El impacto de la UE en la industria española

El modelo productivo español ha sufrido una profunda transformación desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. En este proceso hay dos elementos entrelazados que han incidido profundamente: Uno, la consolidación de una nueva fase del capitalismo caracterizada por la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo, y dos, la entrada del Estado español en el proceso de integración económica y política europea a través primero de la Comunidad Económica Europea (CEE), luego de la Unión Europea (UE), y posteriormente la Unión Económica y Monetaria (UEM). Este Capítulo se centra en el papel de estos procesos de integración europea en la evolución del sistema productivo español.

El modelo anterior a la adhesión a la CEE

Aunque el proceso de la plena inserción del Estado español en los circuitos de capital europeo no se inició hasta los años ochenta del siglo pasado, ya desde el inicio de la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE) en el Tratado de Roma de 1957, las élites económicas y políticas, pero también, una parte mayoritaria de la población deseaban “entrar en Europa”. Dentro del imaginario popular, Europa se identificaba con conceptos como “riqueza” “modernidad”, “libertad”, “democracia”, “justicia”, y el estilo de vida europeo con “altos salarios y Estado del Bienestar”. Desde que comenzó la CEE se identificaba “ser europeo” (y por tanto, acceder al “estilo de vida europeo”) con la pertenencia a la misma. Pero había dos grandes barreras para ello. La primera, las diferencias económicas, que no favorecían la integración y, segundo, el carácter dictatorial del régimen franquista que impedía que el país fuese siquiera considerado para ello. Esto no evitó que el “pertenecer a la CEE” se convirtiera en uno de los anhelos de la población española.

El Estado español de los años sesenta era un país considerablemente más pobre y en el que la agricultura tenía un peso mucho más relevante que en el resto de países que en ese momento integraban la CEE. Es a partir de esa década que se inició un proceso de modernización de la economía española que supuso la disminución del peso de la agricultura, una incipiente industrialización y la urbanización del país.

La mecanización del sector agrario expulsó cantidades ingentes de mano de obra, que ya vivía en condiciones muy precarias debido a la desigual distribución de la propiedad de la tierra (latifundios) y al bajo nivel de desarrollo económico. Buena parte de la población rural y agraria emigró a las zonas urbanas e industriales. La disponibilidad de mano de obra favoreció un desarrollo industrial basado en bajos salarios e intensa explotación de la mano de obra, configurando un modelo de industrialización orientado a la demanda interna, en el que las exportaciones eran residuales. El desarrollo industrial en los ámbitos de la industria pesada (carbón y acero) y energía fue promovido por el Estado (a través del INI- Instituto Nacional de Industria). A finales de los 60 y principios de los 70 empezó a desarrollarse la industria automovilística y otros bienes de consumo duraderos (electrodomésticos, etc.) y sectores de industria ligera (textil, artes gráficas, calzado, etc.). Este proceso de industrialización no fue “equilibrado” ni sectorial ni territorialmente. Además, la industrialización estuvo caracterizada por un marcado dualismo en cuanto al tamaño de las empresas (grandes empresas de capital foráneo o públicas, y pequeñas y medianas empresas de capital nacional), con una dependencia exterior considerable en suministros energéticos y tecnología y un empresariado muy vinculado a un poder político que favorecía con subvenciones, regulaciones y prebendas a los afines al régimen franquista. Precisamente, comenzó también a ser significativa la entrada de capital extranjero en inversiones directas. El resultado de todo ello fue un modelo industrial “frágil” que no fue capaz de arraigarse ni consolidarse plenamente. Sin embargo, las grandes fortunas de la época no se forjaron en los sectores industriales sino en otros sectores de actividad. La urbanización y el desarrollo del turismo de los años sesenta y setenta favorecieron el desarrollo de la construcción, un sector donde aún eran más frecuentes corruptelas entre el capital y el poder político. El sector servicios también creció de forma significativa, especialmente el turismo pero también actividades comerciales (principalmente vinculadas a bienes de consumo) y las actividades financieras.

Estos avances inestables en la modernización del Estado español permitieron que en 1970 el Estado español logrará firmar un acuerdo preferencial con la CEE, que fue bastante ventajoso para la economía española, puesto que le permitía acceder a los mercados europeos mientras que mantenía un elevado nivel de protección sobre el mercado interior. Las exportaciones aumentaron significativamente, de manera que los déficits comerciales, que siempre han sido el cuello de botella de la economía española, se redujeron significativamente.

A nivel político, el discurso “europeo” se utilizó para justificar el acentuado proceso de reconversión industrial de finales de los setenta y principios de los ochenta. El desmantelamiento de algunos sectores que habían sido la punta de lanza del desarrollo industrial de los años sesenta, como la minería, la siderurgia o la construcción naval, se argumentó en términos de “mejorar” la competitividad de la economía española, prepararla y “adaptarla” a las exigencias del mercado europeo. Entre 1975 y 1985 con la reconversión industrial se destruyeron casi un millón de empleos que se justificaron por la voluntad de “prepararse para entrar en la CEE o Mercado Común”.

La integración en el Mercado Común

Tras la muerte de Franco y una vez aprobada una Constitución con un sistema parlamentario que convertía al Estado español formalmente en un país democrático, en 1986 se logró la integración en el MC1, firmando el Acuerdo de Adhesión. Acuerdo por el que se aceptaron todas las condiciones que el MC se avino a imponernos. En el sector agrícola, los intereses de los países europeos del Norte se vieron ampliamente salvaguardados. Así, a modo de ejemplo, para la liberalización completa del comercio de frutas, verduras y aceite de oliva (productos en los que el Estado español era competitivo), se estableció un período transitorio de ¡10 años! Sin embargo, hay que señalar que las ayudas que pasó a recibir la agricultura española (PAC) compensaban, en algunos sectores, este trato desigual.

El gran perjudicado por el proceso de adhesión fue el sector industrial. La eliminación de trabas a las importaciones, que era un requisito ineludible de la integración, en un período relativamente corto de tiempo, implicaba exponer a la atrasada, ineficiente y frágil industria española a la competencia de la dinámica y fuerte industria europea (con Alemania y Francia a la cabeza). El resultado de este desigual choque de trenes fue pasar de un superávit comercial (en términos reales) del 1,4% del PIB en 1985 a un déficit del 11,2% PIB en 1989, debido al crecimiento exponencial de las importaciones. Obviamente, esto supuso el cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas, que no fueron capaces de competir con los productos europeos de mayor calidad, y la consiguiente destrucción de empleo. El déficit comercial y las elevadas tasas de desempleo pasaron a convertirse en elementos estructurales de la economía española y, si bien, no podemos “culpar” únicamente a la CEE de ello, tampoco hay que obviar que la integración en la CEE desde una posición claramente periférica ha tenido repercusiones negativas significativas sobre estas variables.

En estas circunstancias, con un sector productivo mermado por la competencia europea, se produjo el desembarco del capital europeo (y, también, americano) en el Estado español. La integración conllevó un aumento espectacular de la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país. Pero la mayor parte de esta IED no consistía en creación de nuevas empresas sino en comprar (muchas a veces a precios de “saldo”) empresas españolas para apropiarse de sus canales de comercialización en el mercado interno, o bien, aprovechar los bajos costes de la mano de obra para utilizarlas como plataformas de exportación al mercado europeo (por ejemplo, en el sector del automóvil). Los sectores financiero e inmobiliario también se vieron afectados por esta ola de IED, aunque el capital nacional continuaba siendo mayoritario en estos sectores.

Un aspecto que conviene señalar es que el proceso de integración europeo ha conllevado la consiguiente pérdida de instrumentos de política económica a medida que dicho proceso de integración avanzaba. La entrada en la CEE supuso adaptarse a algunas regulaciones económicas, especialmente en lo referente a política comercial y eliminar instrumentos básicos de política industrial como aranceles o cuotas. No obstante, la política comercial continuaba disponiendo del recurso a la devaluación para subsanar problemas en la balanza comercial. Este recurso, sin embargo, se vio mermado por la adhesión de la peseta al mecanismo de cambio del Sistema Monetario Europeo en 1989. El SME, que vendría a ser la antesala del euro, suponía un compromiso de mantenimiento de tipos de cambio fijos, si bien, el caso del Estado español, se permitía un margen de fluctuación (+/- 6%)2.

En 1986, el Acta Única supuso un nuevo paso liberalizador en el proceso de integración (mercado único con libre movimiento de mercancías, capitales y personas) y en el de armonización de las políticas económicas de los países miembros. Ambos aspectos contribuyeron a acentuar las debilidades del modelo productivo español. La política industrial, ya muy escasa en el período anterior, prácticamente se abandonó, mermada por la ideología neoliberal incorporada en las limitaciones que imponían las directivas europeas. Las dificultades para competir en el entorno europeo y global fueron menguando la producción industrial española. Además, se hacía sentir ya la competencia en el entorno global de países con bajos salarios (Sudeste asiático, China, norte de África) que castigó fuertemente a los sectores tradicionales (textil, calzado, etc.), de los que prácticamente sólo el sector alimentario mantuvo el envite. En cambio, sectores intermedios con elevada presencia de capital extranjero, entre los que destaca el sector de la automoción y la química, aumentaron su producción y sus exportaciones. Sin embargo, esto no fue suficiente para frenar el crecimiento del déficit comercial español o para revertir el modelo productivo, que continuaba basándose en los bajos costes salariales, niveles tecnológicos medio-bajos y mano de obra poco cualificada. Esta circunstancia hacía complicado orientar el modelo productivo hacia sectores de más valor añadido (más aún ante la inexistencia de política industrial). Los sectores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tuvieron poco desarrollo en el Estado español y se hicieron patentes las dificultades para incorporar la nueva revolución tecnológica en el tejido productivo. La falta de competitividad del sector industrial redirigía el capital hacía sectores no sometidos a la competencia externa, principalmente al sector inmobiliario, o bien a inversiones especulativas.

Coincidiendo con una nueva recesión del capitalismo europeo, tras los fastos de Barcelona, Madrid y Sevilla de 1992, a partir de 1993 el Estado español estaba de nuevo inmerso en una fuerte recesión: 300.000 empresas cerradas, una tasa de desempleo cercana al 25%, y serias dificultades para frenar el crecimiento del déficit comercial español, que sólo remitió gracias a la “salida” de la política monetaria española de la disciplina del SME debido a cuatro devaluaciones consecutivas de la peseta por un total del 25% entre 1992 y 1995.

Otro elemento a reseñar en este período es la privatización del sector público empresarial. En total aceptación de los preceptos neoliberales, entre finales de los 80 y finales de los 90, se llevó a cabo el proceso de privatización de empresas públicas. Las “joyas de la corona” fueron vendidas al poder económico nacional (muy vinculado al poder político) y al capital extranjero (las privatizaciones supusieron una nueva “ola” de IED en nuestro país). Algunas de estas grandes empresas- Telefónica, Endesa, Repsol, etc.- se hallaban en situación de oligopolio o prácticamente monopolio en el mercado nacional, lo que se ha traducido en ingentes beneficios para los nuevos propietarios. Aunque en estas nuevas empresas privatizadas había un porcentaje significativo de capital extranjero, los accionistas mayoritarios siguen siendo capitales españoles vinculados al capital financiero (Banco de Santander, la Caixa, BBVA, etc.), de manera que una pequeña élite económica ha pasado a controlar el sector financiero y las ramas más dinámicas del sector energético y de servicios. Por otra parte, otras empresas públicas más vinculadas al sector industrial-manufacturero, como SEAT, fueron vendidas a capitales extranjeros a finales de los 80. El resto (INDRA, Iberia, etc.) acabarían siendo privatizadas a finales de los 90.

La etapa del euro

3

Consolidada el Acta Única (1986) y la libertad de movimiento de los capitales que ella introdujo (1990), el siguiente objetivo, de la que desde entonces se pasó a denominar la Unión Europea (UE) en 1993, fue el establecimiento no tan solo de una mayor integración económica sino también monetaria, lo que llevaría a la creación de la eurozona con los sistemas monetarios de un grupo de países europeos que dejaron de ser independientes y la instauración del Euro como moneda única en 1999. La entrada de la moneda única estaba diseñada para integrar monetariamente los países más ricos de la UE.

El camino hacia la mayor integración económica y monetaria fue pautado en el Tratado de Maastricht (1992). Este tratado puso de manifiesto la voluntad de avanzar en el proceso de integración económica estableciendo los estrictos criterios de convergencia que deberían cumplir los países que integraran la zona euro. Además, la pertenencia a la moneda única suponía para los países miembros prescindir de los principales instrumentos de política económica: la política monetaria quedaba en manos del Banco Central Europeo (BCE), la política fiscal se supeditaba al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la política cambiaria desaparecía al eliminar las monedas de los estados.

El fracaso del Sistema Monetario Europeo (SME) y la debilidad patente del sistema de producción español, no hizo desfallecer a la clase política, la élite económica y la mayor parte de la academia, en el empeño de convertir al Estado español en uno de los países que se incorporarían al euro en una primera fase, de formar parte del primer grupo de la eurozona. La población, ahora con menos percepción de lo que euro suponía, fue arrastrada por una insistente publicidad a aceptarlo. Se logró que pertenecer a la moneda única y adoptar el euro se convirtiera en un objetivo prioritario, aceptando los sacrificios o las concesiones que tuvieran que hacerse. Tal como ocurrió con el proceso de adhesión, la pertenencia a la zona euro prácticamente no se cuestionó ni desde el ámbito político ni desde la ciudadanía, que ahora fue inducida a ver en el euro un paso ineludible para poder alcanzar el tan deseado “estilo de vida europeo”.

En esta etapa se acentuó el proceso de desindustrialización que se había iniciado con la integración y se exacerbaron los desequilibrios económicos.

El deterioro de la competitividad del modelo productivo español se ha debido a varios factores. Por una parte, en las décadas de los setenta y ochenta, los países del sureste asiático comenzaron a suponer una competencia significativa para algunos productos manufacturados europeos; más adelante, los procesos políticos y económicos de globalización han supuesto la consolidación de países como China, la India y el resto del sureste asiático como el centro manufacturero global, mucho más competitivos en la gran mayoría de sectores manufactureros que la industria europea. Este proceso se ha visto reforzado por un gran número de relocalizaciones e inversiones industriales por parte del capital europeo (y norte-americano).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la integración económica en la UE asocia países y empresas con sistemas productivos y niveles de competitividad muy variados. La caída del muro de Berlín en 1989 y la re-integración de los países del Este de Europa en el capitalismo produjeron cambios importantes en la configuración de estas relaciones productivas y comerciales entre los diversos ámbitos de la UE. Las ventajas anteriores de los países de la periferia de bajos costes laborales, permisividad legal, tecnología de segundo orden, y productos de bajo valor añadido, perdieron ventaja competitiva frente a los países del Este, a donde fueron dirigidos importantes flujos de inversión y recolocación industrial.

Esta evolución tuvo como claros perdedores a los países periféricos integrados en la eurozona. La economía española, como Portugal e Italia perdieron peso en las ventajas relativas para el comercio y en la atracción de las inversiones extranjeras directas, especialmente respecto a Asia y el Este de Europa. La competencia no sólo se centraba en los sectores más tradicionales, sino también en sectores de tecnología intermedia en los que el Estado español estaba bien posicionad (como el automóvil). Este es un factor clave en el proceso de desindustrialización y degradación de las cuentas externas del Estado español

Mientras la especialización productiva basada en productos de bajo valor añadido se encontraba con crecientes dificultades en los países de la periferia Sur, los países centrales de la UE, como Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos, experimentaban un proceso inverso: su especialización industrial en altas tecnologías, su privilegiada situación en el espacio europeo, y su política económica de austeridad les conducía a ser altamente competitivos.

Siendo, sin embargo, los países periféricos los que han proporcionado la demanda que necesitaban y han beneficiado a las economías altamente productivas de los países centrales. El efecto de la demanda de países como el Estado español en las exportaciones de Alemania no puede ignorarse. La demanda creciente de los países periféricos (Estado español, Grecia, Portugal) estimulada a base de crédito ha supuesto una importante salida para las producciones de los países centrales. En resumen, la función de la periferia Sur de la UE en el sistema productivo europeo se ha invertido. Si hasta mediados de los años noventa, estos países eran proveedores de bienes intensivos en mano de obra (barata) y bajo valor añadido, es decir una industria precaria, con la integración económica y monetaria se han convertido en la fuente de una abundante demanda para las industrias de los países centrales de la UE, que, mucho más competitivos, han llegado a suponer una fuerte competencia para las industrias de los propios países periféricos.

¿Cómo se podía financiar esta demanda? La pertenencia al euro permitía ser mucho más permisivos respecto al déficit exterior, por un lado, y, por el otro, porque los países centrales, que disfrutaban de fuertes excedentes en sus cuentas exteriores, prestaban dinero a los importadores de los países periféricos y a sus instituciones financieras para que comprasen sus productos y concediesen préstamos al sector inmobiliario; cerrando así un círculo de producción y finanzas aparentemente casi perfecto.

El resultado de estas distintas dinámicas en la UE ha sido un desequilibrio comercial y una creciente divergencia en competitividad entre el centro y la periferia. Aunque es cierto que antes de la crisis, en la primera década del siglo XXI, los niveles de renta per cápita habían iniciado una ligera aproximación entre los países de la eurozona69, sin embargo, las diferencias en competitividad y en los sistemas productivos habían aumentado, resultando en profundos desequilibrios en la eurozona.

Una característica de las economías de la eurozona en la actualidad es la confluencia de países con continuos déficits en las cuentas comerciales externas, geográficamente situadas en la periferia, con excedentes en los países centrales, especialmente en Alemania. Los déficits de unos países están relacionados con los excedentes de otros, como puede observarse en los gráficos 4 y 5, situación que ha resultado en divergencias estructurales entre ambos grupos de países.

En estos gráficos puede observarse que los déficits se consolidaron y aumentaron fuertemente con la Unión Monetaria y las facilidades que ésta proporcionó en las demandas periféricas. Y como las etapas de aumento de los superávits comerciales de Alemania y Holanda coinciden con etapas de crecimiento de los déficits comerciales de la periferia europea.

La diferencia con las crisis anteriores es que en ésta fallaron “los frenos” y que no ha habido “cuidados paliativos” suficientes (las políticas) para la “accidentada” economía española. En las crisis anteriores, los déficits comerciales elevados no podían mantenerse de manera permanente porque aparecían problemas para financiarlos y podía ser necesaria la devaluación4. Al eliminarse la posibilidad de devaluación con el euro, los déficits pudieron sufragarse con entradas de capital extranjero. Pero estas entradas de capital ya no eran en forma de capital productivo (IED) dado el poco atractivo que ofrecía el modelo productivo español y particularmente los sectores industriales, sino en forma de capital especulativo (Inversión en cartera) y créditos (que se dirigían un sector financiero español “eufórico” frente al dinamismo de la construcción y del mercado hipotecario). Por tanto, los desequilibrios de la economía española pudieron acrecentarse hasta límites desconocidos.

Al mismo tiempo, el escaso dinamismo industrial desplazó un capital ávido de beneficios hacía la construcción donde los beneficios eran cuantiosos con el consiguiente desarrollo de la burbuja inmobiliaria. Por otra parte, la especulación financiera vinculada al proceso de financiarización característico del capitalismo actual también jugará su papel en el desarrollo de la crisis en el Estado español.

El estallido de la crisis aceleró de forma dramática el proceso de destrucción de tejido industrial y socavó la remota posibilidad de transformación de modelo. En la crisis, las tradicionales políticas para reactivar la economía ya no eran posibles con la pertenencia a la zona euro. La UE impuso el criterio de la austeridad y la consiguiente imposibilidad de instrumentar políticas fiscales expansivas. La política de tipos de interés bajos del BCE fue menos ambiciosa que la de la Reserva Federal y claramente inoperante para restablecer el crédito a las empresas y familias. Finalmente, la devaluación que había sido la palanca utilizada para reactivar la economía en todas las crisis anteriores ahora no era posible. Ante la imposibilidad de la devaluación externa, el resultado está siendo una devaluación interna (reducción de salarios y aumento del desempleo) y una caída de la producción industrial inaudita en crisis anteriores.

La producción industrial en el Estado español, tomando como nivel de referencia el que tenía antes del estallido de la crisis, ha caído a niveles aterradores. El Índice de Producción Industrial (IPI) sin energía ha pasado de 106,2 (Base2005=100) en 2007 a 74,6 en el primer trimestre del 2013. Para encontrar un nivel similar, nos tenemos que remontar al primer semestre de 1994, cuando el IPI (Base2005=100) era de 76.9, ¡19 años! (ver gráfico 6). Ello significa una caída de casi 32 puntos en poco más de cinco años. Las producciones de bienes de consumo duradero y de bienes intermedios son los que presentan unas mayores caídas. Estos datos parecen indicar que en el Estado español prácticamente nos hemos quedado sin producción de línea blanca y de electrodomésticos (bienes de consumo duraderos) y que la industria está prácticamente parada, pues la producción de bienes intermedios se ha reducido prácticamente a la mitad. Sin duda el debilitamiento de los ingresos de la población que supone la crisis explica buena parte de esta caída en la producción de bienes de consumo. Por otra parte, los sectores más tecnológicos, que ya venían reduciendo su participación en el Valor Añadido Bruto (VAB) industrial desde la entrada en el euro, también se han visto golpeados por la situación de crisis.

Esta caída de la producción, se traduce en una infrautilización de la capacidad instalada que, con el desuso y la obsolescencia, se acaba traduciendo en una fuerte destrucción de tejido productivo industrial. Ya hay datos que lo indican. Si se mide cuánto significaba el valor añadido de la producción industrial en el PIB antes de la crisis y se compara con la situación actual, se observa que el porcentaje del VAB industrial sobre el PIB ha disminuido casi un 15%. A modo de comparación, piénsese que entre 1989 y 1993, un periodo de un lustro como el que ahora estamos comentando para el Estado español, la caída del peso del sector industrial en el PIB en los Países de Este en los años posteriores al colapso de la URSS fue similar.

La etapa del euro Y ahora, ¿qué....?

Tal como hemos visto, el modelo productivo español, tanto ahora como en los años 60, se fundamenta en los sectores de menor valor añadido, basados en una explotación intensiva de los recursos naturales, ambientales y humanos. El discurso dominante continúa insistiendo en la transformación del modelo productivo para salir de la crisis, con grandes apelaciones a la I+D, formación, innovación, capacidad emprendedora, etc. Sin embargo, ¿Qué hay detrás de estas grandes palabras? ¿Es esto factible? ¿Es suficiente? Parece difícil construir un nuevo modelo productivo en el contexto actual, con recortes en los gastos de I+D y en educación, sin recursos (ni posibilidades) para desarrollar una verdadera política industrial, sin instrumentos de política económica y con la presión competitiva que supone estar dentro de la zona euro.

Se esperaba que la integración en la UE (y en el euro) ayudaría a una transformación del modelo productivo orientándolo hacía sectores con más valor añadido (más tecnológicos, de mayor productividad, con mano de obra cualificada y, por tanto, con mayores salarios). Sin embargo, la pertenencia a la UE no parece haberlo logrado. Es más, todo indica que la pertenencia al euro y a la UE ha reforzado el modelo productivo de bajo perfil. Durante todo este período hemos asistido a un proceso de desindustrialización que, si bien también se ha producido en el resto de países europeos, se ha producido de manera más acusada en el Estado español (y parece que la actual crisis está agudizando este proceso).

En el momento actual, las esperanzas de recuperación económica se centran en el sector turismo y en las exportaciones. Se insiste en el “buen” comportamiento del sector exterior como elemento esperanzador para la salida de la crisis. Sin embargo se omite que esta reducción del déficit comercial se ha debido principalmente a la caída de las importaciones. Las exportaciones han aumentado ante la dramática caída de la demanda interna pero la mejora de competitividad se ha fundamentado en la famosa “devaluación interna”: un mayor grado de explotación laboral (el número de horas trabajadas por trabajador y la precariedad laboral están aumentando) y reducción de costes salariales. Los últimos datos, incluso apuntan a una ralentización en el crecimiento de las exportaciones y un repunte de las importaciones. No parece pues que la estrategia de recuperación económica basada en la exportación pueda mantenerse. Parece que sólo nos queda el turismo (y, una leve mejoría en los sectores primarios) para fundamentar el proceso de recuperación.

Sin lugar a dudas, el sistema productivo español, conjuntamente con los otros países rescatados, está sometido a una caótica restructuración (no parece existir una pauta sólida y viable de hacia donde se puede o quiere caminar) y, a la vez, está soportando el peso de la crisis del espacio europeo del capital y su integración monetaria dentro de una crisis global de sobreacumulación.

En este contexto, las alternativas para salir de la crisis que están dominando el debate son:

  • Por un lado, hay quien propone corregir los desequilibrios en las balanzas comerciales mediante políticas de estímulo de la demanda de los países con superávit comercial (los países centrales de Europa), tales como el fin de la moderación salarial y la relajación de los compromisos de estabilidad de precios en dichos países, ya que éstas demandas tirarían de las exportaciones de los países más débiles y permitirían su recuperación. Sin embargo, estas políticas económicas de realizarse, no parece que puedan tener la fuerza suficiente para solucionar los problemas estructurales de la industria española y europea. Curiosamente, el estímulo a la demanda interna de los propios países endeudados, que podría ser una línea adecuada para que aumentase la actividad económica, ni se contempla; debido a la deuda y también, por la oposición frontal de los países europeos más importantes, la propia UE e incluso los gobiernos de los propios países periféricos.
  • Por otra parte, aunque la UE no ha tenido hasta ahora una política industrial, parece que con la Agenda 2020 se incorpora como una de sus líneas estratégicas “Una política industrial para la mundialización”, si se analiza su contenido, podemos ver que esta política industrial se basa principalmente:
  • Profundización de un mercado único (cambios en regulación y desregulación, estandarizaciones, redefinición de los derechos de propiedad intelectual, liberalización comercial y seguridad en abastecimiento de recursos).
  • Restructuración industrial: que incluye medidas para reducir los excesos de capacidad productiva y otras medidas (en I+D, innovación y apuesta por sectores como el biofarmacéutico, espacial, etc.) que apuntan hacia una mayor concentración de capital.
  • Énfasis en la seguridad energética y la reducción de emisiones de carbono, parcialmente basadas en cambios regulativos y mecanismos de mercado.
  • Mejora de las infraestructuras y financiación de las PYMEs que contrasta con la contención del gasto comunitario en los próximos años y la imposición de austeridad a sus países miembros.

En otras palabras, la política industrial propuesta parece (1) profundizar la integración de mercado y monetaria que nos ha llevado a esta división entre economías centrales y periféricas, (2) promover procesos de concentración de capital (que seguramente reforzaran el desarrollo desigual entre países), y (3) un conjunto de buenas intenciones limitadas por la falta de recursos financieros que les den credibilidad.

Todo ello, teniendo en cuenta, además, que las severas propias normas de la competencia de la UE impiden incluso que los sistemas públicos de los estados ayuden a su propio desarrollo industrial. No son escasos los ejemplos en que los estados han sido obligados a retirar las ayudas proporcionadas en este sentido.5 También se les ha exigido a los estados la liberalización total de las actividades industriales y, sobre todo comerciales. Asimismo, las medidas de política económica de austeridad que la Unión exige para cumplir con sus condiciones están llevando a la liquidación de una gran parte del sistema productivo del Estado, especialmente de la pequeña industria. Por tanto, la pertenencia al euro y a la UE no ha supuesto mejora alguna para la industria de los países periféricos. La salida del euro y/o de la UE no supondría una pérdida para la política industrial, sino una mayor libertad de los Estados para realizar su política industrial, suponiendo que éstos quisieran llevarla a cabo6. Pero en el caso que quisieran llevarla a cabo entonces se encontrarían con la falta de empresas que llevaran adelante esa política industrial, porque como se ha mencionado anteriormente en el caso de el Estado español los procesos de desindustrialización han arrasado muchas de esas capacidades empresariales y un tejido industrial es mucho más fácil liquidarlo que intentar reconstruirlo.

Otra línea de salida de la crisis que se debate con ardor es el de la salida del euro. Aunque en el mundo oficial, en el de los negocios e incluso en la mayoría de la opinión pública la salida de la crisis sólo se contempla dentro del status quo actual, es decir, dentro del esquema de integración europea, sectores minoritarios de carácter crítico se atreven a poner en cuestión la pertenencia a la UE y todavía más al euro. Aunque parece que la sociedad española sigue dispuesta a asumir todos los sacrificios necesarios para mantener su “ideal europeo”, no debe eludirse la pregunta: salirse del euro y/o de la UE, ¿qué podría suponer para el sistema productivo español? Se ha tratado este tema en detalle en el capítulo 3 “La financiarización de la UE y su impacto en los países europeos”, aquí solo completaremos aquel apartado refiriéndonos al impacto directo que la salida del euro podría tener en el sistema productivo del Estado español.

Ya se ha señalado anteriormente que la mayor ventaja directa de un abandono del euro sería la posibilidad de devaluación, pero también se han comentado las limitaciones de la misma para resolver los problemas del sistema productivo (la devaluación no asegura más ventas, aumento del precio de las importaciones, las dificultades de cómo pagar una deuda en euros o la necesidad de repudiar la deuda, el problema de agravamiento de las tensiones especulativas en los mercados de divisas, el tsunami económico-político que la salida supondría, etc. etc.).

Parece algo simplificador que la transformación de la moneda o de les instituciones comunitarias puedan revolucionar las relaciones de producción, distribución y consumo. “¿Es posible revolucionar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución que les corresponden mediante una transformación del instrumento de circulación?” se preguntaba Marx7. La cuestión principal no se sitúa en la necesidad de crear una nueva moneda o un nuevo diseño institucional europeo, sino en crear nuevas condiciones productivas y comerciales. Especialmente en países con estructuras productivas muy débiles y que sólo han “disfrutado” de momentos de bonanza económica a base de la creación de capital ficticio. No se trata de negar la importancia de la moneda y el dinero, que siempre serán instrumentos importantes en la transformación, pero no es útil perder la conexión interna que existe entre ellos y el sistema de producción.

El problema central de la crisis es que la caída del sector financiero español es una consecuencia del hundimiento del sistema productivo (y no su causa, tal como se proclama desde los medios oficiales). Esta continua sangría de destrucción de capital industrial está empeorando los balances de los bancos a través del aumento de la morosidad, tanto del “ladrillo” como de los créditos al consumo, las hipotecas o las líneas de crédito de las empresas. Ni la salida del euro, ni su continuidad y reforma son garantía, por sí mismas, ni de una recuperación más rápida, ni de una vía alternativa transformadora.

Probablemente la cuestión más relevante no es tanto salir o no del euro, sino: ¿es suficiente con la transformación del modelo productivo para asegurar el bienestar de la mayor parte de la población española? Parece que no, incluso un modelo productivo “sólido y muy eficiente” como el alemán no es suficiente para lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida para la mayor parte de sus ciudadanos. Como ya se ha señalado, el problema de fondo no son las posibilidades y limitaciones que permiten unas u otras instituciones, sino el modelo económico capitalista en el que estamos insertados.

  1. Portugal, que había experimentado un proceso similar también se integró en la misma fecha. []
  2. En las últimas etapas del SME, cuando se percibía ya su fracaso, el margen de fluctuación permitido para todos los países pasó a +/- 15%, lo que suponía hacer prácticamente inoperante al mismo. []
  3. Véase también el Capítulo 3. []
  4. Si una moneda tiene un fuerte déficit exterior se devalúa, pero al pertenecer al euro, un espacio de moneda fuerte, los déficits comerciales de las periferias podían mantenerse más tiempo sin devaluación. Los gobiernos y los asesores económicos de los países con déficit hubieran debido percibir que tales déficits eran insostenibles, pero no lo hicieron. []
  5. Por ejemplo, los astilleros españoles tienen que devolver 3000 millones por los incentivos fiscales cobrados desde 2005 para construir buques. []
  6. Si la política de los Estados es neoliberal, serían éstos los que no desearían realizar una política industrial. Recuérdese al Ministro Solchaga en los años ochenta, afirmando “que la mejor política industrial es la que no existe”. []
  7. Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Siglo XXI, 2007. Citado en Enrique Dussel, La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse, p.71, Siglo XXI, 1985 []