¡A privatizar, a privatizar! La desposesión pública y las privatizaciones en la era capitalista neoliberal

En la evolución de las últimas décadas del sistema capitalista, se ha producido una reestructuración en la que se ha consolidado un proceso de desposesión de cualquier bien público y de cualquier actividad o servicio desarrollado por el sector público, mediante el cual el capitalismo se ha reforzado en su capacidad explotadora de la población. En el transcurso de este proceso se truncaron algunos equilibrios precarios que habían conseguido los sectores populares en la pugna entre el capital y el trabajo, que se habían logrado gracias a la capacidad de negociación que procuraban los amplios niveles de organización y de movilización de la clase obrera.

En ese proceso de desposesión pública se han producido también unas políticas privatizadoras muy concentradas a favor de grandes grupos económicos, que les ha permitido controlar los resortes más importantes de la economía de los países, incluyendo los mecanismos de reproducción social. La privatización, argumentó Arundhati Roy respecto al caso indio, involucra “la transferencia de activos públicos productivos del Estado a compañías privadas. Los activos productivos incluyen recursos naturales: tierra, bosques, agua, aire. Estos son los activos que el Estado mantiene en fideicomiso para el pueblo que representa… Arrancárselos y venderlos como valores a compañías privadas es un proceso de bárbaro desposeimiento en una escala que no tiene paralelo en la historia”.1 De ese modo se contribuyó a la consolidación en el estado español del poder sobresaliente de unas cuantas empresas monopolistas, entre las cuales destacan en estos momentos los grandes grupos financieros que controlan mayoritariamente la actual fase del capitalismo.

Mientras tanto, y en paralelo, se ha reforzado la connivencia de los poderes económicos con los principales grupos políticos con capacidad de acceder al gobierno, para asegurar el control sobre el proceso político, hasta el punto de vaciar de contenidos sociales y participativos las democracias por la subordinación de los gobiernos que han legislado siguiendo los dictados del neoliberalismo. Como resultado de esta nueva frontera expansiva de dominio del capital sobre la población, se han reforzado los mecanismos de explotación del capitalismo y a la vez se ha producido una pérdida considerable de los derechos de la ciudadanía y de las conquistas de ciertos niveles de bienestar que se habían logrado después de décadas de luchas sociales. Es por todo ello que algunos autores califican esta fase de avance del capitalismo como una contrarrevolución neoliberal.

La desposesión del sector público y el avance de las privatizaciones en el contexto de la reestructuración del capitalismo

A partir de la generalización de las políticas neoliberales, iniciadas a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado por los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, con el objetivo de recuperar las tasas de ganancia capitalista y de romper los equilibrios distributivos que se habían logrado en buena medida gracias al poder de los trabajadores organizados, los gobiernos se dedicaron a eliminar la mayor cantidad posible de regulaciones públicas y a ampliar las privatizaciones de los sectores públicos. Este proceso fue muy relevante en el caso de algunos países europeos, porque los sectores públicos tenían un cierto grado de importancia y unos antecedentes históricos lejanos, aunque el ejemplo pionero de privatización del sector público es el chileno, iniciado a principios de los años setenta bajo la dictadura del general Pinochet.

El caso más conocido en el auge privatizador es el británico, que se ha considerado el paradigma del máximo avance del neoliberalismo en detrimento del poder social de los trabajadores, además de ser el que ha afectado a más sectores y a todo tipo de servicios públicos (sólo superado por Nueva Zelanda). En cambio, el ejemplo francés constituye otra forma de actuación porque muestra una importante peculiaridad que consiste en la preservación de algunos servicios públicos (generalmente los considerados monopolios naturales) en manos de empresas públicas. En medio de ambos modelos se sitúan el resto de países europeos, otros miembros de la OCDE, y muchos otros países que se lanzaron a la fiebre privatizadora entre los años ochenta y noventa del siglo pasado (entre ellos los que habían formado el bloque soviético y la antigua Europa del Este).2

Hay que aclarar que en todos los países europeos la ciudadanía no ha podido ejercer un control sobre la producción, la gestión y los rendimientos de éste sector público, ya que estaba incorporado a las estructuras del capitalismo vigente en todos ellos. No obstante, la presencia de un cierto grado de sector público, y sobre todo en aquellos casos en que la organización y la movilización del movimiento obrero eran relevantes, pudo servir como espacio de negociación de algunas mejoras en la pugna distributiva entre el capital y el trabajo. Por otro lado, la presencia de un importante sector público organizado y dirigido desde instancias públicas también ha servido para proporcionar aquellos servicios públicos necesarios para la reproducción social, evitando que fueran explotados de forma privada. Por último, el sector público gestionado desde los gobiernos también ha sido utilizado a menudo como fuente de ingresos tributarios que luego se podían redistribuir de forma progresiva en beneficio de la población.

En definitiva, aunque estaban insertos en estructuras capitalistas con todas las consecuencias que ello implica, en cierto modo los sectores públicos no sólo cumplían una función productora y proveedora, sino que podían contribuir a paliar algunas desigualdades inherentes al sistema capitalista. En estas condiciones se asentaron los fundamentos de lo que se llamó el pacto social keynesiano, que ha modulado los estados del bienestar que se institucionalizaron fundamentalmente en las sociedades capitalistas europeas. Por ello, a medida que se ha consolidado la desposesión del sector público en estos países, se ha ido avanzando también en la liquidación del estado del bienestar (un proceso que explicaremos con más detalle en otro capítulo). En este sentido, aunque las mejoras para las clases populares en ese momento pudieran ser limitadas, ante los resultados brutales de la ofensiva neoliberal posterior puede entenderse que existan algunos motivos nostálgicos en el recuerdo de esos tiempos, a los que se les ha llamado la época dorada del estado del bienestar.

De todos modos, es muy importante recordar que el avance del neoliberalismo no sólo ha tenido consecuencias por la desposesión de unos medios de producción y de unos servicios que habían sido públicos, sino que ha afectado también fundamentalmente a la correlación de fuerzas de los trabajadores frente al capital. Con las privatizaciones y las reestructuraciones productivas que luego se fueron introduciendo sucesivamente, ha habido una continuidad de transformaciones empresariales, incluyendo cierres y despidos, que han permitido al capital aprovechar todo el proceso para devaluar en lo posible los salarios y las condiciones laborales.

En consecuencia, contando también con la ayuda de las políticas gubernamentales y de las desregulaciones públicas, que favorecieron la extensión de toda clase de prácticas contra los trabajadores, como la ampliación sin límites de la contratación temporal y parcial o el abaratamiento del despido, las empresas han podido ampliar las rebajas salariales y profundizar en la precarización de las condiciones de trabajo a lo largo de todos estos años.

La variante española

Respecto al Estado español, aunque el sector público nunca llegó a alcanzar el nivel de desarrollo y de diversificación que en otros países europeos respecto a las actividades productivas, se puede decir que fue importante en algunos sectores estratégicos de la industria y también en la minería. La mayoría de las empresas se agrupaban en el ente público llamado Instituto Nacional de Industria (INI), y los casos más conocidos son Seat (automóviles), Enasa (camiones), Astilleros Españoles, o Repsol y Campsa (petróleo y derivados). También en algunos servicios públicos básicos y estratégicos la presencia de las empresas públicas era importante (desde el agua y la electricidad, hasta la banca y las cajas de ahorro), y en algunos casos incluso era la única opción: Telefónica (telefonía), Renfe (ferrocarril), o Iberia (líneas aéreas).

Como ya se ha mencionado anteriormente, este sector público escapaba totalmente al control de la ciudadanía y estaba inserto en la estructura económica capitalista que imperaba en el Estado español, pero por otro lado constituía un espacio de concurrencia y conflicto entre el capital y el trabajo, en el que se desarrollaron algunas capacidades de organización obrera que promovieron movilizaciones sociales que permitieron negociar mejoras salariales y de condiciones de trabajo en su momento.

De todos modos, con el tiempo también llegaron al Estado español los ecos de las políticas privatizadoras y desreguladoras que propagaron los modelos neoliberales. Además, la incorporación a esa ola neoliberal coincidió en el Estado español con el inicio del proceso de integración a la entonces CEE, que se convirtió en uno de los objetivos políticos prioritarios de los nuevos gobiernos democráticos. El momento y el modo en que se produjo esa integración tuvieron consecuencias muy severas en la transformación de los sectores productivos españoles, con una afectación especial en la pérdida de capacidades productivas en la industria y también en la agricultura. En definitiva, la confluencia de ambos procesos (desregulaciones/ privatizaciones y transformaciones productivas por la integración en Europa) tuvo implicaciones importantes en la remodelación de las bases de acumulación del capitalismo español a finales de los años ochenta.3

En ese contexto y con esos antecedentes, a partir de la década de los años noventa se aceleró en el Estado español el proceso de privatizaciones de empresas anteriormente estatales, que contribuyeron a ampliar la base de acumulación para la creación de las empresas multinacionales españolas más relevantes, además con el agravante de que desde entonces todas son privadas. La participación activa del poder político fue determinante para que el proceso culminara con éxito en beneficio de los grupos empresariales favorecidos, porque los sucesivos gobiernos españoles apoyaron activamente esta causa promocionando el crecimiento de grandes empresas en sectores que se consideraron estratégicos (agua, electricidad, gas, petróleo, banca, transportes, telecomunicaciones…).4

En estas circunstancias se fraguaron los fundamentos de la reconversión del capitalismo español, que de nuevo se ha basado principalmente en la captura de rentas mediante el control privilegiado de los resortes del Estado, y que ha tenido claras consecuencias por la complicidad de intereses entre los partidos de gobierno y los empresarios que han seguido dominando el juego económico en el Estado. También explicaremos más adelante el entramado de las alianzas público-privadas y otras consecuencias como la corrupción política y las denominadas “puertas giratorias”.

Este apoyo gubernamental a la creación de grandes monopolios empresariales privados se llevó a cabo mediante una selección controlada de fusiones y adquisiciones, una calculada protección de su posición privilegiada en el mercado interno, y a la vez firmando acuerdos bilaterales con otros países con la intención de facilitar la inversión en el exterior para favorecer su dimensión estratégica global. No hay que olvidar que varias de esas empresas habían sido públicas, y que mediante los procesos de privatización controlada (utilizando lo que se llamó la acción de oro), junto a otras intervenciones durante el proceso de liberalización del marco regulador, los gobiernos españoles dispusieron de un margen de maniobra que aplicaron para ayudar a ese crecimiento empresarial concentrado monopólicamente y a la expansión internacional de esas empresas multinacionales, fundamentalmente en América Latina.5 La mayoría de estas grandes empresas públicas privatizadas han constituido la base o han contribuido a la ampliación de los grupos empresariales que se han acabado denominando como ‘los campeones nacionales’, que están formados por aquellas empresas hoy privadas de gran proyección internacional, como Telefónica, Repsol, FCC, Sacyr, Banco Santander, BBVA y otras.

La mercantilización de la reproducción social en el estado español: los servicios básicos, la vivienda y la captura del ahorro

En medio de este proceso de transformación productiva y de las bases de acumulación del capitalismo que acabamos de describir, se fue ampliando la desposesión a través del aumento de la mercantilización y de la explotación privada de los servicios y de las actividades que utilizan los ciudadanos de forma cotidiana para su reproducción social. En el caso español, en el supuesto de que aún no hubieran sido privatizados por cualquiera de las administraciones públicas que tuvieran competencias sobre alguno de estos servicios o actividades, a partir de los años ochenta y noventa el proceso de entrega a la explotación privada se aceleró aumentando así el campo del negocio capitalista sobre todas ellas.

Además, en el Estado español y en otros países crecieron en forma paralela algunas grandes corporaciones empresariales, que con la complicidad de los gobiernos se han apropiado del control oligopólico de los suministros y de las actividades en beneficio de sus intereses. Esto ha ocurrido fundamentalmente en aquellos servicios que por su naturaleza tienden a constituirse en monopolios naturales, por ejemplo el agua, el gas o la electricidad, y en ese momento se constituyeron corporaciones como Agbar, Endesa, Iberdrola o Gas Natural.

También se ha producido esa gran concentración en otros sectores donde la competencia empresarial se supone que debería ser mayor (como por ejemplo la banca, las telecomunicaciones o los seguros), y en cambio e igualmente crecieron grandes corporaciones como Banco Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, etc. En definitiva, todo ello ha ocurrido porque ese proceso ha estado controlado por grandes lobbies empresariales que mantienen contactos muy importantes con el poder político para influir en las políticas reguladoras. Estos grandes grupos son los que también han estado participando activamente en las alianzas público-privadas y también los que han propiciado la extensión de las denominadas puertas giratorias, como más adelante explicaremos.

La gama de actividades que tradicionalmente han sido dejadas en manos exclusivas de la explotación privada no paró de crecer y diversificarse. Entre ellas ha destacado el excepcional incremento de la explotación capitalista de otras necesidades básicas humanas, como la vivienda, que se siguió potenciando como una mercancía más,6 o la aplicación de diversos mecanismos para capturar privadamente el ahorro de los ciudadanos, dos ejemplos que han sido particularmente nefastos en el Estado español.

De ese modo se fomentó en la población lo que los teóricos del thatcherismo llamaron la creación de una sociedad de propietarios, contribuyendo de esa manera a generar una subordinación de la población al capitalismo dominante, que se basaba en la complicidad en algunos casos y en la docilidad obligada en la mayoría de los otros, porque los trabajadores adquirían unos compromisos de pagos hipotecarios que les hacían vulnerables frente a la presión del capital sobre la condiciones salariales y laborales. La misma filosofía individualista también se ha aplicado a la previsión social para la gestión del riesgo de las personas –pensiones, sanidad, atacando así los principios que propugnan que esas previsiones sean organizadas de forma colectiva y bajo control público.

Tanto con la vivienda como con el ahorro las regulaciones públicas se pusieron al servicio de la explotación privada capitalista para su mayor beneficio, como ocurrió con las políticas de liberalización total del suelo y las desgravaciones fiscales para la compra de viviendas, cuya construcción y venta se dejaron fundamentalmente en manos de promotores privados, mientras que la construcción de vivienda pública se limitó a unas escasísimas promociones. Los gobiernos de turno renunciaron a legislar sobre el régimen de vivienda desde una perspectiva de servicio público y se liberalizó también el mercado del alquiler, con la consecuencia de unos precios disparados que alimentaron la especulación privada.

Aunque las políticas de vivienda en el Estado español en las últimas décadas han apostado fundamentalmente por el régimen de propiedad en detrimento del alquiler, y además ha preponderado la promoción privada por encima de la pública, en los años recientes este mecanismo se ha exacerbado en demasía con políticas como la de liberalización total del suelo del año 1998, parcialmente revisada en 2007 (pero manteniendo aún muchos principios liberalizadores). Bajo este manto regulador se disparó aún más en el Estado español la construcción de vivienda libre, cuyo parque pasó de 18,5 millones en el año 2001 a casi 22 millones en el año 2007 (una vivienda por cada dos habitantes). Mientras tanto, la construcción de viviendas protegidas continuó estancada y en toda la última década la cantidad de viviendas protegidas en el Estado español no pasó del 11% del parque de vivienda total.

En cuanto a la política de vivienda en alquiler, desde que se liberalizó a principios de los años noventa y se dejó a merced de los precios de mercado, ha consistido prácticamente en un mero apéndice de tránsito hacia la propiedad, que sólo beneficia a éste último régimen de tenencia. Además, como no ha existido ningún interés público por fomentar el alquiler y mucho menos legislar cualquier medida de apoyo a los inquilinos, incluso las rebajas fiscales que se han efectuado sólo han tenido en cuenta el interés de los propietarios en su calidad de inversores. Por todo ello, en el país la proporción de vivienda en alquiler respecto a la vivienda en propiedad no ha llegado a superar el 10% en los tiempos recientes.

La legislación hipotecaria en el Estado español viene de muchas décadas atrás, pero las regulaciones más recientes, especialmente la del año 2000, introdujeron novedades trascendentales que influyeron en la implosión de la burbuja del crédito que se generó en paralelo a la burbuja inmobiliaria. La más importante fue la ampliación de las garantías hipotecarias a todos los bienes de la persona que adquiría un préstamo, de modo que se facilitó romper una barrera de prudencia ante el riesgo que hasta el momento asumían los bancos acreedores, ya que en caso de impago se quedaban con la vivienda y podían seguir reclamando la deuda restante. Todo ello, sumado al dinero barato proporcionado por las políticas continuadas de bajos tipos de interés, contribuyó al encadenamiento de una construcción desmesurada de viviendas que se colocaban con gran facilidad entre la población merced a la expansión del crédito y al fomento de una sociedad de propietarios. De ese modo, a través de una necesidad como la vivienda se propagó un mecanismo extraordinario de desposesión y a la vez de captura del ahorro de la población.

Mientras se dejaba en manos del negocio privado una necesidad básica como es la vivienda, con las regulaciones bancarias sobre hipotecas se facilitó el incremento del crédito a los particulares y se fomentó la conversión de la vivienda en uno de los principales focos de inversión del ahorro ciudadano, junto a los fondos de pensiones. En este caso los gobiernos españoles también favorecieron al sector financiero con facilidades fiscales y otras acciones antipopulares, como el recorte de las pensiones, para promover el desarrollo creciente del negocio de los planes de pensiones privados mediante los llamados “fondos privados de ahorro colectivo”.

En el caso de los fondos privados de pensiones, que analizamos más en detalle en otro capítulo sobre la liquidación del estado del bienestar, se ha seguido la misma lógica de desposesión y de captura del ahorro, atacando en esta ocasión otra necesidad humana como es asegurar una vejez con algunas garantías de bienestar. Para ello se ha producido un entramado de intereses entre el capital financiero y los gobiernos de turno, que son los que han facilitado las regulaciones que han favorecido a sus beneficios.

Finalmente, también hemos visto cómo han actuado los gobiernos, y en particular el español, ante la mayor estafa contra la ciudadanía que se ha producido en los tiempos recientes, que ha sido muy importante por las grandes cuantías implicadas en el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. En este caso también hay que destacar otro elemento importante del pillaje, porque en el momento en que estallaron ambas burbujas los gobiernos acudieron a socorrer con dinero público la situación fallida de los promotores inmobiliarios, de los bancos y de las cajas de ahorro.

Con el beneplácito de la troika formada por el FMI, la CE y el BCE, que son los que vigilan por los resultados del plan de rescate a la banca española avalado por el gobierno, en el caso del Estado español este procedimiento se ha efectuado mediante la creación de dos organismos dotados con capital público. Uno es la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), más conocido como el banco malo, donde se han transferido los bienes inmobiliarios de los bancos quebrados, y el otro es el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob), a través del cual se han recapitalizado las entidades financieras fallidas, para volverlas solventes antes de malvenderlas de nuevo a los bancos.

También el gobierno español ha procurado facilidades fiscales a los bancos “considerados todavía solventes” (es decir, La Caixa, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, o Banco Popular) por el Banco de España y el BCE, para que a costa del erario público se pudieran recapitalizar hasta alcanzar los nuevos grados de solvencia que actualmente exigen los estándares internacionales. Luego, desde el BCE se abrió durante un tiempo una línea de crédito barato para los bancos españoles, prácticamente al 0%, que al no estar condicionada obligatoriamente a la facilitación de crédito a las familias y a las empresas, les ha permitido utilizarla especulando con la deuda pública, obteniendo así pingües beneficios para reforzar sus cuentas de resultados.

Se ha asistido también a la privatización y conversión en bancos de prácticamente todas las cajas de ahorro, con el argumento de regular la concurrencia competitiva en el negocio financiero. Pero posteriormente, cuando la mayoría de cajas reconvertidas en bancos entraron en pérdidas, causadas por una desastrosa gestión y la corrupción, se impulsó y facilitó el paso de estas entidades a formar parte de los bancos más importantes del país, realmente a precio de saldo. Una operación muy hábil: se eliminaban competidores importantes –las cajas absorbían depósitos que suponían la mitad del ahorro de la población– y se proporcionaba a los grandes bancos la exclusiva en el negocio financiero del país. Ignorando las posibilidades de haber salvado realmente a algunas cajas que no estaban en situación tan desesperada.

La conclusión del manejo gubernamental de la crisis especulativa inmobiliaria y bancaria, nos muestra que en vez de utilizar esa intervención para transformar los activos rescatados en bienes públicos al servicio de la comunidad, por ejemplo creando una banca pública y un parque de vivienda social, lo que ha ocurrido es que una vez socializadas las pérdidas de esas empresas a costa de los impuestos de todos los ciudadanos, se han vuelto a entregar al sector privado en unas condiciones muy ventajosas para que continúe con su explotación. En el Estado español ha ocurrido con la venta de las antiguas cajas de ahorro y de los bancos rescatados, que acabamos de señalar. En el caso de las promociones inmobiliarias, lo más frecuente ha sido venderlas mediante paquetes accionariales a fondos de inversión extranjeros, en la mayoría de los casos con unos descuentos extraordinarios respecto al valor contable declarado en el momento en que se produjo la quiebra.

Asimismo, los ciudadanos afectados por los impagos de las hipotecas no sólo no recibieron ninguna atención y ayuda por parte de las autoridades sino que han sido víctimas de un expolio brutal, pues además de ser desahuciados de sus casas han tenido que cargar de por vida con las deudas contraídas. Además, se ha comprobado cómo los gobiernos se mostraban reticentes a la hora de sancionar las prácticas abusivas de los bancos, como ha ocurrido con las cláusulas hipotecarias que obligaban a firmar a los clientes para frenar la bajada de los tipos variables de interés en el supuesto de que cayeran los índices establecidos por el mercado (las llamadas cláusulas suelo). En cambio, los gobiernos han puesto muchos obstáculos para evitar que se pudiera legislar sobre la dación en pago y tampoco han hecho ningún esfuerzo para implementar alguna regulación que frenara los embargos y los desahucios.

Las alianzas público-privadas consolidan el proceso de la desposesión pública y del control del proceso político

Junto a la explotación de todos los servicios y de las actividades hasta ahora mencionados, otro modo de desposesión del sector público que han podido desarrollar las empresas capitalistas se ha producido mediante los llamados mecanismos de colaboración público-privada, que se han empleado con frecuencia en la gestión de servicios públicos aún no privatizados del todo (como el transporte público), y también en las inversiones en infraestructuras públicas (especialmente los ferrocarriles, las autopistas, los puertos, los aeropuertos, los embalses, las canalizaciones de regadíos, las redes de interconexión de energía, las redes de telecomunicaciones, las redes de transporte urbano, etc.).

Pero además, los grandes grupos empresariales privados han ejercido una notoria influencia a su favor puesto que han logrado orientar las prioridades sectoriales de la inversión pública en todos los países, llegando a determinar los planes estratégicos de actuación y los mecanismos concursales de las administraciones públicas, que luego ponían en práctica los gobiernos de turno. Como ya se ha aludido reiteradamente, en este proceso de desposesión se ha favorecido a las empresas privadas facilitándoles el control económico del servicio, a menudo con carácter monopólico, pero además colmándolas con toda clase de privilegios políticos frente a la ciudadanía, a la que cada vez más se le han limitado los derechos. Una forma muy común ha sido mediante las concesiones favorables al capital en todos aquellos servicios cuyas tarifas aún tienen algún tipo de regulación pública, como ocurre con el agua, la luz, el gas, o los precios de los transportes públicos y los peajes de autopistas.

La presión de los lobbies empresariales siempre ha conseguido que los poderes públicos atendieran antes sus intereses y sus demandas de beneficios que las necesidades de los usuarios. Un claro ejemplo es todo el embrollo del déficit tarifario eléctrico en el Estado español, que en esencia no es más que un trasvase diferido de capital hacia las empresas a costa de las facturas que pagarán los usuarios a lo largo de los años.7 Con las regulaciones favorables de los gobiernos a las empresas eléctricas, éstas han consolidado unos derechos adquiridos sobre los consumidores, hasta el punto de que se permiten el lujo de utilizarlos como garantías de futuras ganancias y así obtienen financiamiento de los bancos, contribuyendo de esa forma a la consolidación de la financiarización de la economía.

Otro trato de favor se ha producido mediante la aceptación por los gobiernos de los sobrecostes desmesurados cobrados por las empresas privadas en la realización de los proyectos públicos. Este mecanismo se ha utilizado frecuentemente para ganar concursos mediante pujas infravaloradas, para luego ir incrementando las ganancias a través de ampliaciones de presupuesto aceptadas por los gobernantes de turno. Con este sistema tanto los agentes corruptores como los corrompidos se han enriquecido escandalosamente, tal como se está viendo actualmente.

Igualmente se ha permitido la fijación de cláusulas ventajistas en los contratos de las colaboraciones público-privadas, según las cuales las empresas privadas se han asegurado retornos de la inversión en el caso de que el negocio sufriera algún percance y no llegara a funcionar, o no proporcionara las ganancias previstas (como ha ocurrido en el Estado español con el rescate de las autopistas con poco tráfico, con el reconocimiento del déficit tarifario eléctrico o con la indemnización por proyectos fallidos tipo Castor).

Una muestra más del futuro de la desposesión a través de las alianzas público-privadas para las inversiones en infraestructuras se está gestando en torno al denominado Plan Juncker de la UE, donde se fía la captura privada de los fondos públicos nuevamente a través de la financiarización del proceso. El mecanismo consiste en implicar una inversión relativamente baja del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en torno a los 5.000 millones de euros, junto a una garantía ofrecida por los estados miembros por un valor de 16.000 millones de euros, con la intención de movilizar inversiones financieras en paquetes de bonos que se estiman en 300.000 millones de euros.

La otra parte del plan es que la mayoría de las inversiones propuestas se refieren casi exclusivamente a infraestructuras viarias, además de interconexiones eléctricas y de telecomunicaciones, donde las empresas privadas esperan recuperar lo invertido con los pagos de los ciudadanos a través de los futuros peajes y de las facturas por los suministros de electricidad o telefonía. Obviamente, las garantías de pago sobre esos bonos las ofrecen los estados, que son los que en última instancia se harían cargo de las deudas de las empresas en el caso de que las inversiones no llegaran a fructificar (más o menos como ha ocurrido con el proyecto Castor ya mencionado).

La falta de espacio no permite analizar otros mecanismos de desposesión pública por la vía de las alianzas público-privadas, pero al menos conviene mencionarlos. Un ejemplo es el de la industria armamentística (donde hay presencia empresarial pública y privada), que está dotando de material a los ejércitos de tierra, la marina y la aviación según unos planes estratégicos y de gestión pública que son absolutamente opacos y se desarrollan al margen del control de la ciudadanía. Igual ocurre con el caso de la industria farmacéutica (toda privada), que está inundando de productos a un sistema sanitario absolutamente orientado al uso abusivo de medicamentos. Otra cuestión son los ordenamientos territoriales medioambientales, que son políticas que regulan sobre espacios públicos o sobre el uso privado de bienes públicos ambientales, que muy a menudo se ejecutan en beneficio del sector privado. Dos ejemplos extremos de ello son la legislación de costas y la de urbanización en parajes naturales que deberían ser protegidos, que habitualmente ha favorecido a las grandes empresas dedicadas a la construcción de complejos residenciales vacacionales, de equipamientos turísticos y también especialmente de viviendas de segunda residencia.

Evidentemente, para que todo este amplio proceso de desposesión pública, de privatizaciones y de avance del capitalismo monopolista haya sido posible sin apenas trabas políticas, es necesaria la subordinación del poder político al poder económico tal como ocurre en el sistema capitalista. De este modo, en particular en el caso del Estado español, se ha expandido una modalidad de capitalismo que de nuevo se basa principalmente en la captura de rentas mediante el control privilegiado de los resortes del Estado, donde las empresas compensan las ayudas de los gobiernos de turno mediante la financiación de los partidos políticos (con sus graves secuelas en el aumento de la corrupción). También se ha generalizado la colocación de dirigentes políticos próximos a los gobiernos de turno en los consejos de administración de las empresas favorecidas por los concursos públicos y por las concesiones reguladoras (lo que comúnmente conocemos como las puertas giratorias).

  1. A. Roy, Power Politics. Cambridge, MA: South End Press, 2001. []
  2. Un análisis sobre la evolución de las privatizaciones en el contexto del avance del neoliberalismo se puede ver en el documento de Joaquim Vergés, Resultados y consecuencias de las privatizaciones de empresas públicas. Una perspectiva internacional. UAB, Octubre 2014. []
  3. Ver al respecto Miren Etxezarreta (coordinadora), La reestructuración del capitalismo en el Estado español, 1970-1990, Icaria-FUHEM, 1991. []
  4. Para más detalle consultar en Taifa, Informe 8. La estrategia del capital, 2011; y el documento de Joaquim Vergés Privatización de empresas públicas y liberalización, UAB, abril 2010. []
  5. Pablo Toral, “The Foreign Direct Investments of Spanish Multinational Enterprises in Latin America, 1989-2005”, Journal of Latin American Studies, no 40, 2008, pp. 513-544. []
  6. Para más detalle, consúltese Taifa, Informe 5. Auge y crisis de la vivienda en el Estado español. []
  7. En otro capítulo de este informe se analiza más en detalle la desposesión por el expolio energético. []