La financiarización en la Unión Europea y su impacto en los países miembros

La hegemonía del capital financiero

Vivimos una etapa de capitalismo global en la que el capital financiero es dominante. La dinámica de concentración y expansión inherente al capital, las nuevas tecnologías y las políticas económicas neoliberales, han llevado a una enorme expansión del capital financiero, que se ha convertido en la faceta hegemónica del capital. En su intensa búsqueda de beneficios, estos capitales son quienes han dado lugar a la expansión y globalización anterior a la crisis, han desarrollado nuevas formas de actuación –nueva arquitectura financiera–, e intensificado maneras de manejar las finanzas. La UE se desarrolla en este contexto de globalización y financiarización.

Desde la década de los noventa, y especialmente desde los años 2000, la UE ha intentado mantenerse como uno de los ejes centrales del capital financiero global. Para ello ha utilizado estrategias e impulsado políticas económicas para promover la liberalización económica y la desregulación financiera, utilizando las instituciones de la Unión y la introducción de la moneda única para facilitar la inserción de sus capitales en una economía internacional cada vez más competitiva. Como no puede ser de otro modo, estas estrategias y políticas han tenido un fuerte impacto también en los países que conforman la UE, entre ellos el Estado español.

Las finanzas en la Unión Europea

Banco Central Europeo
Banco Central Europeo

Atanas Kumbarov

El entramado financiero europeo está protagonizado por los grandes grupos de capitales privados que operan en el mercado mundial y actúan muy activamente en Europa. Disponen de un enorme poder que determinará en gran parte lo que sucede en la economía europea y tiene una fuerte incidencia en la economía mundial. Hay, además, una relación muy estrecha entre estos actores privados y los actores públicos: los agentes privados ejercen presión y captación de los agentes públicos para que allanen el camino hacia los objetivos de los primeros mediante regulaciones (o desregulaciones).

De esta forma se ha generado en el ámbito público un marco institucional y normativo –Unión Económica y Monetaria, BCE, Tratados de la UE– muy favorable a los intereses privados. La moneda única –el euro–, con la pérdida de la soberanía monetaria que ella suponía, juntamente con el paquete legislativo impuesto por Bruselas, las restricciones marcadas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la actuación del BCE son los pilares de la arquitectura institucional europea. Las contradicciones del aparato institucional se han hecho evidentes e insostenibles con la actual crisis, pues la idea de integrar monetariamente economías tan dispares en cuanto a su modelo productivo, nivel de inflación, mercado de trabajo y modelo social fue un despropósito, agravado por los límites impuestos por el corsé institucional que supone la UE y la estructura del euro.

Con la moneda única los países de la zona euro cedieron sus monedas y, por tanto, perdieron su soberanía monetaria, pasando ésta a depender del BCE, institución que ejerce una política monetaria única para toda la zona euro. Desde la entrada en vigor del euro, el Estado español no puede decidir sobre sus tipos de interés, ni impulsar un grado determinado de liquidez o fijar la tasa de cambio de su moneda (devaluarla si es necesario). Por el contrario, al entrar en el euro, el déficit exterior no se percibe como un problema acuciante debido a la fuerza de la moneda europea, lo que facilita disimular el histórico problema de los desequilibrios exteriores que ha aquejado siempre a la economía española.

Se argumentaba que con la moneda única y una vez desregulados los controles al capital, se facilitaría su movilidad para que se dirigieran a aquellos ámbitos en los que pudieran utilizarse de forma más eficiente. Se olvidaron de tener en cuenta que el capital no acude allí donde es más necesario o eficiente, sino donde puede obtener más beneficios.

El euro y la política del BCE son los dos principales pilares que han conformado la política económica y financiera de la UE los últimos años. Representan la alternativa propuesta por el capital europeo y sus representantes políticos para hacer frente a la competencia internacional y a los problemas que les planteaba la globalización. Es el trampolín a la nueva internacionalización de unas economías europeas no competitivas a causa de su nivel de salarios y con sistemas de protección social que todavía resistían a su deterioro neoliberal.

Estas políticas abiertamente favorables al capital industrial y financiero han tenido un fuerte impacto en las economías de la UE hasta el punto de intensificar un esquema histórico de centro y periferia, donde las economías periféricas, entre ellas la española, han acabado acentuando modelos productivos muy precarios, dependientes del exterior, alimentados gracias a grandes dosis de deuda exterior procedente mayoritariamente del capital financiero central, alemán y francés especialmente.

La deuda y las políticas que ha generado

La gestión de la crisis por parte de los gobiernos ha perseguido desde el primer momento el rescate de los capitales privados, sobretodo del sector bancario, a costa de los contribuyentes y el deterioro de las condiciones de la población trabajadora. El apoyo incondicional de los gobiernos ha hecho válida la idea de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. En el Estado Español la deuda pública se ha disparado hasta niveles récord (94% del PIB en enero 2014). El coste que ello acabará suponiendo es aún incalculable, pero se puede aproximar entre los 125.000 y los 250.000 millones de euros, entre las ayudas iniciales del FAAF, el FROB, etc. y el posterior plan para rescatar la banca española a través de la llamada línea de crédito abierta por la UE. La deuda se ha convertido en un mecanismo de distribución de la riqueza de los pobres hacia los ricos, pues el dinero del contribuyente, aportado de un modo u otro por el trabajo, se drena hacia los capitales financieros a través del pago de los intereses de la deuda. Una deuda que se prolonga en el tiempo y que por su volumen será impagable. Que ha forzado a los Estados endeudados a recurrir a las ayudas de la UE que las ha concedido imponiendo a cambio severas y crueles condiciones.

La deuda ha permitido a la UE establecer y exigir el cumplimiento de duras políticas económicas a los países endeudados: estrictos programas de ajuste económico y de austeridad –recortes en los presupuestos públicos–, reforma laboral, de pensiones, de convenios, privatizaciones de los derechos sociales. La deuda se ha convertido en el mecanismo para generalizar la austeridad salarial y la privatización del sector público como objetivos principales de política económica. Y que ha llevado a que la disminución de la actividad económica, el paro, la desigualdad y la pobreza, se constituyan en graves problemas económicos y sociales con que se enfrenta actualmente la sociedad.

Otros países de la periferia europea –Grecia, Portugal, Irlanda e Italia– estaban aquejados de problemas muy parecidos. Las ayudas de la UE fueron proporcionadas, teóricamente, para poder prestar dinero a los países con problemas para conseguir financiación a un precio razonable en los mercados financieros. Pero en realidad las operaciones de rescate no son más que mecanismos para proteger a los bancos europeos acreedores y al conjunto del sistema financiero de los problemas que un impago de la deuda generarían.

El euro y la política del BCE son los dos principales pilares de la propuesta del capital europeo y sus representantes políticos para hacer frente a la competencia internacional y a los problemas que les planteaba la globalización.

El BCE, que por ley no puede ayudar al erario público, puso amplios fondos a muy bajo tipo de interés a disposición de la banca privada. Ésta ha aprovechado para recapitalizar sus balances y comprar bonos del Estado con unos intereses más altos consiguiendo un amplio margen de beneficio. Sólo en condiciones excepcionales el BCE ha comprado bonos de los Estados endeudados pero a través de los mercados secundarios, es decir, utilizando la intermediación de los entes financieros privados con los beneficios que estas operaciones les proporcionan.

Nuevas orientaciones

El reconocimiento de los graves problemas generados por la crisis y el temor a un creciente euroescepticismo entre la ciudadanía europea han estimulado la presentación por parte de la UE de diversas iniciativas para mejorar su operatividad. A destacar entre ellas el proyecto de Unión Bancaria que se presenta como una sustancial mejora. A pesar de que dentro de la inefectiva institucionalidad de la UE este proyecto hubiera podido representar una mejora, las imposiciones de Alemania y sus aliados han llevado a debilitar el proyecto, que se ha convertido en un mecanismo complicadísimo, que sólo comenzará a operar totalmente en 2026. Un ejemplo más del doble rasero de la potente burocracia de la Unión que desecha toda idea de solidaridad entre los problemas nacionales. Esto parece que es a lo más que la UE actual puede llegar respecto a los aspectos financieros.

El debate sobre la salida del euro

En la economía global actual, la soberanía económica esté lejos del alcance de los pueblos. No es tanto un problema salir del euro sino de un apoyo popular hacia una política radicalmente transformadora

Las dificultades y desastres que están generando las políticas europeas han llevado a algunos sectores críticos a abogar por una salida del euro y/o de la UE como medida imprescindible para salir de la crisis. Es evidente que hay que pensar y proponer alternativas a las políticas de ajuste y austeridad que están cargando el peso de la crisis sobre las clases populares. También es cierto que detrás del sistema euro encontramos importantes causas de la gravedad de la crisis europea. Pero esta dicotomía –salir o seguir en el euro– no tiene en cuenta la totalidad del problema y su complejidad. No creemos que sólo recuperando la soberanía monetaria se pueda hacer mucho en el capitalismo, especialmente si se cuenta con un modelo productivo tan descalabrado como el español, con altos niveles de endeudamiento y con un nivel de integración en la economía global que hace que la soberanía económica esté lejos del alcance de los pueblos sin una política radicalmente transformadora. La viabilidad de las medidas señaladas es poco más que papel mojado si no se cuenta con un apoyo popular importante. ¿De qué sirve discutir si saldríamos o no del euro si no se tiene ningún poder político, no ya para tomar tal decisión, sino para defender las conquistas sociales y lograr que los efectos del ajuste no recaigan sobre la población? En cualquier caso, no parece el tema clave, y mucho menos para que constituya el debate crucial entre las fuerzas que deseamos otra sociedad. Se necesita un cambio radical para avanzar hacia una sociedad más satisfactoria. Por esto a plazo medio parece más práctico y eficiente, plantearse la necesidad de luchar con los problemas del día a día, de que ese cambio radical necesario y difícil vaya dirigido a transformar el sistema económico en el que vivimos. No es tanto un problema de moneda sino de sistema.