La financiarización de la UE y su impacto en los países europeos

Las finanzas en la UE

Es bien sabido que vivimos una etapa de capitalismo global en la que el capital financiero es dominante. La concentración y expansión inherente al capital, las nuevas tecnologías y las políticas económicas neoliberales, han llevado a una enorme expansión del capital financiero, que se ha convertido en la faceta hegemónica del capital. En su intensa búsqueda de beneficios, estos capitales han desarrollado nuevas formas de actuación -nueva arquitectura financiera- e intensificado maneras de manejar el capital financiero menos conocidas antes de la crisis, como los derivados, los “hedge funds” o fondos especulativos, los fondos privados de pensiones, los “swaps”, etc. en un contexto de desregulación y globalización total.1

La UE se desarrolla, como es lógico, en esta globalización y financiarización. No sólo como consecuencia de lo que sucede en otros ámbitos del mundo, especialmente en Estados Unidos, sino por la propia dinámica de los capitales que operan en el territorio europeo. No olvidemos que Europa alberga en su seno países muy importantes desde el punto de vista financiero, que en ella operan bancos e instituciones financieras poderosísimas y que da cobijo a varios paraísos fiscales.

Desde la década de los noventa del siglo pasado, y especialmente durante los años 2000, la UE ha intentado mantenerse como uno de los ejes centrales del capital financiero global. Para lograrlo ha utilizado estrategias e impulsado políticas económicas2 que facilitasen la operación del capital financiero y la obtención de sus beneficios, siguiendo las pautas del modelo neoliberal; entre ellas la libertad de movimientos de capitales y la desregulación de la normativa que le afecta. Lo que ha llevado a que la crisis financiera y económica haya afectado intensamente al continente, agravada por los límites impuestos por el corsé institucional que supone la UE y la estructura del euro.

Como no puede ser de otro modo, estas estrategias y políticas han tenido un fuerte impacto también en los países que conforman la UE, entre ellos el Estado español. Es este aspecto el que intentamos estudiar en este Informe. Para ello primero revisaremos rápidamente algunos aspectos de las finanzas en la UE para, desde ellas, evaluar el impacto de las finanzas en el Estado español.

Del ámbito privado

Aunque el capital financiero es quien domina el mundo actual, es muy difícil conocer quiénes son y cómo operan, excepto en términos generales. En parte por la complejidad que las operaciones financieras suponen, que requerirían un trabajo exhaustivo que nosotros no nos proponemos hacer en este Informe y que, además, no nos ayudarían mucho a entender el fondo de sus actuaciones, y en gran parte, también, por la gran opacidad con que se mueven los capitales financieros específicos. De aquí que nos concentraremos en comentar sobre los aspectos generales de las finanzas sin pretender desvelar las operaciones de instituciones financieras concretas.

Es necesario, también, realizar otra aclaración: dada la intensa internacionalización del capital financiero y el carácter global de sus operaciones, no nos parece útil recoger sólo lo que podríamos denominar “capitales europeos” en términos de la nacionalidad de sus sedes centrales -capital alemán para el Deutsche bank , francés para Paribas, español para el Santander, etc.- sino que tratamos de considerar estos capitales “europeos” y también tener en cuenta los capitales globales que operan en Europa, pues es el conjunto de sus operaciones lo que conforma la financiarización actual del ámbito europeo. Por ello, recogemos algunos ejemplos de los capitales privados y las instituciones en que se agrupan y operan en el continente en el recuadro 3.

 

Recuadro 3. Algunos agentes importantes en finanzas e instituciones financieras que operan en Europa

Instituciones financieras: Deutsche Bank, BNP, Paribas, Societé General, Credit suisse, Dresdner Bank, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Bank of America, HSBC, Banco Santander.

Inversores institucionales:
Fondos de alto riesgo: LTCM, Quantum, JP Morgan Chase, Bridgewater, etc; Fondos de pensiones como Calpers, Government Pension Investment Fund, ABP, NPS; aseguradoras como AXA, AIG, Allianz, NetLife, Lloyd”s;

Fondos de inversión: los gestionados por Fidelity, Vanguard, American Funds y BlackRock. (Todos estos entes financieros constituyen lo que es conocido como Shadow banking o sistema bancario en la sombra).

Paraísos fiscales: Luxemburgo, Isla de Guernsey, de Jersey, Gibraltar (partes del Reino Unido), Mónaco, Liechtenstein, Andorra … y los que operan fuera de Europa: Islas Caiman, Bermudas, Delaware (Estados Unidos),…

Otros: Agencias de evaluación- Fitch, Standard and Poor”s y Moody”s.

Otros:
Prensa especializada: The Economist, The Financial times,…
Think tanks o Centros de investigación, análisis y asesoramiento.
Lobbys o grupos de presión: European Financial Services Roundtable (EFR)- ; la IASB, la International Accounting Standards Board,…
Instituciones reguladoras: Comité de Basilea
Países que les cobijan: Reino Unido (City), Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Alemania, Holanda, Francia.

Se estima que en el mundo existen entre dos o tres mil agentes institucionales independientes que operan regularmente, pero de los cuales sólo unos veinte a treinta actúan como líderes: son los que arrastran al mercado. Dichas instituciones, reunidas, poseen o pueden poseer en un momento dado 7 u 8 billones de dólares para dedicarlos a la compra y venta diaria de moneda Extranjera. Los tres primeros Fondos de Pensiones Norteamericanos —ellos solos—Fidelity, Investments, Vanguard Group y Capital Reseach Management— controlan 500.000 millones de dólares.
Se percibe con facilidad que todos esos entes, que reúnen grandes capitales, actúan muy activamente en Europa dando lugar a la expansión y globalización existente en la actualidad. Disponen de un enorme poder que determinará en gran parte lo que sucede en la economía europea y tiene también una fuerte incidencia en la economía mundial.

Hay, además, una relación muy estrecha entre estos actores privados y los actores públicos. De muy diversas maneras los agentes privados ejercen presión y captación de los agentes públicos para que allanen el camino a los primeros mediante regulaciones (o desregulaciones) que les faciliten sus objetivos.

Del ámbito público

En este espacio, hay que distinguir:

  • Las instituciones públicas internacionales que influyen en la estructura y las normas financieras de todos los países del continente. Entre ellas el FMI, el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera (G-20). Se trata de instituciones globales que establecen recomendaciones sobre regulación y política financiera y que siempre muestran un sesgo en defensa de los intereses de los acreedores y la banca.
  • Las instituciones públicas de los estados, donde en el ámbito financiero encontramos los distintos bancos centrales nacionales, que ejercen de supervisores, a pesar de haber cedido competencias al BCE.
  • Especialmente, las instituciones públicas de la propia UE, que inciden fuertemente en la actuación del espacio financiero y económico europeo y los países que lo conforman.
  • En este Informe nos centraremos en estas últimas por ser las que nos parecen más importantes para los objetivos del mismo.

En este Informe nos centraremos en estas últimas por ser las que nos parecen más importantes para los objetivos del mismo.

El sistema financiero de la UE

Para entender la operación y evolución de las finanzas en la UE hemos de estudiar, siquiera brevemente la Moneda Única y el Banco Central Europeo.

La moneda única: el euro

Para entender la política financiera y monetaria de la UE en el siglo XXI se ha de comenzar por estudiar el establecimiento de la Unión Monetaria Europea (UME) y en particular la Moneda Única, el euro. Logrado ya un espacio sin fronteras para el capital e intercambio de mercancías por medio del Acta Única desde 1986, la unificación monetaria era el elemento necesario para la más amplia y fácil operación de los capitales. La UME es el entramado institucional que resulta del proyecto de integración económica bajo los auspicios del capital privado, acelerado desde los ochenta con la consolidación del neoliberalismo y el establecimiento del Acta Única (ver capítulo 2 “Una Europa en declive en un mundo turbulento”).

Iniciada la preparación para la UME desde los primeros noventa, con el Tratado de Maastricht3 en 1992 se establecieron las medidas que los poderes centrales de la UE consideraban imprescindibles para los países que formarían parte de la Unión Monetaria, pues se pretendía una moneda única fuerte. Entre las más importantes entre ellas cabe destacar: un déficit presupuestario menor al 3% del PIB, una deuda pública inferior al 60% del PIB, y una inflación menor del 2%. Estas medidas suponían el rigor fiscal, con la consecuente reducción del gasto público, y en conjunto, la austeridad macroeconómica y salarial que impidiera la inflación. Todos los países que querían integrarse en la moneda única -entre ellos el Estado español, que desde el principio apostó por la moneda única “costase lo que costase” -se vieron sometidos a duros programas de ajuste, que constituían la única política económica admisible; lo que supuso situaciones muy duras para las poblaciones, como iremos comprobando. Pronto estas medidas se convirtieron en permanentes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 ha sido actualizado en 2012 con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TSCG) (ver capítulo 6 “La orientación neoliberal de la política económica”).

La Moneda Común, el euro, entró en vigor en 1999 al fijarse los tipos de cambio definitivos, pero inició su circulación sólo en 2002. Pero no todos los países de la Unión pasaron a formar parte de la llamada “zona euro”, sino sólo los 12 países que cumplían las exigencias establecidas por el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad. El Estado español, a costa de un enorme esfuerzo que se impuso a su población, quedó integrada en el euro desde su comienzo. Actualmente, tras la aceptación de Letonia en 2014, son 18 los países que pertenecen a la misma. No quisieron integrarse en la zona euro ni el Reino Unido (tenía que mantener su autonomía para proteger la City), ni Dinamarca, ni Suecia (en éstos dos últimos porque en los referéndums celebrados sus poblaciones se opusieron a integrarse en el euro). Tampoco pertenecen al euro: Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía.

Con la moneda única los países de la zona euro cedieron sus monedas y, por tanto, perdieron su soberanía monetaria, pasando a depender del BCE para toda la política monetaria, institución que ejerce desde entonces una política monetaria única para toda la zona euro, centrada en criterios restrictivos para controlar la inflación. Desde la entrada en vigor del euro el Estado español no puede decidir sobre sus tipos de interés, impulsar un grado determinado de liquidez o fijar la tasa de cambio de su moneda (devaluarla si es necesario). Por el contrario, el déficit de la balanza de pagos, que es un problema permanente de la economía española, no se reconocía que ejercía un límite tan estrecho como en el pasado al expresarse en euros, la potente moneda europea.

Se argumentaba que con la moneda única y una vez desregulados los controles que les afectaban, se facilitaría la movilidad de los capitales para que se dirigieran a aquellos ámbitos en los que pudieran utilizarse de forma más eficiente. Se hizo también una enorme propaganda, escandalosamente populista en el mal sentido de esta palabra, acerca de las ventajas de poder viajar por toda Europa sin necesidad de cambiar de moneda, y el ahorro que ello suponía. Se “olvidaron” de tener en cuenta que el capital no acude allí donde es más necesario o eficiente, sino donde puede obtener más beneficios, y que la proporción de personas que viajan por toda Europa frecuentemente es extremadamente minoritaria. Veremos que el balance del impacto de la moneda única en economías como la del Estado español presenta elementos negativos mucho más importantes que la comodidad de algunos pocos viajeros.

La existencia del euro, que permitía mantener elevados déficits en las cuentas exteriores permitió que las grandes empresas y las instituciones financieras de los países de la periferia Sur de la UE -entre ellos el Estado español- se endeudaran muy fuertemente, principalmente con los principales bancos de Alemania, Francia, Holanda, Gran Bretaña y menos con los de Estados Unidos, a los que les venía muy bien prestar dinero. Este endeudamiento facilitó un periodo de supuesta prosperidad y desde el año 2000 parecía que todo iba bien en la UE.

En definitiva, la UEM representa la alternativa propuesta por el capital europeo y sus representantes políticos para hacer frente, con una moneda internacional como el euro, a la competencia internacional y a los problemas que les planteaba la globalización. Es el trampolín a la nueva internacionalización de unas economías no competitivas vía salarios y con sistemas de protección social que todavía resistían a su deterioro.

Banco Central Europeo

El otro pilar importante, institución rectora de la unión monetaria, es el BCE. Se fundó en junio de 1998, y, por la influencia de Alemania y el neoliberalismo dominante, se estableció como independiente de cualquier otra institución pública, regido sólo por su propio estatuto, es decir no tenía que dar cuenta a ninguna otra autoridad europea ni preocuparse por nada más que lo que su estatuto le señala4. En teoría, el BCE hubiera tenido que cumplir para los países de la eurozona el papel que hasta entonces habían cumplido los bancos centrales de cada país, sin embargo, su función quedo reducida únicamente a controlar la inflación -que los precios no subieran más que el 2% cada año-. Además, su estatuto fijaba que este banco nunca podría ayudar económicamente a ningún estado ni institución pública así como otras normas que hacen imposible que el banco se preocupe por cuestiones como el crecimiento, el desempleo u otros objetivos económicos. Estos aspectos son claves para el funcionamiento de la política económica de la UE y los estados miembro y confirman el dominio de las exigencias neoliberales de Alemania en toda la orientación de la política económica desde entonces, y muestran con claridad la ausencia de cualquier otro objetivo económico o social. Son, en parte la causa de la tardía y tímida actuación del BCE para tratar la crisis.

El euro y la política del BCE son los dos principales pilares que han conformado la política económica y financiera de la UE desde la implantación de la moneda única. Ya se ha señalado que desde el Tratado de Maastricht se inició una política de austeridad que, con algunos periodos de excepción, se ha mantenido e intensificado hasta la actualidad y que el BCE ejercía una política monetaria única para toda la zona euro centrada en controlar la inflación. La política monetaria en la zona euro ha supuesto una presión procíclica5 en la economía de los países miembro desde su inicio en los noventa, que consideramos con más atención en capítulo 6 “La orientación neoliberal de la política económica”.

La crisis de 2008 y la deuda

En el capítulo 4 “El impacto de la UE en la industria española” se explica cómo desde la entrada de el Estado español en la UE, y sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, la industria española fue debilitándose y la pauta de relaciones con los países centrales de la Unión se fue reestructurando, convirtiéndose el Estado español en un comprador sustancial de productos de los países del centro. Compras que se fueron financiando con créditos de los principales bancos de Alemania, Francia, y Holanda, a los que les venía muy bien prestar dinero, pues tenían grandes excedentes en sus balanzas de pagos: nos vendían sus productos y para poder pagarlos, nos prestaban dinero, cerrando así un círculo aparentemente perfecto. Este endeudamiento, que contribuyó también a disimular la caída de salarios que estaba teniendo lugar, facilitó un periodo de supuesta prosperidad. En particular en el Estado español se afirmaba que se crecía más y se creaba más empleo que en ningún otro país de la UE. “España iba bien”.

La crisis de 2008 obligó a despertar de este sueño. La crisis hizo que todo este superficial entramado se deshiciese y se manifestasen con fuerza todas las incoherencias y errores que se habían producido durante el periodo anterior. Los problemas que surgieron no fueron sólo los que suponía la propia crisis, que ya eran muchos, sino que sacaron a la luz problemas de mucha más entidad que se iban arrastrando desde hacía muchos años y se habían ido disimulando durante el periodo de aparente prosperidad. Nos referiremos sólo a algunos aspectos de la economía española, particularmente aquellos que tienen más relación con los aspectos financieros y la deuda6:

  • Ya se ha señalado (véanse también los Informes 7 y 8 de Taifa) que la caída de salarios que se iba experimentando desde los ochenta se disfrazó en sus efectos negativos y se compensó por la amplia disponibilidad del crédito fácil y barato, que permitió a muchos trabajadores seguir consumiendo, sobre todo en vivienda y bienes de consumo duradero (electrodomésticos, coches, muebles,…); cuando el crédito se cortó radicalmente y los bancos exigieron su devolución, la situación fue muy difícil para las familias endeudadas y el consumo comenzó a disminuir.
  • También sabemos cómo la explosión de la burbuja inmobiliaria y la disminución de la actividad económica ha ido conduciendo a un altísimo paro. Que, además de los problemas y el sufrimiento que causa en la población obliga al gobierno a dedicar cada vez más dinero a pagar el subsidio del paro (a pesar que una gran parte de la población no lo percibe).
  • Hemos mencionado más arriba que durante bastantes años, el hecho de pertenecer al euro hizo creer a los dirigentes económicos y políticos que el saldo negativo de nuestra balanza de pagos no tenía importancia, y permitió que el país, en particular las grandes empresas, se endeudaran muy fuertemente con el exterior.
  • Asimismo, sabemos que en la época de expansión inmobiliaria de la primera década del siglo XXI los bancos españoles se habían endeudado en el exterior para disponer de más fondos para prestar a los grandes promotores de la construcción, así como a las familias para comprar las viviendas. Al congelarse los créditos internacionales, la deuda de estos bancos constituyo otra gran parte de la deuda externa del país.
  • El euro permitió muy altos déficits en las cuentas exteriores, sin que los gestores del país se preocupasen mucho pues parecían considerar que la moneda única facilitaba déficits sin límites al no existir el riesgo de devaluación. Y ello a pesar de que la economía española era la que ostentaba las cifras más altas de déficit exterior7. Al cerrarse el crédito, las cuentas externas mostraron la magnitud del endeudamiento y el grave límite que las mismas suponían. La deuda con los países centrales explica en parte la posición de la UE respecto al pago de la deuda externa, ya que los poderosos bancos acreedores de los países centrales, exigían a la UE que forzase el pago de la deuda por parte de los países endeudados.
  • La crisis llevó al estado a apoyar principalmente a los bancos y a algunas grandes empresas. Además, al aumentar el paro tuvo que pagar cantidades mayores a las esperadas de subsidio de desempleo8. Lo que aumentó fuertemente el gasto y el déficit público, mientras los ingresos disminuían por la reducción de la actividad económica y, consiguientemente de la recaudación de impuestos. Lo que, al mismo tiempo, desveló el efecto negativo de la disminución de impuestos a los poderes económicos que se estaba llevando a cabo desde los años ochenta, y que el periodo de gran actividad inmobiliaria había permitido que pasará desapercibido. El resultado fue un aumento sustancial de la deuda pública, aunque todavía se encontraba en niveles bastante manejables, pero la deuda privada se había disparado, como lo muestra el cuadro 19.

Es decir, en 2010 la deuda total ascendía a casi cuatro veces el PIB del país, y una parte importante de la misma -entre un 1,6 y 1,7 billones (160-170% del PIB) – estaba financiada desde el exterior, concretamente, desde los bancos de los países centrales de la Unión, como ya se ha señalado. Aunque la situación de la deuda pública no era todavía muy grave, poco más del 60% que fijaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el capitalismo existen mecanismos por los que se hace al país responsable de toda la deuda externa, por lo que el total de la deuda pasó a constituir uno de los problemas más graves con el que se enfrentaban las autoridades económicas.

El paro, la disminución de la actividad económica y la deuda, se constituyen en graves problemas económicos y sociales con que se enfrenta el Estado español a finales de la primera década del siglo. Otros países del Sur de Europa -Grecia, Portugal, Irlanda e Italia- estaban aquejados de problemas muy parecidos.

Veremos más adelante (capítulo 6 “La orientación neoliberal de la política económica”) cómo esta deuda ha permitido a la UE establecer y exigir el cumplimiento de duras políticas económicas a los países endeudados. No obstante, avanzamos aquí, que entre las disposiciones más importantes al respecto hay que considerar la exigencia establecida por el Pacto Fiscal de que se incluyera en la Constitución un límite extremadamente reducido a los déficits en el futuro -entre 0 y 0,25% del PIB- y, sobre todo, se estableciera el compromiso de pagar la deuda pública como gasto prioritario, anterior a cualquier otro gasto en los presupuestos de los estados. Exigencia que el Gobierno español y la primera oposición -PP y PSOE- se apresuraron a aceptar. Por tanto, el Estado español está en este momento sometido a un compromiso constitucional de pago de la deuda externa, que elimina cualquier posibilidad legal de plantearse una quita de la misma.

Las ayudas financieras de la UE frente a la crisis

Antes de iniciar la descripción de las ayudas financieras, merece la pena detenerse brevemente a comentar sobre un aspecto ampliamente comentado acerca de la necesidad de reforzar el control de los flujos de capitales para evitar otra nueva crisis financiera. Hasta antes de la crisis, el sector bancario estaba sujeto a las disposiciones conocidas como Basilea II, que establecía algunos controles para el capital privado; desde la crisis se han establecido las disposiciones denominadas Basilea III que refuerzan un poco, muy poco, los controles y no empezará a operar plenamente hasta 201810. La UE necesitó tres años de durísimas negociaciones para aprobar las primeras medidas de transparencia bancaria, pero su aplicación quedó pendiente de negociaciones imposibles con Suiza, Estados Unidos, Austria, Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido. La UE ha añadido algunas disposiciones, pero existe un consenso entre los comentaristas convencionales del tema, de que realmente nada serio se ha hecho para frenar las operaciones de los flujos de capitales y que éstos continúan operando como mejor les conviene. La propuesta de crear un impuesto sobre las transacciones financieras -en líneas similares a las conocidas como tasa Tobin- tampoco parece que vaya a progresar dado que sólo unos pocos países se han comprometido a su aplicación e incluso este compromiso está poco precisado.

Respecto a las ayudas a los países miembros, al principio de la crisis, la UE no quiso aceptar la responsabilidad de la situación y la remitía a cada Estado11; sólo a fines de 2009, cuando el nivel de deuda y el riesgo de insolvencia alejó a los mercados financieros de continuar sus préstamos a los países endeudados y alcanzo niveles que podían poner en peligro el euro, la UE decidió tomar cartas en el asunto y dirigir estrechamente la política económica de los países endeudados. Aunque en el capítulo 6 “La orientación neoliberal de la política económica”) trataremos conjuntamente las políticas económicas de la UE, a continuación recogemos la política de la UE respecto a los aspectos financieros debido a que concierne más directamente a este tema.

Los fondos comunitarios

Al percibir a fines de 2009 que el montante de la deuda de los países del Sur de la UE podía afectar seriamente al euro, la UE estableció con carácter de urgencia, en mayo de 2010, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), por una duración de tres años, para gestionar el “rescate” de Grecia, al que le siguieron el de Portugal e Irlanda. En noviembre de 2010, solo seis meses después se creó, el MEEF que se consolidó en 2012 como MEDE (Mecanismo europeo de Estabilidad) que convertía en permanente los FEEF y MEEF con un montante disponible de hasta 750.000 millones de euros.

El “rescate” de Grecia el 2010 no fue, como se anunció, suficiente y un año después hizo falta recurrir a una nueva ayuda (en enero de 2014 se está discutiendo el tercer “rescate” a Grecia). Esta vez se contó con la participación del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, además de la Comisión europea (de la UE), en lo que se ha popularizado con el sobrenombre de Troika. Este segundo “rescate” se acompañó de la negociación con la banca privada de la reestructuración del 53% de la deuda, operación que acabaría representando un 75% de pérdidas. Esta maniobra jurídica se llevó a cabo para evitar la declaración oficial de quiebra (“default”) que hubiera provocado la activación del derecho de cobro de los seguros (CDS, “credit default swap”) sobre el impago de la deuda soberana griega, que hubiera evidenciado la insolvencia del conjunto del sistema financiero internacional).

A principios de 2012 se realizó una modificación del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y se aprobó el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TECG). Estos cambios fueron presentados ante la opinión pública como los instrumentos adecuados para enfrentarse a los problemas reales de las finanzas europeas y un paso más hacia la creación de un mecanismo solidario de ayuda, que al mismo tiempo permita aumentar la coordinación entre los estados. Sin embargo, existen muchas dudas de que esto haya sido y vaya a ser así en el futuro.

De entrada, en el artículo 125 del TFUE, la cláusula de “no rescate”, recoge que ni la UE ni ninguno de sus estados miembros tiene el derecho de responder por los compromisos financieros de otro Estado miembro, para desincentivar así la acumulación de deudas excesivas por parte de los países deficitarios. Para combatir las rigideces jurídicas que provocaba este artículo se consolidó el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que fue ratificado finalmente en 2012, sustituyendo los mecanismos temporales que constituían el FEEF y el MEDE, con la enmienda al artículo 136 que permitía conservar el artículo 125, particularmente importante para la opinión alemana: “los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. La concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas” (nuestra cursiva).

Contrariamente al FEEF que no dispone de capital propio, el MEDE está dotado de un capital de hasta 700.00012 millones de euros, de los cuales 80.000 millones serán capital desembolsado por los Estados y 620.000 millones serán capital que se espera obtener de los mercados financieros mundiales o de otros países, Por tanto el MEDE podrá prestar aportando en garantía su propio (limitado) capital, mientras el FEEF contaba solo con la garantía de cada Estado. Pero el MEDE no está dotado de una licencia bancaria, no pudiendo entonces refinanciar de urgencia a través del Banco Central Europeo en caso de necesidad. A estos montantes habría que añadir la participación del FMI de 200.000 millones de euros13, lo que permite a esta institución penetrar en el ámbito europeo en el anteriormente no había actuado.

Es decir, que para resolver los problemas de la deuda, la UE, como institución, dispone de una “seguridad financiera”, que no una capacidad real de capital, de hasta 700.000 millones de euros contando con la participación, no sin exigencias, del FMI. Lo que convierte la “seguridad financiera” en un eufemismo ya que está basada en capitales a obtener en el futuro.

¿Podrá esta “seguridad financiera” hacer frente a los problemas financieros de la periferia europea? Difícilmente podrá ser así si se tiene en cuenta la magnitud total de la deuda de Grecia, Irlanda, Portugal, el Estado español, Bélgica e Italia, roza los 4 billones de euros, casi 5 veces la garantía, más bien ficticia, del MEDE.

El MEDE también tiene por objetivo aumentar la “gobernanza” y coordinación de los Estados rescatados, es decir, supervisar la aplicación de medidas de austeridad y privatizaciones que vienen impuestas al acogerse a los préstamos del fondo. Sin embargo, no se acabó recogiendo la idea original de vincular a toda actuación del MEDE una reestructuración de la deuda del Estado auxiliado, porqué sólo su propuesta desató las iras del sector financiero y elevó los intereses del crédito de los mercados internacionales. Esta institución es totalmente opaca y antidemocrática, dirigida por un Consejo de gobernadores formado únicamente por los ministros de economía y finanzas, con observadores de la Comisión Europea, del FMI y del BCE que evaluaran el riesgo para la estabilidad financiera de la zona euro. El Parlamento Europeo, que a pesar de su escasísimo poder decisorio, es la única institución donde se eligen los representantes de la UE no es ni consultada vinculantemente ni tan solo informada de las deliberaciones del Consejo.

Estos fondos, fueron creados teóricamente, para poder prestar dinero en condiciones favorables a los países en crisis, es decir, aquellos países con dificultades financieras, con problemas para conseguir financiación a un precio razonable en los mercados financieros. Pero, en realidad, lo que realmente suponen las operaciones de rescate no son más que mecanismos para evitar los problemas que un impago de la deuda generaría sobre los bancos europeos acreedores, especialmente alemanes y franceses, y al conjunto del sistema financiero.

Respecto a las ayudas prestadas por estos fondos al Estado español, en primer lugar hay que señalar, que tras varios tensos momentos en 2012 y 2013 en que parecía que la UE tendría que proceder al “rescate” del Estado español debido a la imposibilidad de financiar su deuda por otros medios, de momento se ha logrado evitar este rescate total. La economía española, en conjunto, no ha sido rescatada de la forma que se ha hecho con Grecia, Portugal o Irlanda. No obstante hay que señalar que en el verano de 2012 se abrió una especie de “línea de crédito” de hasta 100.000 millones de euros, exclusivamente para que el Estado español los dedicara al rescate de los entes financieros en riesgo de quiebra, en una especie de “rescate parcial y particular”.

Las ayudas del BCE

Por otra parte, hay que considerar, las ayudas prestadas por el Banco Central Europeo. En las ayudas aportadas por esta institución hay que distinguir dos elementos: las aportadas al sector público, y la cooperación prestada mediante el sector privado.

En lo referente al sector público, ya hemos señalado que el Estatuto del BCE no le permite prestar ayudas directas a los Estados miembros. Por ello, aunque por su carácter de banco de bancos, hubiera podido contribuir a paliar la crisis financiera, bien comprando directamente la deuda de los estados endeudados, bien emitiendo bonos respaldados por la UE -eurobonos- o avalando a los estados, no puede hacerlo. No obstante, ante la gravedad de la crisis el BCE ha estado comprando fuertes importes de bonos de los estados endeudados en los mercados secundarios14. Aunque llegó un momento en que señaló que no lo continuaría haciendo a menos que se integrasen en rescates formales de los estados, en septiembre de 2013 su presidente Draghi, ante temores de renacimiento de la crisis financiera, hizo unas declaraciones señalando “el BCE hará todo lo que sea necesario para mantener la estabilidad del euro” lo que ha permitido que, desde entonces se hayan estabilizado los mercados y reducido las primas de riesgo de los países endeudados del Sur. En el caso español ésta ha disminuido desde el record máximo de los 637 puntos en julio de 2012 hasta entre los 180 y los 200 puntos en enero y febrero de 2014 y hasta los 140 a principios de junio de 2014 después de las últimas medidas adoptadas por el BCE (ver más adelante).

La cooperación prestada por el BCE a través del sector privado ha consistido en proporcionar liquidez (prestamos) ilimitados a los bancos privados de los países endeudados a muy bajo tipo de interés (por debajo del 1%), con el argumento que esto permitiría mejorar su situación y conceder créditos a los agentes económicos de los estados (empresas y familias). Los bancos españoles han hecho muy amplio uso de estas posibilidades15 pero, en lugar de dirigirlos a conceder créditos a la economía han dedicado una parte importante de los fondos obtenidos del BCE a comprar deuda de los propios estados, que con un interés del 4-5%, les permitía un sustancial y fácil beneficio. Y todavía no parece que se ha alterado esta orientación.

Otra parte importante de la liquidez proporcionada por el BCE se está destinando a la llamada recapitalización del sector bancario, que está haciendo frente a enormes dificultades debidas al elevado nivel de la tasa de morosidad, es decir de los préstamos concedidos no recuperados en su tiempo normal. Podría decirse que el sector financiero está en la unidad de cuidados intensivos, temporalmente fuera de riesgo gracias al compromiso total de las autoridades para su salvación; a costa, claro está, de las condiciones de vida de las poblaciones.

Estas actuaciones, además de no ayudar a resolver la escasez de crédito en los países endeudados, ha aumentado la parte de deuda pública financiada por la banca estatal, que ha facilitado que los bancos extranjeros acreedores hayan disminuido su participación en la financiación de los países endeudados. En el Estado español la parte financiada desde el exterior ha pasado del 48 % en 2010 a 22,6% en 2013. Este cambio en la estructura de la financiación de la deuda pública en Estados de dudosa solvencia, por un lado, debilita la banca del país, pues es propietaria de unos activos (deuda) de dudosa solvencia, dando lugar a lo que se ha denominado el “circulo banca-deuda”. Tanto, que el peso de esta deuda “interna” es uno de los puntos que más preocupa ante la próxima evaluación de solvencia de los sistemas financieros que realizara la UE (ver MUR más abajo). Asimismo es un aspecto peligroso para los países, como el Estado español, donde es la Seguridad Social la que ha comprado masivas cantidades de deuda (el 94% del Fondo de Garantía de Pensiones está colocado en deuda pública), pues establece un fuerte límite o casi la imposibilidad de hacer una quita o repudiar parte de la deuda, ya que tendría consecuencias muy graves para la política social e incluso financiera del país. En otras palabras, el sistema de cooperación del BCE con los problemas financieros y la deuda de los países miembros, a través de proporcionar abundante liquidez por medio de la banca privada, a corto plazo, ha facilitado los beneficios a ésta última. Pero no ha resuelto el problema de liquidez en los estados y puede tener efectos perversos de envergadura en el futuro.

En el momento de cerrar este Informe (junio de 2014), el BCE ha anunciado un nuevo paquete de medidas ante el riesgo de deflación y el estancamiento económico de los países de la zona euro (y, tal vez, ante la desafección con la UE que ha quedado patente en el resultado de las elecciones europeas). Estas medidas son la rebaja de los tipos de interés al 0,15%, su mínimo histórico, cobrar a los bancos que depositen su dinero en el BCE mediante un tipo de interés negativo del 0,1%, y una línea de crédito de 400.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan crédito a pequeñas y medianas empresas (se excluyen a las hipotecas y la compra de deuda pública). Asimismo, parece que, preocupados por el riesgo de deflación en la UE, el FMI señala que pudiera ser conveniente que el BCE comenzase a comprar masivamente activos financieros en particular los correspondientes a deudas soberanas. Es curiosa esta reversión completa de lo que se consideraban los “principios inmutables” de estas instituciones.

La Unión Bancaria

Los graves problemas financieros a los que los países de la UE se han visto sometidos con la crisis y sus consecuencias han mostrado algunas de sus carencias y dado lugar a un amplio escepticismo antieuropeo en la Unión, obligando a ésta a replantearse parcialmente su estructura. En 2013 el Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy propuso una importante adicción a la Unión en forma de la Unión Bancaria, Unión Fiscal, Unión económica y Unión Política, lo que hubiera supuesto un cambio significativo en la estructura de la UE. A pesar del alto nivel del proponente de todo este proyecto, sólo la Unión Bancaria está avanzando hacia su concreción, e incluso ésta con lentitud, dejando el resto de la propuesta para un futuro lejano.

La Unión Bancaria, es el intento, por lo menos retórico, de la UE de avanzar en el control de los sistemas financieros de los estados miembros y resolver sus problemas de forma comunitaria. Bastantes comentaristas consideran que es probablemente la reforma más importante de la arquitectura financiera de la zona euro desde el comienzo de la crisis. En principio se trata de romper el círculo vicioso entre las crisis bancarias y las deudas soberanas, al autorizar una recapitalización directa por los bancos en dificultades por los fondos europeos. Veremos que este objetivo ha quedado muy corto en la versión final del acuerdo.

Para la Unión Bancaria, el proyecto de Van Rompuy planeaba establecer una supervisión global de las entidades financieras de la Unión, cuyo número asciende a 6.000 entidades, un esquema común de rescate o liquidación de bancos y un fondo de garantía común. Para ello se ha establecido un sistema muy complejo de regulación, del que se encarga la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y tres mecanismos: Mecanismo único de supervisión (MUS), Mecanismo único de resolución (MUR), quien decide si se rescata un banco y por quien o se le deja quebrar, y un Esquema común (no único) de protección de Depósitos (ECPD o CDPS en sus siglas en inglés).

La abierta oposición del potente gobierno alemán ha debilitado seriamente dicha propuesta, que fue aprobada inicialmente en diciembre de 2013, pero la creación y configuración de las distintas partes han requerido de la aprobación de acuerdos específicos:

  • La creación del MUS se aprobó en el verano de 2013 aunque no entrará en vigor hasta noviembre de 2014. Para el MUS, se había establecido que el BCE fuese el supervisor único de todos los bancos de los países miembros, pero la presión alemana ha logrado que ésta se limite sólo a los bancos grandes, de más de 30.000 millones de activos u otras tres condiciones que muestran su gran magnitud (en total, 128 grupos bancarios europeos) y la supervisión de los más pequeños se haga por los propios bancos centrales de los estados miembros. Se aprobó en el verano de 2013. Lo que deja fuera de la supervisión común a todas las cajas de ahorro alemanas y permite que sólo el 10% de las instituciones financieras de dicho país pasen por esta supervisión, mientras que pasaran por ella el 90% de los bancos franceses y españoles, entre otros.
  • Para el MUR (aprobado el 20 de marzo del 2014), se trata de ponerse de acuerdo en caso de que algún gran banco europeo presente problemas sobre qué se debe de hacer -liquidarlo o recapitalizarlo- , y quién lo debe de hacer. Pero por la presión de Alemania, las deudas de los bancos se resolverán a nivel de cada estado por lo menos hasta que se convierta en fondo comunitario. De las deudas bancarias, responderán primero los accionistas, luego las subordinadas y preferentes, y después los depositantes de más de 100.000 euros16. Sólo después de agotados estos recursos recurrirán al Fondo de Resolución Nacional (no comunitario) que se nutrirá de fondos proporcionados por los bancos a partir de su 2015, hasta reunir la cifra de 55.000 millones de euros17. Al final de este periodo, en 2024, se convertirá en un fondo comunitario. Este fondo es distinto pero se puede fusionar con el existente Fondo Garantía de Depósitos. Si de todos modos, antes de 2015 se tuviera que intervenir a nivel europeo para reflotar bancos, se podría hacer uso del MEDE, pero en condiciones muy estrictas y limitadas y sólo hasta 60.000 millones. El fondo se establece a través de un acuerdo intergubernamental, no de la UE.
    Aunque el esquema de recurrir para cubrir las deudas primero a sus propietarios y sólo más tarde a los grandes depositantes y al Fondo de Garantía público (el esquema que ya se ha ensayado en la crisis de Chipre) parece más justo que hacer que sea el sector público el que se responsabilice de las deudas bancarias, como ha sucedido en los demás bancos en dificultades de la Unión, nótese, sin embargo, que son los estados los que responden por las deudas financieras y no la Unión como tal, que continúa sin querer hacerse responsable de lo que suceda en sus instituciones. Los votos serán en función de lo que cada uno aporta y la solidaridad limitada.
  • El Esquema Común de Garantía de Depósitos, ECPD/CDPS, no se iniciará hasta el 2026 y debe de permitir evitar los pánicos bancarios asegurando a los depositantes la seguridad de sus depósitos hasta los 100.000 euros18y evitar las fugas de capitales hacia estados que ofrezcan mayores garantías. Pero parece que el proyecto está quedando totalmente aparcado y es posible que no llegue a materializarse

Este sistema para la Unión Bancaria, último intento por ahora de hacer que la eurozona funcione mejor, ha sido ampliamente criticado incluso por las propias instituciones comunitarias -BCE, Parlamento Europeo- y por muchos comentaristas privados: es un sistema enormemente complicado y burocrático -el gráfico 3 muestra los procedimientos a realizar para que el MUR llegue a materializarse y comience a operar; e insuficiente – la dotación de 55.000 millones es totalmente ridícula si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2010 son 1.6 billones de euros de ayudas de los estados que se han utilizado por los bancos de los 27 países de la Unión19 y que continúa dejando una gran parte de la responsabilidad en manos estatales en lugar de potenciar la Unión. El Fondo del MUR, reposa sobre un Tratado intergubernamental que, por lo tanto, no constituye una instancia propiamente europea y no estará sometida al control del Parlamento Europeo. Lo que desecha toda idea de solidaridad entre los fondos nacionales, pero deja en claro el poder de Alemania (ver recuadro 4).

Recuadro 4. El vicepresidente del Parlamento europeo señala:

“La Eurocamara es poderosa: podemos despertar a Schäuble (ministro de finanzas alemán) de madrugada para que haga concesiones… pero otra lectura es posible; según las fuentes consultadas, Schäuble no recibió una llamada de madrugada sino dos: exigió cambiar detalles técnicos del texto final y no dio su visto bueno hasta que cambio lo que quería. Queda claro quién manda en la Unión. (El País 21.3.14: Europa apuntala la Unión bancaria). Esta anécdota surgió en el proceso de aprobación del MUR, la noche del 19 de marzo de 2014.

El resultado de todas estas “modificaciones” es que la relación entre la crisis bancaria y la deuda soberana está lejos de haberse roto. Un país que se vea sometido a una crisis financiera se verá siempre obligado a aumentar su deuda pública pidiendo ayuda al MEDE y obligado a someterse a un plan de ajuste. Asimismo, la fragmentación bancaria entre países puede aumentar en lugar de reducirse.

Pero los poderosos de la Unión (Alemania, pero también Holanda, Austria, Finlandia), están contentos porque no tendrán que responsabilizarse de los problemas de otros países a quienes no se recatan en considerar como perezosos, poco responsables, derrochadores. Esto parece que es a lo más que la Unión Europa actual puede llegar respecto a los aspectos financieros.

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Gráfico 3. Una copia de las gestiones necesarias para aprobar el MUR, que está todavía en discusión en marzo 2014

EUGreens

La política financiera en el Estado español

Hemos tratado de describir las principales políticas de la UE respecto a las finanzas, nos corresponde ahora comentar acerca de las políticas del Estado español y la relación entre ambas.

Aunque al comienzo de la crisis en 2007 los gobernantes del país consideraron que el sistema financiero español era sólido, ya que no había comprado grandes cantidades de hipotecas basura (subprime) de Estados Unidos20 pronto, sin embargo tuvieron que reconocer que el sistema financiero español se encontraba con un grave problema debido a sus propias hipotecas basura. Al congelarse el crédito en las finanzas globales, convirtiendo en imposible el crédito externo, el sistema financiero español se vio enfrentado a graves problemas propios, congeló totalmente el crédito y comenzó a exigir la devolución de los que estaban pendientes.

No hubo la menor duda por parte del Gobierno sobre que había que hacer y se optó por “salvar el sistema financiero” a cualquier coste21. En 2008 se creó la FAAF (Fondo para la Adquisición de Activos financieros) dotado con 50.000 millones de euros, aumentó la cuantía de los avales del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.00 euros por persona y banco22, se instituyeron avales (el sector público paga si no lo hacen quienes deben) hasta 100.000 millones de euros, como primeras medidas. Apoyos que no exigían contrapartida ninguna a los entes financieros privados.

No bastaron estas ayudas, el crédito se congeló totalmente causando múltiples problemas a las empresas y a las familias -recordemos que la economía estaba funcionando “bien” a base del crédito abundante y barato-, importantes constructores y promotores inmobiliarios quebraron, dejaron de comprarse viviendas, y hubo de establecerse el FROB -Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario- para rescatar bancos y cajas. El FROB se inició con un capital proporcionado por el sector público de 9.000 millones de euros, pero con autorización para endeudarse en los mercados hasta 99.000 millones.

Ni siquiera esto fue suficiente y las Cajas de Ahorros, que eran quienes se habían comprometido más con el sector inmobiliario, principalmente con los constructores y promotores inmobiliarios, pero también con las hipotecas familiares comenzaron a tener problemas muy onerosos. Para intentar resolverlos, se produjo un proceso de concentración de las cajas, fusionándose varias en una nueva y mayor para ver si las que todavía eran solventes permitían evitar la quiebra de las más comprometidas. , Hay que decir que decir este proceso se realizó de forma muy precipitada, evitando todo debate público, con una agrupación de las Cajas de lo más arbitraria y, sobre todo, con un mecanismo muy complicado que convirtió en bancos la casi totalidad de las Cajas (menos dos muy pequeñas). En realidad puede afirmarse que lo que en realidad se produjo fue un proceso de privatización de las Cajas de Ahorros, debido a su débil situación económica y a la acusación de la subordinación de los aspectos económicos de las mismas a elementos de la política regional23. De un rápido plumazo se eliminaron más de cuarenta Cajas, sin intentar siquiera salvaguardar algunos de sus elementos más positivos24. El sistema financiero español se concentró mucho más y en la actualidad apenas quedan cinco grandes bancos en operación (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Popular). Es sorprendente como la propaganda acerca de los problemas financieros y directivos de las cajas tuvieron su impacto en la población, de forma que esta vasta operación de privatización de la mitad del sistema financiero español a favor de la gran banca ni siquiera se puso en cuestión por la opinión pública.

La concentración de Cajas, como se anticipaba, no dio buen resultado y en consecuencia el Gobierno se vio obligado a acudir de nuevo al rescate de algunas de las más importantes. Entre ellas destacan el desastre de Bankia, y aunque de volumen menor el de Catalunya Caixa y el de Nova Caixa Galicia que tuvieron que ser nacionalizadas para evitar su hundimiento.

Para poder cubrir las necesidades de estas operaciones el Gobierno del estado tuvo que pedir ayuda a la UE que le concedió la línea de crédito que ya se ha señalado más arriba. Del apoyo del crédito para la recapitalización financiera que el gobierno español obtuvo de los fondos europeos, “solamente” se han utilizado 41.000 millones de los que el Estado es totalmente responsable (intereses y devolución). Millones dedicados a recapitalizar los nuevos bancos en quiebra técnica surgidos de la privatización fallida de las Cajas de Ahorros (Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia). En diciembre de 2013 se señaló formalmente que se había terminado el rescate, pero es difícil saber que quiere realmente decir esto.

Aunque ya, en mayo de 2010, la UE había forzado condiciones específicas en la política económica española, este rescate parcial le permitió imponer con más fuerza sus exigencias (ver capítulo 6 “La orientación neoliberal de la política económica”) y reforzar la condicionalidad a la que va asociada la ayuda financiera de la Unión. La reforma constitucionalidad, comentada anteriormente, y otras muchas imposiciones han sido aceptadas por el gobierno casi con gratitud, ya que han servido de arma política y electoral al justificar sus acciones dirigidas a beneficiar la elite financiera, políticamente influyente, con el ya sobado “no hay alternativa”, al que ahora se le añade el “Europa lo exige”.

Lo que se ha dado en llamar “rescate” de la banca española, o “línea de crédito”, como eufemísticamente lo definía el gobierno, no es más que la imposición al Estado de un aval a la banca española. Lo que los bancos no devolverán a la banca europea lo deberá asumir el Estado. La intervención de la UE “prestando” los 100.000 millones de euros tiene como primera condición el compromiso de que el Estado responderá en caso de imposibilidad de retorno de los bancos españoles. Prestar dinero a entidades en bancarrota únicamente sirve para tapar provisionalmente la profunda e irremediable herida inmobiliaria y descapitalización, mientras se hace frente a los pagos a muy corto plazo. Como si con una tirita se quisiera frenar una hemorragia que exige intervención quirúrgica. En total, el montante de los avales otorgados por el Tesoro español a las entidades financieras y a la SAREB ascendía a más de 101.409 millones de euros a principios de 2014.

La continuidad de los serios problemas para los demás entes financieros a causa de la magnitud de la cartera de obras y préstamos para viviendas fallidos pesaban muy fuertemente en unos balances de la solidez de cuyos activos de dudaba mucho25. El 11 de mayo de 2012 se aprobaba el Real Decreto-ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, la segunda reforma financiera en tres meses, la cuarta en los últimos tres años, por la cual el Gobierno ha establecido la “Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria”, SAREB (o banco malo) que recoge los activos inmobiliarios y terrenos de dudoso valor de los bancos y lo que fueron cajas de ahorros. El propio Banco de España calculaba que estos podrían ascender a 184.000 millones de euros, ¡un 18% del PIB! La SAREB es otro ejemplo de la potente ayuda que el sector público está proporcionando al saneamiento del sector financiero mientras recorta fuertemente la financiación de la política social.

En noviembre de 2013, el Gobierno volvió a ayudar a la banca con los llamados “créditos fiscales”. Lo que en definitiva esto supone un aval de 31 millones de euros que se ha concedido con el beneplácito de la UE y del FMI26. En total, el montante de los avales otorgados por el Tesoro español a las entidades financieras y a la SAREB ascendía a más de 101.409 millones de euros a principios de 2014.

Una cosa tienen en común todas las políticas aplicadas en el ámbito financiero: no han servido de nada, más que para reestructurar el capital financiero del país, permitiendo eliminar más de cuarenta instituciones más débiles y conduciendo a una intensa concentración del capital y, al mismo tiempo, permitir que los gigantes que sobreviven recuperen sus beneficios. En 2013 las tres grandes entidades financieras del país han reportado aumentos en sus beneficios que respecto a 2012 van por encima del 33% para el BBVA, y a más del doble del año anterior para el Santander y CaixaBank. Hasta Bankia reporta millones de beneficios. Después de todo, el enorme esfuerzo que se está exigiendo de la población española, para rescatar el sistema financiero, parece que está dando buenos resultados… ¡para los financieros¡ Mientras tanto el crédito sigue congelado, especialmente para las pequeñas empresas y las familias, lo que dificulta muy fuertemente el que pueda iniciarse una recuperación, por modesta que sea, en la economía española27.

No es posible dejar de preguntarse si todas las operaciones de “rescate” que han tenido lugar no son, simple y llanamente, maniobras para garantizar que la banca europea acabe cobrando, a cualquier precio los préstamos concedidos a la banca española. Los bancos españoles en 2010 debían a los bancos alemanes, franceses y británicos, más de 250.000 millones de euros, aunque la deuda actual es considerablemente menor (se les ha pagado y han ido abandonando el país transfiriendo sus deudas a otras instituciones) todavía es sustancial y requiere de la capacidad de liquidarla de los bancos españoles.

El debate sobre el euro

Está bastante claro que la existencia del sistema financiero europeo actual, basado en la moneda única -el euro- y todo el entramado institucional que se ha establecido en su entorno, no sólo no han resuelto los problemas económicos de la Unión ni los de los países miembros, sino que, como veremos en los capítulos 6 “La orientación neoliberal de la política económica” y 7 “Las consecuencias de la Europa del capital”, han contribuido muy significativamente a deteriorar las condiciones de vida de las poblaciones especialmente de los países más endeudados. Por ello, autores de diversos ámbitos presentan distintas posibilidades de política económica alternativa frente a los programas de austeridad impuestos por la Troika, pero una revisión amplia de este debate puede ser inacabable y alejada de nuestros objetivos. No obstante, en los ambientes más críticos de la periferia Sur de la Unión se cuestiona con fuerza el euro como proyecto político-económico y surge el debate sobre si abandonarlo sería una solución adecuada a los problemas que el mismo parece haber generado. Debido a la importancia que ha alcanzado este debate, creemos que es necesario integrar brevemente las líneas elementales del mismo en este trabajo.

¿Puede ser el abandono del euro una solución que resuelva los problemas que aquejan a las clases populares? Dos aspectos previos:

  • Es verdad que el euro se estableció de forma deficiente, sin tener en cuenta lo que podía suceder en unas circunstancias de crisis como las actuales, ni considerar suficientemente las diferencias entre las economías de los países que se integraban en la moneda única y que hay abundantes errores de concepción y se están produciendo problemas muy graves,
  • El abandono del euro es una vía propugnada por bastantes economistas críticos serios, por lo que no se trata de descalificarla superficialmente, ni mucho menos, sino de tratarla con respeto. Es posible que sea una salida ante la muy difícil situación en la que nos encontramos. Y hay que afirmar que no pertenecer al euro puede ser más o menos difícil y costoso, pero que es factible vivir sin el euro, como lo muestra el hecho que hay muchos países que no están en el euro como los 10 de la UE que no forman parte de la eurozona.

Uno de los principales argumentos en que se basan estos economistas y que presentan como una de las mayores ventajas de la salida es que los estados recuperarían la capacidad de devaluar la moneda, y, por lo tanto, podríamos vender nuestros productos más baratos en el exterior. El mítico mensaje de que “seríamos más competitivos”. ¿Basta esto para resolver los graves problemas en los que estamos sumidos?

En primer lugar no es seguro que vender más barato suponga automáticamente vender más. Depende de la demanda de los otros países, y frente a ello poco podemos hacer desde el exterior. La competitividad del sector productivo no depende sólo de la variable precio Puede no aumentar aunque baje el precio, porque sean otros los elementos relevantes para la competencia (calidad del producto, sistema de post-venta, diseño, etc.), y, además, depende de los precios de los competidores, que pueden ser tan bajos que una disminución de nuestros precios no altere la demanda. El economista Joaquín Arriola28 ha comparado el efecto del tipo de cambio en las exportaciones en las últimas décadas para concluir que la relación y el efecto de las devaluaciones en las exportaciones es menor para la economía española.

Por otra parte, no hay que olvidar que una devaluación supone encarecer nuestras importaciones, y por el momento, y a pesar de la crisis, casi siempre son mayores que las exportaciones. Lo que hace que la subida de precios que la devaluación supondría puede incluso perjudicar nuestra balanza externa, dado que nuestra demanda para los productos que importamos (petróleo, materias primas, tecnología) es difícil de disminuir, pues los necesitamos para el funcionamiento básico de nuestra economía. Además, ¿Cuánto tendrían que mejorar nuestras exportaciones para resolver estos problemas? No parece una idea muy realista.

El retorno a una moneda propia que no tuviera las garantías de una moneda internacional como el euro, situaría la economía bajo las amenazas de los especuladores financieros que podrían apostar contra ella con más beligerancia. Defenderse de los ataques especulativos requeriría que el ámbito financiero estuviera fuertemente intervenido y una coordinación internacional que parece muy difícil de lograr vista la correlación actual de fuerzas. Además, la amenaza de la devaluación sistemática podría generar peligrosos episodios inflacionistas.

Asimismo, una moneda devaluada dificultaría todavía más el retorno de la deuda exterior, dado que ésta seguiría nominada en euros, lo que supone que una salida del euro de carácter progresista tendría que venir inevitablemente acompañada de una auditoria de la deuda para decidir qué se pagaría y cómo, priorizando el crecimiento y el mantenimiento de los servicios sociales. Es muy posible que no se pueda contemplar la salida del euro sin que previamente se produzca un repudio o suspensión, por lo menos de una parte de la deuda, o de una reestructuración de la misma29.

Pero seguramente el elemento más importante que supondría la salida de estas instituciones sería el profundo trastorno económico-político a que conduciría respecto a los mercados financieros globales -¿cómo se podría financiar por lo menos el periodo transitorio (importaciones indispensables, deuda, tecnología, gasto social) hasta consolidar una situación estable? Aunque haya algunas experiencias de repudio de la deuda que podrían asemejarse a este hecho (Islandia, Ecuador) y sus problemas han sido resueltos, puede suponer un proceso muy complicado. No es lo mismo haber renunciado a formar parte de la UE o del euro en su día, que salir ahora, después de que las estructuras económicas, sociales y políticas han sido profundamente modeladas por las instituciones europeas.

Muchos de quienes plantean la salida del euro como una medida imprescindible para combatir la crisis, sin embargo, no se fijan sólo en las posibilidades de devaluación, sino que consideran la salida del euro como el inicio de una serie de reestructuraciones de la economía y de la sociedad. Piensan que tener una moneda estatal permitiría una política económica autóctona sin las limitaciones férreas que nos imponen los programas de ajuste. Por ejemplo, el economista Costas Lapatvisas, entre otros, considera la salida del euro como la primera medida que haría falta adoptar para iniciar una verdadera salida de la crisis. Añade que romper con el euro debería ser también una fractura con los intereses de clase de las oligarquías nacionales. Para él “la salida progresista del euro podría dar lugar a un cambio social y económico que transformara la sociedad en interés de los trabajadores. Para tal fin, la salida tendría también que adoptar un amplio programa que incluya, como mínimo, el control y la propiedad pública de las instituciones financieras, el control de los flujos de capital, la distribución de la renta y la riqueza, una política industrial que protegiera al trabajo y asegurara el crecimiento y una reestructuración total del estado en una dirección democrática. En el fondo, consistiría en un programa transitorio para una economía encaminada a la supremacía del trabajo.”30 También que salir del euro implica el repudio de la deuda externa, puesto que si la deuda tuviéramos que pagarla en euros la situación sería totalmente inviable. Contempla el cambio necesario en el sistema fiscal para alcanzar los objetivos que señala. El autor explicita que la salida del euro no puede, sin embargo, consistir en una autarquía del país, los países necesitan continuar con el comercio internacional, obtener las materias primas que necesitan (sobre todo el petróleo), capital extranjero y tecnología.

De nuevo surgen las dudas. Porque vivimos en un mundo globalizado y, no lo olvidemos, de un capitalismo feroz. Y los países económicamente débiles y endeudados, como los del Sur europeo, y por supuesto, el Estado español, tienen muy poca autonomía. Tanto frente a los mercados, a los que habría que recurrir para la financiación necesaria, como frente a las grandes empresas que dominan nuestra economía, como frente a los organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y OCDE que se han atribuido la capacidad de controlar las economías mundiales. ¿Qué diferencias supondría en el control al que estaríamos sometidos si nuestras condiciones de base, en el mejor de los casos, necesitarían mucho tiempo para cambiar? Aquí es donde se puede pensar que la salida del euro es una ilusión. En el mundo de un capitalismo agresivo y global, ¿Qué capacidad tiene la economía del Estado español para tomar una ruta autónoma? Ya en 1959, con el Pacto de Estabilidad, el Estado español estuvo sometida al ajuste dictado por el FMI, y lo mismo en 1977 cuando el Pacto de la Moncloa, y en otras ocasiones. Además, no todos los que propugnan la salida del euro incluyen con ello la salida de la UE, con lo que la situación aparece todavía más complicada. ¿Es el euro o es la UE quien nos causa los problemas?

Además, si la hipotética salida del euro fuese dirigida por fuerzas conservadoras, y ahora mismo lo son los legisladores en todos los Estados miembros, los costes de la devaluación serían trasladados a las clases populares de la misma forma en que se está haciendo bajo las exigencias de la Troika.

Por ello, al plantearse la salida del euro y/o de la UE hay que tener en cuenta muchos de estos elementos y evaluar los medios para su resolución, sino que no se puede plantear superficialmente o como banderín de enganche para otros objetivos31. La salida de estas instituciones supondría un tsunami de grandes consecuencias por lo menos por un periodo bastante largo, y la población, si la desea, debe saber que implica y estar dispuesta a pagar el precio que ello supone. Al mismo tiempo no se puede ignorar, que quizá fuera de estas instituciones, fuese más fácil avanzar hacia un tipo de sociedad, distinta, más justa y equilibrada. En una palabra, que hay que valorar con gran atención, detalle y cuidado lo que suponen las distintas opciones en un mundo global. Una vez valoradas, es necesario tener el coraje de sostener lo que suponga la opción adoptada.

A nuestro entender, el programa que Lapatvisas y otros que lo presentan como “salir del euro”32 es mucho más que salir del euro. En realidad consiste en todo un programa de política económica totalmente opuesto al actual de la UE, que abarca la mayoría de aspectos de la sociedad. Podría considerarse como una actualización y refundación del programa socialdemócrata tradicional en su versión más progresista. No se trata por tanto de “salir del euro” sino de lograr una reversión completa de las políticas actuales. Y ello requiere un poder político que en estos momentos las clases populares distamos, desgraciadamente, mucho de tener.

Hay que mencionar aquí, algo que, siendo evidente, parece haberse olvidado en este debate y es que la viabilidad de las medidas señaladas es poco más que papel mojado si no se cuenta con un apoyo popular importante. La austeridad impuesta por los poderes económicos y los gobiernos está siendo una amarga realidad, en parte porque no se enfrenta a resistencias sociales suficientemente amplias como para cuestionar la salida capitalista de la crisis y lograr movilizaciones populares capaces de detener el “austericidio” y, al mismo tiempo, cambiar el signo político de los parlamentos y gobiernos europeos. Tanto la salida del euro como la transformación de la UE y la dirección que tome ésta, dependerá de la correlación de fuerzas y del poder político real de un movimiento popular masivo favorable a una línea transformadora.

Por eso parece extraño, e incluso bastante ingenuo, creer que se puede invertir el orden de relación: que primero se pueda optar -desde arriba, tecnocráticamente- por una medida supuestamente transformadora como salir del euro y que después vendrán rodadas el resto de las transformaciones, prácticamente por inercia desde este polo contrahegemónico sin el cual, parece imposible defender los avances logrados, como si este proceso en toda su complejidad, no dependiera de la praxis social y política.

En el contexto actual, constatando la facilidad con que las élites hacen recaer todos los ajustes sobre la clase trabajadora, salir o no salir del euro, nos parece un debate secundario en el que no se puede influir realmente si no se logra la fuerza política necesaria y que puede conducir a disipar el debate y la actuación cívica y política lejos de los problemas más acuciantes e inmediatos. ¿Qué caso nos hacen ahora a lo que digamos? No se discute que es importante dotarse de análisis y proyectos de futuro que permitan entender la realidad y proponer como actuar política y socialmente, pero constatamos lo que nos parece una tendencia excesiva a gastar energías en este debate. Mientras discutimos sobre el euro, la especulación, la prima de riesgo, los avariciosos banqueros, las balanzas fiscales, etc., -elementos secundarios a las placas tectónicas del sistema-, perdemos de vista la centralidad del conflicto entre los capitalistas y los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué sirve discutir si saldríamos o no del euro si no se tiene ningún poder político, no ya para tomar tal decisión, o que quienes la toman atiendan a la opinión popular, sino para defender las conquistas sociales y redistribuir los dolorosos efectos del ajuste entre la población más rica?

En definitiva, salir del euro es un tema muy complicado y no está claro que fuera a resolver nuestros problemas fundamentales. Estamos prisioneros de un capitalismo global, absurdo, injusto, irracional, que en esta crisis nos está obligando a rebajar brutalmente nuestro nivel de vida para que los grandes capitales mundiales puedan seguir manteniendo el sistema y ganando mucho dinero. Suponiendo, que ya es mucho suponer, que se saliera del euro, ¿permitirá establecer una sociedad distinta, justa y sostenible, o, en el mejor de los casos, facilitaría algunas medidas de política económica que permitirían una pequeña recuperación temporal de nuestra economía? Parece más probable esta segunda línea de desarrollo. Entonces, ¿no es más interesante y útil, trabajar por reforzar, expandir y ahondar el poder popular que gastar innumerables energías en este debate? ¿No le convendrá al poder tenernos entretenidos en estos temas, en lugar de que nos esforcemos en reforzar nuestra capacidad de transformación actuando desde la base?

Con o sin euro nuestra situación es muy difícil. Es el capitalismo global el que constituye el problema, más que la moneda única. Con o sin euro tenemos problemas graves de una economía débil y depauperada, de un sistema productivo desarbolado totalmente con muy pocas excepciones positivas, la población está exhausta con tanto paro, disminución de salarios, precariedad laboral, pérdida de los derechos sociales, y un muy largo etcétera. Es de temer que salir del euro no facilitará mucho la solución a estos problemas. Aunque ya se ha señalado que es posible que tengan razón quienes propugnan dicha vía, porque también es difícil imaginarse soluciones a los problemas dentro del euro. En cualquier caso, en la actuación inmediata no parece el tema clave, y mucho menos para que constituya el debate crucial entre las fuerzas que deseamos otra sociedad. Se necesita un cambio radical para avanzar hacia una sociedad más satisfactoria. Por esto a plazo medio parece más práctico y eficiente, plantearse la necesidad de salir del capitalismo, de que ese cambio radical necesario y difícil vaya dirigido a transformar el sistema económico en el que vivimos. No es tanto un problema de moneda sino del sistema.

  1. No entraremos aquí a comentar sobre el capital financiero por ser un tema ya conocido y que ha sido ya tratado en otros informes de Taifa -véase Informe 8 La estrategia del capital-. Señalar, también, que la hegemonía del capital financiero no significa que en las raíces de la crisis y en la evolución del capitalismo en la actualidad no se hallen también profundas turbulencias en el ámbito de la producción industrial y de servicios. []
  2. Haremos referencia a estrategias cuando nos refiramos a la actuación de los capitales privados por sí mismos, y a políticas cuando expongamos la actuación de las instituciones públicas, gobiernos e instituciones internacionales como la UE, FMI, OCDE. []
  3. Que se completó con el Instituto Monetario europeo (predecesor del Banco Central Europeo (BCE). []
  4. Hasta el furor del neoliberalismo iniciado en los ochenta, los bancos centrales tenían por objetivo controlar el sistema financiero y ocuparse no sólo de la estabilidad monetaria y el control de la inflación, sino también de los demás objetivos de política económica, como el crecimiento, el empleo o el equilibrio de la balanza de pagos. En Estado Unidos la Reserva Federal todavía mantiene estos objetivos, pero la presión neoliberal condujo a que fueran eliminados de la mayoría de los bancos centrales de muchos países, sobre todo europeos. []
  5. Es decir, ha sobreestimulado el crecimiento en etapas de expansión y ha agravado las situaciones de crisis. []
  6. En el Informe 8 de Taifa La estrategia del capital se presentó un amplio anàlisis de la deuda del Estado español. No obstante, debido a que ésta es un elemento altamente significativo en el mundo financiero de la UE y del Estado, retomaremos brevemente los aspectos más significativos respecto a la misma.
    []
  7. A mediados de los 2000 (2007), el déficit de la balanza de pagos de El Estado español era la que ostentaba el porcentaje más alto del mundo desarrollado (10% PIB), y en términos absolutos, sólo iba por detrás de la de Estados Unidos. []
  8. No obstante, hay que tener en cuenta que este subsidio está financiado por las cotizaciones sociales de todos los trabajadores, durante toda su vida laboral. []
  9. Las cifras más recientes indican un cambio significativo en la composición de la deuda. Desde el 2010, la deuda pública se ha disparado, alcanzando el 96,8% (el 2014), mientras que la deuda privada ha ido disminuyendo, hasta el 208,2% (el 2013). []
  10. Estas regulaciones son diseñadas por los mismos bancos, a través del Banco de Pagos Internacionales (BPI), que es una entidad privada situada en Basilea, que agrupa 58 bancos centrales de los países más importantes, al que se considera el Banco Central de Bancos Centrales. Basilea III tiene un periodo de transición de 2013 a 2019; pero, además, no pone atención en regular los flujos de capitales (transacciones) sino que presta atención a los fondos necesarios (ratio de capital, liquidez). []
  11. De hecho, en 2008, cuando se planteó la necesidad de algunas ayudas para los países miembro, se dijo que la UE aportaba 200.000 millones de euros, pero la Unión únicamente aportó 30.000 millones de euros y los restantes 170.000 eran la suma de lo que aportaron los países miembros. []
  12. Se había planeado que los fondos disponibles del MEDE alcanzaran la cifra de 1.000.000 millones recurriendo a la inversión privada, pero no parece que se logró alcanzar esta cifra. []
  13. Respecto a los 200.000 millones de euros del FMI, éste, carente de capital para estos propósitos, ¡los obtendrá por préstamos a dicha institución de los países miembros de la Unión Europea (para que ayuden a los países en dificultades de la UE). []
  14. Mercados primarios: aquellos en los que el Estado emite deuda directamente; mercados secundarios, aquellos en los que se comercian, mediante la banca privada, deuda y bonos comprados anteriormente. Nótese que este sistema la banca privada puede obtener importantes beneficios y, en cualquier caso, se beneficia de las comisiones por las operaciones realizadas. []
  15. La banca española acaparó un tercio del total – a principios de 2014 había recibido 313.000 millones de euros en préstamos del BCE- y, a finales del 2013 debía un importe superior a los 240.000 millones de euros. []
  16. Habrá que estudiar cómo se identificarán éstos pues no es difícil imaginar depositantes ricos que se aseguraran que estableciendo múltiples depósitos el importe de cada uno de ellos no alcanzará la cifra de 100.000 euros, y quedar así eximidos de responder con sus depósitos. []
  17. Pero el Fondo sólo ascenderá a 14.000 millones en los tres primeros años; menos que la inyección a Bankia en el Estado español (36.000 millones) y que las pérdidas del banco italiano Unicrédito en 2013. []
  18. Fijar esta cantidad muestra que no se trata sólo de salvar los ahorros de las familias y pequeñas empresas que raramente pueden tener ese nivel de depósitos, sino de garantizar los depósitos de personas y grupos de más alto nivel económico. []
  19. Datos de Le difficile acchouchement de l´Unión Bancaire, en, Alternatives Economiques Hors-serie nº. 100, 2º. Trimestre de 2014, P. 43. []
  20. Además, en los primeros ochenta había tenido lugar una fuerte crisis bancaria que había costado más de 1.500 millones de pesetas al erario público para sanear el sistema financiero, y se consideraba que desde entonces este estaba regulado y gozaba de buena salud. []
  21. Salvar el sistema financiero era necesario en aquel momento, lo que sucede es que ello no es lo mismo que “salvar a sus propietarios” -pues hay distintas maneras de salvar al sistema financiero-, sin embargo, esto es lo que han hecho los gobiernos del Estado español desde la crisis. []
  22. El Estado garantiza a quienes tienen depósitos en un banco o caja el mantenimiento de los mismos hasta cierto volumen. Hasta entonces, los depósitos bancarios estaban garantizados hasta los 20.000 euros; el considerable aumento en su volumen sólo puede interpretarse como una garantía a los más ricos de que sus fondos no corrían peligro, porque ¿Cuántas personas que se ganan la vida con su trabajo tienen más de 100.000 euros de depósitos en sus cuentas corrientes? []
  23. Aspecto que en algunas de ellas ha quedado ampliamente documentado después, pero que en otras no había causado tantos problemas. []
  24. Se habló mucho de salvaguardar la obra social, que después de todo no era tan importante, pero incluso esta ha quedado al albur de la voluntad futura de “fundaciones” bastante opacas. Sin embargo, se hizo caso omiso de la importancia de la contribución de la aportación de las Cajas a las economías locales y regionales. []
  25. El resultado de las auditorías “externas” para evaluarlos tampoco es una garantía fiable por la dificultad de valorar unos activos en un mercado, el inmobiliario, que prácticamente no existe. []
  26. El FMI forzó al Banco de España a obligar a los bancos a limitar la distribución de dividendos al 25% de los beneficios en 2013 y 2014. Sin la intervención del FMI esta cláusula se habría quedado en una simple recomendación del Banco de España []
  27. Aunque hay que tener muy en cuenta que la recuperación no llegará cuando se recupere el crédito, sino cuando se haya destruido suficiente capital y se hayan reducido los costes laborales para que las inversiones vuelvan a ser rentables. []
  28. Joaquín Arriola, ¿Salir del euro?, 21/04/2012. []
  29. Para una breve presentación de la crisis de la deuda, Informe 8 La estrategia del capital, de Taifa. Para conocer la propuesta de auditoría y repudio de la deuda, se pueden consultar los trabajos de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda. []
  30. Costas Lapavitsas Crisis en la Eurozona p. 274. Capitán Swing, 2013. []
  31. A veces da la impresión de que se plantea como un punto atractivo para hacer que las poblaciones se movilicen. []
  32. En el Estado español los economistas Pedro Montes, Juan Francisco Martín Seco, Alberto Montero y otros plantean el tema en términos aproximados. []