectores respectivos. A fines de 2009 se vuelve a ampliar el Plan E en dos ocasiones, en un nuevo ejemplo de política improvisada y parcerizada. En este sentido las medidas del Plan de Austeridad introducen un elemento totalmente contradictorio: por un lado hasta fines de 2009 se establecen políticas de importes relativamente reducidos, para poco después, en un importante giro total, establecer medidas en dirección totalmente contraria de importe mucho más elevado. Frente a los 11.000 millones del Plan E, y los 20.000 millones de la LES para una década, se decide la drástica reducción del Presupuesto en 50.000 millones para 3 años.

Buena intención pero dudosa realización. Se presentan muchas medidas ‘inconclusas’ que no se explicita como se llevaran a cabo. Por ejemplo, la exigencia de ‘políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente’ en las instituciones financieras. ¿Cómo van a exigirlo? Si parece que la única medida es que el Banco de España pueda poner reparos a las retribuciones de los banqueros en el caso de que se trate de bancos que han recibido ayudas42. Tampoco se explicita como van a cumplirse los objetivos (que ya habían sido asumidos por la UE) del suministro del 20% de energía renovable en 2020 o 10% de energía renovable en el sector transporte. Asimismo algunas medidas difícilmente van a poder implantarse en el plazo previsto: por ejemplo, los expertos consideran inviable que el Servicio Universal de banda ancha, con una mega de velocidad puede implementarse en apenas un año.

Cortoplacistas, respecto a las políticas dirigidas a paliar la crisis. El Fondo Estatal de Inversión Local es un fondo que apoya proyectos de bajo presupuesto dirigidos a facilitar trabajos de infraestructura municipal que ni van dirigidos a mejorar la productividad ni la innovación, y crean puestos de trabajo efímeros, pues sólo durarán lo que dure el proyecto aprobado, mostrando que la creación de empleo duradero no supone una alta prioridad del ejecutivo. Tampoco hay duda que las repetidas ayudas a la compra de automóviles han aligerado los stocks de los mismos amontonados en las empresas, aunque no ha sucedido lo mismo para las compras de motos, que parece no se han conseguido dinamizar Habrá que ver cuales son las consecuencias para las mismas cuando las ayudas se terminen. De hecho ya han tenido que prolongarse para que las empresas automovilistas no volvieran a su profunda crisis.¿Qué pasará cuando se acaben las ayudas y hayan disminuido los stocks? ¿Se dedicaran las empresas automotor a plantear ERE sobre ERE o despedirán directamente a sus trabajadores? Da la impresión que el Gobierno confía en que la situación mejorará en cuanto las economías ‘importantes’ (Alemania, USA, etc.) se recuperen y esto sacará a España de la crisis (¿vía exportaciones?) y está especulando con este escenario, con lo que ahora simplemente se van poniendo ‘parches’ para pasar el bache.

Por el contrario, las medidas recientes tienen un carácter más permanente, estructural, especialmente las propuestas para la reforma de las pensiones y la reforma laboral, que son más duras para la población. Es de temer que los resultados finales de las mismas alteren de forma definitiva tanto el sistema de pensiones como el de relaciones laborales (con la única excepción, esperamos, de la congelación salarial)

¿Y el empleo? Asimismo, se establece un criterio de reparto del Fondo del Plan E proporcional a las cifras de población de cada Municipio, lo que puede no corresponder en absoluto a la situación del empleo en los municipios, lo que pone en duda la eficiencia empleadora de la medida. La parte más negativa es que muchos de estos proyectos han sido contratados a grandes empresas constructoras que utilizan maquinaria muy avanzada con poca necesidad de personal, y, por tanto, generan muy poco empleo. Podría añadirse que una faceta en la que ha sido muy eficiente el Fondo es la publicitaria, pues la obligación de exhibir en las obras financiadas el letrero ‘Plan E: Fondo de Inversión Local…’ ha informado del mismo en todos los rincones de España. ¡Confiemos en que por lo menos haya creado empleo -¿temporal?en la empresa que fabrica los letreros. En el sector del automóvil, acabamos de señalar que las ayudas están sirviendo para la venta de stocks almacenados, que no es lo que crea empleo, sino la producción de nuevos automóviles, ¿servirán las ayudas para ello o simplemente ayudarán a las empresas a desembarazarse de los que ya tienen?. Y que ocurre con el empleo público, ¿por qué se está reduciendo la contratación? Además, no hay duda que el fuerte volumen de reducción del gasto presupuestario del Plan de austeridad tendrá un grave impacto negativo en el empleo.

Contradictorias: Ya se ha señalado antes el carácter contradictorio de muchas medidas: se potencia la compra de automóviles y se sube el precio de los carburantes. Extraña combinación. En el caso de la I+D+i , en la Ley ES se fomentamediante deducciones fiscaleslas innovación empresarial, mientras que en los Presupuestos se reduce el gasto destinado a I+D y se recorta el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Educación43. Más todavía ¿por qué si el objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles en favor de energías alternativas, se dan ayudas al carbón nacional? Y un largo etc. Quizá la contradicción más fuerte consiste en que se insiste en que hay que aumentar el consumo privado y se aumenta el IVA que lo reduce, o se afirma la imperiosa necesidad de cambiar de modelo de producción, y se potencia la compra de automóviles, que constituyen uno de los principales ejes del modelo anterior¡. Es bastante difícil tomarse en serio el discurso acerca del ‘cambio de modelo’ con estas medidas tan contradictorias.

Es, por decirlo de forma suave, sorprendente, que tras una colección de políticas tan desfasadas para lograr mejorar el bienestar del país, el Presidente del Gobierno se imponga ahora como propósito de su presidencia europeaen la que parece fijar sus esperanzas de recuperar el voto en las próximas elecciones, nada menos que ‘el orientar la salida de la crisis de la UE’. Empeño ambicioso donde los haya. Claro que para ello ha recurrido, como en otras ocasiones, al asesoramiento de tres grandes ‘sabios’ – Delors, expresidente de la UE, Felipe González y P. Solbes-, pero si el resultado no es mejor que el que le proporcionaron los tres premios Nobel a los que recurrió para el programa electoral de 2008 cabe preguntarse por el coste de este afán, se podría decir que más mediático que realista44.

Desde un punto sectorial, debemos señalar:

La excepción financiera. De esta dispersión, cortoplacismo y poca financiación, sólo se exceptúan las ayudas al sector financiero. Aquí parece que la línea es clara (ayuda incondicional) y la dotación financiera es muy generosa. Revisando las medidas señaladas mas arriba se puede apreciar que garantizan ayudas precisas y muy sustanciales y generosas y que corresponden sin fisuras a los apoyos que las instituciones desean45. Además de la liquidez proporcionada por el BCE se han aprovisionado muy generosamente subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, (FAAF), líneas de créditos, avales, se han garantizado los depósitos, se está tolerando que los bancos y cajas mantengan activos (sobre todo inmobiliarios) sobrevalorados en sus balances para que no aparezcan como pérdidas ni tengan que provisionar sus pérdidas… en una palabra, se les ha apoyado en todo lo necesario para mantener su credibilidad y la confianza en su solidez financiera. Y cuando no la tienen se prolonga su agonía y se coloca al país en una situación arriesgada.

Por el contrario, la revitalización del crédito que estas instituciones debían conceder a las empresas y familias ha sido prácticamente nula y los créditos netos han sido negativos. Los bancos se han dedicado a protegerse contra posibles evoluciones negativas para ellos y ni las empresas ni los particulares reciben los créditos que necesitan para su actividad económica, su inversión o su consumo. Ver artículo de Estructura Las instituciones financieras están demostrando, una vez más, que sólo les interesan sus cuentas de resultados.

Con la construcción… una de cal y otra de arena. El Gobierno parece navegar entre dos aguas. Por una parte, la eliminación de la deducción de vivienda supondrá un duro golpe para los constructores y inmobiliarias… a partir del 2011. La intención es animar las compras inmediatas y ‘reconducir’ al sector hacia la rehabilitación de viviendas (mediante la ampliación del concepto de rehabilitación, y con ventajas fiscales (IVA reducido y deducción en el IRPF). Por otra parte, el aplazamiento de la valoración del suelo con los criterios de la nueva Ley del Suelo se aplaza a tres años: esto supone un gran alivio para las inmobiliarias y los bancos ya que, de aplicarse la nueva Ley del Suelo, habrían visto caer el valor de sus activos en sus balances. O sea, que la crisis inmobiliaria no se va a ‘digerir’ a corto plazo. Por otra parte, queda patente que la Ley de medidas para agilizar el desahucio trata simplemente de favorecer a los propietarios de viviendas, ahora que muchas empresas inmobiliarias tendrán que recurrir a alquilarlas ya que no pueden venderlas, a expensas de los arrendatarios que tengan problemas para pagar el alquiler, porque el procedimiento de desahucio puede iniciarse y resolverse con menos plazos y más rapidez. Precisamente en un periodo en el que millones de familias pueden tener dificultades para pagar el alquiler debido al paro. La falta de sensibilidad del legislador respecto a quienes tienen problemas económicos es patente, a menos que sean …grandes propietarios que dediquen sus viviendas al alquiler.

Respecto a la política fiscal, vale la pena realizar una evaluación un poco más detallada que, en cierta manera, también ejemplifica buena parte de las críticas anteriores:

  • El gobierno ha decidido subir los impuestos. Principalmente para cubrir parte del déficit presupuestario, olvidando que en una crisis es precisamente este déficit lo que es necesario para reactivar la demanda. Cuando en las condiciones de España todavía se puede financiar dicho déficit con Deuda Pública, aunque haya que pagar más en intereses46.
    El Gobierno pretende así no perjudicar la solvencia del país con los financieros internacionales y satisfacer las exigencias de la UE, que dificulta la utilización de la política fiscal del estado incluso en una situación tan crítica como la actual. Interesante, y triste, que se plantee subir los impuestos sólo para resolver el déficit, objetivo en el que tiene el entusiasta apoyo del PP. Otra cosa sería si se aumentasen los impuestos para mejorar los servicios que se ofrecen a la población, en cuyo caso sí que puede ser útil subir los impuestos.
  • Hay que decir que en España hay margen para subir los impuestos, pues se pagan bastantes menos impuestos que en la UE47, pero para evaluar la subida de impuestos hay que saber que impuestos se van a subir y a quien van a afectar. En 2009 y con las subidas anunciadas en los Presupuestos para 2010 sólo se tocan de refilón los beneficios del capital pero quieren disminuir el déficit principalmente reduciendo la deducción de 400 euros y aumentando sustancialmente el IVA y los impuestos especiales. Es decir, aquellos que afectan al consumo de las clases populares48. Y no aumentan los impuestos a los más ricos (tramos más altos del IRPF, SICAV y Fondos de Inversión), ni se crean nuevos impuestos (verdes o a las finanzas).

Esta subida generalizada de los impuestos al consumo no es justa, ni siquiera eficiente. En las condiciones de España y de Europa hay que subir los impuestos a los ricos, y no subirlos a los grupos de ingresos modestos y mucho menos a los más pobres, que sin embargo, es lo que supone la subida del IVA.

Pero ni siquiera son eficientes: una de las causas importantes de la crisis es la demanda insuficiente de la economía. La gente no puede comprar porque sus salarios no suben y le han cortado el crédito, o están parados; los empresarios no invertirán porque no venden y tampoco tienen crédito. Una subida del IVA reduce la capacidad de compra de la población, cuando los propios dirigentes políticos y económicos nos están diciendo (irreflexivamente) que hay que gastar más en consumo. Y, al mismo tiempo, el Gobierno plantea como medidas para salir de la crisis un aumento de impuestos que afecta a toda la población y, por tanto, reduce su capacidad de compra!49 Subir el IVA es una medida totalmente contradictoria e incoherente con una estrategia de salida de la crisis recuperando la demanda. Por un lado dan dinero para comprar automóviles y por otro lado suben el IVA y los impuestos a los carburantes. ¿En que quedamos?

Asimismo, el aumento del impuesto sobre las rentas del capital es relativamente tramposo. Pues aunque pasa del 18% al 19 o al 21%, lo que realmente supone un aumento, lo hace sobre unas rentas que habían bajado de tributar por la tarifa general del IRPF, con un máximo del 43%, al 18% en las rentas al capital. Que ahora suban al 19% o al 21% sigue siendo un tratamiento extremadamente favorable ya que los ingresos del trabajo, tributan por una tarifa notablemente más alta (ingresos por encima de 2700 euros mensuales, tipo de gravamen conjunto 37%)

Las autoridades dicen que no se pueden subir impuestos a los ricos porque éstos tienen amplias posibilidades de evadirlos, pero esto se puede disminuir reforzando el control en formas muy variadas; argumentan, también, que no se debe gravar a los más ricos porque son quienes invierten y dinamizan la economía, pero la historia reciente muestra que estas inversiones se dirigen sobre todo a productos financieros, casi siempre especulativos, con los catastróficos resultados que estamos viendo y sufriendo, o a deslocalizaciones empresariales o destinos lejos del país. Se añade, también que los impuestos eliminados o reducidos recaudan poco, por lo que no es importante su desaparición, pero, aunque es cierto que se recauda bastante menos de lo que se podría (con el impuesto sobre el patrimonio, cotas altas de IRPF, SICAV,…), todavía la recaudación de los grupos de ingresos más altos es significativa.50 En este país hay todavía mucho margen para tasar a los más ricos en lugar de revertir todas las necesidades de la Hacienda Pública a aumentar los impuestos como el IVA.

RECUADRO 5. RESUMEN (SÓLO MUY APROXIMATIVO) DEL IMPACTO DE LA REFORMA FISCAL DE 2009-2010. MILLONES DE EUROS

  • Favorable a los más ricos
    • Supresión I. Patrimonio: 1.800
    • Supresión I. Sucesiones (CC.AA): X
    • Disminución I. sociedades Pymes: 700
  • Favorable a las clases populares
  • Negativo para el capital
    • Aumento impuesto rentas capital: 800-1.000
  • Negativo para clases medias
    • Supresión deducción vivienda >24.000: X
    • Fraude fiscal: 8.000
  • Negativo para clases populares.
    • Supresión deducción 400 euros IRPF: 4.100-6.000
    • Aumento carburantes y alcohol: 2.300
    • Aumento del IVA: 5.000-6.000

Presión fiscal

  • UE: 40,4%
  • Dinamarca: 48,9%
  • Francia: 43,6%
  • España: 30-36%

Recaudación total esperada: 6.500 millones euros, 0,6% PIB; Deseada: 15.000 millones euros

No han subido: IRPF, SICAV. No hay ningún impuesto nuevo

También podrían considerarse nuevas figuras financieras como un impuesto a las transacciones internacionales, o un impuesto a las grandes fortunas, como ya se esta contemplando en otros países e incluso en el ámbito de la UE51. Los 15.000 millones de euros que se señala sería conveniente recaudar no exigirían tasas de imposición prohibitivas para los ricos de este país. Es la voluntad y la fuerza política lo que falta para lograrlo.

Por otra parte, la desaparición de la deducción de los 400 euros afectará principalmente a las rentas situadas por debajo de los 30.000 euros anuales que sufrirán el 83 % del impacto total, mientras las rentas más altas sólo ‘cargarán’ con un 17 % del impacto total52. Si tenemos en cuenta que el nivel máximo de 30.000 euros anuales suponen 2.143 euros brutos al mes en 14 pagas, se percibe claramente a quien afecta esta reforma.

“Ponen el intermitente a la izquierda y giran a la derecha.” J. Tarda, diputado de ERC

La supresión de la deducción por compra de vivienda es igualmente contradictoria e injusta. Es verdad que una deducción general por vivienda había dado lugar en su día a exenciones muy injustas (quien compraba un piso de 600.000 euros desgravaba mucho más que quien compraba uno de 250.000) pero esto ya había sido modificado anteriormente. Ahora el gobierno pretende revitalizar la compra de pisos inmediata. El límite de 24.000 euros es muy bajo lo que supone que disminuirá muy fuertemente las exenciones por compra de pisos, cuando se hubieran podido modificar las deducciones siguiendo los distintos niveles de renta.

No son más coherentes, equitativas o eficientes las disminuciones de impuestos que se plantean: Patrimonio, Sucesiones, reducciones del Impuesto de Sociedades, beneficia otra vez a los más ricos.

En el Recuadro 4 presentamos un resumen, que sólo hay que tomar como muy aproximativo, del cambio de impuestos reflejado más arriba. Insistimos en que se trata de una aproximación muy elemental, pero creemos que permite percibir que la reforma fiscal del gobierno Zapatero ha optado, una vez más, por favorecer a quienes más tienen.

Es patético el espectáculo del gobierno respecto a los impuestos. En primavera y en verano 2009 Zapatero y Blanco dicen que subirán los impuestos de los más ricos, en septiembre, Salgado ya dice que no se tocara las SICAV y en octubre, ¡sube el IVA¡ ¿Dónde están los ricos que serán gravados?

Hay que tener en cuenta que el argumento que el Gobierno esgrime como positivo es que no ha disminuido el gasto (público) social. Podría discutirse esta afirmación en algunos aspectos (el gasto total del Presupuesto iba a disminuir en el 3,9%, después de las medidas de enero disminuirá en bastante más), pero aún si se acepta, no se puede ignorar que la capacidad adquisitiva de las clases populares sí que disminuirá ostensiblemente con estas cifras.

En cuanto a la Ley de Economía sostenible, que parece ha de resolver todos los problemas de la economía española por una década, cuenta sólo con una aportación de 20.000 millones de euros, que aunque parece mucho dinero es muy poco para cumplir todos los objetivos que se le asignan.

Habría que cuestionar si realmente esta Ley va a conseguir el cacareado ‘cambio de modelo’. Tal como puede observarse en el cuadro-resumen del Anexo, no se trata de una Ley con reformas ‘de calado’, sino que sigue la pauta que hemos señalado más arriba: medidas consistentes en un compendio de pequeñas reformas a las que, da la impresión, que se ha querido ‘empaquetar’ dentro de un marco coherente.

Añadiremos que en este Informe, debido a sus objetivos, no hemos hecho casi referencia a la incidencia en la economía española de las grandes empresas transnacionales, pero tampoco se puede ignorar, pues es bien sabido que son ellas las que en gran parte determinan la dinámica de la economía de los países y que tienen un gran peso en la actuación del Estado. No se puede ignorar que a las grandes empresas transnacionales no les preocupan las economías de los estados sino las de sus empresas en el mundo. Estas empresas están a favor de que los estados compitan entre sí, especialmente para disminuir impuestos a las empresas. Como ellas tienen como objetivo los resultados globales no les interesa tanto un mercado interno potente en los países sino que prefieren la disminución de impuestos y problemas en cada país, y esto no deja de tener su peso e importancia en la política de los estados, aun en circunstancias de gestionar una crisis.

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ENERO DE 2010

Estas medidas sufren de todos los aspectos que hemos señalado hasta ahora, aparente improvisación, contradicciones, etc. etc. pero su magnitud y gravedad nos impulsan a dedicarles este comentario particular.

En primer lugar se trata de analizar la urgencia de los problemas a resolver. El déficit público y el potencial déficit del sistema de pensiones públicas, predicho, como pronto para el 2023.

El tema de las pensiones públicas no podemos tratarlo aquí en toda su magnitud, pero sí creemos poder decir que el que las pensiones peligren, ni en esa fecha ni en ninguna otra, es un problema creado artificialmente aprovechando el argumento de la presión demográfica y que hay muchas otras soluciones al mismo además de retrasar la edad de jubilación y aumentar los años de cómputo para las pensiones. Además de destacar el estupendo negocio que para el sector financiero constituyen las pensiones privadas que se estimulan de esta manera. En cualquier caso, aunque fuese cierto que corren peligro, no parece tan inmediato como para intentar resolver sus problemas en medio de una crisis económica con 4,5 millones de parados53. Aunque hubiera que renovar el Pacto de Toledo, lo que hay que hacer cada cinco años, esta renovación se hubiera podido enfocar de otra manera mientras durara la crisis.

En cuanto al déficit público (alrededor del 11% sobre el PIB), es un problema, pero que hay que matizar. Primero, el déficit se ha disparado este año por el coste del apoyo a la crisis (ayuda a los capitales financieros y subsidio de paro), como se han disparado los déficits de otros países ricos –Francia, Alemania, si bien en éstos el aumento no ha sido tan fuerte y Estados Unidos que prevé un déficit en torno al 10% -; pero la Deuda Pública en España, aunque ha aumentado también con gran rapidez está situada en niveles relativamente bajos, incluso debajo de la de muchos otros países más ricos de la UE y hasta muy recientemente estaba por debajo del limite del 60% del PIB que establece la Unión Europea en el Pacto de Crecimiento y Estabilidad54. Sin olvidar que una parte de la alarma ante nuestra deuda se basa en el alto endeudamiento privado y no del público (Véase el artículo La difícil salida de la crisis). Así que es un problema relativo. Parece que lo que ha alarmado a nuestras autoridades es más bien el posicionamiento de los mercados de crédito internacionales que exigen tipos de interés más altos para financiar nuestro déficit. Pero, si los cinco millones de trabajadores que están sufriendo tan tremendamente necesitan las políticas que hay que financiar con ese déficit público, ¿por qué no habremos de pagar un poco más por nuestros tipos de interés si es necesario?55 Nada menos que un economista del prestigio de Krugman dice: ‘Y ahora mismo necesitamos más gasto deficitario porque las vidas de millones de estadounidenses se están arruinando por el elevadísimo desempleo, y el gobierno debería estar haciendo todo lo posible por reducir el paro’56 ¿Por qué entonces tanto susto? Mientras tanto, nuestra ‘gran amiga’ la UE nos ha dado de plazo sólo hasta 2013 para reducir nuestro déficit, que es otro de los factores que esta también obligando a intentar reducirlo a lo bestia.

Es decir, somos rehenes de la UE con su Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de los mercados financieros internacionales. Buena prueba de ello es que altos cargos gubernamentales se han dado prisa en reunirse con importantes agencias de cualificación, (Standard and Poor), e importantes medios de comunicación (Financial Times), además de importantes financieros de la City londinense, para explicarles y justificar que el gobierno está dispuesto a tomar las medidas que los primeros creen que hacen falta para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas; junto con la falta de voluntad política para plantear una enérgica política de déficit para resolver el mayor problema de la sociedad, que es el paro. Por ejemplo, si tanto se teme al déficit, ¿Por qué no realizar una reforma fiscal que grave a los que realmente pueden pagar muchos impuestos? ¿Por qué no una reforma fiscal para gravar a los más ricos, a los bancos, a los beneficios de los años del boom?57 El Presidente Obama, a quien parece Zapatero admira mucho y está hasta dispuesto a acompañarle a rezar, acaba de proponer una subida de impuestos a los más ricos, a las empresas ya a algunas instituciones financieras58, ¿Por qué no quiere copiar a Estados Unidos en este tema?

Pero es que, además, estas medidas, totalmente inesperadas por todos los comentaristas y parece que elaboradas casi en secreto – hace un mes que se aprobaron los presupuestos y se alteran ahora sustancialmente, son muy incoherentes con los demás objetivos que dicen estar intentando potenciar desde el 2008. Por muchas razones:

  • con un gasto público decreciente en infraestructuras y empleo y salarios públicos, es imposible incentivar la demanda y crear empleo. Esto quiere decir que el gobierno abandona el objetivo de aumentar la actividad económica y luchar contra el paro a favor de intentar resolver el problema del déficit. Ya iniciaron este camino con la reforma fiscal planteada en los presupuestos, pero ahora refuerzan esta tendencia. Lo que es extremadamente grave para los parados y la recuperación de la economía. Como dijo la Ministra de Economía, se trata realmente de un (duro) programa de ajuste en el que el objetivo fundamental es controlar el déficit a expensas de cualquier otra meta, o ¿creen en los milagros para estimular el empleo? También es sorprendente que la patronal esté de acuerdo con esta medida, pues afectará directamente a sus negocios; ¿es tan fuerte su ideología que prefieren la ortodoxia financiera que cuidar de sus negocios? Parece extraño. Habrá otras medidas que les favorezcan, entre ellas más posibilidades de entrar en los ámbitos que hasta ahora eran de ámbito público a través de las denominadas iniciativas de partenariado público-privado.
  • si las personas mayores han de trabajar dos años más, ¿Cómo crearán empleo para los jóvenes que tienen altas tasas de paro y que, además se dice que quieren potenciar concentrando en ellos las subvenciones? Incoherencia completa.
  • ¿es posible creer que no se tocará el gasto social si los ayuntamientos, que ya están muy ahogados por falta de fondos, y las CC.AA. sobre los que recaen muchos servicios sociales han de reducir su gasto? ¿Van a poder controlar este gasto? Además, no sirve de mucho mantener el gasto social si se recorta el empleo, cosa que no podrá dejar de suceder con el recorte del gasto. Una de dos, o son tontos, cosa que no es cuestión de creer, o creen que somos tontos nosotros y nos lo vamos a creer. Pero la gente sabemos sumar y atar cabos. ¿Es que se estaban derrochando 50.000 millones hasta ahora?
  • ¿cómo piensan avanzar hacia ‘el nuevo modelo de crecimiento’ que proponen como remedio a todos nuestros males? Trabajar hacia un nuevo modelo de crecimiento exige tiempo y mucho dinero, ¿Qué va a pasar con la investigación, la educación, el conocimiento necesario para intentarlo? o, ¿queda todo en papel mojado?
  • el Ministro de Fomento ya ha dicho que, ante el recorte, tendrá que aumentar la participación de capital privado en sus programas. Es decir, este recorte facilita y justifica la privatización de más parcelas de la economía pública.
  • hay que destacar el nefasto papel de la UE y su Pacto de Estabilidad y Crecimiento: en lugar de ayudar a los países en dificultades como Grecia y Españano exigir el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, facilitarles créditos preferentes, o comprar deuda de los países más débiles por medio del Banco Central Europeo, quieren imponer con fuerza los límites del Pacto de Estabilidad, que ningún país importante ha cumplido y para lo que han buscado soluciones. Hay que decirlo alto y claro: en esta crisis la pertenencia a la UE no ha facilitado su solución, sino que esta forzando una política económica trasnochada, ineficiente y muy dura para la población, que empeora las condiciones de una solución.

Respecto a la reforma de las pensiones, el ataque a las clases populares es de tal magnitud que en el Comité Federal del 30 de enero, los propios socialistas piden a Zapatero que se ande con cuidado, y éste prometió estar abierto al dialogo y a los cambios. Seguramente debido a estas presiones y a que la campaña electoral parece que ya ha comenzado, el 2 de febrero los medios señalan que quizá se deje el aumento de edad como una opción voluntaria, pero ¿es que ignoran que ya existe el incentivo legal de incentivar el retraso de la jubilación con el 2% cada año y con el 3% si se tienen más de 40 años cotizados? Ante la acusación de que hay trabajos penosos cuya duración no se debería alargar, dicen también que quizá puedan establecerse diferencias según profesiones, que permitan no prolongar la edad para las profesiones más duras, pero resulta que esto también existe desde hace tiempo para algunas profesiones como los mineros. ¿Por qué tanta prisa de repente? ¿Por qué no lo piensan primero? Por otro lado, no dicen nada de lo que se va a hacer de las pensiones de los privilegiados: por ejemplo, con las de los políticos que pueden gozar de una pensión máxima cuando les llegue el retiro, aunque su periodo de trabajo en el Parlamento no sea largo y el resto de la vida laboral hayan cotizado por la mínima. ¿Darán ejemplo con los cambios?

Poco cabe decir respecto a las propuestas de reforma laboral. Las medidas son todas conocidas y esta propuesta no supone mucho más que una renovada recopilación de las mismas. Esta claro que el objetivo de resolver el problema del paro ha quedado totalmente subordinado a la reducción del déficit y que, en una situación extremadamente difícil para el mercado de trabajo el gobierno adopta una actitud de abandono de guiar una política para dicho mercado y deja su evolución en manos de un ‘Dialogo’ entre un empresariado crecido por su fuerza en dicho mercado y unos sindicatos que hasta ahora se han mostrado altamente ‘comprensivos’ de que los trabajadores tienen que apretar su cinturón ante la crisis y ser ‘responsables’ a pesar de los 4,5 millones de parados. A día de hoy -19 de febrerono parece que se pueda esperar mucho de lo que salga de dichas negociaciones favorable a los trabajadores. Lo pactado hasta ahora es fundamentalmente una congelación salarial para los próximos tres años. (Ver artículo de Mercado laboral) y las propuestas de la patronal rondan en planes de esclavitud laboral. Realmente que en la situación actual el gobierno deje en manos de unas ’negociaciones’ entre sindicatos y una reforzada y agresiva patronal la reforma laboral, sólo puede querer decir que se deja a los trabajadores a los pies de los caballos.

Se ve claro como van a justificar esta política. Como una muestra de la responsabilidad y valentía del gobierno: ‘quien propone estas reformas lo hace porque es quien más aprecia el sistema de pensiones’, ’podía resultar más cómodo no hacer nada, pero no es nuestra forma de ser’ Zapatero en el Comité Federal del PSOE de 30 enero. Y seguro que así lo presentarán en la propaganda electoral. Sin tener en cuenta para nada que estos problemas pueden enfocarse de otra manera y que para hacer lo que hay que hacer, se puede recurrir a otras fórmulas más eficientes, justas y no seriamente contradictorias con los demás objetivos e importancia primordial para el bienestar de la población, como el empleo, las condiciones de trabajo y el nivel salarial. Especialmente el Plan de Austeridad, supone echar por la borda todos los intentos, por débiles que fueran, de paliar los efectos de la crisis para la población española.

¿Qué ha llevado al Gobierno a este giro radical y a plantear ahora estas políticas? Por un lado, parece que el programa de reformas planteado se ha hecho principalmente debido al interés del Gobierno en mostrar a las instituciones internacionales, la UE y los mercados globales su disposición a hacer ‘todo lo que sea necesario’ para satisfacerles. Se presentan las nuevas medidas conjuntamente con la finalidad de enviar el mensaje al capital financiero internacional que el gobierno de España es un gobierno “serio” y que está dispuesto a tomar las medidas que sean “necesarias” para asegurar el pago de la deuda, por muy impopulares que sean estas medidas.

Pero, además, es posible preguntarse si esta inusitada prisa por plantear en este momento estas políticas, no es debido también, a que han decidido aprovechar el profundo temor de la sociedad española frente a la situación actual del empleo, la actividad económica y del crédito, y de las escasas y débiles posiciones reivindicativas mantenidas en todo este periodo59. Si parece que las clases populares aguantan todo –hace muy poco el Sr. Zapatero agradecía a los trabajadores españoles su sentido de la responsabilidad frente a la crisis ¿por qué no probar para instaurar políticas duras y muy poco populares? Además, pueden servir de globo sonda para ver hasta donde se podrá llegar en la reforma laboral. Quizá sea una interpretación un poco exagerada, pero estas medidas aparecen como tan repentinas, inesperadas y contraproducentes con todos los demás objetivos que hay que buscar razones peculiares para justificar el momento elegido para tomarlas.

Además puede interpretarse que la impopularidad de las medidas tomadas y a tomar, debido a su dureza para la población, es muy probablemente lo que impulsa el Pacto de estado a debate en febrero. Es muy probable que el partido en el poder no quiera hacerse responsable único de dichas medidas ante el descontento político que las mismas puedan motivar. Qué ha pasado desde primeros del 2010, que saben el Rey y las autoridades, para lanzarse precisamente ahora a tal iniciativa? ¿Ha pasado algo que la opinión pública no conoce para impulsar un Pacto después de dos años de crisis?60 ¿Qué se ha pactado con las instituciones y los inversores internacionales que requieren el concurso de todas las fuerzas políticas?

Con estas medidas se ponen en cuestión muchas de las disposiciones que se habían tomado anteriormente y que hemos comentado aquí. Con ellas el gobierno quizá logre (tampoco es seguro) granjearse la aceptación de algunos de sus mayores críticos y detractores: la patronal, los expertos económicos61, el Banco de España, los organismos internacionales y, sobre todo habrá mejorado la credibilidad del gobierno frente a los mercados financieros mundiales, pero ¿a que precio para la población española?

EL RESCATE DE LOS PODEROSOS

Si se revisan todas las medidas en su conjunto se perciben las importantes y graves diferencias entre las dirigidas a favorecer los intereses del capital y las que pueden beneficiar a los trabajadores. No solo las ayudas monetarias dirigidas a las instituciones financieras son mucho mayores que las dirigidas a ayudas a la población, sino que otras medidas de política afectan a la población de forma muy desigual: eliminar la deducción de 400 euros no afecta a todos por igual, ni eliminar el impuesto de Patrimonio o de Sucesiones; por otra parte. ya veremos cual será el resultado final del llamado Diálogo Social y la Reforma laboral, cuya idea ya ha sido aceptada por el ejecutivo, o la diferencia entre las ayudas a los inquilinos y la ley de Desahucios Express para los propietarios, etc.etc.etc. Además, se acaban de proponer tres bloques de medidas que tiran por la borda todo lo legislado hasta ahora para recuperar la economía y mejorar el empleo. Lo más grave es que a medida que se avanza en el tiempo, el gobierno va siendo más y más audaz en sus ataques y toma medidas más duras para los trabajadores y las clases populares. Es de temer que en vez de una Economía Sostenible, acabemos avanzando hacia una Economía ‘Sumergible’ (por la importancia en España de la economía sumergida) a la que tenga que recurrir cada vez una mayor parte de la población española para sobrevivir.

Cronología 2007

Cronología 2007 – Informe mensual. La Caixa. Noviembre 2008

Cronología 2008

Cronología 2008 – Informe mensual. La Caixa. Noviembre 2009

Cronología 2009

Cronología 2009 – Informe mensual. La Caixa. Febrero 2010

Principales medidas de la Ley de Economía Sostenible (La Vanguardia, 17-04-2009, sección Vivir edición Barcelona).
Mejora del entorno económico Competitividad Sostenibilidad Medioambiental Medidas fiscales Otras medidas
Reforma de los organismos reguladores. — Disminución de los miembros de los consejos: 1 presidente + 4 miembros, se eligen por 6 años sin posibilidad de reelección.
– Los organismos deberán publicar las actas de las reuniones del Consejo y los informes en que se basen las decisiones que tomen
Simplificación administrativa de los trámites para crear nuevas empresas

Reducción de emisiones de gases contaminantes.
– Se creará un ‘sello’ que certifique la reducción de emisiones.
– Se crea un fondo público para la compra de créditos de carbono.
Más impulso a la I+D+i. Incremento de la deducción en el impuesto de sociedades para las actividades de innovación (12%). Reforma Ley de Morosidad.
Reforma de la Ley contra la Morosidad y la de Contratos del Sector Público. Para el Sector Público se reduce el plazo máximo de pago de 60 a 30 días (pero el periodo de adaptación es 2013). Para el sector privado, el plazo será de dos meses.
Mercados financieros.
– Los accionistas podrán disponer de información sobre las remuneraciones y votarlo en la junta general.
-El Banco de España, podrá requerir a las entidades de crédito que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital.
-Se endurecen las multas por las infracciones graves o muy graves a las entidades y sus administradores.
-Se amplían los supuestos de infracciones muy graves de las gestoras de fondos de inversión y también de planes de pensiones.
-La Dirección General de Seguros podrá inspeccionar a las entidades depositarias de fondos de pensiones para comprobar que cumplen las normas.
-Las agencias de calificación crediticia se someten a control y supervisión de la CNMV.
-Aumentan las atribuciones de la CNMV en cuanto a supervisión y control.
-Las colocaciones de emisiones contarán con la intermediación de una entidad autorizada para prestar servicios de inversión en caso de que se dirijan al público en general empleando cualquier forma de comunicación publicitaria.
Sociedad de la información.
– Uso de nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 Mhz para UMTS, que podrá ser reasignada por el Gobierno. Se liberan las frecuencias 790-862 Mhz.
– Se reduce la tasa general de operadores de telecomunicaciones
– A partir de 2011 la banda ancha tendrá una velocidad mínima de 1 Mbit por segundo.
-Modificación de la LSSI y LPI: introducción en la LSSI de la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” como uno de los motivos por los que se puede restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio.
Transporte y movilidad.
– Planes de Movilidad Sostenible. – Impulso a planes de transporte colectivo en las empresas
Impulso al vehículo eléctrico y al transporte de mercancías por ferrocarril.
Limitación en la deducción por compra de vivienda habitual: para las compras que se realicen a partir de enero de 2011, la deducción se limitará a rentas inferiores a los 24.000 euros. Fusiones y adquisiciones. Se liberalizan las fusiones y adquisiciones en que la empresa adquirida no facture más de 10 millones de euros en España siempre que no se supere el 30% de cuota de mercado.
Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas.
– Control y plan de austeridad del gasto público y de racionalización del sector público empresarial (que afectará especialmente a las sociedades públicas).
– Fomento de la movilidad de trabajadores públicos.
– El Gobierno podrá retener los fondos a los Ayuntamientos que incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la liquidación de los presupuestos de cada ejercicio.
– Se crea nueva Agencia Patrimonial del Estado gestionará los bienes inmuebles y los derechos sobre los mismos pertenecientes al Patrimonio del Estado.
Ciencia e innovación. – Medidas para fomentar la transferencia de resultados de la actividad investigadora. – Fomento de empresas promovidas por universidades y organismos públicos Ahorro y eficiencia energética: se adelanta al 2016 el objetivo de ahorro energético del 20% respecto a 2005.
Se establece una vida útil de 40 años para las centrales nucleares.
Equiparación fiscal del alquiler y la compra de vivienda: las rentas inferiores a 17.700 euros podrán reducirse un 10% de los pagos de alquiler.
Para los arrendadores, se mejora el tratamiento fiscal de las rentas de alquiler en la declaración de la renta.
Se equipara el tratamiento fiscal de la propiedad y alquiler.
Deducción en el IRPF del 10% para obras ejecutadas antes de 2013.
Valoración del suelo. Se aplaza la valoración del suelo urbanizable con los criterios de la nueva Ley del Suelo (el plazo se alarga 3 años).
Reforma de la contratación pública.
– Supervisión: Los interventores del Gobierno, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos deberán elaborar informes trimestrales sobre los pagos a proveedores. Las corporaciones locales deberán remitir su información al Ejecutivo central o los Gobiernos autonómicos, que a su vez elaborarán un documento público sobre incumplimientos.
– Creación de sociedades mixtas público-privadas en la construcción de infraestructuras.
>Internacionalización.
Apoyo financiero a la internacionalización de la empresa. Reforma seguro de crédito a la exportación
Rehabilitación y vivienda. Regulación del crédito refaccionario para financiar obras de rehabilitación con garantías similares a los créditos hipotecarios.
Censo de viviendas vacías y necesitadas de rehabilitación.
La Administración puede ordenar la rehabilitación de viviendas (a pesar de que haya vecinos que no estén de acuerdo)
Impulso a la rehabilitación. Se aplicará el IVA reducido a las obras de rehabilitación. Nueva deducción en el IRPF siempre que se realicen en las viviendas antes de 2012.
Formación Profesional. Integración de centros de Formación Profesional. Creación de Plataforma de FP a distancia y facilitar compaginar el trabajo y la formación mediante FP presenciales y a distancia. ‘Pasarelas’ para facilitar la transición entre los diferentes módulos formativos. Mantenimiento de la deducción medioambiental. Se amplía la deducción medioambientals del impuesto de sociedades al 8%.
Más progresividad en las retribuciones plurianuales. Estas retribuciones pueden aplicarse la reducción del 40%
Fomento del transporte público. El cheque transporte hasta 1500 euros anuales estará exento en el IRPF.

Notas

1. Utilizaremos la expresión ‘Estado’ para abreviar cuando nos refiramos a la intervención pública, pero es bien sabido que ésta incluye mucho más que aquél y se refiere a todos los estamentos del ámbito público.
2. Seguramente la crisis financiera actual y la restricción del crédito para las familias y empresas no sería tan intensa si se hubiera preservado la banca pública.
3. Es posible que para entonces España aún esté sumida en la crisis. Una subida de los tipos de interés en plena recesión y con un alto endeudamiento de las familias, las empresas y el Estado puede tener graves consecuencias que dificulten la recuperación, pero el presidente del BCE ya ha dejado claro que no alterará su política monetaria por las dificultades que pueda generar a algunos países de la zona euro.
4. En Estados Unidos el FED consiste en el sistema estadounidense de bancos centrales, equivalente al Banco Central europeo y ha sido crucial en esta crisis para las instituciones financieras de aquel país.
5. Esta disminución no se ha visto reflejada en los tipos de interés que los bancos han impuesto en los pocos créditos que han concedido, pues han exigido a sus clientes tipos de interés bastante más altos.
6. Grupo de dirigentes estatales que se reúnen para orientar las medidas de PE. Su papel ha experimentado una gran preeminencia con motivo de la crisis.
7. Washington, en noviembre 2008, Londres, en abril 2009, Pittsburgh, otoño 2009 entre las dirigidas principalmente a tratar de la crisis.
8. Informe mensual. La Caixa. Nov. 2008.
9. Los avales concedidos por el Estado implican una gran servidumbre puesto que la posibilidad de utilizarlos supone que la deuda privada se convierte en deuda pública debido al aval, y ya no es factible permitir la quiebra de las instituciones privadas financieras. Se produce una transferencia de hecho de la deuda privada a deuda pública que el estado no puede repudiar y lleva a tener que financiarla con Deuda Pública si es necesario. Este tipo de operaciones han causado una parte del aumento de Deuda Pública que tantas dificultades están causando en la primavera de 2010. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
10. Una de las críticas al Plan E es su elevado coste publicitario en relación al coste de las obras realizadas. En algunos casos el coste de la valla publicitaria que anunciaba que la obra se estaba financiando mediante el Plan E era superior al coste de la propia obra. Los costes de las vallas publicitarias del Plan se estiman más de 46 millones de euros (Expansión, 10-12-2009).
11. http://www.plane.gob.es/eje/empleo
12. Todas las citas de este apartado corresponden a esta web.
13. País, 31-8-09
14. Parece que más adelante ha aumentado el número de solicitudes, pero no disponemos del dato preciso. La falta de respuesta a este subsidio se ha interpretado que es debido a que muchos de los parados sin subsidio no puede vivir con sólo los 420 euros del subsidio, por lo que se ven obligados a buscar trabajo en la economía sumergida, lo que les impide asistir a los cursos requeridos y por tanto solicitar la ayuda, que, piensan algunos, ya no necesitan tanto, puesto que ya disponen de ingresos por su trabajo en negro.
15. BOE del 12/11/09 disposición transitoria que confirma la aprobación de la ampliación al 1 de enero de 2009.
16. Debido a las Comunidades Autónomas a quienes compete una gran parte del gasto, la consideración cuantitativa del Presupuesto ha dejado de tener gran relevancia, por lo que presentamos sus propuestas más como un indicador de la dirección en que se pretende orientar la economía que como una evaluación de sus previsiones.
17. Público, 28-8-09
18. Véase Informe TAIFA no 2: Sector Público y sistema fiscal
19. El País, 15-11-09
20. J. Arriola. Presupuestos sin perspectiva. WWW.moviments.net/ espaimarx/
21. Lo que en términos más técnicos se denominan estabilizadores automáticos.
22. Según El País, 27-9-09 se estima que harán falta 32611 millones en lugar de 19.292 como estaba presupuestado inicialmente.
23. Medida que ya se había incluido en la Propuesta de presupuestos Generales del estado para 2010
24. El diario EXPANSION señala que el articulo 42 de la Ley permitirá las subidas del catastro sin tener que informar personalmente a los afectados (las subidas se publicitaran en el BOE), con lo que los propietarios difícilmente podrán reclamar en los plazos previstos si consideran que la subida ha sido abusiva. Expansión, 2-12-09.
25. La Vanguardia, 15-12-07. Sección Economía
26. Nota de prensa 11-12-08 Ministerio de la Vivienda
27. Según los datos de los Planes directores urbanísticos. http:// www.gencat.net/ares
28. La Vanguardia, 17-04-09 Sección Vivir, Barcelona
29. Guia de l ́habitatge, p. 66. www.mediambient.gencat.cat/cat/ ciutadans/habitatge/inici/jsp
30. Uno de los economistas más famosos en Davos expreso que España es un riesgo creciente para la eurozona y pronostico una próxima ruptura de la misma, a lo que tuvo que responder Zapatero que España es un país ‘serio y cumplidor’
31. Cuando un país tiene un alto déficit público tiene que recurrir a pedir crédito para cubrirlo a las finanzas nacionales e internacionales, que exigen, claro, un interés a cambio. Es decir, el gobierno recurre a emitir Deuda Pública para obtener financiación a cambio de un interés. Según las perspectivas de que a su vencimiento esa deuda sea saldada, el interés es más alto o más bajo. La Deuda Pública del Estado español es relativamente baja (los últimos años del boom había bajado hasta el 35% del PIB), pero ahora esta creciendo muy rápidamente (está ya entre el 50-60%) y los prestamistas internacionales (la gran banca mundial) no ve con buenos ojos este aumento, lo que obliga a pagar altos intereses por la Deuda Pública española y a que se preocupen por lo que ello pueda suponer para la UE.
32. Por ahora son sólo propuestas, pues se tienen que aprobar en las negociaciones del Dialogo social y el Pacto de Toledo y han de pasar por las Cortes, pero es de temer que se aprueben. Estas propuestas están contenidas en el ‘Plan de Austeridad y Consolidación fiscal 2010-2013’ y el ‘Documento sobre Revisión del Pacto de Toledo’ de 29-1-10.
33. J.A. Herce, el experto que hace este comentario es también quien predijo hace años que para el año 2000 las pensiones en España estarían en quiebra.
34. Una vez más el gobierno ha seguido una política de vodevil en este tema: envió a Bruselas una propuesta para aumentar en diez años el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones, pero dada la reacción en España frente al mismo, en un plazo de tres horas, eliminó dicha propuesta y se dejaron abiertos los años en que cambiaria el cómputo. Diciendo que el texto original era sólo un ejemplo. No se sabe que es peor, la dureza de la propuesta para satisfacer a la UE y a los mercados, o la excusa dada porque no han tenido el coraje de mantenerla.
35. Los sindicatos opinan que han conseguido frenar la inclusión entre las medidas del contrato de trabajo con menos indemnización, pero la posibilidad de abaratar la indemnización de los contratos aparece en varios capítulos del proyecto, y el gobierno dice querer extender el uso del contrato denominada ‘fomento del empleo’ que existe desde 1997 con indemnización solo de 33 días. Expansión, medio próximo a los negocios afirma que es muy posible que se pueda generalizar este tipo de contratos. ¡Habilidad de las propuestas ambiguas que contentan a todos¡.
36. El Gobierno dice que quiere el dialogo social en un plazo de dos o tres meses, mientras que los agentes sociales parecen dispuestos a darse prisa en llegar a un acuerdo, como lo muestra la firma de una parte del Dialogo Social el 8 de febrero.
37. El Rey se entrevistó el 11 de febrero con la vicepresidenta económica y al día siguiente con los lideres de UGT y CC.OO. para urgir la conveniencia del Pacto, siendo lo más sorprendente que en esta ocasión –parece que estas reuniones son habituales con los dirigentes políticos y socialesla propia Casa Real ha dado publicidad a la reunión (previa autorización del jefe de gobierno). Asimismo, dos días antes y coincidiendo en el tiempo con el intento de CiU de propiciar un acercamiento entre el PSOE y el PP dijo en un discurso: ‘Es hora de grandes esfuerzos y de amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis’.
38. Público, 11-12-09. En cuanto que no han costado nada a los contribuyentes está por ver que pasara con los 99.000 millones de deuda que tiene autorizada el FROB y otras ayudas concedidas a las instituciones financieras.
39. Siempre es difícil saber que ocurre o que va a ocurrir en la economía pero en esta ocasión parece que la percepción de lo que sucedía ha sido muy retrasada, bastante obtusa e influida por consideraciones electorales, especialmente en las primeras etapas.
40. Público, 24-6-09.
41. Fuente: elaboración propia con información Presidencia segunda del Gobierno. www. .meh.es/…/FondoparaelEstimulodelaEconomiayelEmpleo.aspx
42. El 11/12/09 se acaba de anunciar que España no acepta el poner un impuesto, propuesto por Francia y Alemania, a los bonos de los dirigentes empresariales.
43. Este es un claro ejemplo que el gobierno está dispuesto a ayudas a las empresas privadas –deducción fiscal por I+D+i, pero reduce la presencia de la iniciativa pública en el mismo tema. Medida neoliberal donde las haya. Lo mismo es válido para el ICEX.
44. Resulta que P. Solbes ha sido sustituido por otra Ministra que el gobierno estima lo hará mejor, F. González no acabó su mandato con grandes éxitos económicos y Delors no se sabe cual es su grado de conocimiento de la economía española.
45. Recordemos la amable foto con los banqueros al comienzo de la crisis, antes de la reunión del G-20, las facilidades crediticias establecidas, los amplios márgenes de seguridad para los depósitos, etc. hasta la identidad de objetivos para concentrar las Cajas.
46. Los medios han hecho un gran argumento de la disminución de la calificación de España por la agencia Standards & Poor, que se asocia con el aumento de la Deuda Pública, ya que ello puede causar un aumento en los tipos de interés de la misma. Además de la dudosa credibilidad de estas agencias desde la crisis financiera, hay que tener en cuenta que la Deuda Pública de España está actualmente en el 54,3% mientras que la media de los ricos países de la zona euro esta en el 78,2%. Y, sobre todo, si el país tiene 4,5 millones de parados, es posible que el aumento del déficit para ayudar a paliarlo sea menos dañino que un aumento en los tipos de interés.
47. Ver Informe TAIFA no. 2: Sector Público y Sistema fiscal.
48. Al referirnos a las clases populares abarcamos a todos los grupos sociales que viven de su trabajo y no de su capital, incluyendo, por tanto, a las que se denominan clases medias, que no dejan de ser clases trabajadoras.
49. Además, son muy optimistas los cálculos que hacen del aumento de ingresos por el aumento del IVA ya que debido al fuerte paro es posible que la gente compre mucho menos, y se recaudará menos.
50. Una tercera parte de las cuotas de IRPF viene de ingresos entre 30-60.000 euros anuales, y un 37% de las rentas superiores a éstas. (Martín Seco en Público).
51. Será curioso que España rechace gravar por sí misma a los flujos financieros y después se vea obligada a hacerlo por imposición de la UE¡
52. El País, 27-9-09.
53. A las personas interesadas en este tema les remitimos al libro que trata de todos los aspectos referentes a pensiones en profundidad: ‘Qué pensiones, qué futuro’ que acaba de editar la Editorial Icaria, escrito por varios miembros del Seminario TAIFA.
54. Cuando hay que financiar el déficit se recurre a la Deuda pública, cuyo volumen refleja los déficits acumulados durante años. La DP de España había ido bajando desde el 2000 hasta llegar a menos del 40%, actualmente está en el 55,2% pero hay algunas predicciones que señalan que llegará al 74,3% en 2012. la de Estados Unidos llega al 90% del PIB.
55. Por ejemplo, el 4 de febrero 2010 el Tesoro Público hizo una emisión de bonos a tres años por 2.517 millones de euros y tuvo peticiones por casi el doble. Había compradores, porque España subió el tipo de interés del 2,1 % al 2,6%, es decir, medio punto más caro. (Público 5-2-10)
56. P. Krugman. La marcha de los pavos reales. El País, Negocios 31-1-10. Las cursivas son añadido nuestro.
57. A causa de la crisis que hace que la recaudación fiscal sea menor, la presión fiscal en España ha bajado hasta el 30,4% y habrá que esperar hasta 2013 para que se recobren los niveles de 2004. del 34,2%, presión fiscal que, de todas formas está muy por debajo de la media de la UE.
57. A causa de la crisis que hace que la recaudación fiscal sea menor, la presión fiscal en España ha bajado hasta el 30,4% y habrá que esperar hasta 2013 para que se recobren los niveles de 2004. del 34,2%, presión fiscal que, de todas formas está muy por debajo de la media de la UE.
58. Anuncio del 1 de febrero de 2010 por la Administración estadounidense.
59. El País, 7-2-10, p. 12 explica que Zapatero ha programado sus recientes medidas con la sensación de que no iba a encontrarse con una dura respuesta en la calle
60. En el Informe TAIFA no 6 nos referíamos a que hubiera sido necesario un Pacto de Emergencia para enfrentar la crisis, de muy distinto carácter del que ahora se propone.
61. Es curioso los expertos que la prensa menciona como evaluadores positivos de la reforma: Herce –que ya fracasó hace 20 años en sus primeros trabajos sobre la reforma de las pensiones y es asesor de un fondo financiero, Intermoney, profesores de Escuelas de negocios, el despacho de Solchaga y Asociados, Fedea, y otros de la misma línea. ¿No hay otros expertos equilibradotes en este país?