El efecto de la crisis en el mercado de trabajo

INTRODUCCIÓN: EL PODER EN LA RELACIÓN SALARIAL. LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y EL TRABAJO

El mercado de trabajo asalariado es un ámbito clave del sistema capitalista ya que en él los propietarios de los recursos productivos y financieros movilizan la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar ofrece su única mercancía disponible: la mano de obra. A pesar de que para denominar este ámbito se emplee de forma corriente el concepto “mercado”, que hace referencia a un intercambio entre partes que se suelen considerar libres e iguales, el mercado laboral en realidad hace referencia a una relación social central de un modelo de sociedad marcado por la desigualdad, la explotación y el dominio. Una de sus características más destacables es que las empresas y entidades financieras, por ejercer la propiedad privada de los recursos financieros y productivos, son las que deciden y controlan el número de empleos asalariados que necesitan, dejando desempleados a todos aquellos trabajadores que no les hagan falta a las empresas. La acumulación capitalista requiere la movilización de grandes cantidades de mano de obra, y a la vez impulsa cambios en la organización técnica de la producción que determinan las formas de trabajo. Además, el capitalismo, impulsado por el fuerte desarrollo de las fuerzas productivas, se caracteriza por sus recurrentes crisis. Por tanto, el trabajo está sometido a los vaivenes de las necesidades de acumulación: los períodos de plena ocupación se encadenan con etapas de fuerte paro, y cambian substancialmente los tipos de relaciones laborales así como las actividades y características que prosperan o quedan obsoletas.

En el Informe TAIFA No31 se expuso cómo el mundo del trabajo en la etapa de crecimiento económico precedente a la crisis actual había experimentado un giro neoliberal que adecuó las relaciones laborales a las necesidades de la “acumulación flexible”. Los tiempos de trabajo y el volumen de las plantillas se ajustaron cada vez más a las variaciones de la producción. Se estimuló el empleo mediante políticas de activación dentro del marco del ‘workfare’2, pero orientando las formas de trabajo hacia el empleo temporal, formas irregulares de trabajo (“autónomos”), trabajadores sin contrato, trabajo a tiempo parcial, etc. Lo que, condujo a un incremento de la precariedad, y al retroceso en los salarios reales de los trabajadores. En el estado español, el resultado fueron unas tasas de empleo al alza (la tasa de ocupación se elevó del 41% al 54% entre 1997 y 2007) pero con una creciente precariedad, (entre el 50-60% de toda la mano de obra empleada trabajaba en precario3). Existían permanentemente alrededor de dos millones de parados, hecho que demuestra cómo la base productiva de la economía española no se desarrolló tanto como hubiera sido de esperar por el elevado ritmo de crecimiento de los beneficios empresariales (entre otras razones, porque en gran parte fueron absorbidos por la esfera financiera).

A pesar de esta dinámica en el mercado laboral, el modelo se vino abajo cuando, con la crisis, se disparó el desempleo, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad y fragilidad intrínsecas de un modelo laboral tan precario.

RECUADRO 1: PRECARIEDAD EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL

Hay casi 19 millones de trabajadores.

Alrededor de 3,9 millones tienen un contrato temporal. Son una cuarta parte de los asalariados, menos en número que antes de la crisis (que eran una tercera parte) debido a que se han destruido muchos más empleos temporales. El 90,6% de los nuevos contratos son temporales, mayoritariamente de las modalidades obra y servicio y eventuales por circunstancias de la producción. Es bien conocida la generalización del uso fraudulento de estas modalidades de contratación. Y la mitad de los contratos indefinidos que se hacen son modalidades que cuentan con bonificaciones para el empresario y tienen un coste del despido menor que el contrato indefinido ordinario.

Hay más de tres millones de autónomos, fórmula ampliamente utilizada para puestos de trabajo precarios.

Hay más de un millón de ocupados a tiempo parcial involuntariamente porque no encuentran un trabajo a tiempo completo.

Más de dos millones de trabajadores están subempleados, en referencia al nivel formativo alcanzado por ellos y el que ejercen en su trabajo.

Se estima entre 12 y 15 millones de trabajadores trabajan en la economía sumergida.

I. LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Se hunde el empleo…

Las estadísticas que miden el empleo ponen de manifiesto la intensidad con la que la economía española en crisis ha destruido puestos de trabajo. Por una parte, se observa una drástica caída de la contratación: el 2008 se hicieron dos millones de contratos nuevos menos que el año anterior, y el 2009 2,6 millones menos. La caída de la contratación temporal ha sido el principal desencadenante (1,7 y 2 millones respectivamente) pero el descenso de la contratación indefinida, a pesar de ser menos numeroso, ya que se hacen muchos menos contratos indefinidos –sólo el 9,6% del total-, ha sido más intenso. Si bien la crisis empezó golpeando el sector de la construcción, en el que los contratos temporales eran mayoritarios, la generalización de ésta a sectores con mayor estabilidad en los contratos (sobretodo, industria) ha perjudicado también a los trabajadores con contratos indefinidos.

Por otra parte, los datos sobre el número de puestos de trabajo destruidos son escandalosos. Y no hay que olvidar que no se ‘destruyen’ solos, sino que el personal es despedido. ‘En España se despide demasiado, con mucha facilidad y sin necesidad que exista causa alguna para la rescisión de la relación laboral.’4. La EPA5 indica una pérdida de 1,2 millones de empleos (-6,1%) el 2009. Fue el segundo estado de la Unión Europea que más empleo destruyó (sólo Letonia está por encima). Los empleos perdidos corresponden mayoritariamente a asalariados del sector privado, en el que se han perdido 851.700 empleos, aunque es notable la intensidad con que se destruyen los trabajos de empresarios sin asalariados y autónomos (-217.100, -10,3%). Han cerrado 300.000 PYMEs6. A su vez, la Seguridad Social ha perdido más de un millón de afiliados. De media, en el 2009 se han dado de baja de la Seguridad Social casi 3.000 afiliados al día en todos los regímenes, y 450 de ellos eran autónomos.

Cuadro 1: Pérdida de empleos. Número de empleos perdidos y tasa de variación.

Year Nuevos contratos Ocupados EPA Afiliados SS
2007-2008 -2.030.002 (-10,9%) -98.400 (-0,5%) -146.700 (-0,8%)
2008-2009 -2.579.400 (-15,5%) -1.210.900 (-6,1%) -1.088.800 (-5,7%)
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de Estadísticas Laborales (Movimiento Laboral Registrado y Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social) e INE (EPA).

Los autónomos. Hay más de 3 millones de trabajadores en esta categoría, sobre todo en el sector de la construcción. Y de ellos unos 300.000 ‘autónomos económicamente dependientes’, que son aquellos cuyos ingresos dependen en un 75% de un solo contratante7. Esta figura constituye una forma de trabajo que se había expandido fuertemente en la etapa anterior, sustituyendo en muchas ocasiones los contratos laborales en las empresas con la finalidad de exteriorizar los riesgos de las empresas y hacerlos recaer en este tipo de trabajadores, haciendo, además, que se pierdan una serie de sus derechos como trabajadores asalariados (indemnizaciones, derecho al subsidio de paro, vacaciones, etc.). En 2009, una de cada tres personas que perdieron su trabajo era autónomo, hecho que evidencia cómo, en el modelo de acumulación flexible que se ha potenciado desde los años 90, la crisis impacta más fuertemente sobre los elementos más vulnerables de la cadena productiva.

Afiliación a la Seguridad Social. Esta destrucción de empleo tuvo su impacto en la Seguridad Social, que ha perdido más de un millón de afiliados. En el 2009, de media se han dado de baja de la Seguridad Social casi 3.000 afiliados al día en todos los regímenes, y 450 de ellos eran autónomos.

Mientras se destruye empleo y siguen despidiendo gente,8 las empresas del IBEX, el índice de Bolsa que agrupa a las mayores compañías españolas, reparten entre sus accionistas 18.000 millones en beneficios.

…y estalla el paro

El paro es especialmente grave en la economía española. ‘España genera en un solo año la mitad de los parados de Europa’9. Las cifras macroeconómicas no dejan lugar a duda sobre la vulnerabilidad del empleo: la caída del PIB es más suave que la media de los países del Euro y de la OCDE10, sin embargo, la tasa de paro española, según la OCDE es muy superior: Alemania y Francia tenían en 2007 tasas de paro similares a la española: en 2009 la de España ha alcanzado el 19%, mientras que en Alemania, con una peor evolución del PIB, es sólo del 7,7% y en Francia, con caídas del PIB más atenuadas, 9,6%.

Cuadro 2. Parados según diversas fuentes

Parados según EPA 4.326.500
Parados según SPEE 3.939.911
Demandantes de empleo no ocupados y no registrados como parados (estimación según SPEE) 414.185
Parados con prestaciones según SPEE 2.649.088
Fuentes: INE y Servicio Público de Empleo Estatal. Todos los datos para diciembre 2009 excepto beneficiarios de prestaciones de desempleo a noviembre 2009. Los datos para febrero de 2010 indican un aumento de estas cifras.

Determinar el número real de parados es una ficción11. El paro registrado a diciembre del 2009 fue de 3,9 millones de personas, y en enero del 2010 superó los 4 millones (4.048.493). En 2009 hubieron casi 800 mil parados más (de media, 96 mil al mes) que el año anterior, y 1,8 millones más respecto el 2007. Sin embargo, comparando las distintas fuentes, hay más de 400.000 desempleados que no constan como parados en el registro de empleo. Los datos de la EPA indican que el número de parados ha crecido en 2.398.900 entre el cuarto trimestre del 2007 y del 2009 (124,5%).

Gráfico 1. Número de ocupados.

Gráfico 1. Número de ocupados. Fuente: EPA.

Gráfico 2. Número de parados.

Gráfico 2. Número de parados. Fuente: EPA

Gráfico 3. Evolución de la tasa de paro.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de paro. Fuente: EPA

Según la EPA, en el 2008, la construcción, sector más castigado por la crisis, generó 358.900 parados, multiplicándose su número por 1,65. Otras fuentes estadísticas avalan la avalancha del paro en la construcción, contabilizando 743.700 trabajadores despedidos hasta marzo 2009, la mayoría de los cuales (600.000) se han quedado en paro con la fórmula de fin del contrato por obra, que supone una indemnización muy baja13. Los servicios, al constituir el sector mayoritario a nivel de empleo, generaron la mayoría de los nuevos desempleados (393.000) con un menor ritmo de crecimiento de los mismos (52,0%). En la industria fueron 155.500 (113,6%) y en concreto, el sector del automóvil ha sido de los más afectados, cayendo unos 2.500 puestos de trabajo y suspendiendo otros 50.00014.

En el 200915, el paro en la construcción se ha suavizado y ha generado 29.700 desempleados más, y para el sector servicios la cifra es mucho mayor (267.000), reflejando la evolución de la crisis. La profundización de la misma se pone de manifiesto también con el hecho de que la mayor parte del crecimiento del número de desempleados corresponde a parados que han perdido su empleo hace más de un año (y por tanto, no quedan encuadrados en ningún sector económico). El 2009, estos han crecido en 688.100 (87,2%). Por otra parte, el paro de la construcción y el automóvil, los sectores más débiles, está siendo, en parte, mitigado por las ayudas que el sector público dedica a estos sectores, de modo que las perspectivas de futuro están bastante condicionadas a que las medidas tengan continuidad en el tiempo, dado que no se prevé otra recuperación en el corto plazo.

No hay trabajo, el paro va para largo

Al desempleo no se le ve el final. La evolución trimestral de la tasa de paro16 en los tres últimos años muestra que durante el 2007 la tasa se mantuvo estable, y en 2008 se precipitó, alcanzando su peor evolución el cuarto trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009. En 2009 ha alcanzado el 18,83%17. La tasa de paro varía bastante a nivel territorial, y en algunos pueblos o regiones la incidencia del paro es muy alta. En las comunidades autónomas de Andalucía y Canarias, la tasa de paro alcanza el 26,91% y el 26,33%. Según el Anuario Económico de la Caixa, el año 2008 había 66 municipios (de más de 100 habitantes) en donde más del 10% de la población total estaba en paro (la media estatal era del 5,2%).

Las previsiones de la OCDE a noviembre del 2009 situaban la tasa de paro del 2010 por encima del 19%. Otras predicciones son todavía más pesimistas: ‘Podríamos vérnoslas con dos escenarios. Uno moderado y el otro peor. En el escenario moderado, el desempleo total alcanzará los 4,5 millones de desempleados en diciembre de este año, y los 6 millones de parados en diciembre de 2010. En el escenario peor, estaremos ya en los cinco millones por navidades, y alcanzaremos los 7 millones a fines de 2010. Todo depende… Mi predicción sería que, en un escenario moderado, la tasa de desempleo se acercaría a un 20% a fines de 2009 y a un 25% a fines de 2010, y en el peor escenario, posiblemente rondaría un 22% a fines de este año, y se hallaría entre un 27 y un 30% a fines de 2010’.18

RECUADRO 2. EL PARO EN EL ESTADO ESPAÑOL

El número de parados supera ya los 4 millones de paro registrado o los 4,3 millones de personas según la EPA.

Hay 2.398.900 parados más en los dos últimos dos años.
De media, cada día se dan de baja casi 3.000 afiliados a la Seguridad Social.

Más de 400.000 parados no constan en el registro.

Más de 1,3 millones de parados no reciben prestación de desempleo (casi el 30%).

Casi medio millón de familias no tiene ninguna fuente de ingreso, ni salarios ni prestaciones.

Cada vez cuesta más encontrar trabajo, y los parados de larga duración casi se han duplicado, ya son más de tres de cada diez parados

Por otra parte, la tasa de actividad19 se mantuvo estable, incluso con un ligero incremento, y el cuarto trimestre del 2009 se sitúa en el 59,73%. Durante ese mismo año la población activa ha descendido ligeramente (un 0,4%) principalmente por el efecto desánimo de desempleados que, ante las malas perspectivas, deciden quedarse al margen del mercado laboral. La EPA contabiliza el número de inactivos desanimados en 365.000, 113.600 más que el año 2008.

Según la EPA, el número de personas que llevan en paro más de doce meses –los denominados parados de larga duracióncasi se duplicó en los últimos trimestres (186,4% en los dos últimos años), mientras que al principio de la crisis no había crecido tanto. El cuarto trimestre del 2007, el 29,6% de los parados que habían trabajado anteriormente eran de larga duración, porcentaje que se sitúa actualmente en el 36,7%. Sobre el total, más de tres de cada diez desempleados lleva más de un año en paro. El crecimiento de los que llevan menos de 3 meses en paro se va frenando porque se destruye menos empleo (lo que es casi imperativo dada la gran caída del empleo; si se siguiera cayendo al mismo ritmo la situación sería catastrófica), pero se alarga el período de paro, porque son muy escasas las posibilidades de encontrar trabajo. Por otra parte, la dificultad de encontrar empleo se refleja en el hecho que, según la clasificación del INEM, el número de parados con un grado de ocupabilidad alto20 -es decir, que están dispuestos a aceptar empleos en distintas profesiones y más lejos del lugar en que vivenha crecido durante la crisis, y de hecho han sido los que más han aumentado. En el 2009 hay 290.380 personas más en esta situación (en total, 1,2 millones), 32,8% más que el 2008.

Otros datos de la EPA muestran que el paro afecta al 26,9% de las familias trabajadoras, cuando antes de la crisis afectaba al 13,8%. Alrededor de 1,22 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro (176,6% veces más que antes de la crisis). El paro incide más en las familias con mayor número de personas activas, llegando a alcanzar tasas del 74,2% para las familias que tienen 5 o más personas activas y el 60,1% para aquellas con 4 personas activas.

Por edades, se aprecia que el desempleo se ceba en los jóvenes: en la franja de edad de los 16 a los 19 años la tasa de paro es del 57,58% y de entre 20 y 24 años del 34,97%. Asimismo, los mayores de 55 años tienen una especial vulnerabilidad puesto que les es más difícil encontrar trabajo; siendo la incidencia del paro entre los trabajadores de 55 a 59 años del 13,40%, y entre los 60 y los 64 del 12,02%. A estos grupos el paro les afecta mucho más pues al dejar de cotizar les repercute muy negativamente en el cómputo de la pensión de jubilación, Estas cifras serían mucho más altas si se computasen las prejubilaciones. Los prejubilados no están clasificados ni como ocupados, porque la relación laboral con la empresa se extingue, ni como parados. Por otra parte, hay más de un millón de parados inmigrantes, cuya tasa de paro asciende al 29,7%.

A su vez, la destrucción del empleo ha afectado más duramente a los sectores económicos en que la fuerza laboral es mayoritariamente masculina, principalmente la construcción.

1,12 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro

El paro ha crecido en los dos últimos años un 172,1% en los hombres y un 84,5% en las mujeres. Esto ha alterado la composición de género de los parados: al principio más de la mitad del desempleo era femenino (el 54,4% el cuarto trimestre del 2007), pero en el 2009 es mayor el masculino (55,3%). Incluso el tercer trimestre del 2009 hubo menos mujeres en paro (-15.900) respecto el segundo trimestre, mientras que el número de hombres parados no ha declinado en ningún trimestre.

Por otra parte, la desprotección frente al desempleo es alarmante: 1,3 millones de parados registrados –una tercera parteno reciben prestaciones por desempleo, número que según la EPA ascenderían a casi 1,7 millones. El ritmo de crecimiento interanual es del 46%. La EPA muestra también que 461.500 familias no reciben ningún tipo de ingreso (ni salarios, ni pensiones ni subsidios de paro), un 44,1% más que en el 2007.

En tiempos de crisis, despido libre y barato

La precariedad laboral, ha facilitado un desmoronamiento rápido e intenso del empleo, ya que la destrucción de la ocupación se desencadena en gran parte mediante las formas de trabajo precarias: contratos temporales no renovados, trabajadores que finalizan los empleos temporales y no encuentran nuevo trabajos, y bajas de trabajadores del régimen de autónomos. A lo cual se suman los despidos, en su mayor parte en la modalidad de despido improcedente e individualizado21, que es, en definitiva el que los empresarios quieren abaratar. La destrucción del empleo tiene lugar de una forma silenciosa: según el Boletín de Estadísticas Laborales, tomando los datos de los parados que reciben prestaciones contributivas22 a noviembre del 2009 vemos que el 52,6% se habían quedado en paro por la finalización de un contrato temporal, y el 39,9% por un despido individualizado, no negociado y en el que no ha intervenido más que la voluntad del empresario. Estas dos modalidades, que suman el 92,5% de los casos, son en la práctica, despido libre. Y a la facilidad del despido, se le añade el hecho de que salga barato ya que la no renovación de contratos temporales es prácticamente gratuita23. Por su parte, los EREs24, procedimiento en el cual los despidos deben justificarse por causas, principalmente económicas, y en el que intervienen interlocutores (los representantes de los trabajadores y los poderes judiciales) se han disparado (86,7%) pero únicamente causan el 3,9% del desempleo (con derecho a prestación). El gasto de las empresas en indemnizaciones por despido apenas alcanzó al 1,15 % del total del coste laboral en 2008 (alrededor de cinco veces menos que lo destinado a pagar cotizaciones por desempleo25. Además, sólo en el 1,7% de los casos se ha acudido a la justicia, usado los procedimientos de Mediación, arbitraje y conciliación y los Asuntos judiciales sociales. Estas modalidades de despido juegan un papel absolutamente residual, mientras que años atrás tenían mayor importancia: por ejemplo, en 2002 la conciliación y las sentencias de los jugados analizaban el 27,0% de los despidos (de los parados que cobran prestación) y los EREs el 7,8%. Esta situación indica que “los trabajadores aceptan las condiciones del despido sin oponer resistencia, ni se molestan en demandar a la empresa26”. Otra fórmula de reestructuración de las plantillas son las prejubilaciones, en que los afectados siguen cotizando a la Seguridad Social y cobran una indemnización de las empresas.

La resignación individual y la desregulación laboral orientada a la flexibilización e individualización de las relaciones laborales han impulsado un modelo laboral en el que se abre paso el absolutismo del empresario. Y por otra parte, la intermediación de los sindicatos y el poder judicial, además de quedar en muy segundo plano, se ejerce con mucha permisividad: “los jueces se muestran más flexibles y los sindicatos firman acuerdos y apoyan ERE que habrían sido impensables hace seis meses27”. La cooperación sindical se hace evidente en los casos de EREs como el de SEAT, en que se acordó la congelación salarial. Los abogados laboralistas observan cómo el poder judicial aprueba despidos relacionados con causas económicas objetivas con menores exigencias. A su vez, los EREs se están empleando de una forma mucho más favorable a los intereses empresariales que a los de los trabajadores. Se hacen EREs temporales con mucha más facilidad, por una parte porque las empresas evitan tener pérdidas temporales, ya que durante un período no tienen que pagar sueldos (los trabajadores cobrarán prestaciones de paro); y por otra porque enlazando permanentemente EREs temporales evitan pagar las indemnizaciones de los despido colectivos.

Con el ejército de reserva, se imponen retrocesos en los derechos

La destrucción del empleo sirve al capital para imponer con rapidez la precariedad y los recortes salariales. La disciplina y debilitamiento que el ejército de reserva provoca sobre la clase obrera conduce a la imposición de retrocesos en los derechos laborales. En estas condiciones, se pueden señalar algunos de los cambios en las características de los empleos que se mantienen:

La reestructuración del tiempo de trabajo.

A pesar de que el desempleo es la principal consecuencia de la escasez del empleo, se observa también una reducción del tiempo de trabajo, con la consiguiente pérdida de ingresos para el trabajador28. Según la EPA, el número de asalariados ocupados a tiempo parcial ha incrementado un 3,7%, especialmente entre los hombres (aunque el 77,6% del empleo parcial son mujeres). Los trabajadores que están a tiempo parcial involuntariamente por no haber podido encontrar trabajo de jornada completa han crecido un 53,5% (entre los hombres casi se ha doblado) y son 1,1 millones. Los datos de la EPA, además de demostrar que la reducción del tiempo de trabajo que está teniendo lugar tiene un carácter involuntario, y es por tanto una imposición de la falta de empleo, ponen de manifiesto que la reducción de horas de trabajo efectivas se concentra en ocupaciones con menor calificación y salarios: trabajadores no cualificados y operadores de instalaciones y maquinaria y montadores (0,4 horas semanales), mientras las categorías de dirección de las empresas y de la administración pública y técnicos y profesionales científicos e intelectuales presentan incrementos de 0,9 y 0,6 horas semanales.

Por otra parte, la proliferación de EREs ha incrementado los casos de trabajadores cuyo empleo se encuentra suspendido, situación en la que se mantiene la relación laboral con la empresa pero el trabajador cobra el paro. Según el Boletín de Estadísticas Laborales, El 2009 (media de enero a noviembre), 13,1 millones de trabajadores afectados por los EREs de suspensión estaban cobrando una prestación de desempleo, 10,1 millón más que el año anterior. Los datos de la EPA muestran que en total son 24.700 mil personas las que están inactivas por estar afectadas por una regulación de empleo. Cuando les conviene, las empresas optan por la reducción de la fuerza de trabajo evitando el despido de buena parte de la plantilla, y asimismo el conflicto social que pudiera derivarse. De esta manera, la fuerza de trabajo, y los costes salariales, se ajustan a interrupciones de la producción (la fuerza laboral como coste variable).

Estos hechos suceden paralelamente a las afirmaciones de muchos trabajadores de estar realizando horas extraordinarias que no son pagadas. Parece ser que algunos empresarios están aprovechando la crisis para requerir a sus empleados realizar numerosas horas extraordinarias sin ser pagadas, evitando no sólo el sueldo que les correspondería por el trabajo extra sino también nuevas contrataciones. A pesar de que estas dos tendencias son contradictorias, responden a un rasgo en común: el poder que los empresarios está adquiriendo en la reestructuración del tiempo de trabajo.

La caída de los salarios

Una de las consecuencias más evidentes del paro masivo es que ante la amenaza de quedarse en paro o permanecer en éste durante periodos que cada vez se alargan más, los trabajadores se ven forzados a recolocarse en trabajos con peores condiciones. O bien por tener que aceptar menores salarios: “el 56% de los mandos intermedios y el 67% de los empleados de base recolocados por la empresa especializada de Adecco (en total 5.253 personas) percibían menos salario en su nuevo empleo. Y se siguen reduciendo los sueldos.

El recorte puede estar en torno al 20%29 ”Según un estudio norteamericano, después de un periodo de paro de más de medio año, una persona encuentra trabajo con una remuneración al menos un 20% inferior a la previa”30. Y otros estudios indican que “las empresas están pagando a sus nuevos trabajadores de media entre un 10% y un 15% menos de lo que pagan a los que contrataron hace un año”. La recolocación de los trabajadores que pierden los empleos es una de las vías que con más dureza está imponiendo la reducción salarial. El alcance de este fenómeno es realmente importante ya que además de que se destruyen puestos de trabajo, la rotación laboral es alta. La Seguridad Social ha registrado, de enero a noviembre del 2009, 15,6 millones de altas sucesivas (es decir, de trabajadores que ya habían estado afiliados anteriormente) y 16,1 millones de bajas. Por otra parte, el número de contratos registrados en el SPEE asciende a 12,7 millones. Todas ellas, cifras realmente altas para un volumen medio de afiliados para el 2009 es de 17,9 millones.

“Hace cuatro semanas me despidieron de mi puesto de trabajo como comercial. Pero la semana pasada mi antiguo jefe me llamó para ver si quería volver con una reducción en mi sueldo de un 15%.” El País. Negocios. 31/01/10

A esto hay que añadir los casos de trabajadores en bastantes empresas que aceptan reducciones de salarios con tal de mantener sus empleos. Aunque no existen estadísticas que lo reflejen, se aprecia que son muchos los trabajadores que, a nivel individual o colectivamente pero sin contar con un pacto o convenio, ven cómo la empresa no les sube los salarios con la excusa de que es la única forma de mantener su empleo. También es bien conocido el caso de SEAT, que recogemos en el recuadro 3.

Por otra parte, es significativo que con la crisis se haya dado un incumplimiento general de los convenios y se haya encallado largo tiempo (hasta el 18 de noviembre en que sindicatos y patronales se comprometieron a desbloquearlos) la negociación de los convenios colectivos que debían renovarse. Ha habido 1.846 convenios pendientes de aplicación en 2009, que afectaban a 2,5 millones de trabajadores, y 1.500 convenios antiguos que no habían aplicado los incrementos salariales pactados o no se han renovado. Los intentos de los empresarios de no cumplir con los incrementos retributivos han dado lugar a una amplia intervención del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que en muchos casos ha resuelto a favor de la aplicación de las subidas pactadas (aunque hay excepciones que han permitido a los empresarios no cumplir con sus compromisos). Gracias a ello y, como se han aplicado las revisiones salariales que correspondían en gran parte a pactos hechos con anterioridad (plurianuales), en el 2009 los convenios han tenido una revisión salarial favorable: más de 5,5 millones de trabajadores han tenido una subida salarial superior al 2,0% y 1,6 millones por debajo, situándose la subida salarial media aplicada en los convenios en un 2,59%. Aún así, estos datos tienen una incidencia relativa. Primero, porque los aumentos salariales pactados en convenio con cláusula de revisión afectan únicamente a 8,7 millones de trabajadores, un 25% menos que el año anterior. Y casi 1,2 millones de trabajadores no tienen revisión salarial pactada para el 2009 y otro millón no ha cerrado el acuerdo31. Y en segundo lugar, se trata de una situación puntual, ya que en el 2010 deben renovarse una gran cantidad de convenios.

La incidencia de la revisión salarial estipulada en los convenios colectivos en la reducción global de los salarios es escasa si se tiene en cuenta que las vías más drásticas de recorte salarial son los pactos individuales, sobretodo para los nuevos contratos, o a nivel de empresa y, como se comentará más adelante, las prácticas laborales ilegales y la economía sumergida. Aún así, es importante dar cuenta de que los sindicatos han pactado generalizar una moderación salarial durante los próximos años.

Para el período 2010, 2011 y 2012, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado el 9 de febrero del 2010 por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT establece una pauta de moderación salarial para los convenios. El objetivo retórico es que los recortes salariales permitan el mantenimiento o mejora del empleo32. Las referencias de incrementos salariales son hasta el 1% para el 2010, entre el 1% y el 2% para el 2012, y entre el 1,5% y el 2,5% para el 2012 la referencia de subidas salariales máximas subidas salariales. Por otra parte, se está dando un intento de cambiar la negociación colectiva para dar más peso a los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales. Más adelante se comentaran sus implicaciones. A efectos de salarios, esta estrategia generaliza la contención salarial ya que los convenios de empresa suelen incluir revisiones salariales más bajas que los convenios de mayor ámbito, donde el poder de negociación de los trabajadores y la conflictividad que podría generarse es mayor. El 2009, la revisión salarial media pactada en convenios de empresa es del 2,37%, frente al 2,61% de los convenios de otros ámbitos. Y este diferencial es el más reducido de los últimos años (el 2008 fue de 0,52 puntos porcentuales, y el 2007 de 0,71). Además, con los trabajadores públicos han establecido una pérdida de poder adquisitivo para el 2010 (la subida salarial es del 0,3%).

RECUADRO 2. SEAT COMO EJEMPLO

El caso de Seat en Cataluña es particularmente grave porque, a pesar de que la mayor parte de los puestos de trabajo en el Estado Español no comparten las características de los de Seat, esta empresa sirve de referente de reivindicaciones salariales de todo el Estado, y en todos los sectores. En Seat se suscribió un acuerdo de congelación salarial, aprobado por el 65% de la plantilla en referéndum, para facilitar la opción de fabricar el Audi Q3 en Cataluña. Se pactó que en 2009 los salarios no subieran, con la consecuente pérdida de capacidad adquisitiva, que el 2010 sólo se incrementen la mitad de la inflación y la posibilidad, condicionada a los rendimientos empresariales, de una paga compensatoria en el 2011. El papel de los sindicatos ha sido: CC.OO se había pronunciado en contra de “aceptar la congelación salarial en una empresa con un buen número de empleados que cobran menos de 1.000 euros.” Sin embargo, no solamente ha suscrito la congelación salarial en Seat, también ha firmado acuerdos con congelación de salarios en Sony y Nissan*. Por su parte, Cándido Méndez de UGT felicita a la plantilla de Seat por dar ejemplo de “cómo hay que comprometerse en tiempos de crisis”. Y no menos indignante es que el gobierno de la Generalitat de Catalunya, que está más que dispuesto a dar apoyo inversor a Nissan y Seat (ésta recibirá 300 millones para la asignación del Q3), elogie el “esfuerzo” de los sindicatos a favor de la industria “catalana”.

El caso de Seat es un claro ejemplo de cómo, bajo el chantaje de mantener los puestos de trabajo, la empresa logra ventajas, sobretodo en los tiempos de trabajo, consiguiendo utilizar la fuerza laboral en función de planes de producción variables (con los ahorros de remuneraciones salariales que le aporta). Ha presentado ya 4 EREs temporales en medio de un año (el último afecta a la mitad de la plantilla en Cataluña) en el que se establecen paros de producción y períodos de rotaciones. Además, todo esto no ha impedido que Seat trate de despedir 330 trabajadores, muchos de ellos en producción a pesar de que la empresa asegurara, para justificar los despidos, que iban a ser directivos. Mientras, se da una subida de producción que se cubre con trabajadores de otras regiones y con horas extras.

Y cabe añadir las repercusiones sobre la industria auxiliar.

La dirección dura de la empresa, de los chantajes y la vulnerabilidad de una plantilla que se ve constantemente amenazada de perder el trabajo, la nociva actuación sindical y la intervención del gobierno corren el riesgo de replicarse en otras empresas, grandes y pequeñas. Pero cuando se señala a Seat como ejemplo de esfuerzo y responsabilidad, se trata de pasar por alto una voluntad de lucha y de conflicto por parte de los trabajadores que no se extingue a pesar del fracaso del sindicalismo, lucha que sigue en pie y se demuestra en protestas y actos de solidaridad.

(*) “Seat suaviza la congelación de salarios para producir el A3” El Periódico, 5/03//2009

Los datos de la Encuesta trimestral del Coste Salarial indican que el incremento del coste laboral por trabajador en términos nominales se ha ido reduciendo. El tercer trimestre del 2009, se situó un 3,3% por encima del mismo periodo el año 2008. Los salarios en el sector servicios crecen alrededor de la media (3,49%), en la industria por debajo (2,85%) y en la construcción por encima (4,91%). La reducción de la inflación (el 2009, IPC se ha incrementado un 0,8%, y en los tres primeros trimestres del año se había reducido un 0,4%) ha contribuido a que no haya habido pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Como referencia, el 2008 presentó un incremento del coste salarial total de un 4,7% y el IPC creció un 4,1%. Aparte de la incidencia favorable de la aplicación de revisiones salariales pactadas en años anteriores, entran en juego otras variables. El coste salarial ordinario es el componente que menos crece (2,95%), así que son otros componentes (como por ejemplo, las indemnizaciones por despido) los que explican la mayor parte de la subida. Y además, hay que tener en cuenta que muchos de los trabajadores que se han quedado en paro eran temporales, que tienen salarios menores, hecho que eleva la media de los salarios de los trabajadores que mantienen su empleo.

Crece el subempleo y la economía sumergida.

Otra característica que viene a sumarse a la precarización de las condiciones de trabajo con la crisis es el hecho de que los trabajos cada vez duran menos. Los contratos temporales son, como se ha comentado anteriormente, mayoritarios, y su duración media se ha reducido a 71,3 días, mientras que el 2006 era de 79,1 días33.

Por otra parte, muchos trabajadores tienen que optar a empleos de menor calificación si quieren encontrar trabajo: un 9,9% de los ocupados según la EPA mientras que un año atrás el porcentaje era del 8,0%.

Es bien sabido que la economía española es una de las economías europeas donde la economía sumergida está más implantada. Cuando estalla una crisis, el empleo informal disminuye con rapidez, pero al poco tiempo, las malas perspectivas económicas y de empleo hacen que se dispare la actividad en el sector informal pues pasan al mismo muchos trabajadores que antes estaban en el sector formal. Hacer estimaciones sobre actividades no reguladas es difícil, pero algunos estudios muestran que, con la crisis, en torno a un millón de personas han pasado del trabajo formal (regulado mediante contrato y sujeto a la legislación laboral) al empleo informal, a actividades sumergidas. Esta cifra incluye a los empleados con contrato legal, pero que dedican entre 10 y 15 horas semanales a trabajos no declarados”34. Según un informe de la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, la economía sumergida supondría el 23% del PIB español, 10 puntos por encima de la media de la UE15, y un 25% de la fuerza laboral del estado.

Finalmente, un aspecto que se suma a la economía sumergida es la generalización de las prácticas ilegales e irregulares en las relaciones laborales formales. Se ha comentado la ampliación de la realización de horas extras sin remunerar, y por lo que denuncian algunos abogados laboralistas, con las crisis se han disparado las prácticas fraudulentas por parte de los empresarios. Las condiciones de los contratos se ajustan formalmente a los convenios y a la regulación laboral general, pero a la práctica se incumplen cada vez más. Todo tipo de chanchullos sirven para que los empresarios impongan peores condiciones de trabajo, en cuanto a salarios, horas de trabajo, categorías, que los trabajadores no tienen más remedio que aceptar para tener un empleo. La inspección de trabajo y la actuación del poder judicial es mucho más dócil ante prácticas ilegales cada vez más exageradas. Y es más, las medidas que afectan a la jornada de trabajo (tiempo parcial, reducción de jornada, etc), que son las que el gobierno hace más hincapié, son también las que más margen ofrecen para el fraude: sobre el papel, se pacta una reducción de horas y de salarios, pero en la realidad se hacen otros arreglos a la sombra.

UNA CRISIS ANDROCÉNTRICA

Las discriminaciones por razón social, racial y de género caracterizan el mercado laboral. La incorporación de la mujer al trabajo formal ha sido uno de los elementos más destacados de la etapa más reciente del proceso de emancipación de la mujer, que ha dado lugar a una combinación de éxitos y fracasos. La tendencia a incrementar la participación laboral formal femenina (tasa de actividad) ha venido condicionada por una incorporación desigual y discriminatoria: segregación en sectores laborales que resultan los peor pagados35, mayor precariedad e incidencia del paro.

Este marcado rastro patriarcal del mercado laboral se pone de manifiesto en esta crisis actual de manera algo diferente que en el resto. La recesión económica se ha generado en sectores productivos muy masculinizados (especialmente, la construcción) que habían ayudado a elevar el empleo masculino, así que el paro afecta principalmente a los hombres. Lo que ha forzado a muchas mujeres a buscar empleo. La caída de ocupación masculina, y la elevación de la actividad femenina, dio lugar a la igualación en las tasas de paro: el cuarto trimestre del 2007, la tasa de paro femenina era del 11,0% y la masculina de 6,83%, diferencial que se ha estrechado hasta prácticamente igualarse (19,07% y 18,64% respectivamente)36. A pesar de esto, a medida que la recesión se ha ido profundizando y se ha generalizado a otros sectores (especialmente, servicios), la destrucción del empleo alcanza a las mujeres trabajadoras, aunque su crecimiento haya sido menor. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el contexto de recesión económica, aboca el empleo a las formas de trabajo más precarias. Ante el paro de los hombres, las mujeres se ven más obligadas a aceptar cualquier tipo de tareas (las mujeres tienen la mayor proporción de contratos a tiempo parcial y temporales y una mayor participación en el trabajo informal). La ocupación femenina incluso subió (12.800) el tercer trimestre del 2009 respecto al trimestre anterior, aunque esta tendencia no se ha consolidado, y la masculina no lo hizo en ningún caso. A su vez, la tasa de actividad femenina ha aumentado, en los dos últimos años, 2,33 puntos porcentuales, hasta situarse en el 51,7%; en cambio, para los hombres se ha reducido 1,06 puntos porcentuales (68,17%).

La crisis tiene un impacto en las condiciones de vida, y es especialmente grave para los segmentos de la población más vulnerable, como son las mujeres de las clases populares. Las políticas llevadas a cabo por el gobierno ante la crisis dejan un amplio vacío en las medidas de política social y de desarrollo de los servicios públicos, y esto por un lado pone de manifiesto esta vulnerabilidad social de las mujeres, y por otro, provocan una presión adicional sobre las responsabilidades que el patriarcado atribuye a las mujeres, reforzando el modelo tradicional de familia patriarcal (cargas de los cuidados, doble jornada, …). Las medidas de política anticrisis ahondan en estas discriminaciones. Como se explica en el artículo “Políticas. Los intentos del sector público de encarar la crisis”, se emplean amplios fondos al rescate del sector financiero, y los recursos destinados al sector productivo dirigen la inversión a sectores masculinizados, como el automóvil y la construcción. El contraste es el menor impulso de las políticas sociales, que conforman una estructura social institucional en la cual las mujeres tienen una importante participación laboral (educación, salud, cuidados,…) y presentan elevadas necesidades (prestaciones sociales no contributivas,…). El desarrollo de la política social, y no las actuales ayudas al capital, podría mejorar las condiciones de trabajo y ocupación de las mujeres.

La conclusión es que con la crisis, se corre el riesgo de intensificar los rasgos patriarcales del trabajo, y asimismo las desigualdades de género, profundizando en las crisis que afectan estructuralmente a las mujeres de la clase trabajadora: de tiempo, de cuidados,… La incidencia de la crisis sobre las condiciones de vida de las mujeres de las clases populares amplia los contrastes con los privilegios de las mujeres en las clases dirigentes (sirva de ejemplo el patrimonio declarado de casi 5 millones de euros de Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación37).

II. COMO APROVECHAN LA CRISIS: ACABAR CON LA RESISTENCIA DE LA CLASE OBRERA Y DESMANTELAR SUS DERECHOS

Para K. Marx, las crisis/recesiones sirven al capital para limpiar su propio patio trasero, y a la vez para disciplinar y reducir la capacidad de lucha de los trabajadores. El mercado de trabajo es un terreno de la lucha de clases, en el que la clase trabajadora ha de conquistar las condiciones del empleo y los salarios. Y por ello, considerando el trabajo asalariado como un mecanismo social de explotación, queremos advertir que la asimetría de poder y de clase entre los participantes que acuden al mercado de trabajo asalariado se pone de manifiesto especialmente en los períodos de recesión y crisis del modelo de acumulación del sistema. Con la crisis, los trabajadores están en condiciones más difíciles para luchar y la sobrevivencia de los trabajadores y las personas sin recursos se vuelve más precaria. Con la crisis, no solamente se acentúan las dificultades para cubrir las necesidades más elementales, sino que se impone un retroceso en los derechos sociales y laborales adquiridos a través de largos períodos de lucha38. Cuando la crisis del modelo es tan dura como la actual, vemos cómo las empresas capitalistas aprovechan esta ocasión para arrasar con todas aquellas mejoras sociales que se fueron acumulando en el transcurso histórico de la lucha de clases.

En esta crisis concreta, los objetivos de la clase capitalista, arropada por gobiernos y sindicatos, por políticos y académicos de todo pelaje, se centran en alterar los elementos esenciales de las relaciones laborales: contratos de empleo, remuneraciones salariales, despido libre y gratuito, jornadas y horarios laborales (flexibilidad y movilidad total), contribuciones sociales (disminución de cuotas de la Seguridad Social y subsidios de paro), eliminación de la negociación colectiva, eliminación de las restricciones ecológicas, reasignación del gasto social hacia subvenciones al capital privado, etc. El intento de modificar todos estos elementos estaban ya encauzados e incluso consolidados, pero veremos como se refuerzan con la crisis.

El debate de las ideas (que aportan poco de nuevo para un modelo laboral)

Las relaciones laborales están centrando las miradas de todos aquéllos que se pronuncian sobre la crisis y sus posibles salidas, incluyendo los “expertos intelectuales” sobre temas económicos (think tanks) y distintos “agentes institucionales” (sindicatos, patronales, organizaciones de la izquierda institucional, etc.). Existe una gama de posiciones diferentes, todas ellas intentando incidir en la estrategia laboral, que tratamos de resumir en las siguientes líneas:

Manifiesto de los 100

El manifiesto de los 100 es un documento de abril del 2009 denominado “Propuesta para la reactivación laboral en España” que pretende recoger una “perspectiva rigurosa e independiente, mediante argumentos sólidamente respaldados en la investigación económica”. Sus promotores, profesores de distintas Universidades y Escuelas de Negocio, adaptan a la situación de desempleo una postura, nada novedosa y aún menos neutra (como se presenta a si misma), que ha venido justificando y legitimando las contrarreformas laborales neoliberales de la última década (y reviste ideológicamente la que está en marcha): la flexiseguridad39. Por una parte, justificándose en la dualidad existente entre la desprotección de los trabajadores temporales y la situación de los indefinidos, proponen generalizar un contrato único que tenga una indemnización del despido inferior a la del indefinido ordinario. Por otra parte, arremeten contra la negociación colectiva por ser “muy rígida, demasiado centralizada en algunos casos e insuficientemente coordinada” que perjudica la productividad. Apuesta por la individualización de las negociaciones de las condiciones de trabajo, a nivel de empresas o trabajadores: “la regulación vigente induce a las empresas a hacer frente a las fluctuaciones económicas mediante la rotación laboral, en lugar de buscar alternativas como los cambios en la organización del trabajo”. Estos cambios en la organización del trabajo que se plantean no son otros que pactar a la baja los salarios y las condiciones laborales para mantener los empleos, ante la amenaza del despido (individual o colectivo). Por último, aboga por “workfare”: mejorar temporalmente las prestaciones para reducirlas después de los momentos críticos, potenciar las políticas activas, capitalizar en un fondo privado las aportaciones para el desempleo y reducir las cotizaciones como estímulo al empleo.

Manifiesto de los 800

Este texto recoge una visión distinta de la anterior de la crisis actual y el papel de las relaciones laborales: exonera, al contrario que los neoliberales más radicales, los derechos laborales (que elevan los costes laborales, desde el punto de vista del capital), y acierta también al alertar que la política económica anticrisis debe priorizar el empleo, y que para aumentar y mejorar la ocupación, no debe únicamente rescatarse el sector financiero, sino también orientarse hacia el sector productivo. Con políticas industriales y laborales deben encargarse de cambiar un modelo productivo vulnerable, basado enormemente en el empleo temporal y la especulación. Estas propuestas no dejan de ser reclamaciones en clave “progre” del capital: canalizar el crédito a la economía real, políticas industriales para incrementar la productividad del trabajo y elevar el valor añadido, políticas de inversión pública en infraestructuras, innovación gerencial y empresarial y formación. Conceden el protagonismo de la defensa de los derechos laborales, en el “escenario natural en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo” a la negociación colectiva y enaltecen el “diálogo social”, entre las patronales, la ”izquierda” institucional y los sindicatos UGT y CCOO. Sin embargo, señalan también positivamente las fórmulas de flexibilidad interna.

El Diálogo Social y la ‘reforma laboral’ que se avecina

Con este mar de fondo, en julio del 2008 se inicia un proceso, aún por concluir, de diálogo social para las negociaciones laborales. Se firma la hoja de ruta, que emplaza a Gobierno, patronal (CEOE y CEPYME40) y sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT). Las negociaciones propiamente se inician en febrero del 2009, con una propuesta del gobierno, pero cinco meses más tarde y una enorme variación de debates, propuestas, contrapropuestas, y desencuentros, las desmesuradas exigencias de la patronal provocaron la ruptura de las negociaciones41. Hasta el 18 de noviembre, en que el desbloqueo de los convenios colectivos para 200942 motiva el que patronal y sindicatos vuelvan a emprender el diálogo.

RECUADRO 4. ALGUNAS OTRAS RECLAMACIONES DEL CAPITAL CONTRA EL TRABAJO

Banco de España y Banco Central Europeo. Ambas entidades, por boca de sus respectivos directores, M.A. Fernández Ordóñez (MAFO) y JC. TrichetI, coinciden insistentemente en reclamar al Gobierno español una reforma del trabajo, una reforma que se plasma en frenar los salarios, abaratar el despido, desligar las subidas salariales de la tasa de inflación y que la negociación colectiva vuelva al interior de la empresa y, a poder ser, trabajador por trabajador. Así mismo reclaman que se reduzca el gasto público dedicado a sostener el Estado del bienestar.II

ESADE. Cuatro profesores de esta Escuela también nos ofrecen otra receta para salir de la crisis. Para salir de la caída y el estancamiento (L) y conseguir que la economía entre en el rebote (U), aconsejan que las reformas estén encaminadas a mejorar la productividad y la competitividad, una política de empleo público eficaz y flexible, con despido ‘razonable’, fijar un suelo en el precio de la vivienda, para que las inmobiliarias no pierdan, y ayudar a sectores con futuro como el turismo, la formación, y a las empresas que apuestan por la innovación y la internacionalización.III

FAES. El presidente de esta fundación, que recibe bastante ayuda del Estado, José María Aznar, se apoya en la crisis económica y en el nivel de envejecimiento de la población para repetir que el sistema de bienestar resulta imposible. Aznar insiste en que hay que reformar seriamente el mercado laboral, especialmente en el tema de la flexibilización. Propone tres pilares para la reforma: flexibilidad, que la ayuda al empleo esté basada en la formación, y que se implante un nuevo régimen de derechos y deberes estricto que fomente la búsqueda de empleo.IV

I. Jordi Sevilla, el que fuera ministro de Administraciones Públicas del gobierno PSOE, sale en defensa del gobernador del BE y de Aznar diciendo que “conviene un amplio debate sobre tales propuestas [de reforma del mercado de trabajo]”. El Periódico de Cataluña. 22 abril ,

II. El Periódico de Cataluña. 23 junio del 2009.

III. El Periódico de Cataluña. 22 abril del 2009. IV. El Periódico de Cataluña. 21 abril del 2009.

Reiniciadas las negociaciones, que han adquirido un compromiso más fuerte el 5 de febrero del 2010, cuando el gobierno extendió unas líneas de reforma “Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social” y se estableció, de nuevo, un calendario (2 meses para pactar una reforma laboral), se están percibiendo cambios importantes y graves en el planteamiento del Dialogo Social. Hasta noviembre de 2009 el dialogo social se presentaba principalmente vinculado a las negociaciones laborales inmediatas. Pero la patronal tenía gran interés en incluir en el mismo reformas estructurales del mercado de trabajo –‘la reforma laboral’. Sin embargo, tanto el gobierno como los sindicatos decían rechazar dicho intento. Por el contrario, ahora, el gobierno, asesorado por sus expertos, parece aceptar cada vez más la idea de la reforma laboral estructural, aunque sigue insistiendo en que ésta no puede perjudicar a los trabajadores, y, por su parte, los sindicatos parecen haber aceptado también que las negociaciones traten de la misma. Sin embargo, los pasos que se han dado en el proceso de Diálogo Social no permiten anticipar afirmaciones concluyentes, puesto que los planteamientos volcados han ido variando, y además, aparte de la ruptura temporal, se ha dado un incumplimiento reiterado de los calendarios. Aunque todas las partes apuestan por el Diálogo y aceptan unos principios generales, el resultado está abierto y no se pueden descartar sorpresas (por ejemplo, la patronal CEOE afirma renunciar a una posición que ponga en peligro la negociación, pero insiste en la reducción del coste del despido a sabiendas que este elemento queda al margen de las líneas de reforma que han aceptado). Se dijo que la fórmula consistiría en una aprobación sucesiva de medidas que se vayan logrando a base de acuerdos concretos, y no un pacto del conjunto de todas ellas, pero más tarde se fijó una fecha única de reforma, que está por ver si se cumplirá. Las medidas propuestas por el Gobierno en enero de 2010 respecto al presupuesto y las pensiones indicaban una posición dura y beligerante por parte del ejecutivo, y cuando parecía que la reforma se iba a concretar, éste se limitó a establecer en un documento los planteamientos que previamente ya se habían consensuado en distintas reuniones y declaraciones de las partes.

El clima en el que se contextualizan estas negociaciones está marcado por una evidente desmovilización de los trabajadores, asustados ante el desempleo, y una pasividad y permisividad sin precedentes -en períodos de destrucción masiva del empleode los sindicatos, que renuncian a una respuesta contundente y al conflicto43 mientras se aferran a la conciliación y la paz social en un diálogo social en el que nada aportan, más que el tratar de suavizar las propuestas patronales.

Por otra parte, en varias ocasiones se ha puesto en evidencia la prepotencia en que la patronal aborda el pacto de reforma laboral. La posición de la patronal describe con claridad el deseo de llevar al extremo un modelo neoliberal de mercado de trabajo, en que la fuerza laboral se convierte en un coste variable, se individualizan las relaciones laborales, el despido es libre y se abaratan los salarios indirectos (cuotas a la Seguridad Social). CEOE insiste en:

  • Dejar de lado la negociación colectiva, facilitando cláusulas de descuelgue y potenciando los acuerdos a nivel de empresa. Supondría que en el ámbito interno se pacten rebajas de las condiciones laborales y salarios ante la amenaza del despido.
  • Abaratar el despido con un “contrato único” de carácter ordinario y no excepcional44, el cual tendría una indemnización más baja que el contrato indefinido: ‘Este contrato único unificaría las causas de despido, manteniendo sólo la tutela judicial para despidos por razones discriminatorias. Las indemnizaciones por despido podrían empezar, a título de ejemplo, por los ocho días por año trabajado de los actuales contratos temporales los primeros dos años, y seguirían aumentando cada año hasta llegar a un máximo a partir del quinto año, que debería aproximarse al de la media europea, es decir, bastante por debajo de los 45 días actuales’45.
  • Rebajar las cotizaciones sociales en cinco puntos. El coste estimado seria de 15.000 millones de euros, que dejaría de ingresar la Seguridad Social. Esto supondría transferencia de rentas de los salarios indirectos, depositados en la Seguridad Social (cuyas cuentas son tan duramente criticadas, aunque no a la hora de pedir rebajas de cotizaciones) a los beneficios empresariales.
  • Eliminar la tutela judicial de los despidos, esto es que los trabajadores se queden sin posibilidad de defensa jurídica ante el despido (liberalización del despido). Esto significaría que los trabajadores no puedan recurrir a los tribunales ante despidos que juzgan improcedentes, lo que supone aceptar el despido por la mera voluntad del empresario, totalmente libre. Aunque el sistema jurídico español adolezca de muchos defectos, prescindir del mismo supone perder el último reducto de defensa de los trabajadores.
  • Control del absentismo laboral imponiendo un seguimiento de las enfermedades de los trabajadores que estén de baja por las mutuas laborales en lugar de la inspección de trabajo.
  • Recortar del impuesto sociedades para PYMEs sin exigir el mantenimiento del empleo.
  • Bonificar el 100% (y no 50%) de cotizaciones durante los nueve meses de EREs temporales.
  • Exención de cotización del periodo de baja por incapacidad laboral de 5 a 15 días.
  • Ampliar el campo de actuación de las agencias de colocación con ánimo de lucro y ETTs . De hecho, la búsqueda de trabajo a través de intermediadores privados es la alternativa que más ha aumentado en el último año –un 132%.Según AFI-Agentt, las ETT intermediaron el pasado mes de febrero casi cinco veces más de colocaciones que los servicios públicos de empleo (10,2% frente a 2,2%).
  • “Llevamos las mismas propuestas de siempre. Es decir, el nuevo contrato laboral, la reducción de las cotizaciones, los contratos a tiempo parcial, el absentismo.” G. Díaz Ferrán. Presidente de la patronal CEOE

    Las propuestas del gobierno, acompañadas de enérgicas declaraciones de que no tolerarán la disminución de derechos de los trabajadores, se revisten de justificaciones como la “empleabilidad” o la segregación del mercado laboral. Está claro que no quieren plantearse que el paro es debido a que no hay empleos, y lo presentan como una falta de adecuación de los trabajadores para poder ser empleados si hubiera empleos, lo que no es lo mismo y dista mucho de la situación real. La economía española no genera el empleo necesario a su mano de obra activa. Sólo la educación o calificación profesional no va a resolver el problema del paro en este país, en el que hay muchos parados con amplias calificaciones. Una enérgica política de creación de empleo tendría que tener otras características.

    Las líneas de reforma laboral que se han puesto en marcha en el documento mencionado no permiten, sobre el papel, realizar una valoración global, puesto que dependerá de cómo se concreten y la intensidad que adquieran. The Economist, medio de comunicación que defiende acérrimamente los intereses del capital, manifestó que “no se puede mantener contento al mismo tiempo a los sindicatos y a los mercados”46. Esta publicación es el altavoz de aquellos que creen que el gobierno está actuando protegiendo los derechos de los trabajadores para evitar el conflicto, y desoyendo a las reivindicaciones de los empresarios. Es cierto que el gobierno mantiene al margen la reforma del coste del despido del contrato indefinido, pero esto, junto con algunos aspectos benevolentes, no impide que esta reforma vaya a traer importantes retrocesos en los derechos laborales y que vaya a reforzar el poder de los empresarios en la determinación de las relaciones laborales Esta ‘reforma’ a lo sumo incluirá algunas mejoras parciales a favor de los trabajadores, pero sin desventajas para los empresarios y costeadas por los salarios indirectos de los trabajadores y por el Estado, o bien sin una fuerza suficiente como para alterar la estructura de las relaciones laborales. Pero no con ello consigue compensar otras medidas que pretenden incidir radicalmente sobre otros aspectos de la protección laboral y que tendrán graves consecuencias.

    A continuación se comentan los aspectos que hemos considerado más importantes que, en base al documento al que hacemos referencia, se intentan reformar:

    Contratación

    Contratación temporal. La incidencia de las propuestas acerca de la reforma de la contratación temporal dependerá del grado de intensidad con el que se concreten e implementen, y es de esperar que la patronal impida, con una oposición contundente, cualquier avance en la dirección de hacer más restrictivos los contratos temporales47. Para conseguir incidir sustancialmente en la estructura de la contratación, se debería implementar a nivel legal una restricción muy importante de la contratación temporal, que incluya la supresión de modalidades contractuales de duración determinada y el retorno a la causalización. La reforma no le otorga esta intensidad. El texto48 incluye solamente una vaga mención sobre la causalización de los contratos temporales, expresando que “sin ánimo exhaustivo, es necesario reflexionar una vez más sobre la definición de las causas de las distintas modalidades contractuales por tiempo determinado o sobre la vinculación del contrato de obra o servicio”. También propone “plantearse” medidas para que los empresarios se hagan cargo de parte de los costes que la finalización de contratos temporales tiene sobre el sistema de protección de desempleo. Menciona también el establecer medidas para evitar el encadenamiento de contratos temporales, pero la práctica ha demostrado que todo intento de regular el encadenamiento ha sido inútil porque los empresarios, antes de hacer un contrato indefinido al trabajador que ha superado el límite de contratación temporal, utilizan otras opciones disponibles: contratar a otro trabajador o emplearlo informalmente y pagarle en negro, y en el mejor de los casos volver a contratarlo cuando ha pasado el tiempo necesario para que se pueda emplear de nuevo un contrato temporal. Otra propuesta en esta línea es reforzar la Inspección de Trabajo para controlar el fraude en la contratación temporal, medida muy poco creíble, dado que ya antes de la crisis, los escasos medios que se han dado a la Inspección de Trabajo permitió la generalización de este tipo de fraude, y actualmente con la crisis, se está actuando con enorme permisividad respecto a las prácticas laborales fraudulentas.

    Contratación indefinida. Respecto a la contratación indefinida, se retoma la filosofía perversa de fomentar el contrato fijo dando facilidades a los empresarios. Aunque el gobierno no ha permitido abaratar el despido del contrato indefinido ordinario, el coste del despido sí está presente en esta reforma, y se incide de nuevo con la idea falsa de que son los contratos fijos los que deben igualarse a la baja (a los temporales) para que los empresarios usen esta modalidad con mayor facilidad. Por una parte, se plantea ampliar la utilización de la modalidad contractual de contrato de fomento de la contratación indefinida, con un coste del despido más barato que la modalidad ordinaria (33 días en vez de 45). Además, esta modalidad incluye bonificaciones fiscales en las cuotas de la Seguridad Social, que es una de las demandas de la patronal no abordada de forma directa pero sí indirectamente. Por otra parte, se plantean reformas las modalidades de despidos procedentes (disciplinarios, por circunstancias económicas). El objetivo es facilitar el uso del despido con una indemnización de 20 días (en vez de los 45 días del despido improcedente) por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, cuyas indemnizaciones son más bajas o nulas. Esta línea de reforma implica abordar indirectamente la liberalización y abaratamiento del despido, y aunque sus efectos dependerán de su concreción e implementación, es de preveer que aquí se den las mayores concesiones a la patronal, que batalla por una mayor evasión de la judicialización del despido y el abaratamiento del despido, con graves consecuencias sobre los derechos de los trabajadores.

    Contrato a tiempo parcial. Al contrario de la restricción a la contratación temporal y el fomento de la indefinida, la reforma que se propone para el contrato a tiempo parcial pretende ser expansiva. Se insiste, por parte del gobierno, en medidas más “cómodas” contra el paro: reducción de jornada (modelo alemán), jubilación parcial y contratos de relevo. Intentaran reestructurar el trabajo para que haya menos personas en paro, aunque estén trabajando menos y, por supuesto, cobrando menos. Nada que ver con la clásica pero vigente demanda de repartir el trabajo mediante una reducción de la jornada laboral (sin recorte de salarios). No es una medida para el empleo, sino para diluir los efectos del paro, ¿se trata de repartir el trabajo, o repartir el desempleo?

    Negociación colectiva y flexibilidad interna en las empresas

    La novedad más importante y que puede tener una incidencia altamente negativa sobre los derechos de los trabajadores es el intento de desmantelar la negociación colectiva y ampliar el margen de poder de los empresarios para la determinación de las condiciones laborales. Los acuerdos en estas materias tendrán lugar en la fijación de sindicatos y patronales de las pautas de la negociación colectiva. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012 indica, en una disposición adicional, que sindicatos y patronales tienen voluntad de reformar los mecanismos de articulación de la negociación colectiva y su incidencia en la fijación de las condiciones laborales y las políticas de empleo. Ambas partes han manifestado intenciones de vaciar de contenido los convenios sectoriales para que sean únicamente los convenios de empresa, sin ningún marco de referencia, quienes determinen los elementos que afectan más directamente a las condiciones laborales (organización del trabajo, jornada, etc.). También proponen la modulación de salarios (diferentes salarios en función de la rentabilidad de las empresas). Y por último, ya se ha establecido en el citado Acuerdo fomentar las cláusulas de descuelgue para posibilitar la no aplicación de los incrementos salariales pactados para las empresas “cuya estabilidad económica pudiera verse dañada, como consecuencia de tal aplicación”. Las empresas que soliciten el atenerse a la cláusula de descuelgue deberán justificar las causas de la inestabilidad económica (según el procedimiento que se prevea y en todo caso a una Comisión), y exponer un plan de retorno a la aplicación de la revisión pactada. Con todo, las exigencias para la aplicación del descuelgue salarial parecen bastante laxas.

    Las implicaciones de estos elementos pretenden alterar fundamentalmente la estructura de las relaciones laborales: por ejemplo, el 2009, los convenios de empresa tan sólo abarcaban el 9,5% de los trabajadores con convenio, ya que la gran mayoría cuentan con convenios de otro ámbito. ‘Abrir el melón de la reforma del mercado laboral implica reducir el protagonismo de los agentes sociales en la negociación colectiva –patronales, pero sobre todo sindicatosy dar prioridad a los acuerdos entre empresas y trabajadores. En esta dirección apuntan las propuestas de algunos grupos políticos que sugieren reducir la representación de sindicatos y patronal y rebajar su financiación, para que no sean un escollo en la reforma laboral’49. Y ello a pesar de que en la negociación colectiva sólo tienen cabida por parte de los trabajadores unos interlocutores integrados en las instituciones (y que no van contra ellas): los sindicatos mayoritarios, que guían por una vía conciliadora las demandas de los trabajadores, o más bien el rechazo de éstos a los recortes que los empresarios pretenden imponer. Los convenios colectivos, lejos de ser un ámbito de lucha de clases, se ha convertido en otra herramienta más de conciliación, en que los sindicatos, que renuncian a la confrontación y el conflicto, articulan una paz social a la vez que permiten constantes concesiones en los derechos laborales. Aún así, se pretende eliminarlos para dar paso a los convenios de empresa o, todavía más, a la contratación individual. Pero si esto ocurre en un nivel general, la situación es mucho peor al nivel de empresa, donde la debilidad de la respuesta de los trabajadores es mucho mayor. Por eso actualmente los derechos regulados en convenios de empresa, y las situaciones individuales en empresas sin convenio propio, se apoyan en marcos generales más amplios, que homogeneizan las condiciones laborales. La reducción del peso de la negociación colectiva traerá un mayor desamparo a los trabajadores y nos conducirá hacia una atomización de las relaciones laborales. Hay que señalar brevemente la contradicción que supone el limitar la presencia de los sindicatos en estas negociaciones únicamente a los dos sindicatos mayoritarios. En el estado español existen todavía otros muchos sindicatos con amplia representatividad de colectivos específicos que no se entiende porque son excluidos de las negociaciones, haciéndolas mucho menos democráticas y representativas.

    En el diálogo social, el desmantelamiento de la negociación colectiva es el mecanismo para desmantelar también los derechos laborales y para fomentar la flexibilidad interna de las empresas. Esto se justifica con el perverso enfoque de la “flexicurity” (“equilibrio indispensable entre la flexibilidad y la adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad y la estabilidad demandadas por los empresarios”50) que, como se ha comentado anteriormente, pretende convertir el trabajo en un coste variable para las empresas. La intención es dar paso a intensas reformas hacia la flexibilidad interna de las empresas, frente a la flexibilidad externa (contratación), que ha sido la fórmula ampliamente desarrollada en las sucesivas reformas laborales y que ha conllevado un crecimiento exponencial de la precariedad laboral. Así, las benevolentes líneas de reforma de la contratación temporal e indefinida tienen como contrapartida desarrollar los mecanismos de precarización de la fuerza laboral mediante la flexibilidad interna: reorganizar el tiempo de trabajo, las movilidad, polivalencia, las cláusulas de descuelgue en los salarios, etc. Es decir, potenciar todo tipo de elementos, distintos a los contratos temporales, que precarizan los puestos de trabajo. “La forma de luchar contra el paro es estructurar de forma diferente la jornada, de forma que se adapte mejor a las necesidades”, mayormente del empresario. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012 incluye algunas observaciones para dar a los convenios una orientación a la “flexibilidad” interna en la movilidad funcional, modificación en la organización del trabajo y la distribución de la jornada laboral.

    Actuaciones para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo

    Este epígrafe hace referencia a la ‘ingeniosa’ idea de copiar el modelo alemán de una modalidad de trabajo a tiempo parcial con financiación pública (¿a cargo del subsidio de paro?) de parte del sueldo perdido y otra parte que pierde el trabajador. Por supuesto, la empresa sólo paga las horas trabajadas y no pierde nada. Sin aparentemente tener en cuenta que los expedientes de regulación de empleo (ERE) ya constituyen un mecanismo parecido porque combinan la reducción del trabajo y las prestaciones de paro con tal de evitar el desempleo completo. Ya se explica más arriba que el empresariado español hace escaso uso de este sistema ya que prefieren otros procedimientos más expeditivos de echar a la gente a la calle, como es el de despidos improcedentes. Además, la estructura empresarial en España, con un sin numero de pequeñas empresas que son las que crean empleo (y paro) no es la más adecuada para este tipo de fórmulas. Está por ver si el importar el modelo desde Alemania, estimula a los empresarios a utilizarlo más que el sistema autóctono. Pero el gobierno parece entusiasmado con la idea, y a los sindicatos no les parece mal. Esta alternativa al paro no plantea una solución real, sino que es más bien una manera de eludir el malestar social que genera el desempleo y sus costes económicos de las prestaciones sociales. Además, cualquier medida conducida a reestructurar el tiempo de trabajo corre el peligro de ser aprovechada por los empresarios, como se ha comentado anteriormente, para acentuar la precariedad de los empleos51.

    Servicios públicos de empleo

    Se abre la puerta de par en par a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y las empresas de recolocación a la intermediación laboral de los Servicios Públicos de Empleo. Por otra parte, se darán cambios en la normativa de las Empresas de Trabajo Temporal, adaptándose la normativa a la Directiva europea sobre Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y persiguiendo prácticas ilegales de cesión de trabajadores por empresas que no tienen la consideración de ETT.

    Es necesario que la economía española crezca a tasas superiores al 2% para generar empleo.

    Actuación para la mejora del control de los procesos de incapacidad temporal

    Desde hace un tiempo, se vienen imponiendo restricciones y controles estrictos a las prestaciones de Incapacidad Temporal, tendencia que se pretende reforzar. Pero la principal novedad es que se permite, por convenio, que sean las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ¡de carácter privado! las que hagan un seguimiento de las bajas.

    Si estos son resultados probables de la ‘reforma laboral’ según muchos indicios, los trabajadores deberíamos temblar. Los propios sindicatos en una primera etapa de las negociaciones mostraron su contrariedad porque los cambios se relacionen siempre con el recorte de derechos. Tendría que ser sorprendente que el concepto de ‘reforma laboral’ parece implicar siempre una reforma laboral acorde con los deseos de la patronal, siguiendo las orientaciones de los expertos de las instituciones privadas, e incluso públicas en bastantes casos. Que en la actualidad reflejan un enfoque totalmente liberal y duro para con los trabajadores. Cuando la idea de ‘reforma laboral’ podría igualmente suponer una mejora en las condiciones de trabajo y remuneración de los asalariados. No creemos que los trabajadores españoles se opusiesen a una ‘reforma laboral’ si supiesen que de la misma pueden esperar la consecución de los derechos por los que se movilizan desde hace tiempo. La identificación con las palabras ‘reforma laboral’ con un probable deterioro de la situación de los trabajadores muestra hasta que punto los poderes fácticos se han apoderado hasta del significado de
    las palabras.

    Hacia un nuevo escenario para la disciplina salarial y laboral: el absolutismo del empresario

    La moderación salarial y el desmantelamiento de la negociación colectiva son las recetas que la Unión Europea recomienda al Estado Español, que achaca el paro a la “mala reacción de los salarios durante la crisis” y los “inadecuados mecanismos de negociación colectiva”52. Asimismo, según Krugman, la salida de la crisis para la economía española requerirá de una deflación relativa del 15%, ¿no hay otra idea más ocurrente que plantear intensos recortes salariales53. Múltiples fórmulas (paro, reducción del tiempo de trabajo, recortes salariales, etc.) que se proponen para un solo objetivo: una devaluación intensa de la remuneración de la fuerza laboral. Se prevé, y ya nos advierten de ello54 que en la recuperación económica que suceda a esta crisis persistirá el desempleo.

    Las contrarreformas laborales en los últimos tiempos han demolido dos importantes elementos que regían las relaciones laborales: el carácter excepcional de los contratos temporales y la descausalización del despido libre, sujeto a indemnizaciones. Además, ha sentado las bases para el desmantelamiento de otros importantes ejes de la regulación laboral que servirán para imponer la mencionada devaluación del trabajo (cambios que se proponen para alterar la estructura de negociaciones de las condiciones laborales –acabar con la negociación colectiva y dar poder al empresario en la determinación de las condiciones laborales -y para desarrollar, aún más, la flexibilidad interna –el poder del empresario para determinar la participación de la fuerza de trabajo, como coste variable-).

    La intermediación de los sindicatos mayoritarios en el plano colectivo había asumido ya los principios neoliberales y no sólo no había impedido, sino que facilitó, un retroceso importante de los derechos laborales y los salarios. Ahora, la actitud de los sindicatos mayoritarios y el Estado durante la crisis refuerza aún más el poder de los empresarios.

    Lo importante es que el marco de relaciones laborales que se está reforzando con la crisis es fruto de un largo período de reformas laborales y, a su vez, constituye un precedente para el futuro. Lo que se consolide ahora en la reforma laboral determinará la situación de los trabajadores en el futuro, incluso cuando la situación del empleo mejore.

    El impacto de la crisis en la situación de los trabajadores y los intentos de desregulación de las relaciones laborales que se están dando, podemos observar las siguientes tendencias generales de retroceso de las condiciones laborales:

    El papel central de las crisis en el mercado de trabajo es, como se está viendo claramente en el caso español, engrosar el ejército de reserva, expulsando de los procesos productivos a los trabajadores innecesarios y haciendo una limpieza que prepara el terreno para una reestructuración de las fuerzas productivas.

    Se está acentuando una tendencia a la conversión del trabajo en un coste variable con aumentos en la explotación, exclusión y disciplina.

    El ejército de reserva viene a reforzar el papel disciplinador que ya venía imponiéndose en los últimos tiempos mediante la precariedad laboral y el “workfare”.

    El mercado laboral refleja los cambios en las relaciones de poder. Si consideramos el desarrollo de las relaciones laborales y la lucha de clases en los últimos tiempos, creemos que la crisis actual no va a suponer un punto de inflexión sino una profundización del neoliberalismo. La intensidad de la lucha de clases se acentúa, pero porque el capital presenta más beligerancia y actúa de forma más autoritaria. Con la tendencia a la individualización de los derechos laborales, se extrema la subordinación de las relaciones laborales a las necesidades empresariales y los trabajadores pierden fuerza política y se imponen con rapidez la precariedad y los recortes salariales.

    No se puede negar que ha habido un aumento del nivel de consumo individual de la población trabajadora. Pero el avance en los derechos laborales y sociales y los salarios que ha acompañado, en otras etapas de la historia al crecimiento del empleo en esta ocasión se ha invertido. El empleo se ha fundamentado en un modelo de “acumulación flexible” y privatización de los derechos sociales, pero, al contrario de lo que continúan manteniendo los ámbitos académicos, las patronales, los sindicatos, tecnócratas y políticos, el aumento de la desregulación del mercado laboral no conduce a asegurar las bases de un crecimiento económico, y mucho menos a mejorar las prestaciones por derechos sociales, que están disminuyendo sustancialmente con la crisis, imponiendo un sistema de reparto de la renta cada vez más desigual, que actúa como un potente mecanismo para precipitar el peso de la crisis sobre la clase trabajadora.

    El objetivo es mantener o recuperar el empleo debilitando la intermediación y, por ende, los términos de negociación. Así, se espera que el empleo se recupere a base de forzar un retroceso permanente de las condiciones laborales e imponer rebajas salariales en un marco de decisiones individuales, tanto a nivel de empresas como de trabajadores.

    Más allá de la idea de “apretarse el cinturón” durante la crisis, la idea de que “los mecanismos de adaptación internos son preferibles a los externos y a los ajustes de empleo”55 esconde un intento de buscar nuevas vías para precarizar aún más y de manera estructural, las relaciones de trabajo.

    “El presidente del gobierno dio ayer (1411) las gracias a los trabajadores españoles por la poca conflictividad que se está viviendo en España durante la grave crisis económica, que ha provocado más de cuatro millones de parados…Zapatero consideró que los trabajadores han tenido ‘temple, cordura y responsabilidad’ por la ausencia de conflictos en la calle. ‘Os aseguro que nunca se me va a olvidar’, dijo.” El País 15-11-09

    Si se pretende, como parece, salir de la crisis con un ajuste salarial (vía desempleo, profundización de la precariedad e importantes recortes salariales en los nuevos contratos), a la par que se dan todo tipo de ventajas al capital (y algunas asistencias sociales temporales para tratar de evitar un colapso social), ¿hacia dónde nos conduce esta estrategia ya fracasada? Las reformas de la regulación laboral que se avecinan nos conducen a un panorama aún más desolador: ¿se va a restablecer la rentabilidad de las empresas en crisis imponiendo una severa disciplina a la clase obrera y rebajando los salarios, degradando aún más la capacidad de consumo? ¿Es esto parte del nuevo modelo productivo que se está proponiendo o las ya caducas recetas de la economía de oferta? ¿Se quiere que caminemos hacia el modelo de ‘crecimiento sin empleo’?

    Difícilmente puede tener lugar una salida a la crisis debilitando la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Pero, a juzgar por los acontecimientos, ese futuro escenario amenaza con materializarse. Una salida a la crisis, además de poco probable y en todo caso inestable, significaría que, en adelante, se imponga un permanente empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares.

    Habría que preguntarse también como es que los trabajadores de este país están aceptando tal deterioro de su situación sin una resistencia más enérgica. Realmente el tema requiere un estudio en profundidad que no podemos abordar aquí, aunque se hace un pequeño intento –Véase artículo Resistencias–. Pero es realmente sorprendente que los trabajadores que dieron muestras de un gran espíritu de lucha durante todo el franquismo y especialmente en los sesenta y setenta se hayan convertido en una clase tan dócil que hasta merecen felicitaciones del jefe del gobierno.
    No podemos permitirnos perder la voluntad de lucha, no podemos consentir que se trate de implantar una paz social que oculta consecuencias fatales; las clases populares han sufrido ya un fuerte empeoramiento en sus condiciones de trabajo, situación que se ha agravado extremamente con la crisis.

    El empleo no lo es todo

    En este artículo tratamos del mercado laboral, cuya importancia es clave en nuestras sociedades pues en las mismas ‘el que no trabaja no come’. El sistema de obtención de los ingresos necesarios para el mantenimiento de las personas y su reproducción, de acceso a los derechos sociales, incluso a la plena ciudadanía, pasa por el trabajo individualizado, para todos aquellos que no son propietarios del capital, que constituye la inmensa mayoría de la población. En nuestras sociedades se ha de estar sometido a la explotación capitalista en forma de trabajo asalariado, o sus múltiples formas similares, para sobrevivir.

    ¿Es necesario que esto sea así? ¿No puede ser de otra manera? Actualmente la distribución de la renta pasa necesariamente por el trabajo, pero no es el único modelo posible. Vivimos en un modelo económico y social global y altamente tecnificado, donde es cada vez más difícil asignar la producción a agentes, personas individuales, concretas y especificas en cada caso. Es cada vez más reconocido y aceptado que la producción es cada vez más el resultado de la actividad del conjunto de toda la sociedad, trabajadores asalariados, científicos, educadores, administradores, pero también quienes toman a su cargo el cuidado de las personas. ¿Quién es capaz de valorar la aportación individual de un trabajador en una empresa, sin tener en cuenta quien ha contribuido a su sobrevivencia, a su educación, formación, a la tecnología o la infraestructura sobre la que trabaja? ¿Quién es capaz de valorar el trabajo de las mujeres que generan individuos sanos y afectivamente equilibrados con sus cuidados? ¿Cuál es el valor de la medicina y el investigador que contribuye a que estén sanos? ¿Cuánto vale el político que nos dice representar? La asignación de un salario distinto y específico a cada tarea es puramente una cuestión de tradición y, una vez más, del poder de las distintas clases y capas sociales, justificada con una supuesta teoría económica absolutamente obsoleta (la teoría de la distribución de la renta es una parte de la economía que nadie sostiene desde hace muchos años).

    Además, es sabido que con las modernas tecnologías no hay trabajo para todos, no es necesario que todos trabajemos como hasta ahora; ni tampoco podemos seguir produciendo y creciendo. ¿Que harán quienes no puedan trabajar?

    Si de verdad se pretende plantear el camino a las sociedades del futuro es inevitable este planteamiento: la producción, las múltiples formas del trabajo necesarias en una sociedad moderna son el producto del esfuerzo conjunto y no es posible medir la aportación de cada cual. La distribución de la renta no puede basarse sólo en el trabajo, sino que se han de lograr diseñar formas alternativas de distribución del producto social, donde el trabajo no sea el elemento más importante. El avance en esta línea es imprescindible si se pretende encarar las sociedades del futuro con un mínimo de armonía social. No podemos entrar aquí en este tema, pero es imperativo señalar que el trabajo no puede seguir siendo el instrumento principal de distribución de la renta. De hecho ya no lo es. Ni para los capitalistas, ni en las familias, ni en los sistemas de asistencia social, es el trabajo el elemento distribuidor. Hay que diseñar otros sistemas. El avanzar en esta línea, sí que sería avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo social. Seguro que la mayoría de trabajadores no estarían en contra de esta Reforma Laboral.

    Notas

    1. Informe TAIFA no3 Del pleno empleo a la plena precariedad.
    2. “Workfare” hace referencia a un modelo social que orienta las prestaciones y otros derechos laborales hacia el fomento de la inserción laboral, endureciendo el acceso a los subsidios de paro y otras prestaciones y condicionándolas a la búsqueda y aceptación de cualquier tipo de empleo.
    3. Véase Informe TAIFA no 3 Del pleno empleo a la plena precariedad.
    4. “¿Qué reforma laboral?” El País, 31-01-10.
    5. Encuesta de Población Activa (EPA)
    6. Pequeña y mediana empresa (PYME)
    7. En 5 marzo 2009 entró en vigor el Real decreto que regula la actividad de los autónomos cuyos ingresos dependen al menos en un 75% de un solo cliente.
    8. “Los sindicatos sacan músculo” El País, 13 -12-09.
    9. El País, 26-04-09.
    10. Se toman datos de tasa de paro armonizada. Como cada país tiene una clasificación estadística propia del desempleo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) armoniza los datos para hacerlos comparables. La caída de la tasa de crecimiento de la UE27 ha sido del 4,9% pero el empleo ha caído sólo un 1,9%. En España la caída de la tasa de crecimiento ha sido de un 4,2% pero la del empleo un 7,2%, es decir, 1,7 veces más que la caída del crecimiento y 3,7 veces más que la de la UE (El País, Negocios, 22-11-09)
    11. Como es sabido hay dos formas ‘oficiales’ de medir el paro: el paro registrado, que proporciona la cifra de quienes se registran como tal en las oficinas de empleo (Servicio Público de Empleo Estatal), y la Encuesta de Población Activa (EPA) que recoge el número de parados según una encuesta.
    12. La diferencia entre los datos del SPEE (Servicio Público de empleo estatal, antiguo INEM reformado),
    y de la EPA da como resultado 386.598 parados no registrados. Los demandantes de empleo del SPEE que no están ocupados –DENOSascienden a 215.830, que incluyen los trabajadores eventuales agrarios subsidiados y otras situaciones (básicamente estudiantes). A estos, les hemos añadido los demandantes de empleo con disponibilidad limitada y demandas de empleos específicos, que son a 198.355.
    13. “El Recorte de plantilla sale barato a las constructoras”, Público 20-7-09.
    14. “El parado, personaje del año” El País, 27-12-2009.
    15. El 2009 se cambia la metodología de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y los datos no son estrictamente comparables con los de años anteriores, aunque las divergencias entre las cifras globales por sectores no son importantes.
    16. La tasa de paro hace referencia al cociente entre el número de parados y la población activa (suma de ocupados y desempleados).
    17. El tercer trimestre del 2008 supuso un cambio importante, con una escalada del paro del 45% respecto el mismo trimestre del año anterior, vinculada sobre todo a la importante aceleración del paro en la construcción (143.000 parados más que el segundo trimestre del 2008). Las relaciones productivas propias del modelo de producción flexible o denominado “just-in-time” han propiciado una expansión rápida del paro, ya que las primeras empresas en crisis, principalmente del sector de la construcción, inciden casi de inmediato sobre el resto de empresas que participan del proceso global de producción. Finalmente, la contracción del consumo derivada del creciente paro tendrá un efecto devastador para el conjunto de la economía. Así, el paro se generalizó rápidamente a otros sectores, y en el primer trimestre del 2009 se encuentra el punto álgido del crecimiento de la tasa de paro al alcanzarse las mayores subidas del paro en la construcción (157,7% respecto el mismo trimestre del año anterior), en la industria (125,4%) y en los servicios (70,7%). El 2010, la mayor parte de la destrucción de empleo no se dará en la construcción.
    18. Edgard Hugo. Sin permiso 14/04/2009
    19. Cociente del número de activos entre la población en edad de trabajar
    20. El grado de ocupabilidad alto se refiere a parados registrados que llevan menos de un año sin encontrar empleo, una disponibilidad geográfica mayor que el ámbito supramunicipal, y más de 3 ocupaciones demandadas.
    21. Hasta hace pocos años si el despido era declarado improcedente por los tribunales el trabajador podía optar por volver al puesto de trabajo, posibilidad que fue eliminada en una de las muchas negociaciones sociales.
    22. Estos no son todos los parados pero son la mayoría y constituyen un buen indicador
    23. La indemnización por la extinción de empleos por obra y servicio o eventuales es menor que en los despidos improcedentes de contratos indefinidos y los encauzados por expedientes de regulación de empleo (ERE) por causas empresariales (8 días, 45 días y 20 días de salario por año, respectivamente).
    24. ERE: Expedientes de Regulación de empleo. Normativa legal que permite a las empresas la disminución colectiva de la plantilla o parar temporalmente la actividad en la empresa cuando se justifica por razones económicas
    25. “Que reforma laboral” El País, 31-01-10.
    26. “El despido silencioso” Soitu.es, 18/02/2009.
    27. Idem.
    28. En otros países, como en el ahora famoso caso de Alemania, la reducción de las jornadas laborales, facilitadas por el gobierno, absorben la falta de trabajo, y los despidos son menores.
    29. “Recolocarse con un salario inferior” El País, 28-06-09.
    30. “¿La normalidad?: recuperación sin empleo” El País, 27-12-2009.
    31. “Crecen los recelos sindicales ante la negociación laboral” Público, 26-11-2009.
    32. Como en otras épocas se mantenía que los contratos temporales eliminarían el despido.
    33. “Un año por delante para bajar el paro” Público, 07-12-09.
    34. “Entre 12 y 15 millones de personas realizan en España trabajos que no se declaran” Publico, 18-05-09.
    35. La participación laboral de las mujeres se centra en sectores como la educación, enfermería, limpieza, confección textil y administrativo.
    36. Sin embargo, la incidencia del paro es muy superior en las mujeres mayores de 55 años que en los hombres.
    37. Público, 15-10-2009.
    38. Expulsada por los empresarios del mercado de trabajo (sin ingresos salariales), la población queda excluida del acceso al sector de bienes y servicios, y marginada de muchos de los derechos ejercidos dentro del Estado del bienestar, como las pensiones, los subsidios de paro, etc.
    39. Flexiseguridad: un mercado laboral en el que, en lugar de garantizar el empleo, se asegure la empleabilidad de las personas. La seguridad laboral no la proporciona el sistema laboral, sino que el propio trabajador la tiene incorporada debido a que por su formación le será sencillo encontrar un nuevo empleo si pierde el anterior. Es decir, se propicia la flexibilidad de los trabajadores a base de la formación permanente y su capacidad profesional a lo largo de toda la vida, de tal modo que se afirma que será sencillo cambiar de trabajo sin traumas (la seguridad).
    40. CEOE: Asociación de empresarios; CEPYME, Asociación de empresarios de las Pequeñas y Medianas empresas.
    41. Esto dio lugar a que en agosto el gobierno aprobara unilateralmente por decreto-ley una medida que había emplazado al Diálogo Social: la ayuda de 420 euros por seis meses a los parados que hayan agotado la prestación y subsidio de desempleo (véase capítulo 3).
    42. Ya es aguantar el que en noviembre de 2009 todavía no se hayan puesto en práctica muchos de los convenios firmados para 2009.
    43. Incluso habiendo llevado a cabo un par de movilizaciones (manifestaciones del 12 de diciembre del 2009 contra el paro y del 23 de febrero del 2010 contra subida de la edad de jubilación), los sindicatos CC.OO y UGT han hecho una apuesta clara por la paz social, hecho que se pone de manifiesto por las reiteradas afirmaciones de renuncia a la huelga general.
    44. Actualmente existen 16 contratos laborales distintos posibles. 45. “¡Dos propuestas de reforma laboral!”. El País, negocios 2211-09
    46. 12/02/10 http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=15503228
    47. http://www.kaosenlared.net/noticia/cocina-nueva-contrarreforma-laboral-ceoe-reclama-despido-mas-barato-re
    48. Líneas de actuación en el Mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social.
    49. “Corbacho polemiza con Díaz Ferrán pero admite una reforma laboral” La Vanguardia, 25-09-09.
    50. “Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social”
    51. Abogados laboralistas han denunciado casos en que los contratos a tiempo parcial se complementan con horas extras no pagadas o pagadas en negro, con lo que el trabajador está realizando jornadas laborales enteras cobrando menos.
    52. “Bruselas extiende el pesimismo sobre España” El País, 4-1109.
    53. Krugman recomienda a España una “devaluación” con ajustes de salarios y precios. Expansión, 27-10-09.
    54. Idem.
    55. Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012.