La orientación neoliberal de la política económica

((Para analizar la evolución de cualquier economía hay que tener en cuenta como inciden en la misma dos grandes aspectos: el sector privado y el sector público. Pero es necesario partir de que en las economías capitalistas actuales, y en esta etapa histórica casi todas lo son, es el sector privado el que marca la dinámica del conjunto del sistema. El sector público tiene sin duda un papel importante, pero esencialmente su actuación está orientada por poderosas fuerzas económicas privadas. (Véase Informe XX de TAIFA). Por ello, aunque en este capítulo nos dedicaremos a analizar la actuación del sector público, vale la pena recordar que éste actúa subordinado al sector privado y a la correlación política de las fuerzas existentes en la sociedad. Es necesario mencionar este aspecto porque en esta época, a menudo se efectúa una dura (y merecida) crítica al papel de las instituciones públicas, y sobre todo a los gobiernos, mientras que los poderosos agentes privados del capitalismo permanecen ignorados como si no tuvieran responsabilidad alguna por lo que está sucediendo.))

La globalización y las instituciones internacionales

Se denomina política económica a las medidas que toman las instituciones públicas en una sociedad para influir en la marcha de la economía. Todas las instituciones públicas toman medidas que pueden afectar a la economía, pero habitualmente se estudian más aquellas que toman los diversos niveles del ejecutivo: gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque también el legislativo y el judicial tienen su importancia.

Hasta hace pocos años, la política económica quedaba limitada a la actuación de los Estados para influir en sus economías, pero a medida que la economía se ha ido internacionalizando más y más y los capitales convirtiéndose en globales han ido necesitando instituciones públicas que gestionasen la internacionalización. Ya al final de la II Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, se establecieron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial, BM) y en 1948 el Acuerdo General de Comercio y Transportes (GATT, siglas en inglés) sobre el que se ha construido mucho más tarde la organización Mundial de Comercio (OMC). Se iniciaba un periodo de construcción de instituciones públicas internacionales para gestionar una economía mundial de creciente internacionalización. En 1957 se estableció la Comunidad Económica Europea, inicio de lo que hoy conocemos con el nombre de Unión Europea y, en los sesentas, la EFTA (European Free Trade Association) liderada por el Reino Unido. Desde entonces se han ido formando diversas agrupaciones internacionales en el mundo: Tratado de Libre Comercio (NAFTA), MERCOSUR, ASEAN, etc., Es decir, los capitales globales necesitan de instituciones internacionales y las crean.

Estas instituciones internacionales ejecutarán su política económica a distintos niveles, oficialmente nos dicen que para que las diversas economías que forman parte de aquellas funcionen satisfactoriamente. Pero los resultados de las mismas no confirman este argumento: Son bien conocidas las políticas del FMI y del BM respecto a los países endeudados de la periferia mundial en los años ochenta y es bien sabido que sus resultados no fueron muy satisfactorios para los países afectados, mostrando que las actuaciones de estas instituciones no están, precisamente, dirigidas a que las economías funcionen convenientemente y mucho menos para las clases populares.

La Unión Europea no es más que una de estas instituciones establecida para gestionar las economías de los países europeos más importantes, que se ha ido ampliando gradualmente. La UE ha ejercido siempre una política económica respecto a los países miembros más o menos acentuada según las circunstancias económicas y políticas1. Desde los años ochenta, ha sido un paladín de las ideas neoliberales presionando de muy diversas maneras, pero especialmente con su legislación, para que éstas se implanten en los países miembros. Desde la crisis de 2007/2008, la UE está ejerciendo una política económica híbrida: aunque según el neoliberalismo los gobiernos no debieran interferir en economía, se han olvidado de ello y está ayudando con enorme intensidad a los capitales, en particular a los capitales financieros, pero, por otro lado, respecto a los trabajadores y a las poblaciones, ha intensificado su política económica neoliberal (neoliberalismo hacia abajo). La aparición de importantes deudas de los países de la periferia Sur de la Unión le ha facilitado y permitido exigir de éstos el cumplimiento de condiciones muy drásticas. Es en el marco de esta intensa corriente de “neoliberalismo híbrido” y “hacia abajo” donde deben situarse las medidas de policía económica de este periodo.

Aunque todos los aspectos que comentamos en este Informe están estrechamente asociados a la política económica de la UE desde 2008, en este Capítulo recogemos las políticas más transversales, es decir, las que afectan a todos los aspectos de la economía, sin referirse a un sector específico. Por ejemplo, la política de producción o la laboral, están incluidas en sus correspondientes capítulos, mientras que aquí nos centraremos en las políticas económicas más generales de la UE y como éstas han afectado a la economía y a la sociedad del Estado español. Nos referiremos en primer lugar a la política macroeconómica, para seguir después con algunos aspectos de la política social y externa.

La Unión Europea como paladín del neoliberalismo

Recordemos que desde la moneda única en 1999, los países de la eurozona habían perdido algunos de sus instrumentos de política económica -política monetaria y exterior- y que las condiciones exigidas para integrarse en ella habían debilitado fuertemente la política fiscal -sólo se permitía un 3% de déficit público y la deuda no podía ser superior al 60% del PIB-, además de otras muchas disposiciones que ahondaban en el carácter neoliberal de las políticas de los estados. Este es el marco en que la UE y los países miembros afrontarán la crisis de 2007/8.

En una primera etapa de la crisis -2007 a 2009- la UE no tuvo gran incidencia en la política económica de los estados miembros. Es una característica de la UE que en las crisis -la de los setenta/ochenta y también en ésta del 2008- considera que cada país debe resolver sus propios problemas2, e intenta no sentirse responsable por la problemática que presentan los países miembros. De hecho, el conjunto de las ayudas de la UE en esta primera etapa no supusieron más de 200.000 millones de euros, que era ya una cantidad muy limitada. Y mucho más si se tiene en cuenta que de ellos, 170.000 millones correspondían a la suma de las partidas aportadas por los países miembros y la UE como tal sólo contribuyo con 30.000 millones.

A fines de 2009 los países de la periferia Sur, especialmente Grecia, pero también el Estado español, Portugal e incluso Italia, además de Irlanda que, aunque no es está en el Sur para muchos aspectos respecto a la deuda ha quedado englobada en éste, presentaban altos déficits públicos y cifras muy altas de deuda.

Gráfico 14. Superávit/déficit público (en % del PIB), 2007 y 2013

Gráfico 15. Deuda pública (en % del PIB), 2007 y 2013

A partir de 2010, la UE, junto con el FMI y el BCE (la Troika) pasaron a constituirse en el agente principal de la política anti-crisis, especialmente para los países periféricos endeudados de la periferia Sur. Establecieron un sistema por el que los países que obtenían las ayudas -considerados países “rescatados”- fueron sometidos a muy duras exigencias que sus gobiernos debían cumplir. Sus economías han sido desde entonces sujetas a un estrecho control de la Troika y “sus hombres de negro” que están tutelando continuamente las políticas de dichos países y obligándoles a cumplir sus requerimientos. No sólo los países formalmente rescatados han sufrido este control, sino también los demás países que incumplen las normas acerca del déficit y la deuda pública, como el caso del Estado español.

Desde 2010, por tanto, se inicia un periodo en el que la UE, a diferencia de lo que había hecho hasta entonces en las crisis, comienza a vigilar muy atentamente la política económica de los países endeudados y a exigirles el cumplimiento de drásticas medidas de política económica, si quieren utilizar las ayudas de la Unión. Asimismo, desde 2010, la UE ha entrado en una especie de activismo legislativo constituyéndose en el agente principal de la política anti-crisis, sobre todo en los países endeudados. No entraremos a detallar aquí las disposiciones en cuestión, pues no es esto lo que interesa3, sino lo que todas ellas suponen para las economías endeudadas y sus consecuencias para las poblaciones de las mismas. Sólo como un ejemplo de las orientaciones que presentan todas ellas, se recoge en el recuadro 6 una parte del TSCG.

 

Recuadro 6. El TSCG

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza aprobado en marzo de 2012 establece a través del Pacto Fiscal incluido en el mismo la regla del presupuesto equilibrado. Por ella a partir de 2020 el déficit presupuestario de cada país habrá de ser 0,00% o como máximo el 0,50% del PIB y la deuda pública menor del 60%. Se establecen, además penalizaciones si no se cumplen estos límites4. Si la deuda es superior a ese 20% habrá de disminuirse en un veinteavo cada año hasta llegar al límite establecido. El TSCG exige, además, a los países de la zona euro que inscribieran en sus Constituciones que el primer y absolutamente prioritario gasto de los estados es el del pago de la deuda. Respecto al déficit, hay que añadir que en El TSCG, con el Pacto Fiscal que integra, supone anular prácticamente de forma permanente la política fiscal que pueden ejercer los países, que era ya la única política coyuntural que les quedaba. El gobierno español, entonces del PSOE, no sólo acepto esta norma, sino que logró rápidamente, en un par de semanas, un pacto con el PP para cambiar velozmente la sacrosanta Constitución y aprobarla. Incluso se anticipó a otros países en situaciones más difíciles como Grecia. Con todas estas medidas el objetivo principal de la UE consistía, y consiste en que estos países puedan pagar la deuda. Para ello, y para que la deuda no aumente, estos países tienen que disminuir tajantemente los déficits públicos, hasta situar déficit y deuda dentro de los límites que permite la Unión.

La filosofía de la UE y de la Troika respecto a los países endeudados consiste en los aspectos siguientes5:

  • La responsabilidad de la deuda es sólo de los deudores. Los acreedores no tienen ninguna responsabilidad (en contradicción con todos los elementos de análisis de los contratos crediticios habituales).
  • Estos países endeudados han estado viviendo por encima de sus medios. Así que ahora tienen que apretarse el cinturón y disminuir su nivel de vida.
  • Tienen que exportar más para poder pagar la deuda. Ello exige que estos países sean más competitivos. Como la moneda única -el euro- impide la devaluación de la moneda que facilite las exportaciones, se tiene que avanzar hacia la devaluación interna, para mejorar la competitividad, lo que se logra mediante la caída de salarios, el deterioro de la situación laboral, el aumento de productividad y el abaratamiento del gasto social.
  • Es decir, todo el peso de la deuda se sitúa en los países endeudados, sin tener en cuenta que, cualquier análisis financiero responsable exigiría que quienes prestan el dinero tengan en cuenta la solvencia y condiciones de quienes piden los prestamos antes de concederlos y carguen con las consecuencias de sus evaluaciones si éstas se muestran erróneas.

Con estos planteamientos la UE aceptó el proporcionar importantes apoyos financieros para responder a las necesidades de los países rescatados. Como ya se ha dicho, a cambio de las ayudas proporcionadas la UE exige a los países dos requisitos clave:

  • Que disminuyan el déficit público. Como es evidente que no pueden llegar al 3% del límite de repente, negocian con los países hasta donde les permitirán llegar en el déficit anual. En el Estado español, para darnos una idea de lo que eso supone hay que señalar que a pesar de los severísimos recortes impuestos a la población, en 2010 en el Estado español el déficit era del 11,4%, en 2011 entre 6,8-8,5%85, en 2012 entre 7-10% y para 2013 el objetivo era de 4,5% pero ha llegado al 6,6 o al 7,10% (según las fuentes del cómputo), Se prevé un 4,5% para 2014 y algo menos del 3% (2,8%) para el 2015; mientras la deuda que partía del 36,5% en 2007 evolucionaba hasta el 93,5% en 2013 (ver gráficos 14-16). Si no se logran estos límites -en años anteriores se está bien lejos de las prescripciones, en principio, se establecen severas sanciones para los países incumplidores.
  • Que se comprometan a implantar severos programas de austeridad y ajuste a la sociedad, por medio de una serie de medidas consistentes en recortar los presupuestos públicos, establecer sucesivas reformas laborales (siempre orientadas a la disminución de salarios y a rebajar el coste del despido), que los salarios no crezcan según el IPC sino según la productividad (que es casi siempre más baja que el primero), disminuir los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, asistencia social, recortes en la Administración Pública) y privatizarlos, además de privatizar todo tipo de actividades públicas (agua, edificios públicos, aeropuertos, loterías,…). Estas medidas se impusieron a los países rescatados -Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre- pero se han exigido igualmente a los países endeudados y con déficits altos, como el Estado español. En éste, se logró evitar el rescate, pero se incurrió en un “rescate parcial” por el que la UE puso a disposición del Estado español una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros exclusivamente para recapitalizar el sistema financiero del país. De este importe se han utilizado 41.000 millones para cubrir las necesidades de Bankia, Catalunya Caixa y CaixaGalicia. Aunque con todo cinismo el Sr. De Guindos dijo que esto lo pagarían los bancos y no constaría como deuda pública, esto no era verdad6 y fue desmentido inmediatamente por las autoridades comunitarias. Tan es así que este “rescate financiero” supuso un aumento del déficit en 2012 del 7% al 10%. En diciembre de 2013, el gobierno comunica que se ha liquidado satisfactoriamente el rescate financiero pero no sabemos muy bien lo que eso supone, pues no parece que se hayan retornado los 41.000 euros utilizados, lo que implica que se habrán de retornar en algún momento en el futuro y se tendrán que seguir pagando los intereses mientras tanto7.

Gráfico 16. Superávit / Déficit público de las administraciones públicas en el Estado español. % del PIB

En el recuadro 7, resumimos brevemente las dos partes: las ayudas que la UE puso a disposición de los países endeudados hasta 2013, que no quiere decir que todas se prestaron, y las exigencias que las mismas supusieron incluso para poder solicitarlas.

Recuadro 7. Ayudas y exigencias de la UE
El FEEF y el MEDE son fondos establecidos por la UE -ver capítulo 3 “La financiarización de la UE y su impacto en los países europeos”- mientras que el BCE, impedido por sus estatutos a apoyar de otra forma a los estados endeudados, en una primera etapa -2010-2013- se limitó a prestar dinero en grandes cantidades y con muy buenas condiciones de tipos de interés a los bancos privados. Lo que les ha permitido a éstos obtener fondos del BCE al 0,25% de interés y con ellos comprar deuda pública de los Estados endeudados al 4-5% o más; realizando así un jugoso negocio que les ha permitido no preocuparse por prestar dinero a las empresas y hogares. Sólo en momentos muy críticos, el BCE compró bonos (deuda) de los Estados endeudados, pero no directamente sino en los mercados secundarios (bonos que ya han comprado otras instituciones financieras y los revenden), lo que permite, también, a los intermediarios financieros privados una interesante remuneración por esta operación. En 2014 el BCE preocupado por el bajo crecimiento en los países de la UE y con el objetivo de disminuir el valor del euro para ser más competitivos en los mercados mundiales, ha disminuido su tipo de interés al 0,15% (mínimo histórico) y ha puesto a disposición de los bancos privados un fondo de 400.000 millones de euros. Asimismo, inquietos por la gran cantidad de depósitos que la banca privada tiene en el BCE ha decidido cobrarles por mantener dichos depósitos -0,10% del volumen del depósito-, con la esperanza que ello disminuirá el volumen de depósitos y facilitará la concesión de créditos a las empresas8. Es posible, incluso, que en el próximo futuro el BCE compre importantes cantidades de bonos, en particular bonos públicos, o por lo menos esto es lo que recomienda la Directora del FMI, Lagarde, a dicho Banco (junio 2014).

Dos comentarios significativos: Todas las ayudas son financieras, es decir, orientadas principalmente a cubrir las necesidades financieras de los estados, de las que la parte más importante se debe a la deuda privada y a la situación de los entes financieros (bancos y cajas); mientras que las exigencias a los países afectan todas ellas al mundo de lo real, a deteriorar el mercado laboral, recortar el gasto público sobre todo en gasto social, disminuir el patrimonio público (privatizaciones) y en particular al bienestar de las poblaciones.

Las consecuencias de las políticas de ajuste

Todas estas políticas han llevado al estancamiento económico, no han supuesto ninguna mejora sustancial en las economías de los países endeudados, y han aumentado fuertemente la deuda de los mismos. Incluso la propia Unión ha reconocido que el doblete competitividad-austeridad exigido de los estados miembros les ha llevado al estancamiento de la actividad económica y al fuerte incremento del paro y la deuda. Cuando subió al poder en Francia, Hollande, hizo unas declaraciones señalando que era preciso recuperar el crecimiento y durante un cierto momento pareció que la UE iba a establecer algunas políticas para estimularlo. Hubo una proliferación de Cumbres “históricas” casi cada 15 días y establecieron el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, pero bajo la condición de que eso no supondría alterar el Pacto fiscal, que es el que imponía los límites al déficit, intentando así la cuadratura del círculo. Este Pacto por el Crecimiento tuvo mucha retórica pero se doto de muy poco dinero -120.000 millones de euros, una parte de los cuales correspondían a fondos anteriores no utilizados-; se calculaba que al Estado español le corresponderían entre 9.000-10.000 millones de euros, cantidad muy reducida para la magnitud del problema. No conocemos el destino de estos fondos y, dado el giro en la política económica de Hollande, no parece que esté en disposición de impulsar con fuerza el crecimiento. Y ello a pesar que a mediados de 2014, con un gran soporte mediático, se señala que Hollande de Francia, Renzi de Italia y otros presidentes socialistas de países de la UE están intentando persuadir a la Comisión para que flexibilice los límites del Pacto de Estabilidad y establezca medidas para estimular el crecimiento y el empleo. Peticiones que no parecen encontrar apoyo en la Comisión9. Lo que queda claro es que, dentro o fuera del discurso por el crecimiento, las autoridades de la Unión, todavía en 2014 están insistiendo en la necesidad de más reformas estructurales -reforma laboral, disminución de los déficits y reducción del estado del bienestar- para “mejorar” nuestra situación.

En 2013 de 17 países en la zona euro, 12 estaban en recesión, hay 26 millones de europeos en paro y 115 millones de pobres, “oficialmente” reconocidos. Al mismo tiempo algunos países del Norte se refuerzan -Alemania, Holanda, Austria, Finlandia- dando lugar aún crecimiento de las disparidades dentro de la Unión. Respecto al Estado español en todos los capítulos de este trabajo están apareciendo con claridad las muy negativos consecuencias de las medidas exigidas por la UE.

Gráfico 17. Crecimiento del PIB nominal del Estado español. % de variación

En 2012 hubo muy importantes salidas de capital del Estado español (extranjeros que estaban aquí y nacionales que “patrióticamente” huían), pero en 2013-2014 parece que vuelve a haber entradas de capital extranjero, principalmente para comprar a precios de saldo empresas en dificultades. Parece extraño -por utilizar expresiones suaves- que el vender la capacidad de producir riqueza a precios de saldo a capitales foráneos (muchos de ellos fondos especulativos de capital riesgo) que las reestructuran y reducen su capacidad de producción y empleo, sea considerado como un triunfo.

En cuanto a los aspectos sociales, no es necesario abundar mucho en las tremendas consecuencias sociales que están teniendo las políticas de la UE para los países endeudados en la vida de las clases populares europeas, aumento del paro, la precariedad laboral, la disminución de salarios, deterioro del estado del bienestar (en salud, educación, dependencia), disminución de pensiones, intenso aumento de la desigualdad y terribles situaciones de pobreza,… con sus consecuencias de desequilibrios psicológicos, ansiedad e incluso episodios de desesperación y suicidio.

 

Recuadro 8. La recuperación

Desde fines de 2013 y, sobre todo durante 2014 el versión oficial acerca de la economía española se ha modificado. Como ha disminuido fuertemente la prima de riesgo, vuelve a entrar capital extranjero y se ha observado un muy moderado reinicio de la actividad económica (del 0,1 o 0,4% anual) el gobierno español, bastantes gobiernos autonómicos y una parte significativa de los empresarios, sobre todo los más potentes e importantes, están intentando transmitir la impresión de que la economía española ha iniciado ya la senda de una franca recuperación. Aceptan, eso sí, que el empleo no mejora, incluso que necesitará varios años para recuperarse, pero sus “predicciones” son optimistas para el resto del año y el año próximo El discurso se completa señalando que ello es debido a las duras pero eficientes políticas que se han visto obligados a realizar a causa de la mala situación en que dejo la economía el gobierno anterior10 ¿Qué hay de realidad en este planteamiento? La respuesta exige varios comentarios:

  • El panorama europeo parece que se ha “tranquilizado”, en el sentido de que no parece haber un temor al hundimiento del euro. Al contrario, la fortaleza del euro frente a las demás divisas importantes está preocupando al BCE y a los países exportadores que están tomando medidas para intentar devaluarlo, como hemos señalado más arriba. Da la impresión que la UE y el BCE “han aprendido” a gestionar la situación de los países muy endeudados y que, aunque siguen ejerciendo una fuerte presión en los mismos, la aceptan sin demasiados problemas. Las primas de riesgo han bajado y aparentemente la situación no se presenta con tantos temores como antes.
  • Esto parece que ha permitido que quienes tienen ingresos “normales” que por el temor de lo que pudiera pasar habían disminuido su consumo -sobre todo en bienes durables, automóviles y viajes- hayan iniciado una tímida recuperación del mismo. Lo que permite mejorar, aunque sea muy débilmente algunos aspectos de la demanda.
  • Pero y sobre todo, hay que tener en cuenta que las brutales medidas de ajuste tomadas han disminuido los salarios sustancialmente y deteriorado las condiciones laborales, con lo que las empresas grandes están recuperando sus tasas de beneficio, lo que les lleva a crecer en algo su actividad.

Por ello, se puede observar un muy tímido y débil crecimiento de la actividad a partir de los muy bajos niveles a los que había llegado en 2013. No nos parece útil negar que esto puede estar sucediendo pero hay que añadir que ello se debe, precisamente, al tremendo deterioro de sus condiciones laborales y de vida que está experimentando la población trabajadora del Estado español. Esto es todo lo que ofrece el capitalismo, crisis, caída de la actividad, paro, miseria, sufrimiento…para sobre el mismo empezar desde muy abajo a recuperarse muy débilmente las empresas que siguen sin crear empleo. Por el contrario, para la población española no se reinicia la recuperación. Ni mejora el empleo (las mejoras en el paro registrado son temporales y desmentidas por el paro que señala la Encuesta de Población Activa), más de la mitad de los jóvenes del país no pueden encontrar ni siquiera empleos precarios, los más preparados emigran, la renta per cápita del país disminuye (95% sobre la media de la UE frente al 105% en 2007), la morosidad aumenta, la pobreza crece incontrolada (la carencia de vivienda, electricidad, agua, alimentación es ya permanente en muchas familias), se deterioran seriamente los servicios sociales. La opinión “informada”- Ministro Guindos, Gobernador del Banco de Estado español, grandes empresarios, economistas “respetables”- insisten en que hay que continuar con las mismas medidas ¿Se recupera un poco, muy poco la actividad económica? No sólo hay que preguntarse a favor de quien, sino percibir que es justamente el deterioro de una gran parte de la población del país la que permite que unos pocos reinicien su actividad.

Las políticas sociales

Política social y Estado de Bienestar

A lo largo de los años, en el debate europeo generalmente ha sido frecuente emplear los términos Estado Social y Estado del Bienestar como virtualmente sinónimos, pero en realidad el segundo es mucho más amplio que el primero, porque no sólo abarca las políticas sociales y redistributivas que se aplican para procurar una mayor equidad social, sino que también incluye cualquier intervención desde el Estado en la economía y en la planificación estratégica para conseguir un mejor reparto de la riqueza y un mayor bienestar para el conjunto de la población de un país. En otras palabras y de forma sintetizada, el objetivo de un verdadero Estado de Bienestar es procurar el máximo desarrollo de las potencialidades económicas de un país y que el resultado se distribuya de la manera más equitativa entre su población.

Esta precisión es importante tenerla en cuenta porque en realidad en la Unión Europea nunca se ha trabajado para construir conjuntamente un Estado de Bienestar común. También para saber de qué estamos tratando cuando se habla de Estado Social en Europa y de si existe o no un Modelo Social Europeo (MSE) (tal como se hace en la retórica de la Comisión Europea), en el cual parece que la actividad económica dejada a su libre albedrío y la integración según los términos preestablecidos por los socios más poderosos serían los motores hacia la convergencia entre los países miembros. Pero lo cierto es que en el contexto de la globalización y del auge del neoliberalismo que también ha alcanzado a Europa, todo el proceso de integración ha tenido consecuencias negativas muy importantes en los sistemas productivos y en la organización social, tanto de los países miembros como de la hipotética y nunca alcanzada Unión Europea, que han afectado a las relaciones de poder entre el capital y el trabajo con el resultado de una pérdida de capacidad de negociación de los salarios en el reparto de la renta resultante11. Sin embargo, este debate sobre las transformaciones productivas y sus consecuencias en el Estado del Bienestar no ha tenido en Europa el ímpetu y el alcance del debate sobre las políticas públicas relacionadas con los aspectos redistributivos y la equidad social, más cercanos a los contenidos del embrionario MSE que se anunció y nunca se llegó a concretar. En cualquier caso, el avance del modelo neoliberal ha dado al traste con cualquier ilusión, con el resultado de una mayor divergencia entre los países europeos y a la vez una revalorización de la competencia frente a la cooperación, con la consecuencia de un auge del dumping social para favorecer la competitividad entre todos los socios.

Pero por otro lado, la creación de bienes públicos que han de contribuir a facilitar la igualdad de oportunidades y un desarrollo social más equitativo, por ejemplo mediante el mantenimiento de sistemas universales en educación y salud, ha constituido un aspecto relevante del MSE que conviene no despreciar. Esto es importante tenerlo en cuenta ante el auge de las mal llamadas políticas de austeridad o de consolidación fiscal, cuya consecuencia más importante han sido los recortes del gasto público, que no sólo afectan a la naturaleza equitativa del MSE sino que amenazan al futuro del bienestar de los países europeos, porque truncan las posibilidades del desarrollo de sus poblaciones. También porque en el debate sobre los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública se hace poca mención a las tendencias regresivas en la fiscalidad, que tienen consecuencias en la disminución de los ingresos, y en cambio se insiste hasta la saciedad en el carácter excesivo y despilfarrador de las políticas sociales, mientras que por otro lado no se pone tanto énfasis en la discusión sobre la porción del gasto público destinada
al pago de la deuda de los países.

Las políticas sociales

Es difícil escribir sobre las políticas sociales de la UE, pues no existen como tales. Es decir, la UE, en sí misma, como institución pública, no tiene políticas destinadas a lograr el bienestar social de la Comunidad. Esta posición se sostiene en dos aspectos principales: por un lado, se mantiene la idea, aunque rara vez se hace explicita, que es a través de la actividad económica como se logra el bienestar social; si la economía funciona bien la población dispondrá de los medios necesarios para su bienestar. Y, por otro lado, con el argumento que la política social depende mucho de las tradiciones y usos sociales, se sostiene que debe realizarse por los correspondientes estados. De forma que, excepto los Fondos estructurales, cuyo limitado objetivo y alcance ya hemos comentado antes, no es posible referirse a una política social comunitaria.

Esto queda de relieve, también, si nos fijamos en el reducido presupuesto de la Unión, que siendo ya muy bajo en el siglo XX -1,27% del PIB conjunto de los países miembros de la UE-, ha ido disminuyendo porcentualmente hasta situarse en la actualidad en un 1% del mismo, mientras aumentaba considerablemente el número de países miembros. Con este limitadísimo presupuesto es evidente que la UE no tiene ninguna voluntad de tener una política activa de ningún tipo: ni industrial, laboral, ni, mucho menos todavía social. Por eso en cuanto sigue hacemos un muy breve comentario sobre el gasto social reciente en los diversos países, que permite una ligera consideración sobre las diferencias entre estos.

A partir del cuatrienio 2009-2012, en la mayoría de los países de la UE-15 se produce una caída del gasto público en relación con el PIB -gráfico 18-, aunque sube en 4 de ellos – Estado español, Bélgica, Finlandia y Dinamarca- donde se observa un crecimiento muy moderado. Este retroceso del gasto coincide con un bajo crecimiento del PIB en el conjunto de la UE-15 -gráfico 1- , que además a partir del año 2010 tiene claramente una tendencia generalizada al estancamiento o las caídas. Algunos países acumulan caídas continuadas (entre ellos Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y Estado español), mientras que el resto se estanca o se aproxima a la recesión. Es decir, la tendencia en los países de la UE es a reducir el gasto público en relación con el PIB, pero con el agravante de que esa reducción se concentra fundamentalmente en el gasto social, mientras que por otro lado aumenta el gasto por el pago de los intereses de la deuda. En definitiva, la política de los recortes en el gasto público es muy regresiva porque lesiona el mantenimiento de los bienes públicos con contenido social y en cambio se emplea para pagar las deudas contraídas principalmente para cubrir los rescates financieros.

Gráfico 18. Gasto público total de los países de la UE 15. 2009-2012. % del PIB

Gráfico 19. Evolución del PIB en los países de la UE-15. 2010-2012, % de variación a precios constantes

Asimismo, como en general los ingresos siguen siendo inferiores a los gastos en proporción al PIB, el resultado muestra que todos los países (salvo Alemania) tienen déficit público, que en el año 2013 era del 3,3% de media en la UE 15. Hay media docena que supera el 4%, tres de los cuales tienen una cifra muy superior al resto (Grecia 12,7%, Estado español 7,1% e Irlanda 7%) (ver gráfico 14).

Este debacle de las cuentas públicas, que sigue empeorando por la aplicación de las mal llamadas políticas de austeridad o de consolidación fiscal (en realidad un ajuste puro y duro), tendrá unas repercusiones muy grandes en el gasto social de todos los países. Según queda reflejado en los siguientes cuadros elaborados con datos de Eurostat, La evolución del gasto en bienes públicos como salud, educación, cultura, vivienda y servicios comunitarios, muestra un estancamiento o regresión en la mayoría de los países de la UE-15 a partir del año 2009, que se irá agravando en los años sucesivos.

Gráfico 20. Gasto público en distintas políticas. % del PIB.

Mientras tanto, en el apartado del gasto en protección social (donde se incluye el gasto del desempleo y de las pensiones) el resultado es algo más desigual. En un principio en algunos países el gasto en desempleo crece temporalmente porque aumenta el paro, pero a medida que las prestaciones se agotan porque cumplen su plazo o porque se suprimen las ayudas a parados de larga duración la tendencia se ha ido revirtiendo recientemente. En el caso de las pensiones, en un principio se mantuvieron pero luego se han hecho recortes que pueden ser mayores o menores según los países.

La tendencia del gasto en protección social no se corresponde con la evolución del gasto público total (gráfico 18): en el caso del Estado español, y en los países más endeudados, el gasto total aumenta porque se ha disparado la partida destinada al pago de intereses de la deuda.

Finalmente, en la evolución del gasto público de la mayoría de los países de la UE 15 se percibe un descenso bastante menor o incluso una tendencia a mantener los gastos en Defensa y en Seguridad y Orden Público (Policía), confirmando una tendencia generalizada en las políticas aplicadas en la que se priorizan los recortes de la “austeridad” en el ámbito social antes que en otros capítulos del gasto público. La excepción es Grecia, pero se entiende que ante la crítica situación del país se haya recortado bastante en Defensa (aunque no tanto en orden público).

Gráfico 21. Gasto público en políticas sociales. % del PIB.

De esta breve información comienza a dibujarse un bosquejo de diferencias significativas entre estos 15 países. Se observa un grupo de países endeudados -Grecia, Portugal,Irlanda, Estado español, e Italia- en el que el gasto realmente social disminuye muy sensiblemente, mientras que disminuye también aunque en menor intensidad en los países del núcleo central. Veremos a continuación como esto se corresponde con la desigualdad y la marginación que se experimenta en la UE.

Desigualdades y marginación12

Antes de que la reciente crisis económica y financiera agravara las condiciones sociales de los ciudadanos europeos, todos los países de la UE ya mostraban desigualdades importantes y algún grado de exclusión que afectaba a porcentajes significativos de su población. Habitualmente se pone el foco de atención en las disparidades que existen entre los países más ricos y los más pobres en Europa, sobre todo en lo que respecta a las diferencias en el PIB per cápita, en el consumo per cápita o en el nivel de precios. En estos casos el resultado muestra claramente que hay una profunda división Centro-Periferia en Europa desde antes de la crisis. Además, hay otros factores económicos, como las diferencias en las estructuras productivas, el peso del sector exterior o el resultado de las balanzas externas, que inciden también en esa división. Por ello, para analizar de forma comparada las diferencias desde la perspectiva de desigualdad, pobreza y marginación, vamos a trabajar con los datos del coeficiente de Gini91, con la relación de la distribución de los ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y finalmente con la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión13.

Según los datos sobre ingresos y nivel de vida de Eurostat, el coeficiente de Gini para el conjunto de los 27 países miembros de la UE en el año 2008 era 31, y se ha mantenido prácticamente invariable hasta 2012. Lo que muestra que si se agrupan bastantes países distintos se diluyen mucho las diferencias. Si lo diferenciamos por países se puede percibir una cierta dualidad en la comparación entre ellos, donde hay 18 que estaban por debajo del promedio, es decir muestran menos desigualdad (con un rango entre 24 y 31) y luego 9 que lo superaban, mayor desigualdad (con un rango entre 32 y 38). A pesar de todo, las diferencias entre países no son tan acentuadas si consideramos que un amplio grupo formado por 16 países (entre ellos Alemania, Estado español, Francia, Italia y el Reino Unido) se encontraban en el rango central entre 28 y34.

Gráfico 22. La desigualdad en los países de la OCDE.

Si observamos también en la misma base de datos de Eurostat otro indicador de desigualdad que consiste en la distribución del ingreso (la relación entre el porcentaje de ingresos que recibe el 10% de población más rica respecto al 10% de población más pobre), los resultados nos muestran que es mayor la brecha interna entre la ciudadanía de un mismo país que la que pueda existir entre países. El promedio de este tipo de desigualdad entre los 27 países miembros de la UE era de 8 veces en el año 2008, y este dato se ha mantenido invariable hasta 2012. Si lo desagregamos por países también se percibe una relativa dualidad en la comparación entre ellos, donde hay 17 que están por debajo del promedio, lo que con esta medida indica menos diferencias, (con un rango entre 5 y 8) y luego hay 10 que lo superan, con más diferencias (con un rango entre 9 y 12).

En consecuencia, tanto si empleamos un indicador como el otro se aprecian diferencias, pero no parecen tan profundas como para hablar de una brecha social muy significativa entre los distintos países de la UE. Sin embargo, también es evidente que existen unas diferencias significativas entre algunos países del Norte y del centro de Europa y los países del Sur o del Este europeo, donde la amenaza de colapso social es mayor. Lo que es debido a que los primeros tienen unos mecanismos de protección social más consolidados y completos, mientras que en los últimos los mecanismos de protección han sido más débiles y además han sido duramente dañados por las políticas de austeridad. Esta apreciación se ve al comparar los datos de riesgo de pobreza o exclusión antes y después de aplicar las transferencias sociales, donde hay países que consiguen reducir la ratio entre un 9% y un 16% (entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Suecia y el Reino Unido), mientras que otros apenas consiguen sólo una reducción entre el 4% y el 6% (entre ellos Estado español, Grecia, Italia y Portugal). En este último aspecto sí que se puede afirmar que hay una brecha Centro-Periferia, porque hay países cuya población es más vulnerable a caer en la exclusión social, debido a las acentuadas diferencias en las políticas de protección social y también a la menor posibilidad de mantenerlas.

Al analizar la desigualdad en la UE, hay que considerar, además, otro aspecto quizá más importante: cuál es el grado de desigualdad en cada uno de los países. Observar si las desigualdades entre las personas y grupos sociales se encuentran más enraizadas en las estructuras sociales de unos u otros países. A pesar de que existen distancias importantes en los niveles de renta y en los niveles de consumo entre los países europeos, parece bastante evidente que las brechas sociales internas en cada uno de ellos son aún mayores y que esta situación es similar en todos los países. Esto se explica porque todos los países europeos tienen un modelo productivo que genera algún grado de exclusión social, y que a su vez ese modelo consagra unas estructuras sociales con diferencias de clases bastante arraigadas.

En todo caso, conviene averiguar el valor de esta dimensión interna de la desigualdad y hasta qué punto es importante. Si la observación se hace sobre la población en situación más marginal, la evidencia indica que este indicador ya constituía un factor estructural antes de la crisis. Según Eurostat, un 25% de la población de los 27 miembros que tenía la UE en 2008 se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social antes de la aplicación de las transferencias (ayudas) sociales. Comparando por países, entre ellos se encontraban tanto los más grandes (Alemania, Estado español, Francia, Italia y el Reino Unido), como los medianos y con economías avanzadas (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia). En suma, si se descuenta el factor redistributivo de las políticas sociales, la desigualdad de ingresos producida por “las leyes del mercado” ya era bien visible en el grueso de las sociedades de los países europeos en 2008, donde lo más frecuente era que uno de cada 4 ciudadanos se encontrara en una situación bastante precaria por debajo del umbral del riesgo de pobreza o exclusión. Es decir, el sistema capitalista que opera en la UE27 cuando funcionaba “bien” generaba por sí mismo una desigualdad que hacía que 1 de cada 4 personas estuviera en riesgo de pobreza o exclusión. Sólo las políticas sociales aplicadas en los países disminuyen en algo el riesgo de pobreza, por lo que aquellos países con mejores políticas sociales presentan cifras menores de pobreza o exclusión después de las mismas.

Posteriormente, las políticas de ajuste aplicadas a raíz de la crisis acentuaron el aumento de las desigualdades y en el año 2012 las cifras fueron aún peores en casi todos los países. Y ello a pesar de que en tiempos de crisis se reduce la renta mediana y por tanto el valor que mide el umbral de pobreza desciende. En definitiva, sea comparando 2012 con el año 2008 o con el año 2005, se percibe que hay un aumento de la pobreza o exclusión, o al menos se mantiene en índices elevados, y esta tendencia nos muestra que es una variable estructural y persistente en todos los países de la UE. Además, las divergencias de nivel de vida entre las regiones de los diferentes países miembros son aún mayores14, confirmando que la desigualdad en la distribución del ingreso en el interior de los países es bastante mayor que la brecha entre países y que, asimismo, en todos ellos hay una yuxtaposición de las desigualdades sociales con las desigualdades territoriales.

Un reciente informe de la OCDE15 señala que “el estallido financiero del 2007 y 2008 no sólo generó una crisis económica y financiera, sino también una crisis social” y dentro de esta situación “España es el país donde más se han acentuado las desigualdades” y “que las desigualdades están altamente concentradas en los hogares más desfavorecidos”… “cuatro de cada diez parados no recibe prestaciones de desempleo y los subsidios monetarios para personas de bajos ingresos son modestos”… “Uno de cada seis adultos (17%) en edad de trabajar vive en un hogar donde nadie trabaja, el 10% de la población más pobre ha visto disminuir sus ingresos en un 14% anual” (nuestra cursiva). Y el informe afirma que esto no se debe sólo a las altas cifras de paro, sino también a las deficientes políticas públicas “El sistema de protección social español estaba mal preparado para afrontar una crisis del empleo” y recomienda que “la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos… y que las prestaciones asistenciales deben ser fortalecidas urgentemente”.

En contrapartida, claro, los ingresos medios de los españoles incluidos entre el 10% de la población más rica, fueron 13 veces más altos que la media de cada uno de los incluidos en el colectivo más pobre, frente a una media de 9,4 veces en la OCDE. Por su parte, Credit Suisse, un banco especializado en la gestión de las grandes fortunas, considera que en el Estado español hay 402.000 millonarios, y es el octavo país en el mundo en cuanto a crecimiento del número de los mismos; entre 2012 y 2013, el periodo más duro de la crisis, el número de millonarios ha aumentado en un 13,2%. Otras fuentes señalan que el número de millonarios (en euros) en el país ha aumentado considerablemente. Sin entrar a profundizar en la riqueza de los propietarios del capital, sólo considerando los salarios de los ejecutivos, en 2013, 56 “trabajadores” que dirigen las empresas de este país, cobraban entre 1 y 8 millones de remuneración (salarios más aportación a la pensión)16. El Fondo Monetario Internacional en un estudio que llegaba hasta 2012 señalaba que el Estado español es el país industrializado en el que más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres según el coeficiente de Gini.

En la mayoría de países no se perciben soluciones estructurales en las políticas económicas aplicadas que permitan a los ciudadanos conseguir empleos de mayor calidad y mejor remunerados, que son la base fundamental de la renta para la gran mayoría de la población. Cabe recordar que en el factor empleo y remuneración del mismo radica una de las diferencias importantes en los niveles de renta y por consiguiente en los mayores o menores grados de desigualdad en los países. En este sentido, tanto la tasa de muy baja intensidad del trabajo en los hogares17 de como la cuestión de la calidad del empleo se han convertido en otros indicadores relevantes para observar la tendencia hacia la degradación social en los países de la UE, porque junto al aumento del desempleo se aprecia un crecimiento del subempleo por la vía del trabajo a tiempo parcial y temporal. En definitiva, entre las rebajas salariales y las nuevas regulaciones laborales que favorecen la precarización del trabajo, también se está produciendo en todos los países de la UE tanto un incremento del porcentaje de población empleada que se encuentra en situación de pobreza o exclusión, como un aumento de los hogares que tienen una intensidad de empleo muy baja entre sus miembros.

En el año 2008, los datos de Eurostat indican que en el conjunto de los 27 países miembros de la UE había un 8,6% de personas mayores de 18 años que a pesar de tener trabajo se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión. Trabajaban pero como sus salarios eran míseros al final eran pobres. Para el año 2012 la tasa se había elevado al 9,2%, mostrando una tendencia al deterioro de las condiciones de trabajo con consecuencias de un aumento de la precariedad social y de caída en la pobreza. De nuevo, en la comparación por países también se aprecia en este caso una diferenciación algo más grande, aunque es difícil establecer una explicación única. Tal vez el ejemplo más significativo por el volumen y el aumento del deterioro sería el de los países que han sufrido con mayor severidad las políticas de ajuste, que a su vez han tenido consecuencias en los mayores recortes salariales y en la mayor degradación de las condiciones de empleo. Entre ellos destaca Grecia, que en 2012 tenía un 15,1% de los trabajadores mayores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión, seguido por el Estado español (12,3%), Italia (11%) y luego Portugal (9,8%).

La observación anterior se complementa con la ratio que mide los hogares que tienen una intensidad de empleo muy baja entre sus miembros, que entre el año 2008 y el 2012 afectaba aproximadamente al 10% de la población de los 27 estados miembros de la UE. En la evolución temporal generalmente se aprecia que el indicador ha ido a peor, y en la comparación por países se perciben algunas diferencias aunque no muy significativas, ya que el grueso de países (incluyendo a las economías más grandes y a las medianas avanzadas) muestra valores entre el 8% y el 14%.

En conclusión, las desigualdades que se producen en el seno de las economías capitalistas de los países de la UE son bastante significativas y comunes a todos ellos. En todos los casos se generan unas brechas sociales que tienen su origen en las desigualdades de clases resultantes de la asimetría de poder entre el capital y el trabajo, que a veces han podido ser paliadas en unos casos mejor que en otros mediante las políticas redistributivas y las políticas sociales. Por otro lado, el objetivo de la convergencia por la vía de la integración europea ha fracasado, y cada vez más en lugar de cooperación lo que prima es la competencia y el dumping social entre los países europeos. Además, con la reducción drástica del gasto público que todos practican, y sobre todo con la prioridad que tienen las políticas de la “austeridad” en los recortes en el gasto social antes que en otros capítulos (especialmente el pago de la deuda), la tendencia europea lleva a una mayor divergencia entre países, ya sea en el plano económico como en el social. De ese modo, si bien nunca se ha trabajado de verdad para conseguir un Estado del Bienestar común y armonizado en el conjunto de los países de la Unión Europea, en la situación actual las perspectivas de futuro son aún peores.

El Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión

Ya se ha señalado en la Introducción que no hemos podido abarcar el análisis de las relaciones económicas exteriores de la UE, que es un tema de gran interés e influencia en la economía mundial y en las economías de los países participantes en estas relaciones. Sin embargo, consideramos necesario incluir algún comentario sobre una iniciativa de relaciones exteriores que se está gestionando en la actualidad y que, al decir de la totalidad de los comentaristas críticos de los asuntos de la UE, de aprobarse como se está planteando, podría tener consecuencias dramáticas para el bienestar de las poblaciones del mundo entero. Nos referimos a la denominada en inglés Atlantic Trade and Investment Parnership (TTIP) en castellano “Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión” (ATCI).

Dado que no hemos podido analizar nosotros mismos el tema, entre los múltiples trabajos críticos que existen sobre el tema hemos decidido transcribir lo que sobre el mismo se presenta en el Memorándum de los Economistas Europeos por una política económica alternativa, que es publicado cada año y que en su edición de 2014 trata del tema18. Aunque no refleja exactamente las posiciones de TAIFA, creemos que recoge los puntos principales del Acuerdo y los esenciales a su crítica, permitiendo así una primera aproximación válida el tema.

Traducción de las páginas sobre el tema del Memorandum 2014 de los Economistas europeos por una política económica alternativa:19

¿La competitividad externa como solución a la crisis económica?

Con un crecimiento del PIB de aproximadamente el 2 % anual en el período 2012-2013, los resultados de la economía mundial se han mantenido por debajo de las medias a largo plazo desde el estallido de la crisis financiera mundial en 2007. Del mismo modo, el crecimiento del comercio mundial, que había doblado el crecimiento del PIB durante los últimos 20 años, se redujo a aproximadamente el 2,0 % en 2012. Una buena parte de esta caída de la actividad económica mundial debe atribuirse a la crisis económica de la UE. Las importaciones de la UE procedentes del resto del mundo se han recuperado muy lentamente desde su caída en 2009, mientras que las exportaciones de la UE al resto del mundo han recuperado rápidamente su impulso. Como consecuencia, en 2012 el superávit en la balanza de comercio exterior de la UE de 255 billones de euros (UE27, comercio de bienes y servicios) se ha multiplicado por ocho desde 2008. Para 2013, se prevé que el superávit aumente todavía más. Dado que el crecimiento del comercio mundial se estanca, hay que destacar esta evolución de la posición económica exterior de la UE. En primer lugar, puede atribuirse a la paralización de la demanda de importaciones en la UE, especialmente en los países afectados por la crisis. En segundo lugar y, más importante, tiene que ver con el marcado crecimiento de las exportaciones , no solo en los países tradicionalmente exportadores en torno de Alemania, sino también en los países azotados por la crisis, como el Estado español y Grecia. Alemania registró una balanza comercial de casi 140 billones de euros en 2012 y superó el doble de su superávit con el resto del mundo desde 2008. Entre 2008 y 2012, las exportaciones fuera de la UE crecieron un 43 % en el Estado español y un 146 % en Grecia.20

Estas evoluciones son un claro reflejo de la las estrategias predominantes de la UE para la resolución de la crisis, que insisten en que la salida de la crisis económica requiere un incremento sustancial de la competitividad exterior de la economía de la UE. El éxito de las exportaciones de Alemania se ha convertido en el modelo a seguir para los países de la UE sacudidos por la crisis. Este se basa en la idea de que una contracción de la demanda interna a través de políticas de austeridad fiscal, junto con una fuerte reducción de los salarios nominales, mejorará la posición de los costes de las industrias exportadoras de la UE y, por tanto, tendrá un impacto positivo en las exportaciones netas.

En realidad, el incremento de las exportaciones netas de la UE fue facilitado claramente por el fuerte crecimiento de los países emergentes, que eran los principales impulsores del crecimiento de la economía mundial. Así, por ejemplo, las exportaciones de la UE a Asia aumentaron más del 30 % entre 2008 y 2011, mientras que el índice de crecimiento del total de exportaciones fuera de la UE durante el mismo período fue del 18 %. Sin embargo, puesto que últimamente la tendencia al crecimiento se ha frenado en los países emergentes -especialmente en Brasil, India y, hasta cierto punto, también en China- es muy improbable que las exportaciones de la UE puedan crecer al mismo ritmo en un futuro próximo. El hecho de que la UE se haya concentrado en estimular el crecimiento de las exportaciones como estrategia para resolver la crisis acabará generando graves dificultades.

Para apoyar la orientación hacia las exportaciones de las economías de la UE, las políticas de comercio exterior han intensificado los esfuerzos para incrementar el acceso al mercado por parte de las compañías de la UE. Ya en la comunicación «Una Europa global: competir en el mundo», de octubre de 2006, así como la secuela de 2010, «Trade, Growth and World Affairs», la Comisión Europea señaló un claro cambio de dirección en su política comercial, desde el multilateralismo a un uso forzado de acuerdos bilaterales. En una primera fase, la Comisión se encaminaba, por un lado, a una liberalización progresiva que iría más allá de las obligaciones existentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o de las obligaciones de los acuerdos bilaterales existentes (acuerdos OMC+). Por el otro, se dirigía a los países con un dinamismo económico considerable y unas amplias barreras comerciales contra las importaciones y los inversores de la UE. Así, la UE entabló negociaciones con cuatro países de la ASEAN (Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam); siendo las negociaciones con Singapur las que estaban más avanzadas. En 2011 se concertó un acuerdo de referencia de libre comercio con Corea del Sur y a finales de 2013 entraron en vigor los acuerdos de libre comercio con cinco países de América Central. La UE y Japón iniciaron las negociaciones formales para un acuerdo global de libre comercio en abril de 2013, mientras q las negociaciones con Canadá para alcanzar un acuerdo bilateral de libre comercio casi habían terminado a finales de 2013 (CETA). Está previsto que las negociaciones para un acuerdo sobre inversiones con China empiecen a principios de 2014.

El creciente número de iniciativas bilaterales ha culminado recientemente con el anuncio, a principios de 2013, de que la UE y los Estados Unidos han acordado entrar en negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, el TTIP. Las negociaciones formales empezaron en julio de 2013. El acuerdo propuesto no tiene el único objetivo de reducir los aranceles entre los dos principales bloques comerciales de la economía mundial. El objetivo principal es centrarse en un conjunto de reglamentos y normas, con la intención de desmantelarlos y armonizarlos en ámbitos como la agricultura, seguridad de los alimentos, los estándares técnicos y de productos, las normativas sectoriales en los servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la contratación pública. Además, la liberalización y la protección de las inversiones serán una cuestión central. Con las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC en un callejón sin salida desde 2008 y con el recurso, por parte de los principales países industrializados y de los países emergentes, al bilateralismo comercial para garantizar sus respectivos intereses económicos, el ATCI debe verse como un proyecto con ambición geopolítica. Se trata de una reacción a la creciente influencia económica y política de los países BRIC -especialmente de China- y también de un intento de construir una nueva referencia global para la regulación del comercio y las inversiones.

Poniendo la gobernanza democrática en riesgo: una crítica al planteamiento de la política comercial de la UE

Recientemente, la Comisión ha dedicado grandes esfuerzos a comunicar los beneficios políticos y económicos que se espera que el ATCI aporte a la UE. Se encargaron varios estudios que pretenden mostrar los beneficios en materia de bienestar económico. En el estudio más citado, CEPR, se afirma que el incremento de los ingresos para la UE es de 120.000 millones de euros anuales con el mejor panorama de “liberalización ambiciosa”.21 Lo que supone menos del 1 % del PIB de la UE (2012), y que sólo se producirá después de un período de transición de 10 años. De estos beneficios, se espera que el 80 % proceda de la anulación de regulaciones, así como de la liberalización del comercio en los servicios y en la contratación pública. Se calcula que la destrucción —es decir, la pérdida— de puestos de trabajo afectará a entre un 0,2 y un 0,5 % de trabajadores o, lo que es lo mismo, a entre 450.000 y 1.100.000 personas. Las metodologías utilizadas para estos tipos de cálculos son sumamente sesgadas (consulte el recuadro 9 para ver una explicación detallada). Aun así, incluso basándonos en estas cifras, el caso económico para el ATCI es poco significativo.

Con unas barreras arancelarias medias entre la UE y los EE. UU. ya muy bajas (inferiores al 5 %), las negociaciones se centrarán en la denominada convergencia y cooperación en materia legislativa. Según De Gucht, comisario de Comercio de la UE, eso incluye (i) el diseño de un proceso sobre cómo cooperar en materia legislativa en el futuro, (ii) la armonización de las normativas existentes, incluyendo hacerlo a través del reconocimiento mutuo, y (iii) el apoyando el trabajo en ambos bloques con las instituciones legislativas adecuadas. A primera vista, puede parecer que esta sea una agenda razonable, pero en realidad genera algunos problemas graves. En primer lugar, las normativas de muchos ámbitos son muy diferentes entre las partes comerciales; estos incluyen ámbitos muy sensibles de la política pública, como la seguridad de los alimentos, la salud humana, animal o vegetal, y la protección medioambiental. En segundo lugar, las filosofías regulatorias en algunos ámbitos son diametralmente opuestas. Por ejemplo, en la UE, la aplicación del principio de cautela ha provocado la prohibición de los alimentos modificados genéticamente (transgénicos). En cambio, el enfoque coste-beneficio de los Estados Unidos ha derivado en el uso extendido de métodos favorables a las empresas como las plantas modificadas genéticamente, el uso de hormonas para la producción cárnica o la aplicación de dióxido de cloro para la desinfección de los animales muertos en mataderos. Los Estados Unidos han dejado muy claro que desean que se eliminen las normativas de la UE en estos ámbitos o bien que se reconozcan las normas estadounidenses mediante el reconocimiento mutuo. En tercer lugar, existen grandes diferencias entre el enfoque de la UE y el de los Estados Unidos en relación con la privacidad de los datos y el intercambio de datos privados. Existen enfoques normativos divergentes, que reflejan las distintas preferencias sociales que se han consagrado en las normas y las normativas jurídicas. En cuarto lugar, es primordial que el ATCI no perjudique el debate democrático alrededor de estas cuestiones en el futuro. Lo que es particularmente preocupante es que ambas partes planean establecer “una base institucional para un mayor progreso” en la regulación.22 Los llamados “documentos no oficiales” que la Comisión presentó en junio —“documentos iniciales de posición” para el ATCI— contienen más información acerca de este tema. Un ejemplo es la propuesta de establecer «un procedimiento racionalizado para enmendar los anexos sectoriales del ATCI o para añadir anexos nuevos mediante un mecanismo simplificado que no requiera procedimientos nacionales de ratificación».23 Este anuncio de fomentar la cooperación entre los reguladores a través del ATCI representa, pues, una amenaza a la prerrogativa democrática con respecto a la política pública y especialmente con respecto a la competencia de los parlamentos para definir la dirección y el contenido de la regulación pública.

Otro elemento problemático del ATCI tiene que ver con los nuevos privilegios para los inversores. Además de incrementar el acceso al mercado a los sectores protegidos hasta ahora y las medidas que reducirían o prohibirían el trato discriminatorio a las empresas extranjeras o la protección de los sectores estratégicos, parece que la Comisión está dispuesta a aceptar el mecanismo de arbitraje de inversor a Estado (ISDS) por el ATCI.

A pesar de que es una característica habitual de muchos acuerdos bilaterales y regionales de inversión, hasta hace poco no se ha incluido en los acuerdos comerciales de la UE. Este mecanismo de arbitraje da a los inversores el mismo estatus que a los gobiernos y les permite reivindicar sus derechos a través de pleitos ante tribunales privados internacionales, en los que los abogados del sector privado pueden tomar decisiones que podrían obligar a los gobiernos a pagar indemnizaciones ilimitadas a los inversores sin apelación. Hasta ahora, la experiencia demuestra que la capacidad de los gobiernos de promulgar leyes en aras del interés público puede verse gravemente restringida a causa de la amenaza de enfrentarse a reclamaciones de indemnización por parte de las grandes empresas multinacionales. Aunque el mecanismo de arbitraje de inversor a Estado se introdujo, originariamente, en los tratados de inversión para garantizar un trato justo para los inversores en los países extranjeros con sistemas jurídicos de supuesta baja calidad, no puede esgrimirse este argumento para la UE y los Estados Unidos. En general, el trato justo y las garantías procesales ante los tribunales se consideran garantizados.

Quizás la crítica más importante a este mecanismo de arbitraje tenga que ver con los impedimentos que impondrá a la toma de decisiones democráticas en aras del interés público. El atractivo del mecanismo de arbitraje de inversor a Estado para las empresas yace en una noción muy amplia y totalmente inaceptable de expropiación que no solo incluye los daños resultantes de los costes de inversión en los que se ha incurrido en el pasado (por ej. para poner en marcha una planta de energía nuclear), sino también los beneficios de la inversión que no se hayan percibido durante el período activo restante originalmente planificado. Por ejemplo, si un gobierno decide retirar progresivamente la energía nuclear y, así, obliga a un inversor extranjero a cerrar una planta 20 años antes de su fecha de cierre programada, el inversor puede reclamar una indemnización por los beneficios perdidos. De hecho, esto fue lo que sucedió en el caso de la compañía sueca Vattenfall, que demandó al Gobierno alemán en 2012 y pidió 3,7 billones de euros de indemnización por los beneficios perdidos a causa de la decisión de Alemania de eliminar progresivamente la energía nuclear. Como consecuencia de estas situaciones, el mecanismo de arbitraje de inversor a Estado ha experimentado un boom en las dos últimas décadas. Según la UNCTAD, a finales de 2012 había 514 casos conocidos. No es sorprendente que 123 de estos fueran presentados por inversores de los Estados Unidos ni que los siguieran inversores de la UE: Países Bajos (50 casos), Reino Unido (30 casos) y Alemania (27 casos).24 Dada la gran cantidad de inversiones bilaterales entre los EE. UU. y la UE, es evidente que los inversores verán el mecanismo de arbitraje de inversor a Estado como una buena oportunidad para disciplinar a los gobiernos de ambos lados del Atlántico.

Otro asunto central tiene que ver con la cuestión de la liberalización de los servicios financieros, que constituye también una parte importante de las negociaciones. A pesar de las lecciones de la reciente crisis financiera mundial, las negociaciones pretenden otorgar más derechos y protección al sector financiero, mientras que parece que mantener la estabilidad financiera y la protección de los consumidores no se tome debidamente en cuenta. Sorprendentemente, parece que la Comisión Europea siga un enfoque más radical que los EE. UU. Hasta ahora, la administración Obama ha expresado sus reservas acerca de dos demandas clave de la UE: incluir un marco de cooperación legislativa sobre los servicios financieros en el acuerdo y abrir el mecanismo de arbitraje de inversor a Estado al sector financiero.25 Dado este enfoque global, es bastante probable que las negociaciones lleven al mínimo común denominador en materia de regulación financiera.

 

Recuadro 9: Una crítica de la valoración de la UE del impacto del ATCI

La Comisión Europea encargó dos estudios de impacto sobre el ATCI: el primero se terminó en 2009 (ECORYS) y el segundo, en 2013 (CEPR).26 En ECORYS se publicaron los cálculos de los costes que las empresas de cada sector ahorrarían al retirar las regulaciones o permitiendo el reconocimiento mutuo de las regulaciones a ambos lados del Atlántico, las denominadas medidas no arancelarias. En el CEPR se utilizaron estos resultados como un input para un modelo para predecir los efectos económicos más amplios que la retirada de las regulaciones tendría, según el grado de retirada de estas regulaciones. Aparecen algunos hallazgos aparentemente precisos, como un beneficio global para la UE de 119.212 millones de euros derivado del “escenario de un acuerdo global y ambicioso”. Sin embargo, al observar más detalladamente la evaluación del impacto, surgen serias dudas acerca de estos hallazgos. Algunos de los principales errores se mencionan aquí.27 En el estudio ECORYS, los costes de las medidas no arancelarias a las empresas exportadoras se establecen en un procedimiento de cuatro pasos. En primer lugar, se llevó a cabo una encuesta a 5.500 empresas de varios países dentro y fuera de la UE. En la encuesta, se les pedía que valoraran de 0 a 100 «el nivel general de restricciones del mercado en los Estados Unidos (y la UE) para su producto (o servicio) de exportación en este sector». En una serie de pasos, esto se convirtió en un equivalente arancelario porcentual. Según esta base, se proporcionan cálculos precisos con respecto al nivel de beneficios derivados de la retirada de las medidas no arancelarias, una precisión que parece dar peso científico a los resultados. Sin embargo, resulta que se calculan a partir de unos datos originales que tienen un nivel bastante bajo de fiabilidad. Los problemas básicos incluyen, en primer lugar, lo que parecen ser respuestas muy variables por parte de distintas empresas cuanto al grado de “restricciones” de las barreras no arancelarias,28 lo que fundamentalmente pone en duda la fiabilidad y la precisión de los datos básicos utilizados para los pasos ulteriores. En segundo lugar, mientras que se tienen en cuenta los beneficios de la retirada de las medidas no arancelarias para las empresas, no se consideran los costes potenciales para la sociedad de un nivel inferior de los estándares de seguridad de los alimentos, por ejemplo. Así, el análisis de costes y beneficios ignora sistemáticamente los beneficios de la regulación para la sociedad. El estudio CEPR introduce los resultados del estudio ECORYS en un modelo de equilibrio general computable. Lo que plantea una serie de preguntas adicionales acerca de los resultados finales obtenidos y también sobre quién se beneficiaría del nuevo acuerdo.

  • En primer lugar, los cambios salariales proyectados por el CEPR, tanto para la UE como para los EE. UU., son prácticamente los mismos que los cambios en el PIB, lo que significa que el empleo (los salarios) participa proporcionalmente en los beneficios con el capital (es decir, los beneficios brutos). Esto requeriría un gran cambio histórico de dirección, ya que está totalmente en desacuerdo con la experiencia histórica a lo largo de las últimas décadas. Tanto en los EE. UU. como en la UE, la proporción que va a salarios ha disminuido de forma continua desde medidos de los años setenta. En la UE, por ejemplo, la proporción salarial se redujo del 67 % al 57 % del PIB justo antes de la crisis.29
  • En segundo lugar, en el estudio se supone que no existe el desempleo de larga duración.30 Basándose en esta idea, se supone que todas las personas que pierdan su empleo como consecuencia del acuerdo comercial encontrarán empleo en otros sectores, lo cual no es realista en absoluto por varios motivos. Entre ellos, el hecho de que en Europa hay un nivel elevado y creciente de desempleo de larga duración, que los nuevos puestos de trabajo pueden estar, por ejemplo, en los países del Este de Europa —con unos niveles salariales mucho inferiores a los de los países en los que se pierden puestos de trabajo— y que la movilidad laboral a estos países es muy improbable.
  • En tercer lugar, otros supuestos del modelo comprenden la competencia perfecta en la mayor parte de sectores del modelo, incluidos, sorprendentemente, las finanzas y los seguros. La competencia perfecta significa que cualquier ganancia en los costes repercute en los clientes y, además, la mayor parte de los beneficios derivados del acuerdo proyectado en el modelo se supone que tienen esa forma. Sin embargo, en el capitalismo moderno están mucho más extendidos los oligopolios, también en los sectores mencionados, en los que la mayor parte del ahorro derivado de los incrementos de productividad no repercute en los consumidores.

Los estudios de impacto del acuerdo propuesto predicen también una reducción considerable del comercio dentro de Europa y, entre otros cambios, la desviación del comercio al otro lado del Atlántico. En otro estudio de impacto del acuerdo propuesto, realizado en Alemania, se prevé una disminución considerable del comercio dentro de Europa, incluida una reducción de aproximadamente el 30 % del comercio de los países GIIPS (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Estado español) con el resto de Europa, si se produce una gran caída de las barreras no arancelarias.31 Todo ello plantea cuestiones bastante básicas acerca del efecto que tendría sobre la unidad de la Unión Europea.

La necesidad urgente de una agenda comercial alternativa

Tal como están las cosas, las negociaciones del ATCI se decantan casi exclusivamente hacia los intereses de las empresas. Eso tiene que ver con la influencia desproporcionada de los grupos de presión empresariales sobre los responsables políticos de la UE (y de los EE. UU.). Por lo tanto, lo primero que debe cambiar es la naturaleza poco transparente y confidencial de las negociaciones. Tanto el Parlamento Europeo como la sociedad civil deben estar totalmente informados de la situación de las negociaciones y hay que publicar todos los documentos relevantes. Eso es imprescindible, ya que el núcleo de estas negociaciones tiene que ver con cuestiones fundamentales de la política pública que deben discutirse en el dominio público.

Una segunda cuestión tiene que ver con el carácter problemático de las evaluaciones de impacto realizadas en la UE. Unos modelos bien construidos como ayuda para explorar las consecuencias de un acuerdo transatlántico, frente a aquellos que conducen casi inevitablemente a resultados deseados por intereses particulares podrían ser útiles; sin embargo, estos modelos deben complementarse con otras maneras de enfocar la consideración del posible impacto que un acuerdo de este tipo podría tener. Los estudios individuales deben observar las posibles consecuencias para cuestiones tales como los derechos y las condiciones laborales, el medio ambiente y el marco institucional que se propone para la regulación, la transparencia y el control democrático en el futuro. No se ha elaborado ningún estudio de impacto sobre ninguna de estas cuestiones, lo que deja grandes espacios en blanco en la evaluación general del impacto. Con una evaluación participativa del impacto se podrían obtener unos resultados más realistas y fundados. Las organizaciones dedicadas a la investigación a las que se encarguen estos estudios deben ser verdaderamente independientes y no depender de la financiación de las empresas.

Por lo que respecta a la esencia de las negociaciones, el principio director debe ser que se preserve el interés público, lo que en términos concretos significa, inter alia:

  • No bajar los estándares en relación con la sanidad y la seguridad públicas, los derechos de los trabajadores y los consumidores y la protección del medio ambiente.
  • Que no haya transferencias de facto de las competencias legislativas de las instituciones democráticas a organismos tecnocráticos no electos.
  • Que no haya un mecanismo de arbitraje inversor- Estado. En este sentido, la propuesta de la Comisión de introducir una cláusula de salvaguardia contra las «reclamaciones frívolas» por parte de los inversores es insuficiente.
  • No liberalizar y/o congelar la regulación con respecto a los servicios financieros y también los servicios públicos (servicios de interés general), especialmente en sectores como la sanidad, los servicios sociales, la cultura y el agua.
  • No reducir la autonomía política en ámbitos cruciales como el uso de la contratación pública en favor del desarrollo local y otros objetivos de la política pública. Del mismo modo, hay que salvaguardar las subvenciones a la producción cultural local o a las actividades educativas.

Sacrificar intereses públicos vitales por algunos beneficios económicos mínimos y discutibles no supondrá ninguna aportación positiva a la salida de la crisis económica de Europa. Por el contrario, una buena gestión de la crisis y el reto urgente de la transición socioecológica exigen un sistema político que fortalezca la esfera democrática, amplíe las capacidades legislativas y absorba el capital privado transnacional en la sociedad. Es absolutamente evidente que las negociaciones del ATCI, en su forma actual, no constituirán una aportación positiva para estos fines.

Recapitulando

Si las políticas exigidas por la Unión sólo consiguen disminuir la actividad económica, destruir una parte importante del sistema productivo, empeorar muy gravemente las condiciones de trabajo y vida de las poblaciones, ¿por qué se llevan a cabo?

Porque los objetivos de estas políticas nunca han sido resolver el problema económico de los países de la Unión y mejorar la vida de sus habitantes. Los objetivos reales, escondidos tras una abundante y embellecedora retórica son otros:

Que los grandes capitales financieros puedan obtener importantes beneficios con la deuda, por medio de las cantidades que se cobran como intereses y la especulación que grandes volúmenes de deuda permiten:

  • Apoderarse y/o controlar la riqueza real de los países de la periferia a través de privatizar todos aquellos elementos que pueden producir beneficios.
  • Dominar todavía más las relaciones sociales por medio de hacer más sumisos a los trabajadores, a través de las reformas laborales y el debilitamiento de la negociación colectiva.
  • Destruir el estado del bienestar y avanzar el dominio del capital privado en todos los servicios sociales para convertirlos en mercancías privadas- sanidad, educación, asistencia social.
  • Debilitar y controlar de la democracia y el espacio público.
  • Facilitar la reestructuración del gran capital europeo.

En síntesis, las políticas exigidas por la UE tienen como objetivo principal reforzar el poder del capital en la lucha de clases, como bien señalo Warren Buffet (uno de los mayores millonarios de Estados Unidos cuando dijo: “sí existe la lucha de clases, nuestra clase es la que está ganando”.

  1. Se afirma que el 70% de todas las medidas de política económica que se toman en un país como el Estado español proviene de las orientaciones comunitarias. []
  2. Ya se ha señalado anteriormente que la UE considera “que cada palo aguante su vela”. []
  3. Entre las más importantes se pueden mencionar: “el semestre europeo” y “el Pacto del euro” en 2011. Por el primero, cada año en abril todos los países miembros aportan sus proyectos de presupuestos a la Comisión Europea, que los revisa y plantea recomendaciones; todo ello antes que los Parlamentos nacionales conozcan estos proyectos. “El Pacto por el euro” con sus cuatro apartados que retóricamente se dedicaban al estímulo a la competitividad, el empleo, contribuir a la sostenibilidad de la finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera, en 2012 el “El paquete de seis” (2012) y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TSCG siglas en inglés) en el que se plantea el Pacto Fiscal que supone una actualización y endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, “el paquete de dos” (2013), también la “agenda por el crecimiento” y otras muchas disposiciones. []
  4. Aunque ya se han señalado más arriba estos límites en origen fueron establecidos por un periodo en el Tratado de Maastrich, que se convirtieron en permanentes con el Tratado de Estabilidad y Crecimiento de 1997 y actualizados y estrechados en el TSCG. []
  5. Estos elementos, como no podía ser de otra manera, eran calcados de los que en la década de los ochenta habían servido de base al FMI para los países endeudados de la periferia mundial. []
  6. Los bancos privados se encuentran con una gran cantidad de fondos que podrían prestar, pero por la situación de las diversas economías no les interesa hacerlo y los depositan en el BCE, constituyendo enormes sumas de capital “congelado” en el BCE. Por ello ahora el BCE decide cobrarles por tener esos depósitos en lugar de remunerarles como había sido normal hasta ahora. []
  7. Parece ser Renzi es el dirigente principal en esta línea que, al parecer ha atemorizado por igual a conservadores y socialdemócratas. El Presidente saliente del Consejo, H. Van Rompuy le anunció que sus peticiones eran “inaceptables para los socios europeos”, mientras Merkel llamaba al orden a su vicecanciller Gabriel, partidario de excluir del cálculo del déficit los costes de las reformas, como pide Renzi. El Pais 22 junio del 2014. []
  8. Los bancos privados se encuentran con una gran cantidad de fondos que podrían prestar, pero por la situación de las diversas economías no les interesa hacerlo y los depositan en el BCE, constituyendo enormes sumas de capital “congelado” en el BCE. Por ello ahora el BCE decide cobrarles por tener esos depósitos en lugar de remunerarles como había sido normal hasta ahora. []
  9. Parece ser Renzi es el dirigente principal en esta línea que, al parecer ha atemorizado por igual a conservadores y socialdemócratas. El Presidente saliente del Consejo, H. Van Rompuy le anunció que sus peticiones eran “inaceptables para los socios europeos”, mientras Merkel llamaba al orden a su vicecanciller Gabriel, partidario de excluir del cálculo del déficit los costes de las reformas, como pide Renzi. El Pais 22 junio del 2014. []
  10. No hay que olvidar que el año próximo hay elecciones municipales y en 2016 las legislativas, lo que “obliga” a que las previsiones económicas “mejoren”. []
  11. Recordamos que la distribución primaria de todo lo que se produce en un país en un periodo de tiempo o va al trabajo o va al capital. Desde estos ámbitos se proveerá de fondos al Estado según el sistema fiscal existente []
  12. Este apartado y la totalidad de la parte de Políticas Sociales fue escrito bastante antes que el libro del economista francés Thomas Piketty Le capital au XX siècle. Seuil, 2013, pusiese “de moda” el análisis de las desigualdades en el mundo de la economía convencional. Sin negar la aportación estadística que esta obra supone para percibir la profunda desigualdad que genera este sistema, el análisis de Taifa es muy distante del de Piketty en su metodología. En 2005 Taifa publicó el Informe 4 “Hay pobres porque hay muy, muy ricos” dedicado a la la profunda desigualdad que engendra el capitalismo. []
  13. Según fue establecido en la estrategia Europa 2020, lanzada por la Comisión Europea supuestamente para afrontar las desigualdades y favorecer la cohesión social, la tasa de la población en riesgo de pobreza o exclusión social indica el porcentaje de la población que tiene una renta disponible equivalente (después de las transferencias sociales) que está por debajo del 60% de la mediana nacional (que se considera el umbral de riesgo de pobreza). Consideramos que los indicadores de “riesgo de pobreza” o “exclusión” son un eufemismo para no referirse directamente a la pobreza y exclusión que las sociedades capitalistas generan; en ocasiones, utilizaremos estas expresiones “oficiales” pues son las que recogen las estadísticas, pero no debemos engañarnos acerca de su verdadero significado. []
  14. En la base de datos mencionada se pueden extraer datos desagregados por regiones de los países miembros y en este caso los resultados muestran un contraste mucho más extremo con diferencias intrarregionales muy grandes en todos los países. []
  15. Panorama de la sociedad en 2014, OCDE. []
  16. EL País, 21 marzo del 2014. Seguro que estas aportaciones a fondos de pensiones no pasan a engrosar las cotizaciones de pensiones de la Seguridad Social. []
  17. Según fue establecido en la estrategia Europa 2020, con esta variable se mide la situación de los hogares donde hay adultos que estando en edad de trabajar no tienen empleo o éste es muy precario. Por ejemplo, en un hogar con dos adultos, si uno de los dos no tiene empleo la tasa sería 0,5; y si el adulto con empleo sólo fuera temporal o a tiempo parcial entonces la tasa sería inferior, considerándose entonces un hogar con un nivel de muy baja intensidad laboral. []
  18. Los Economistas Europeos por una política económica alternativa, es un grupo de alrededor de sesenta economistas de casi todos los países de la Unión europea que se reúnen cada año para, desde una perspectiva europeísta, realizar un análisis crítico de la política de la UE y recomendar propuestas de política económica conducentes a una sociedad más justa, de mayor bienestar para la población y ecológicamente sustentable. Son conocidos como “Euromemo Grup”. []
  19. Las crecientes divisiones en Europa y la necesidad de una alternativa radical a las políticas de la UE. EuroMemorandum 2014. Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa. []
  20. Cálculos propios, todos los datos extraídos de la base de datos Ameco de la UE. []
  21. CEPR, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment. Marzo de 2013; ECORYS, Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment: An Economic Analysis. Final Report. 2009. []
  22. High Level Working Group on Jobs and Growth. Informe final, 11 de febrero de 2013, p. 4. []
  23. Comisión Europea. TTIP: Cross-cutting disciplines and institutional provisions (documento no oficial). 20 junio del 2013. []
  24. Seattle to Brussels Network. A Brave New Transatlantic Partnership. The proposed EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP/TAFTA) and its socio-economic & environmental consequences, octubre de 2013. []
  25. Myriam Vander Stichele TTIP Negotiations and Financial Services, Issues and Problems for Financial Services Regulation, Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO). 16 octubre de 2013. []
  26. CEPR, Trabajo citado. []
  27. Lance Taylor y Rudi von Arnim, Modelling the Impact of Trade Liberalisation: A Critique of Computable General Equilibrium Models, Oxfam, julio de 2006, presenta una excelente crítica de cómo los modelos EGC se utilizan en realidad en la evaluación del impacto sobre el comercio. []
  28. En la nota metodológica que acompaña el estudio se admite que «medir la importancia de las medidas no arancelarias en los flujos comerciales bilaterales a partir de un estudio está sujeto a la incertidumbre, que queda también reflejada en algunas grandes desviaciones típicas» ECORYS, Informe final. 2009, p. 13 n.º 27. []
  29. Base de datos AMECO, variable ALCD0. Las cifras son válidas para la UE15. []
  30. Comisión Europea, Impact Assessment Report on the Future of EU-US Trade Relations, SWD, 2013. Anexo 3 Main Aspects of the CGE Model p.3. Marzo de 2013. []
  31. Gabriel Felbermayr et al. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Who benefits from a free trade deal?, Bertelsmann Stiftung, 2013. []