La UE, un duro golpe para el trabajo

La crisis que estamos viviendo está suponiendo un deterioro brutal de los medios de vida de las clases populares. Las altas tasas de paro y el empeoramiento de las condiciones laborales y de los salarios constituyen una emergencia social inmediata. Esta situación no va a ser un episodio puntual que todo el mundo desea dejar atrás sino que va a tener una incidencia muy importante durante mucho tiempo. Las dosis de precariedad, pobreza y exclusión que se daban en el mundo del trabajo antes de la crisis se han disparado, dando un salto importante hacia un modelo de sociedad cada vez más injusta, en el presente y en el futuro.

La UE como marco de la reestructuración del trabajo

La unión monetaria no ha eliminado la política de “empobrecer al vecino” de las devaluaciones competitivas, que habían usado de manera importante los Estados europeos anteriormente, cuando se podía devaluar la moneda. La competencia entre economías vecinas ha sido más dura que nunca, pero ahora se lleva a cabo mediante la devaluación de los salarios. La desvinculación de la evolución de los salarios a la baja (que pueden comprar menos), con la evolución de la productividad al alza (más producción), ha sido precisamente una de las causas de fondo de la crisis económica. Solamente recurriendo al crédito y, por tanto, a un enorme endeudamiento de las economías periféricas se explica que la demanda en la UE se mantuviera a pesar de la caída de los salarios. Lejos de fortalecer la economía de la región, la integración económica ha conllevado un debilitamiento del motor de la demanda interna.

La destrucción de empleo y la precarización del trabajo en las crisis

En las crisis, la destrucción del empleo es un amortiguador de la caída de los beneficios, porque las empresas tienden a reducir sus plantillas, así como sus niveles de actividad, al mínimo para su supervivencia. El paro ejerce lo que se conoce como “ejército de reserva”: El trabajo, al volverse más “superfluo” pierde poder en la relación con el capital, y las condiciones de trabajo se precipitan a la baja.

En la UE, hay muchos factores que han ido desvinculando la creación de ocupación con la actividad económica, así como la evolución de los salarios de la productividad.

  • La intensa competencia de las empresas las ha llevado a buscar formas de producción que incrementan la productividad, incorporando avances tecnológicos y organizativos, y mecanizando los procesos productivos que han ido desplazando permanentemente la fuerza de trabajo de las empresas. Se alcanzan niveles crecientes de producción con menor participación del trabajo.
  • La orientación neoliberal de las regulaciones laborales en los Estados de la UE han precarizado las condiciones de trabajo básicamente en tres direcciones: la pérdida de garantías de la duración del contrato (empleo temporal y facilidad del despido), el empleo a tiempo parcial (“minijobs”) y la capacidad del empresario de modificar las condiciones de tiempo de trabajo y revisión salarial (llamada “flexibilidad interna”). Este marco de relaciones laborales extendió la precariedad laboral en los distintos sectores económicos, no solamente aquellos que estaban sometidos a la competencia internacional.
  • Con la crisis, en la periferia europea, este marco laboral ha facilitado que los empresarios recurran al recorte de las plantillas -incluso cuando están obteniendo beneficios-. En las economías que están generando empleo, los nuevos puestos de trabajo son de peor calidad. Están creciendo los porcentajes de los contratos temporales y a tiempo parcial. Se sustituye el empleo por fórmulas de “subempleo”, que implican la subutilización de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo. El número de trabajadores temporales en la UE15 ha aumentado de 680.000 en 2006 a 980.000 en 2012.En el conjunto de la UE, la media de horas trabajadas cayó en 2009, para luego estabilizarse, pero volvió a descender en el 2012. La población ocupada trabaja por debajo de su productividad potencial (por ejemplo, con contratos discontinuos o a tiempo parcial) o bien en ocupaciones distintas de su grado de formación y su cualificación profesional.
  • Para hacer frente a incrementos de la producción, las empresas sustituyen la ampliación de sus plantillas con fórmulas de la “flexibilidad interna” que hacen que los puestos que ya existen asuman mayor carga de trabajo.
  • La financiarización de la economía ha sido uno de los elementos más importantes que explican la pérdida de peso de los salarios sobre la producción y la riqueza de las economías europeas. La revalorización -ficticia- de los activos financieros e inmobiliarios creó un efecto riqueza desvinculado de la producción, y muy alejado de la evolución de los salarios. Por otra parte, la orientación de los resultados empresariales para ofrecer las mejores rentabilidades a sus acciones o a los fondos de inversión ha supuesto una fuerte presión sobre los salarios.
  • En último lugar, la gestión de la política económica por parte de la UE durante la crisis está teniendo efectos nefastos sobre el empleo y los salarios. La UE está priorizando en su agenda económica la reducción de los déficits fiscales, el rescate financiero y el avance de las contrarreformas laborales. Este “austericidio” está suponiendo un ajuste adicional del empleo y salarios en la periferia europea, con efectos que van a durar años, e incluso décadas. La austeridad es un lastre para la recuperación del trabajo y perpetúa el subempleo y el desempleo. En el apartado siguiente comentamos brevemente sobre la política de la UE y sus consecuencias en el ámbito de las relaciones laborales.

 

Recuadro 5. Bosquejo de la política laboral de la UE

A diferencia de los ámbitos comerciales y monetarios, la UE nunca ha unificado una política laboral bajo el pretexto de que la legislación laboral es un tema que compite a los Estados. Pero, a pesar de la existencia de distintos marcos reguladores de las relaciones laborales, ha habido una clara influencia de distintos instrumentos de la UE. En las primeras décadas de la unificación, la evolución del empleo y de los salarios era positiva, por lo que no había preocupaciones acerca de que la integración económica conllevara una competencia a la baja en las condiciones laborales. Pero pronto surgió la preocupación por el tema. En 1989, los Estados excepto Reino Unido firmaron la Carta Social de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, pero no se establecieron medidas sociales relevantes, excepto algunas acerca de seguridad e higiene. Más tarde, la influencia de la UE sobre las políticas laborales adquiere importancia. Se diferencian dos vertientes. Por una parte, la UE tiene una influencia directa en materia laboral al establecer orientaciones para las legislaciones laborales de los estados. A pesar de determinar criterios concretos, se trata de una influencia “blanda”, porque no son orientaciones de obligado cumplimiento, como sí lo fue la eliminación de las restricciones al movimiento de mercancías. Lo que consiguen estas orientaciones es cambiar el rumbo de las legislaciones laborales hacia normas de carácter neoliberal, mucho más favorables a los empresarios. Por otra parte, la UE ejerce una influencia indirecta en el ámbito laboral mediante las medidas impuestas en otras materias pero con consecuencias en el empleo. La ocupación se ha resentido muy negativamente de las medidas de austeridad. La primera vez que la UE se ocupa más directamente del empleo es en la Estrategia Europea para el Empleo, establecida en la Cumbre de Luxemburgo de 1997. Ésta, recogerá una serie de orientaciones de política laboral que se plasmarán en Planes nacionales de Empleo. Se obliga a los Estados a elaborar estos Planes, acordes con las recomendaciones de la Estrategia, pero la UE no se encargará ni de aprobarlos ni de supervisar su ejecución ni resultados. A pesar de esta blanda influencia en la política laboral de los Estados, la UE consolida así su capacidad de orientar las políticas hacia un modelo neoliberal. La Estrategia menciona cuatro pilares de ocupación: la empleabilidad, el espíritu empresarial, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades. Estos conceptos, correspondientes a un lenguaje propio que genera la UE en sus documentos, vienen a tergiversar lo que se entendía hasta entonces por empleo: que la economía sea capaz de dar un trabajo a la población en edad de trabajar, con el que ésta consigue medios para vivir. Se da un giro fundamental, y en vez de incidir en las condiciones macroeconómicas, se incide en la propia fuerza de trabajo. Y de una manera perversa: se trata de hacer que la fuerza de trabajo sea más dócil y acepte con más facilidad unas condiciones laborales cambiantes, para que así a los empresarios les sea más rentable darles un empleo. Los cuatro pilares hacen recaer el peso del acceso al empleo en la persona y no en crear oportunidades de empleo en la sociedad. Se acepta la idea que son las insuficiencias del trabajador (profesionales o personales) las que generan el desempleo. El éxito o fracaso de una persona en el mercado laboral depende de él mismo. Este proceso, llamado “flexibilización” o “desregulación” supone someter las relaciones laborales a la lógica del mercado, sin tener en cuenta la protección de la parte más débil de la relación, el trabajo. Las empresas reducen sus compromisos con la duración del contrato y la regularidad del tiempo de trabajo y el salario. La competitividad es el eje central de la política laboral. Posteriormente, en las directivas europeas sobre el empleo, se fijan objetivos de empleo sin entrar en qué condiciones. Esto, en la práctica, implica la subordinación de las condiciones laborales a los intereses del capital. El incremento inmenso de la precariedad generó un deterioro del apoyo popular a la influencia de la UE en el ámbito laboral. Así, la UE tomó nuevas medidas en la Cumbre de Lisboa (2000), especialmente referidas a la competitividad, pero con una derivación en el empleo. Se fijan objetivos de pleno empleo para el 2010, también basados en la activación precaria. Otros aspectos en líneas similares fueron incorporados mediante “el libro verde sobre modernización” del 2005 y la “comunicación sobre flexicurity” que plantean, textualmente, “la necesidad de adaptar la legislación laboral para promover la flexibilidad y la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo. Se trata de hacer compatible “mantener y mejorar la competitividad (de las empresas) y al mismo tiempo preservar el modelo social europeo.” La diferencia entre ésta y la agenda flexibilizadora originaria es que, en vez de generar nuevos tipos de contratos precarios, reduce la protección del contrato regular. Y además, incluye la llamada “flexibilidad interna”, de desregulación de las jornadas laborales y los sueldos. En los primeros momentos de la crisis, la UE estaba dispuesta a dar un paso de gigante en el desmantelamiento de los derechos laborales. Por una parte, sorprendió con la presentación de la Directiva de las 65 horas, aprobada por los ministros de trabajo del Consejo Europeo en el 2008 Esta directiva pretendía ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales, mediante un acuerdo individual del trabajador y el empresario. Finalmente, el Parlamento Europeo rechazó esta medida. Por otro lado, el 2009 se llevó a cabo la transposición de la directiva Bolkestein del 2006, referente a la liberalización de los servicios. En cuanto al derecho laboral, esta directiva permite que las empresas que realicen actividades de servicios en otros estados apliquen las regulaciones laborales de origen en normas fundamentales como el derecho a la huelga, la contratación y despido y las cotizaciones sociales. La legislación europea establece una amplia zona gris en que se permite la competencia “desleal” con la aplicación de las normativas laborales más laxas -básicamente las de Europa del Este- en las actividades de servicios de otros países. De la influencia indirecta de la UE en materia de empleo, destacan los efectos de la aceleración de la competencia por los movimientos de mercancías y de capital. Y los planes de ajuste, siendo los criterios de Maastricht el primer ejemplo. No contienen objetivos estrictamente del empleo, sino que afectaban a la inflación, el déficit fiscal y a la deuda pública. Pero indirectamente fueron una influencia dura hacia el empleo, perjudicando la cantidad y la calidad del mismo. Se argumentaba que las políticas neoliberales como las restricciones fiscales y las privatizaciones iban a traer beneficios económicos que se trasladarían a los niveles de vida de los trabajadores con el sistema de “derrame”. Lo cierto es que estas políticas, que tuvieron continuidad con los Planes de Estabilidad y Crecimiento, han supuesto un retroceso del reparto de la renta correspondiente a la clase trabajadora a favor del capital. Con la crisis, este tipo de influencia adquiere una importancia crucial. Con los “rescates” de Grecia, Irlanda, Portugal y Estado español mediante los préstamos de la Troika y los llamados mecanismos de financiación europeos, la UE impone los planes de ajuste y austeridad, que suponen un conjunto de medidas de recorte de gasto público, “austericidio” que hace recaer una gran parte del coste del ajuste en el empleo y la reducción de salarios. Añaden a ello la exigencia de realización de reformas laborales que suponen la liberalización del mercado de trabajo, disminuyen el coste del despido y, por ende, la estabilidad en el empleo y los salarios. Y, todavía en marzo de 2014, siguen insistiendo en que hay que profundizar en la reforma laboral, lo que supone un deterioro mayor de la situación de los trabajadores. En el Estado español se han aprobado diversas reformas laborales en los últimos años (Leyes y Decretos-Ley) en este sentido. Europa consigue de esta manera un enorme poder para imponer sus recomendaciones de política laboral. Sus orientaciones se convierten de hecho en una imposición por chantaje. En el Estado español, las reformas laborales son la contrapartida al acceso a la financiación del rescate bancario. La UE ha ejercido una enorme presión para imponer la devaluación salarial en la periferia europea y ha promovido el desmantelamiento de la negociación colectiva y la precarización de las relaciones laborales. Las recomendaciones más recientes siguen la línea de las ya apuntadas en la “flexicurity”: un contrato único y la variabilidad de la jornada laboral y la revisión salarial. Sirva de ejemplo la Recomendación del Consejo europeo sobre el Programa Nacional de Reformas de 2013 de España. Según el Consejo, “las rigideces de los mercados de bienes y de trabajo contribuyen a un elevado y creciente nivel de desempleo, y, de modo más general, dificultan el ajuste de la economía”. La UE ha logrado rearticular el conflicto en las relaciones laborales culpabilizando a la protección laboral de la incapacidad de la economía de generar empleo suficiente.

En distintos trabajos del Seminari Taifa hemos explicado que esta crisis tiene su origen en una sobrecapacidad productiva: solamente una parte del capital instalado en forma de capacidad productiva sería rentable. La producción de la UE sufre un derrumbe que expulsa fuerza de trabajo.

La crisis ha puesto fin a los mecanismos de endeudamiento que han sostenido los desequilibrios comerciales entre economías dentro de la UE. Y está desencadenando un reequilibro del déficit comercial. El reequilibrio de los persistentes desequilibrios comerciales -apoyado por las políticas de austeridad- provoca una sobrereacción del deterioro del empleo en las economías periféricas, con pérdidas de empleo y reducciones salariales superiores a lo que sería de esperar por las caídas del PIB y la evolución de la productividad.

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Es evidente que la gravísima situación del empleo en el Estado español se debe principalmente a las recurrentes contradicciones del capitalismo que generan crisis periódicamente y a la mala gestión de la economía por los poderes económicos y por los responsables políticos. Un país con una débil estructura productiva que dedica en alto porcentaje de su actividad económica a la construcción y que se embarca en un acentuadísimo proceso de endeudamiento externo tiene todas las probabilidades de acabar en una grave crisis de empleo, como estamos viendo. El Estado español ha generado una estructura productiva conducente al desempleo.

A pesar de ello, hay que considerar también que las políticas económicas impuestas por la UE que se han comentado en el apartado anterior han contribuido en gran parte a aumentar el problema del desempleo. Los programas de austeridad exigidos desde 2010 han conducido a una fuerte disminución de la demanda interna que ha afectado principalmente a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el empleo en el país, al mismo tiempo que las reformas laborales y el deterioro de los convenios consecuencia de los mandatos europeos, han facilitado enormemente el despido de los trabajadores, así como el que las empresas recurran a formas irregulares de contratación laboral (contratos por periodos muy cortos, temporales, a tiempo parcial, etc.) que han conducido al fuerte aumento del paro y a la precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores. Por ello, no es posible referirse al trabajo en la economía española sin tener en cuenta la influencia en el mismo de estas políticas, que hemos recogido más arriba.

Además, hay que tener en cuenta que desde la UE no se ha establecido ninguna política económica o social a favor del empleo o para paliar las circunstancias de los trabajadores en paro o subempleados1, al contrario, desde la UE, con el argumento de que hay que mejorar la competitividad, se impulsan la “flexibilización” (léase precariedad) de la fuerza laboral, las facilidades para el despido y la disminución de su coste, lo que contribuye a que la reducción de plantillas sea una de las políticas más frecuentes y fáciles en los países periféricos. Es decir, las políticas económicas impulsadas o impuestas por la UE son también agentes activos de la situación de las relaciones laborales, y en especial de la dimensión del desempleo, la precariedad laboral y la evolución de los salarios en el Estado español.

La economía española experimentó un fuerte crecimiento del empleo en el período anterior a la crisis. Fue el segundo país de la UE 15 en mayor crecimiento del empleo entre 1995 y2007, después de Irlanda. La ocupación creció un 63% y el paro se redujo a la mitad, variaciones muy por encima de la media europea (17% y -26%, respectivamente). La tasa de paro alcanzó el 8% el 2007, aunque aún continuaba siendo superior a la del conjunto de la UE 15, que era del 7%.

El Estado español es, después de Irlanda, donde más creció el empleo en la construcción: un 125%. Esta tasa se sitúa muy por encima de la media de la UE 15, que fue del 23%. El siguiente sector fueron los servicios, con un crecimiento del empleo del 82%, frente al 30% de media de la UE 15. La Administración pública y la educación y servicios sociales presentan también incrementos superiores a la media, pero son sectores con un peso inferior en el empleo total. El sector servicios y la construcción incrementaron su peso en el empleo total, pasando del 44% al 49% en los servicios y del 10% al 13% en la construcción. En cambio, la industria, redujo su peso (del 21% al 16%). En la media de la UE, el sector industrial también declinó su peso en el empleo, a favor de los servicios privados y servicios sociales. Alemania, por ejemplo, que continúa teniendo una participación muy alta del empleo industrial (23% en el 2007), ha incrementado mucho el peso de los servicios. Pero este sector productivo no es comparable con el del Estado español, porque se trata de servicios de distinta naturaleza.

Las cifras globales del efecto de la crisis sobre el empleo son sobrecogedoras: se han destruido tres millones y medio de puestos de trabajo. El 41% corresponden al sector de la construcción, que ha expulsado más de 1,4 millones de empleados. La industria ha generado el 25% de la pérdida de empleo. Y del resto de sectores, destaca la incidencia negativa del comercio y el transporte. Debido a la composición sectorial de la incidencia de la crisis, la mayor parte de la destrucción de empleo se centra en la población masculina. Tres cuartas partes de los puestos de trabajo que han desaparecido corresponden a los hombres, ya que los principales sectores afectados son muy masculinizados. El 94% del empleo perdido en la construcción es masculino, y el 75% en la industria. Ante las escasas perspectivas de encontrar un empleo en estos sectores, muchas mujeres, que incluso ya se habían retirado del trabajo asalariado, han acudido al mercado de trabajo para suplir la falta de ingresos familiares.

Cuadro 4. Caída del empleo en el Estado español. 2008-2013

El año 2013, había 5.995.300 personas paradas en el Estado español, más del triple que antes de la crisis. La tasa de paro ha pasado del 8,26% al 26,36%. El crecimiento más acentuado se da en el 2009, pero no ha dejado de crecer. La persistencia de elevadas tasas de desempleo ha incrementado de forma sustancial el paro de larga duración, el que supera los dos años. Y esta es una de las peores problemáticas actuales, ya que en estos casos la situación de desempleo se cronifica, debido a que cada vez son menores las posibilidades de acceder a un empleo. 2.170.200 personas llevan más de dos años en paro, cifra que multiplica por 10 la anterior a la crisis. Además, en este colectivo el porcentaje de personas que tiene más de cincuenta años es elevado, y mucha de esta gente difícilmente se reincorporará al mercado laboral.

Gráfico 11. Evolución de la tasa de paro en la economía española

Debido a la incidencia sectorial de la crisis, y en menor medida a la reacción de las mujeres para cubrir la pérdida de ingresos, la tasa de paro ha crecido especialmente entre los hombres. La incidencia del paro masculino es del 25,79% y el femenino del 27,02%. Así, la brecha de género se ha reducido desde 4,48 puntos el 2007 a 1,23 puntos el 2013. Pero esto no es debido a que el mundo laboral es menos discriminatorio a las mujeres. De hecho, en muchas crisis suele cerrarse la brecha de género pero no de forma permanente.

El paro se ceba entre la población joven. La tasa de desempleo en edades entre los 20 y los 24 años alcanza el 52%, y en edades entre 25 y 29 años es del 34%. Para las personas entre 16 y 19 es del 74%. Este es otro de los rasgos más dramáticos de la crisis en el empleo. Estas generaciones que ven impedida su incorporación al mercado laboral, justo cuando se termina de estudiar, corren el riesgo de perpetuarse en situación de desempleo o de acceder a puestos de trabajo por debajo de su nivel de formación. Al no tener experiencia previa, como sí tienen otras personas que han perdido su empleo, tendrán muy difícil acceder a un puesto de trabajo.

Además de las personas ocupadas y paradas, hay personas en edad laboral que permanecen inactivas por distintos motivos: jubilaciones anticipadas, estudiantes, labores del hogar,… En el 2013 hay 28.700 personas menos en esta situación que antes de la crisis. Esta reducción se concentra en edades comprendidas entre los 25 y los 65 años, en que las que se contabilizan 966.000 personas inactives menos, una caída del 16%. Esto refleja la necesidad de acudir al trabajo remunerado ante las dificultades económicas. Pero no ocurre así en todas las franjas de edad. La inactividad entre personas más jóvenes, más castigadas por el paro, se ha incrementado en el 7,6%. Y entre las personas mayores de 65 años el 10,7%, que pasan principalmente a una situación de jubilación. De hecho, las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas han sido una forma muy utilizada por las empresas para la reducción de la plantilla. Por géneros, las mujeres han pasado de suponer el 63% de las personas inactivas al 59%. Durante la crisis, 6,4% de mujeres han dejado de estar en situación de inactividad, en cambio hay 10,5% de hombres más, principalmente por jubilación o prejubilación. 959.100 mujeres han dejado de estar inactivas por estar dedicándose a lo que la EPA cataloga como “labores del hogar”. Aun así, representan el 90% de este segmento.

Gráfico 12. Evolución de las tasas de ocupación e inactividad en la economía española

Las condiciones laborales se han deteriorado con la crisis. El trabajo a tiempo completo y de duración indefinida se está sustituyendo por otras formas de subempleo, es decir, de utilización de la fuerza productiva por debajo de sus posibilidades.

Casi 2,7 millones de personas tienen un empleo a tiempo parcial. El porcentaje del empleo a tiempo parcial era, el 2007, del 21% en la UE-15. Las tasas mayores eran en Holanda (47%), Alemania (26%) y Reino Unido (25%), pero los incrementos más intensos en el periodo 2005-2007 fueron en Luxemburgo, el Estado español e Irlanda. Más del 60%, con motivo de no haber encontrado trabajo a tiempo completo. Esta modalidad se ha acentuado entre los hombres, pero casi el 75% de los empleos a media jornada corresponden a mujeres. Se extiende el contrato por horas, y se permite la ampliación de la jornada de los contratos a tiempo parcial, que a la práctica pueden convertirse en casi a jornada completa si el empresario quiere. Las economías europeas con mayor porcentaje de empleo a tiempo parcial son Holanda, Alemania y Reino Unido. El Estado español ha experimentado los crecimientos más intensos en los últimos años.

Hay 2,4 millones de personas ocupadas en situación de subocupación en empleos de niveles formativos inferiores a su titulación. Esta situación ha crecido el 68% des del 2007.
Hay 3,2 millones de personas con contrato temporal, el 24% de los asalariados. El 2012, la tasa media de temporalidad de la UE-15 era de 13,8%. El Estado español (23,7%), Portugal (20,7%) y Holanda (19,3%) registraron las tasas más elevadas. La destrucción del empleo se ha llevado a cabo principalmente por la no renovación de los contratos temporales. Se han destruido 2,1 millones de trabajos asalariados temporales y 950 mil indefinidos. El 95% de los nuevos contratos son temporales, y su duración se está reduciendo. El 2012, la tasa media de temporalidad de la UE-15 era de 13,8%, y el Estado español registró la temporalidad más elevada.

Todos estos problemas del mundo del trabajo van acompañados de una de las mayores reducciones salariales. El 2011, las estadísticas empiezan a recoger el inicio de un proceso de devaluación salarial. De hecho, la reducción de los salarios durante los primeros años de la crisis estuvo camuflada en las estadísticas por el hecho de que se habían destruido muchos más puestos de trabajo de baja cualificación y bajos salarios. Con la desaparición de muchos de éstos, las estadísticas que de los promedios de salarios miden un alza salarial debido a la composición: los trabajos no destruidos tienen salarios más elevados.
Gráfico 13. Evolución del coste total por trabajador en la economía española

Las tasas de variación anual, corregidas de calendario y desestacionalizadas (sin tener en cuenta el ciclo económico de las distintas épocas del año), se estancan el 2010 y el 2011. Van des del -0,1% al 1,5%. El cuarto trimestre del 2012 alcanza la máxima reducción, con una tasa del -3,3%. Todas estas variaciones están indicando una contracción del salario real, puesto que hay que tener en cuenta el desgaste de la capacidad adquisitiva de los salarios como consecuencia del incremento de los precios. El IPC se incrementó el 3,2% el 2011, el 2,4% el 2012 y el 1,4% el 2013. Recientemente, el Banco de España en el informe “Un análisis de los efectos composición sobre la evolución de los salarios” reconoce que las estadísticas no recogen la caída total de los salarios por el efecto de la mayor destrucción de empleos peor cualificados. Y estima que la reducción salarial sería el doble de lo registrado. “El informe del tercer Observatorio de Seguimiento de la reforma laboral del 2012 indica que los salarios han caído un 10% en los dos últimos años.”

En este capítulo hemos revisado cómo la crisis y la UE inciden en la situación del empleo. Hay que subrayar que ésta no es una problemática aislada. Forma parte del conjunto de distintos ataques del capital hacia otros elementos que afectan a las condiciones de vida de las personas, como se precisa en el capítulo 7 “Las consecuencias de la Europa del Capital. Estamos padeciendo una dinámica del capitalismo devastadora con las poblaciones que debemos analizar desde diversas miradas, cosa que hemos hecho en otros trabajos del Seminari Taifa.

La UE ha adoptado un conjunto de estrategias que han desencadenado una devaluación de los salarios y las condiciones laborales. Durante un tiempo, el endeudamiento de la periferia europea permitió que, la pérdida de capacidad de compra de los salarios no supusiera una depresión económica. Mientras tanto, se ha reforzado una jerarquización económica y durante muchos años las desigualdades externas se han ido engrandeciendo.

El desequilibrio comercial y productivo de las economías periféricas está sacando a la luz sus debilidades productivas y ampliando las diferencias en cuanto al paro y la evolución de salarios. Los intentos de reequilibrar estas diferencias no están llevando a una mejora de la competitividad y, por tanto, de la capacidad de mantener o generar empleo, sino a una devastación selectiva de muchos sectores y empresas, que conlleva una cronificación del paro. Por ejemplo, en el Estado español, el paro de larga duración ha crecido el 40% des del 2008.

Las economías centrales de la UE -principalmente Alemania- salen reforzadas en términos de competitividad y de capacidad de producción, y también en generar empleo, pero a costa de una precarización de las condiciones de trabajo. Como consecuencia de la extensión de la reducción de salarios y de empleos a las economías periféricas, el mercado europeo se empequeñece. En vez de tomar rumbos diferentes, los Estados insisten en el modelo “neomercantilista”, con lo cual la falta de capacidad de los salarios será el punto débil de la recuperación económica de la UE, también de las economías exportadoras.

Las perspectivas para el empleo en la UE son bastante negativas. Cinco años después de la crisis, se aprecia ya una cierta estabilización de la destrucción del empleo78, pero se han puesto en marcha las devaluaciones salariales en la periferia europea a un ritmo acelerado, está aumentando la precarización de la situación laboral y se prevé que continúen. El incremento del paro de larga duración y la exclusión del empleo de la población joven -la generación perdida- significa un deterioro de la fuerza de trabajo, con unas consecuencias sociales muy graves. Por otro lado, allí donde ha tenido lugar, gran parte del freno de la destrucción de empleo se debe a que se ha recurrido a fórmulas de subempleo y precariedad. Las tasas de crecimiento económico que se esperan para la UE son totalmente insuficientes para revertir esta situación, y teniendo en cuenta todos los mecanismos que operan desvinculando el trabajo de la actividad económica, es muy probable que esta recuperación no vaya acompañada de mejoras en el empleo y los salarios.

  1. Ya nos hemos referido anteriormente a los Fondos estructurales que son antiguos, y a la aportación de 6.000 millones de euros para el empleo juvenil, que son las únicas y muy insuficientes ayudas existentes. []

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