La orientación neoliberal de la política económica

((Para analizar la evolución de cualquier economía hay que tener en cuenta como inciden en la misma dos grandes aspectos: el sector privado y el sector público. Pero es necesario partir de que en las economías capitalistas actuales, y en esta etapa histórica casi todas lo son, es el sector privado el que marca la dinámica del conjunto del sistema. El sector público tiene sin duda un papel importante, pero esencialmente su actuación está orientada por poderosas fuerzas económicas privadas. (Véase Informe XX de TAIFA). Por ello, aunque en este capítulo nos dedicaremos a analizar la actuación del sector público, vale la pena recordar que éste actúa subordinado al sector privado y a la correlación política de las fuerzas existentes en la sociedad. Es necesario mencionar este aspecto porque en esta época, a menudo se efectúa una dura (y merecida) crítica al papel de las instituciones públicas, y sobre todo a los gobiernos, mientras que los poderosos agentes privados del capitalismo permanecen ignorados como si no tuvieran responsabilidad alguna por lo que está sucediendo.))

La globalización y las instituciones internacionales

Se denomina política económica a las medidas que toman las instituciones públicas en una sociedad para influir en la marcha de la economía. Todas las instituciones públicas toman medidas que pueden afectar a la economía, pero habitualmente se estudian más aquellas que toman los diversos niveles del ejecutivo: gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque también el legislativo y el judicial tienen su importancia.

Hasta hace pocos años, la política económica quedaba limitada a la actuación de los Estados para influir en sus economías, pero a medida que la economía se ha ido internacionalizando más y más y los capitales convirtiéndose en globales han ido necesitando instituciones públicas que gestionasen la internacionalización. Ya al final de la II Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, se establecieron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial, BM) y en 1948 el Acuerdo General de Comercio y Transportes (GATT, siglas en inglés) sobre el que se ha construido mucho más tarde la organización Mundial de Comercio (OMC). Se iniciaba un periodo de construcción de instituciones públicas internacionales para gestionar una economía mundial de creciente internacionalización. En 1957 se estableció la Comunidad Económica Europea, inicio de lo que hoy conocemos con el nombre de Unión Europea y, en los sesentas, la EFTA (European Free Trade Association) liderada por el Reino Unido. Desde entonces se han ido formando diversas agrupaciones internacionales en el mundo: Tratado de Libre Comercio (NAFTA), MERCOSUR, ASEAN, etc., Es decir, los capitales globales necesitan de instituciones internacionales y las crean.

Estas instituciones internacionales ejecutarán su política económica a distintos niveles, oficialmente nos dicen que para que las diversas economías que forman parte de aquellas funcionen satisfactoriamente. Pero los resultados de las mismas no confirman este argumento: Son bien conocidas las políticas del FMI y del BM respecto a los países endeudados de la periferia mundial en los años ochenta y es bien sabido que sus resultados no fueron muy satisfactorios para los países afectados, mostrando que las actuaciones de estas instituciones no están, precisamente, dirigidas a que las economías funcionen convenientemente y mucho menos para las clases populares.

La Unión Europea no es más que una de estas instituciones establecida para gestionar las economías de los países europeos más importantes, que se ha ido ampliando gradualmente. La UE ha ejercido siempre una política económica respecto a los países miembros más o menos acentuada según las circunstancias económicas y políticas1. Desde los años ochenta, ha sido un paladín de las ideas neoliberales presionando de muy diversas maneras, pero especialmente con su legislación, para que éstas se implanten en los países miembros. Desde la crisis de 2007/2008, la UE está ejerciendo una política económica híbrida: aunque según el neoliberalismo los gobiernos no debieran interferir en economía, se han olvidado de ello y está ayudando con enorme intensidad a los capitales, en particular a los capitales financieros, pero, por otro lado, respecto a los trabajadores y a las poblaciones, ha intensificado su política económica neoliberal (neoliberalismo hacia abajo). La aparición de importantes deudas de los países de la periferia Sur de la Unión le ha facilitado y permitido exigir de éstos el cumplimiento de condiciones muy drásticas. Es en el marco de esta intensa corriente de “neoliberalismo híbrido” y “hacia abajo” donde deben situarse las medidas de policía económica de este periodo.

Aunque todos los aspectos que comentamos en este Informe están estrechamente asociados a la política económica de la UE desde 2008, en este Capítulo recogemos las políticas más transversales, es decir, las que afectan a todos los aspectos de la economía, sin referirse a un sector específico. Por ejemplo, la política de producción o la laboral, están incluidas en sus correspondientes capítulos, mientras que aquí nos centraremos en las políticas económicas más generales de la UE y como éstas han afectado a la economía y a la sociedad del Estado español. Nos referiremos en primer lugar a la política macroeconómica, para seguir después con algunos aspectos de la política social y externa.

La Unión Europea como paladín del neoliberalismo

 

Recuadro 6. El TSCG

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza aprobado en marzo de 2012 establece a través del Pacto Fiscal incluido en el mismo la regla del presupuesto equilibrado. Por ella a partir de 2020 el déficit presupuestario de cada país habrá de ser 0,00% o como máximo el 0,50% del PIB y la deuda pública menor del 60%. Se establecen, además penalizaciones si no se cumplen estos límites2. Si la deuda es superior a ese 20% habrá de disminuirse en un veinteavo cada año hasta llegar al límite establecido. El TSCG exige, además, a los países de la zona euro que inscribieran en sus Constituciones que el primer y absolutamente prioritario gasto de los estados es el del pago de la deuda. Respecto al déficit, hay que añadir que en El TSCG, con el Pacto Fiscal que integra, supone anular prácticamente de forma permanente la política fiscal que pueden ejercer los países, que era ya la única política coyuntural que les quedaba. El gobierno español, entonces del PSOE, no sólo acepto esta norma, sino que logró rápidamente, en un par de semanas, un pacto con el PP para cambiar velozmente la sacrosanta Constitución y aprobarla. Incluso se anticipó a otros países en situaciones más difíciles como Grecia. Con todas estas medidas el objetivo principal de la UE consistía, y consiste en que estos países puedan pagar la deuda. Para ello, y para que la deuda no aumente, estos países tienen que disminuir tajantemente los déficits públicos, hasta situar déficit y deuda dentro de los límites que permite la Unión.

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La filosofía de la UE y de la Troika respecto a los países endeudados consiste en los aspectos siguientes3:

  • La responsabilidad de la deuda es sólo de los deudores. Los acreedores no tienen ninguna responsabilidad (en contradicción con todos los elementos de análisis de los contratos crediticios habituales).
  • Estos países endeudados han estado viviendo por encima de sus medios. Así que ahora tienen que apretarse el cinturón y disminuir su nivel de vida.
  • Tienen que exportar más para poder pagar la deuda. Ello exige que estos países sean más competitivos. Como la moneda única -el euro- impide la devaluación de la moneda que facilite las exportaciones, se tiene que avanzar hacia la devaluación interna, para mejorar la competitividad, lo que se logra mediante la caída de salarios, el deterioro de la situación laboral, el aumento de productividad y el abaratamiento del gasto social.
  • Es decir, todo el peso de la deuda se sitúa en los países endeudados, sin tener en cuenta que, cualquier análisis financiero responsable exigiría que quienes prestan el dinero tengan en cuenta la solvencia y condiciones de quienes piden los prestamos antes de concederlos y carguen con las consecuencias de sus evaluaciones si éstas se muestran erróneas.

Con estos planteamientos la UE aceptó el proporcionar importantes apoyos financieros para responder a las necesidades de los países rescatados. Como ya se ha dicho, a cambio de las ayudas proporcionadas la UE exige a los países dos requisitos clave:

  • Que disminuyan el déficit público. Como es evidente que no pueden llegar al 3% del límite de repente, negocian con los países hasta donde les permitirán llegar en el déficit anual. En el Estado español, para darnos una idea de lo que eso supone hay que señalar que a pesar de los severísimos recortes impuestos a la población, en 2010 en el Estado español el déficit era del 11,4%, en 2011 entre 6,8-8,5%85, en 2012 entre 7-10% y para 2013 el objetivo era de 4,5% pero ha llegado al 6,6 o al 7,10% (según las fuentes del cómputo), Se prevé un 4,5% para 2014 y algo menos del 3% (2,8%) para el 2015; mientras la deuda que partía del 36,5% en 2007 evolucionaba hasta el 93,5% en 2013 (ver gráficos 14-16). Si no se logran estos límites -en años anteriores se está bien lejos de las prescripciones, en principio, se establecen severas sanciones para los países incumplidores.
  • Que se comprometan a implantar severos programas de austeridad y ajuste a la sociedad, por medio de una serie de medidas consistentes en recortar los presupuestos públicos, establecer sucesivas reformas laborales (siempre orientadas a la disminución de salarios y a rebajar el coste del despido), que los salarios no crezcan según el IPC sino según la productividad (que es casi siempre más baja que el primero), disminuir los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, asistencia social, recortes en la Administración Pública) y privatizarlos, además de privatizar todo tipo de actividades públicas (agua, edificios públicos, aeropuertos, loterías,…). Estas medidas se impusieron a los países rescatados -Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre- pero se han exigido igualmente a los países endeudados y con déficits altos, como el Estado español. En éste, se logró evitar el rescate, pero se incurrió en un “rescate parcial” por el que la UE puso a disposición del Estado español una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros exclusivamente para recapitalizar el sistema financiero del país. De este importe se han utilizado 41.000 millones para cubrir las necesidades de Bankia, Catalunya Caixa y CaixaGalicia. Aunque con todo cinismo el Sr. De Guindos dijo que esto lo pagarían los bancos y no constaría como deuda pública, esto no era verdad4 y fue desmentido inmediatamente por las autoridades comunitarias. Tan es así que este “rescate financiero” supuso un aumento del déficit en 2012 del 7% al 10%. En diciembre de 2013, el gobierno comunica que se ha liquidado satisfactoriamente el rescate financiero pero no sabemos muy bien lo que eso supone, pues no parece que se hayan retornado los 41.000 euros utilizados, lo que implica que se habrán de retornar en algún momento en el futuro y se tendrán que seguir pagando los intereses mientras tanto5.

Gráfico 16. Superávit / Déficit público de las administraciones públicas en el Estado español. % del PIB

En el recuadro 7, resumimos brevemente las dos partes: las ayudas que la UE puso a disposición de los países endeudados hasta 2013, que no quiere decir que todas se prestaron, y las exigencias que las mismas supusieron incluso para poder solicitarlas.

Recuadro 7. Ayudas y exigencias de la UE
El FEEF y el MEDE son fondos establecidos por la UE -ver capítulo 3 “La financiarización de la UE y su impacto en los países europeos”- mientras que el BCE, impedido por sus estatutos a apoyar de otra forma a los estados endeudados, en una primera etapa -2010-2013- se limitó a prestar dinero en grandes cantidades y con muy buenas condiciones de tipos de interés a los bancos privados. Lo que les ha permitido a éstos obtener fondos del BCE al 0,25% de interés y con ellos comprar deuda pública de los Estados endeudados al 4-5% o más; realizando así un jugoso negocio que les ha permitido no preocuparse por prestar dinero a las empresas y hogares. Sólo en momentos muy críticos, el BCE compró bonos (deuda) de los Estados endeudados, pero no directamente sino en los mercados secundarios (bonos que ya han comprado otras instituciones financieras y los revenden), lo que permite, también, a los intermediarios financieros privados una interesante remuneración por esta operación. En 2014 el BCE preocupado por el bajo crecimiento en los países de la UE y con el objetivo de disminuir el valor del euro para ser más competitivos en los mercados mundiales, ha disminuido su tipo de interés al 0,15% (mínimo histórico) y ha puesto a disposición de los bancos privados un fondo de 400.000 millones de euros. Asimismo, inquietos por la gran cantidad de depósitos que la banca privada tiene en el BCE ha decidido cobrarles por mantener dichos depósitos -0,10% del volumen del depósito-, con la esperanza que ello disminuirá el volumen de depósitos y facilitará la concesión de créditos a las empresas6. Es posible, incluso, que en el próximo futuro el BCE compre importantes cantidades de bonos, en particular bonos públicos, o por lo menos esto es lo que recomienda la Directora del FMI, Lagarde, a dicho Banco (junio 2014).

Dos comentarios significativos: Todas las ayudas son financieras, es decir, orientadas principalmente a cubrir las necesidades financieras de los estados, de las que la parte más importante se debe a la deuda privada y a la situación de los entes financieros (bancos y cajas); mientras que las exigencias a los países afectan todas ellas al mundo de lo real, a deteriorar el mercado laboral, recortar el gasto público sobre todo en gasto social, disminuir el patrimonio público (privatizaciones) y en particular al bienestar de las poblaciones.

Las consecuencias de las políticas de ajuste

Todas estas políticas han llevado al estancamiento económico, no han supuesto ninguna mejora sustancial en las economías de los países endeudados, y han aumentado fuertemente la deuda de los mismos. Incluso la propia Unión ha reconocido que el doblete competitividad-austeridad exigido de los estados miembros les ha llevado al estancamiento de la actividad económica y al fuerte incremento del paro y la deuda. Cuando subió al poder en Francia, Hollande, hizo unas declaraciones señalando que era preciso recuperar el crecimiento y durante un cierto momento pareció que la UE iba a establecer algunas políticas para estimularlo. Hubo una proliferación de Cumbres “históricas” casi cada 15 días y establecieron el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, pero bajo la condición de que eso no supondría alterar el Pacto fiscal, que es el que imponía los límites al déficit, intentando así la cuadratura del círculo. Este Pacto por el Crecimiento tuvo mucha retórica pero se doto de muy poco dinero -120.000 millones de euros, una parte de los cuales correspondían a fondos anteriores no utilizados-; se calculaba que al Estado español le corresponderían entre 9.000-10.000 millones de euros, cantidad muy reducida para la magnitud del problema. No conocemos el destino de estos fondos y, dado el giro en la política económica de Hollande, no parece que esté en disposición de impulsar con fuerza el crecimiento. Y ello a pesar que a mediados de 2014, con un gran soporte mediático, se señala que Hollande de Francia, Renzi de Italia y otros presidentes socialistas de países de la UE están intentando persuadir a la Comisión para que flexibilice los límites del Pacto de Estabilidad y establezca medidas para estimular el crecimiento y el empleo. Peticiones que no parecen encontrar apoyo en la Comisión7. Lo que queda claro es que, dentro o fuera del discurso por el crecimiento, las autoridades de la Unión, todavía en 2014 están insistiendo en la necesidad de más reformas estructurales -reforma laboral, disminución de los déficits y reducción del estado del bienestar- para “mejorar” nuestra situación.

En 2013 de 17 países en la zona euro, 12 estaban en recesión, hay 26 millones de europeos en paro y 115 millones de pobres, “oficialmente” reconocidos. Al mismo tiempo algunos países del Norte se refuerzan -Alemania, Holanda, Austria, Finlandia- dando lugar aún crecimiento de las disparidades dentro de la Unión. Respecto al Estado español en todos los capítulos de este trabajo están apareciendo con claridad las muy negativos consecuencias de las medidas exigidas por la UE.

Gráfico 17. Crecimiento del PIB nominal del Estado español. % de variación

En 2012 hubo muy importantes salidas de capital del Estado español (extranjeros que estaban aquí y nacionales que “patrióticamente” huían), pero en 2013-2014 parece que vuelve a haber entradas de capital extranjero, principalmente para comprar a precios de saldo empresas en dificultades. Parece extraño -por utilizar expresiones suaves- que el vender la capacidad de producir riqueza a precios de saldo a capitales foráneos (muchos de ellos fondos especulativos de capital riesgo) que las reestructuran y reducen su capacidad de producción y empleo, sea considerado como un triunfo.

En cuanto a los aspectos sociales, no es necesario abundar mucho en las tremendas consecuencias sociales que están teniendo las políticas de la UE para los países endeudados en la vida de las clases populares europeas, aumento del paro, la precariedad laboral, la disminución de salarios, deterioro del estado del bienestar (en salud, educación, dependencia), disminución de pensiones, intenso aumento de la desigualdad y terribles situaciones de pobreza,… con sus consecuencias de desequilibrios psicológicos, ansiedad e incluso episodios de desesperación y suicidio.

 

Recuadro 8. La recuperación

Desde fines de 2013 y, sobre todo durante 2014 el versión oficial acerca de la economía española se ha modificado. Como ha disminuido fuertemente la prima de riesgo, vuelve a entrar capital extranjero y se ha observado un muy moderado reinicio de la actividad económica (del 0,1 o 0,4% anual) el gobierno español, bastantes gobiernos autonómicos y una parte significativa de los empresarios, sobre todo los más potentes e importantes, están intentando transmitir la impresión de que la economía española ha iniciado ya la senda de una franca recuperación. Aceptan, eso sí, que el empleo no mejora, incluso que necesitará varios años para recuperarse, pero sus “predicciones” son optimistas para el resto del año y el año próximo El discurso se completa señalando que ello es debido a las duras pero eficientes políticas que se han visto obligados a realizar a causa de la mala situación en que dejo la economía el gobierno anterior8 ¿Qué hay de realidad en este planteamiento? La respuesta exige varios comentarios:

  • El panorama europeo parece que se ha “tranquilizado”, en el sentido de que no parece haber un temor al hundimiento del euro. Al contrario, la fortaleza del euro frente a las demás divisas importantes está preocupando al BCE y a los países exportadores que están tomando medidas para intentar devaluarlo, como hemos señalado más arriba. Da la impresión que la UE y el BCE “han aprendido” a gestionar la situación de los países muy endeudados y que, aunque siguen ejerciendo una fuerte presión en los mismos, la aceptan sin demasiados problemas. Las primas de riesgo han bajado y aparentemente la situación no se presenta con tantos temores como antes.
  • Esto parece que ha permitido que quienes tienen ingresos “normales” que por el temor de lo que pudiera pasar habían disminuido su consumo -sobre todo en bienes durables, automóviles y viajes- hayan iniciado una tímida recuperación del mismo. Lo que permite mejorar, aunque sea muy débilmente algunos aspectos de la demanda.
  • Pero y sobre todo, hay que tener en cuenta que las brutales medidas de ajuste tomadas han disminuido los salarios sustancialmente y deteriorado las condiciones laborales, con lo que las empresas grandes están recuperando sus tasas de beneficio, lo que les lleva a crecer en algo su actividad.

Por ello, se puede observar un muy tímido y débil crecimiento de la actividad a partir de los muy bajos niveles a los que había llegado en 2013. No nos parece útil negar que esto puede estar sucediendo pero hay que añadir que ello se debe, precisamente, al tremendo deterioro de sus condiciones laborales y de vida que está experimentando la población trabajadora del Estado español. Esto es todo lo que ofrece el capitalismo, crisis, caída de la actividad, paro, miseria, sufrimiento…para sobre el mismo empezar desde muy abajo a recuperarse muy débilmente las empresas que siguen sin crear empleo. Por el contrario, para la población española no se reinicia la recuperación. Ni mejora el empleo (las mejoras en el paro registrado son temporales y desmentidas por el paro que señala la Encuesta de Población Activa), más de la mitad de los jóvenes del país no pueden encontrar ni siquiera empleos precarios, los más preparados emigran, la renta per cápita del país disminuye (95% sobre la media de la UE frente al 105% en 2007), la morosidad aumenta, la pobreza crece incontrolada (la carencia de vivienda, electricidad, agua, alimentación es ya permanente en muchas familias), se deterioran seriamente los servicios sociales. La opinión “informada”- Ministro Guindos, Gobernador del Banco de Estado español, grandes empresarios, economistas “respetables”- insisten en que hay que continuar con las mismas medidas ¿Se recupera un poco, muy poco la actividad económica? No sólo hay que preguntarse a favor de quien, sino percibir que es justamente el deterioro de una gran parte de la población del país la que permite que unos pocos reinicien su actividad.

El Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión

 

Recuadro 9: Una crítica de la valoración de la UE del impacto del ATCI

La Comisión Europea encargó dos estudios de impacto sobre el ATCI: el primero se terminó en 2009 (ECORYS) y el segundo, en 2013 (CEPR).9 En ECORYS se publicaron los cálculos de los costes que las empresas de cada sector ahorrarían al retirar las regulaciones o permitiendo el reconocimiento mutuo de las regulaciones a ambos lados del Atlántico, las denominadas medidas no arancelarias. En el CEPR se utilizaron estos resultados como un input para un modelo para predecir los efectos económicos más amplios que la retirada de las regulaciones tendría, según el grado de retirada de estas regulaciones. Aparecen algunos hallazgos aparentemente precisos, como un beneficio global para la UE de 119.212 millones de euros derivado del “escenario de un acuerdo global y ambicioso”. Sin embargo, al observar más detalladamente la evaluación del impacto, surgen serias dudas acerca de estos hallazgos. Algunos de los principales errores se mencionan aquí.10 En el estudio ECORYS, los costes de las medidas no arancelarias a las empresas exportadoras se establecen en un procedimiento de cuatro pasos. En primer lugar, se llevó a cabo una encuesta a 5.500 empresas de varios países dentro y fuera de la UE. En la encuesta, se les pedía que valoraran de 0 a 100 «el nivel general de restricciones del mercado en los Estados Unidos (y la UE) para su producto (o servicio) de exportación en este sector». En una serie de pasos, esto se convirtió en un equivalente arancelario porcentual. Según esta base, se proporcionan cálculos precisos con respecto al nivel de beneficios derivados de la retirada de las medidas no arancelarias, una precisión que parece dar peso científico a los resultados. Sin embargo, resulta que se calculan a partir de unos datos originales que tienen un nivel bastante bajo de fiabilidad. Los problemas básicos incluyen, en primer lugar, lo que parecen ser respuestas muy variables por parte de distintas empresas cuanto al grado de “restricciones” de las barreras no arancelarias,11 lo que fundamentalmente pone en duda la fiabilidad y la precisión de los datos básicos utilizados para los pasos ulteriores. En segundo lugar, mientras que se tienen en cuenta los beneficios de la retirada de las medidas no arancelarias para las empresas, no se consideran los costes potenciales para la sociedad de un nivel inferior de los estándares de seguridad de los alimentos, por ejemplo. Así, el análisis de costes y beneficios ignora sistemáticamente los beneficios de la regulación para la sociedad. El estudio CEPR introduce los resultados del estudio ECORYS en un modelo de equilibrio general computable. Lo que plantea una serie de preguntas adicionales acerca de los resultados finales obtenidos y también sobre quién se beneficiaría del nuevo acuerdo.

  • En primer lugar, los cambios salariales proyectados por el CEPR, tanto para la UE como para los EE. UU., son prácticamente los mismos que los cambios en el PIB, lo que significa que el empleo (los salarios) participa proporcionalmente en los beneficios con el capital (es decir, los beneficios brutos). Esto requeriría un gran cambio histórico de dirección, ya que está totalmente en desacuerdo con la experiencia histórica a lo largo de las últimas décadas. Tanto en los EE. UU. como en la UE, la proporción que va a salarios ha disminuido de forma continua desde medidos de los años setenta. En la UE, por ejemplo, la proporción salarial se redujo del 67 % al 57 % del PIB justo antes de la crisis.12
  • En segundo lugar, en el estudio se supone que no existe el desempleo de larga duración.13 Basándose en esta idea, se supone que todas las personas que pierdan su empleo como consecuencia del acuerdo comercial encontrarán empleo en otros sectores, lo cual no es realista en absoluto por varios motivos. Entre ellos, el hecho de que en Europa hay un nivel elevado y creciente de desempleo de larga duración, que los nuevos puestos de trabajo pueden estar, por ejemplo, en los países del Este de Europa —con unos niveles salariales mucho inferiores a los de los países en los que se pierden puestos de trabajo— y que la movilidad laboral a estos países es muy improbable.
  • En tercer lugar, otros supuestos del modelo comprenden la competencia perfecta en la mayor parte de sectores del modelo, incluidos, sorprendentemente, las finanzas y los seguros. La competencia perfecta significa que cualquier ganancia en los costes repercute en los clientes y, además, la mayor parte de los beneficios derivados del acuerdo proyectado en el modelo se supone que tienen esa forma. Sin embargo, en el capitalismo moderno están mucho más extendidos los oligopolios, también en los sectores mencionados, en los que la mayor parte del ahorro derivado de los incrementos de productividad no repercute en los consumidores.

Los estudios de impacto del acuerdo propuesto predicen también una reducción considerable del comercio dentro de Europa y, entre otros cambios, la desviación del comercio al otro lado del Atlántico. En otro estudio de impacto del acuerdo propuesto, realizado en Alemania, se prevé una disminución considerable del comercio dentro de Europa, incluida una reducción de aproximadamente el 30 % del comercio de los países GIIPS (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Estado español) con el resto de Europa, si se produce una gran caída de las barreras no arancelarias.14 Todo ello plantea cuestiones bastante básicas acerca del efecto que tendría sobre la unidad de la Unión Europea.

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La necesidad urgente de una agenda comercial alternativa

Tal como están las cosas, las negociaciones del ATCI se decantan casi exclusivamente hacia los intereses de las empresas. Eso tiene que ver con la influencia desproporcionada de los grupos de presión empresariales sobre los responsables políticos de la UE (y de los EE. UU.). Por lo tanto, lo primero que debe cambiar es la naturaleza poco transparente y confidencial de las negociaciones. Tanto el Parlamento Europeo como la sociedad civil deben estar totalmente informados de la situación de las negociaciones y hay que publicar todos los documentos relevantes. Eso es imprescindible, ya que el núcleo de estas negociaciones tiene que ver con cuestiones fundamentales de la política pública que deben discutirse en el dominio público.

Una segunda cuestión tiene que ver con el carácter problemático de las evaluaciones de impacto realizadas en la UE. Unos modelos bien construidos como ayuda para explorar las consecuencias de un acuerdo transatlántico, frente a aquellos que conducen casi inevitablemente a resultados deseados por intereses particulares podrían ser útiles; sin embargo, estos modelos deben complementarse con otras maneras de enfocar la consideración del posible impacto que un acuerdo de este tipo podría tener. Los estudios individuales deben observar las posibles consecuencias para cuestiones tales como los derechos y las condiciones laborales, el medio ambiente y el marco institucional que se propone para la regulación, la transparencia y el control democrático en el futuro. No se ha elaborado ningún estudio de impacto sobre ninguna de estas cuestiones, lo que deja grandes espacios en blanco en la evaluación general del impacto. Con una evaluación participativa del impacto se podrían obtener unos resultados más realistas y fundados. Las organizaciones dedicadas a la investigación a las que se encarguen estos estudios deben ser verdaderamente independientes y no depender de la financiación de las empresas.

Por lo que respecta a la esencia de las negociaciones, el principio director debe ser que se preserve el interés público, lo que en términos concretos significa, inter alia:

  • No bajar los estándares en relación con la sanidad y la seguridad públicas, los derechos de los trabajadores y los consumidores y la protección del medio ambiente.
  • Que no haya transferencias de facto de las competencias legislativas de las instituciones democráticas a organismos tecnocráticos no electos.
  • Que no haya un mecanismo de arbitraje inversor- Estado. En este sentido, la propuesta de la Comisión de introducir una cláusula de salvaguardia contra las «reclamaciones frívolas» por parte de los inversores es insuficiente.
  • No liberalizar y/o congelar la regulación con respecto a los servicios financieros y también los servicios públicos (servicios de interés general), especialmente en sectores como la sanidad, los servicios sociales, la cultura y el agua.
  • No reducir la autonomía política en ámbitos cruciales como el uso de la contratación pública en favor del desarrollo local y otros objetivos de la política pública. Del mismo modo, hay que salvaguardar las subvenciones a la producción cultural local o a las actividades educativas.

Sacrificar intereses públicos vitales por algunos beneficios económicos mínimos y discutibles no supondrá ninguna aportación positiva a la salida de la crisis económica de Europa. Por el contrario, una buena gestión de la crisis y el reto urgente de la transición socioecológica exigen un sistema político que fortalezca la esfera democrática, amplíe las capacidades legislativas y absorba el capital privado transnacional en la sociedad. Es absolutamente evidente que las negociaciones del ATCI, en su forma actual, no constituirán una aportación positiva para estos fines.

Recapitulando

Si las políticas exigidas por la Unión sólo consiguen disminuir la actividad económica, destruir una parte importante del sistema productivo, empeorar muy gravemente las condiciones de trabajo y vida de las poblaciones, ¿por qué se llevan a cabo?

Porque los objetivos de estas políticas nunca han sido resolver el problema económico de los países de la Unión y mejorar la vida de sus habitantes. Los objetivos reales, escondidos tras una abundante y embellecedora retórica son otros:

Que los grandes capitales financieros puedan obtener importantes beneficios con la deuda, por medio de las cantidades que se cobran como intereses y la especulación que grandes volúmenes de deuda permiten:

  • Apoderarse y/o controlar la riqueza real de los países de la periferia a través de privatizar todos aquellos elementos que pueden producir beneficios.
  • Dominar todavía más las relaciones sociales por medio de hacer más sumisos a los trabajadores, a través de las reformas laborales y el debilitamiento de la negociación colectiva.
  • Destruir el estado del bienestar y avanzar el dominio del capital privado en todos los servicios sociales para convertirlos en mercancías privadas- sanidad, educación, asistencia social.
  • Debilitar y controlar de la democracia y el espacio público.
  • Facilitar la reestructuración del gran capital europeo.

En síntesis, las políticas exigidas por la UE tienen como objetivo principal reforzar el poder del capital en la lucha de clases, como bien señalo Warren Buffet (uno de los mayores millonarios de Estados Unidos cuando dijo: “sí existe la lucha de clases, nuestra clase es la que está ganando”.

  1. Se afirma que el 70% de todas las medidas de política económica que se toman en un país como el Estado español proviene de las orientaciones comunitarias. []
  2. Aunque ya se han señalado más arriba estos límites en origen fueron establecidos por un periodo en el Tratado de Maastrich, que se convirtieron en permanentes con el Tratado de Estabilidad y Crecimiento de 1997 y actualizados y estrechados en el TSCG. []
  3. Estos elementos, como no podía ser de otra manera, eran calcados de los que en la década de los ochenta habían servido de base al FMI para los países endeudados de la periferia mundial. []
  4. Los bancos privados se encuentran con una gran cantidad de fondos que podrían prestar, pero por la situación de las diversas economías no les interesa hacerlo y los depositan en el BCE, constituyendo enormes sumas de capital “congelado” en el BCE. Por ello ahora el BCE decide cobrarles por tener esos depósitos en lugar de remunerarles como había sido normal hasta ahora. []
  5. Parece ser Renzi es el dirigente principal en esta línea que, al parecer ha atemorizado por igual a conservadores y socialdemócratas. El Presidente saliente del Consejo, H. Van Rompuy le anunció que sus peticiones eran “inaceptables para los socios europeos”, mientras Merkel llamaba al orden a su vicecanciller Gabriel, partidario de excluir del cálculo del déficit los costes de las reformas, como pide Renzi. El Pais 22 junio del 2014. []
  6. Los bancos privados se encuentran con una gran cantidad de fondos que podrían prestar, pero por la situación de las diversas economías no les interesa hacerlo y los depositan en el BCE, constituyendo enormes sumas de capital “congelado” en el BCE. Por ello ahora el BCE decide cobrarles por tener esos depósitos en lugar de remunerarles como había sido normal hasta ahora. []
  7. Parece ser Renzi es el dirigente principal en esta línea que, al parecer ha atemorizado por igual a conservadores y socialdemócratas. El Presidente saliente del Consejo, H. Van Rompuy le anunció que sus peticiones eran “inaceptables para los socios europeos”, mientras Merkel llamaba al orden a su vicecanciller Gabriel, partidario de excluir del cálculo del déficit los costes de las reformas, como pide Renzi. El Pais 22 junio del 2014. []
  8. No hay que olvidar que el año próximo hay elecciones municipales y en 2016 las legislativas, lo que “obliga” a que las previsiones económicas “mejoren”. []
  9. CEPR, Trabajo citado. []
  10. Lance Taylor y Rudi von Arnim, Modelling the Impact of Trade Liberalisation: A Critique of Computable General Equilibrium Models, Oxfam, julio de 2006, presenta una excelente crítica de cómo los modelos EGC se utilizan en realidad en la evaluación del impacto sobre el comercio. []
  11. En la nota metodológica que acompaña el estudio se admite que «medir la importancia de las medidas no arancelarias en los flujos comerciales bilaterales a partir de un estudio está sujeto a la incertidumbre, que queda también reflejada en algunas grandes desviaciones típicas» ECORYS, Informe final. 2009, p. 13 n.º 27. []
  12. Base de datos AMECO, variable ALCD0. Las cifras son válidas para la UE15. []
  13. Comisión Europea, Impact Assessment Report on the Future of EU-US Trade Relations, SWD, 2013. Anexo 3 Main Aspects of the CGE Model p.3. Marzo de 2013. []
  14. Gabriel Felbermayr et al. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Who benefits from a free trade deal?, Bertelsmann Stiftung, 2013. []

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