La orientación neoliberal de la política económica

La globalización y las instituciones internacionales

Hasta hace pocos años, la política económica quedaba limitada a la actuación de los Estados, pero a medida que la economía se ha ido internacionalizando más y más y los capitales convirtiéndose en globales han ido necesitando instituciones públicas que gestionasen la internacionalización. Al final de la II Guerra Mundial se inició ya un periodo de construcción de instituciones públicas internacionales –FMI, Banco Mundial, GATT– para gestionar una economía mundial de creciente internacionalización. Los capitales globales necesitan de instituciones internacionales y las crean. La UE es una de estas instituciones, establecida en 1957 para gestionar las economías de los países europeos más importantes, que se ha ido ampliando gradualmente.

La Unión Europea como paladín del neoliberalismo

La UE ha ejercido siempre una política económica respecto a los países miembros. Desde los años ochenta, ha sido un paladín de las ideas neoliberales presionando para que éstas se implanten en los países miembros. Con la crisis de 2008, la UE ha intensificado su política económica con formas de ‘neoliberalismo asimétrico’, con las que mientras ha apoyado fuertemente los intereses del capital, ha practicado una política acentuadamente neoliberal respecto a las poblaciones, un neoliberalismo hacia los de abajo. La aparición de importantes deudas de los países de la periferia de la UE le ha facilitado y permitido exigir de éstos el cumplimiento de condiciones muy drásticas. Es en el marco de esta intensa corriente de neoliberalismo hacia los de abajo donde deben situarse las medidas económicas que comentamos.

En una primera etapa de la crisis –hasta 2009– la UE no tuvo gran incidencia en la política económica de los estados miembros. Es una característica de la UE que en las crisis considera que cada país debe resolver sus propios problemas –‘que cada palo aguante su vela’–; no le interesa sentirse responsable de la problemática que presentan los países miembros. Pero a fines de 2009 los países de la periferia presentaban muy altas cifras de deuda y los mercados financieros no estaban dispuestos a prestarles dinero, lo que podía llevarles a la quiebra. Los grandes bancos europeos que habían prestado dinero a estos países se inquietaron por las posibilidades de recuperación de los préstamos, y todo ello podía poner en peligro la estabilidad del euro, aspecto que alarmó a la UE y le llevó a cambiar drásticamente su actitud.

Con la crisis de 2008, la UE ha intensificado su política económica con formas de ‘neoliberalismo asimétrico’: ha apoyado fuertemente los intereses del capital, y ha acentuado la política restrictiva respecto a las poblaciones.

La deuda, un falso argumento para la austeridad

La UE concedió la ayuda financiera a los países deudores que la solicitaban a cambio de la aceptación de una serie de condiciones. A partir de 2010, la UE, junto con el FMI y el BCE, conjunto que ha pasado a conocerse con el nombre de ‘la Troika’, se constituyeron en el agente principal de la política económica, especialmente para los países periféricos endeudados. Establecieron un sistema por el que los países que obtienen ayudas –considerados países ‘rescatados’– y otros que incumplen las normas del déficit y la deuda pública, el Estado Español entre otros, son sometidos a muy duras exigencias que sus gobiernos debían cumplir. Sus economías han estado desde entonces sujetas a un estrecho control de la Troika y ‘sus hombres de negro’.

Protestas en Chipre
Protestas en Chipre

FAZ.net

La filosofía de la UE y de la Troika respecto a los países endeudados consiste en considerar que la responsabilidad de la deuda es solo de los deudores, que estos países han estado viviendo por encima de sus límites y que tienen que ser más competitivos para poder exportar más y pagar la deuda. Es decir, que todo el peso de la deuda se carga sobre los países endeudados y los acreedores no reconocen ninguna responsabilidad por sus desastrosas inversiones.

El objetivo principal de la UE consistía, y consiste, en que estos países paguen la deuda. A cambio de sus ayudas la UE exige a los países endeudados unas condiciones clave. Una, que disminuyan el déficit público hasta situarlo, juntamente con el nivel de deuda, dentro de los límites que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: déficit anuales inferiores al 3% y deuda pública inferior al 60% del PIB. Estos límites se endurecen más todavía a partir de 2020. Y dos, que acepten implantar programas de austeridad y ajuste. Por medio de una serie de medidas consistentes en recortar los presupuestos públicos, establecer la reforma laboral y modificar la ley de convenios, disminuir los servicios públicos, reducir las pensiones y privatizar todo lo que se puede privatizar. En el texto más amplio se resumen brevemente las ayudas que la UE puso a disposición de los países endeudados, consistentes todas ellas en ayudas financieras, y las exigencias que supusieron, afectando todas ellas negativamente las condiciones de vida de la población.

Políticas sociales que no mejoran el bienestar

En el debate europeo ha sido frecuente emplear los términos Estado Social y Estado del Bienestar como virtualmente sinónimos, pero el segundo es mucho más amplio que el primero, porque también incluye cualquier intervención desde el Estado en la economía y en la planificación estratégica para conseguir un mejor reparto de la riqueza y un mayor bienestar para el conjunto de la población de un país. Esta precisión es importante porque en la UE nunca se ha trabajado para construir conjuntamente un Estado del Bienestar común, dejando la posibilidad de este eventual objetivo y las políticas para conseguirlo en manos de los Estados miembros.

También conviene saber hasta qué punto existe un Modelo Social Europeo, tal como anuncia la retórica de la Comisión Europea. La creación de bienes públicos que contribuyen a facilitar la igualdad de oportunidades y un desarrollo social más equitativo, por ejemplo mediante el mantenimiento de sistemas universales en educación y salud, ha constituido un aspecto relevante del mencionado Modelo Social Europeo que conviene no despreciar. Pero estas funciones siempre las han asumido los Estados miembros y no la UE como institución común. Hasta ahora las orientaciones que proporciona la UE acerca de las políticas sociales se fundamentan en la creencia de que la actividad económica dejada a su libre albedrío y la integración según los términos preestablecidos por los socios más poderosos serían los motores del desarrollo y la convergencia entre los países miembros.

En el contexto de la globalización y del auge del neoliberalismo, todo el proceso de integración ha tenido consecuencias negativas muy importantes en los sistemas productivos y en la organización social de los países de la UE, con el resultado de un notable aumento de las desigualdades internas y de las divergencias entre países. Esto último es importante tenerlo en cuenta ante el auge de las mal llamadas políticas de austeridad o de consolidación fiscal, cuyas consecuencias más graves han sido las exigencias a los Estados miembros para que recorten el gasto público, con especial saña en el capítulo social. También porque en el debate actual sobre los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública no se mencionan las tendencias regresivas y a favor de los más ricos que tienen las políticas fiscales, con consecuencias en la disminución de los ingresos públicos. En cambio, se insiste hasta la saciedad en el carácter excesivo y costoso de las políticas sociales, mientras que apenas se señala la creciente porción del gasto público que hay que destinar al pago de la deuda de los países.

En los datos de desigualdad y pobreza es interesante observar que, antes de la aplicación de las políticas sociales, en todos los países existen índices de desigualdad. Es decir, es el propio sistema de producción y distribución el que genera una desigualdad estructural. La existencia de distintas políticas sociales de los países miembros modifica esta situación con mayor o menor intensidad. Así, antes del estallido de la crisis, en todos los países de la UE como mínimo uno de cada cuatro ciudadanos se encontraba en una situación bastante precaria por debajo del umbral del riesgo de pobreza o exclusión. Esta situación se ha agravado con la aplicación de los recortes en unas políticas sociales que contribuyen a paliar las desigualdades.

Es evidente que existen diferencias importantes en el tratamiento de las desigualdades sociales en algunos países del norte y del centro de Europa en comparación con el resto. Principalmente porque los primeros tienen unos mecanismos de protección social más amplios y consolidados, mientras que en los países del sur o del este europeo la amenaza de colapso social es mayor, porque los mecanismos de protección han sido más débiles y además han sido duramente dañados por las políticas de austeridad. Esta apreciación se ve al comparar los datos de pobreza o exclusión antes y después de aplicar las transferencias sociales. En este aspecto también se puede afirmar que hay una brecha Centro-Periferia.

Unos resultados nefastos

People of Europe, rise up!
People of Europe, rise up!

Carlos Delgado - Wikimedia Commons

Todas estas medidas de competitividad-austeridad de las políticas de la UE han llevado al estancamiento económico, no han supuesto ninguna mejora sustancial en las economías de los países endeudados, y han aumentado gravemente la deuda de los mismos, aspecto que supuestamente se pretendía corregir. Respecto al Estado español en todos los capítulos de este trabajo están apareciendo con claridad las muy negativas consecuencias de las medidas exigidas por la UE. Es más, a pesar de que las autoridades de la Unión cínicamente afirman que se inicia una recuperación, todavía en 2014 están insistiendo en la necesidad de más reformas estructurales para ‘mejorar’, dicen, nuestra situación. Y ello, a pesar de que en ocasiones la propia Comisión y el FMI se ven obligados a reconocer que no habían calibrado ‘adecuadamente’ las severas consecuencias de la austeridad. En cualquier caso, no es necesario abundar mucho en las tremendas consecuencias sociales que están teniendo las políticas de la UE en la vida de las clases populares europeas: aumento del paro, la precariedad laboral, la disminución de salarios, el deterioro del estado del bienestar, la disminución de pensiones, aumento de la desigualdad y terribles situaciones de pobreza, con sus consecuencias de desequilibrios psicológicos, ansiedad e incluso episodios de desesperación y suicidio.

Las orientaciones que proporciona la UE acerca de las políticas sociales se fundamentan en la creencia de que el libre mercado sería el motor del desarrollo y la convergencia entre los países miembros.

¿Cómo es posible que las políticas de la Unión tengan estos resultados? Porque los objetivos de las mismas nunca han sido resolver los problemas económicos de los países más pobres de la Unión y mejorar la vida de sus habitantes. Los objetivos reales son otros: que los grandes negocios de la UE puedan obtener importantes beneficios con la deuda, apoderarse y/o controlar la riqueza real de los países de la periferia a través de privatizar todos aquellos elementos que se puedan privatizar, dominar más a los trabajadores por medio de las reformas laborales, destruir el estado del bienestar y avanzar el dominio del capital privado convirtiendo los derechos sociales en mercancías –sanidad, educación, asistencia social, etc.–, debilitar y controlar la democracia y facilitar la reestructuración del gran capital europeo. En síntesis, las políticas exigidas por la UE tienen como objetivo principal reforzar el poder del capital en la lucha de clases, como señaló Warren Buffet –uno de los mayores millonarios de Estados Unidos– cuando dijo: ‘existe la lucha de clases, nuestra clase es la que está ganando’. A ello está cooperando significativamente la UE.